Hacen bien los alcaldes marginados por el Poder Legislativo en levantar su voz para reclamar equidad en la asignación del presupuesto 2023.
Es innegable que la forma en que se favorece a los intereses de determinados diputados viola los preceptos constitucionales.
Y ni siquiera se disimulan los conflictos de interés, aunque otros más queden ocultos hasta que ese presupuesto se haga realidad y aparezcan los beneficiarios finales del dinero, mejor dicho, de la carretada de dinero que se piensa entregar a algunos ayuntamientos en perjuicio de la mayoría.
No cabe duda de que la actual necesitó menos de un año para ganar de manera indiscutible el título de la peor legislatura de la historia, algo que a sus también pésimos antecesores les había costado tres años de “esfuerzo”.
Por lo menos ya falta menos para calificarlos también en las urnas, como se hizo con quienes los precedieron y que a fuerza de votos fueron a dar al basurero.
