Cada uno de los diputados que integra el G-15 cuesta al erario medio millón de pesos al mes, según las cuentas de una integrante de la aciaga legislatura que tenemos.
Es una suma enorme que ni siquiera se hace pública por los canales a los que les obliga la ley y que por lo tanto corresponde a dinero que se gasta de forma arbitraria.
Además del daño social que los diputados ocasionan cada vez que aprueban medidas y reforman leyes conforme a sus intereses de grupo, se dan el lujo de consumir el presupuesto como si fueran recursos destinados a su enriquecimiento.
Es más que obvio que el sistema anticorrupción puesto en marcha el sexenio anterior en realidad es un escudo para proteger a los corruptos, a los que no hay formas de exigirles cuentas, excepto en las urnas.
Sin embargo, ese día llegará. Y ya falta menos.
