Aunque han alegado que defienden el interés público, sobran razones para desconfiar de la intención del puñado de legisladores que controlan el Congreso local a través del voto cómplice de varios de sus homólogos.

Los quince votos que conspiran para encauzar con éxito intereses poco claros no solo sirven para entregar recursos públicos a determinados individuos, sino para lograr protección contra las instituciones encargadas de fiscalizar el gasto público.

Habrá que confiar que no sea solo el paso del tiempo lo que frene las tropelías, sino que la reflexión de quienes hoy participan de esas decisiones los lleve a salirse de una situación por la que tarde o temprano deberán rendir cuentas, ya sea ante la justicia o frente a los electores, que están dispuestos -ya lo han demostrado- a acabar con las carreras de aquellos que abusan del voto recibido.