La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero, hace ya 10 años, sucedió justo cuando creíamos que en nuestro país ya era imposible un crimen de Estado de esa magnitud. 

En esta década, parte de las acusaciones hechas por las víctimas señalan a una de las instituciones de la administración pública federal que actualmente goza de mayor prestigio entre la sociedad. 

Es innegable que en los últimos seis años se tuvo una mejor voluntad política para esclarecer el caso y dar certeza a los padres de los jóvenes; sin embargo, algo que parece que no se aprendió fue que las fuerzas armadas lejos están de poder cumplir con funciones seguridad pública, y mucho menos que están blindadas, por completo, de la amenaza de la delincuencia organizada.