El llamado “operativo mochila”, la revisión de los objetos que los estudiantes introducían a las escuelas, dejó de hacerse hace ya varios años después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictaminara que se violaban los derechos de los estudiantes.
Mucha agua ha corrido desde entonces y las circunstancias del país ya son otras.
Sin embargo, las autoridades educativas de Morelos han evitado a toda costa retomar la inspección de las mochilas y dejan esa responsabilidad en los padres de familia, que tampoco han actuado.
Sin embargo, ahora que se ha documentado el caso de un alumno que ingresó con un arma de fuego a una secundaria para amedrentar a un docente es necesario que el resto de los planteles vean la realidad y actúen oportunamente.
Desafortunadamente se requiere verificar lo que ingresa a las escuelas y cuidar el bienestar colectivo no implica violar los derechos humanos de nadie, sino salvaguardar la vida de niños y jóvenes, pero también de sus maestros.
Que el pozo se tape antes del niño ahogado.
