Aún sin asumir el cargo, la próxima titular del Poder Ejecutivo federal logró algo muy importante en el caso Ayotzinapa: tener un voto de confianza por parte de los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, pues la recta final de la administración saliente no dejó en su mejor momento la relación.

La primera parada del nuevo gobierno empieza con una decisión clave: la designación de quien liderará la investigación, que hoy permanece paralizada. 

Las siguientes paradas radican en restaurar el trato digno a las familias de los jóvenes desaparecidos; lograr que la Secretaría de la Defensa Nacional proporcione la información solicitada por los familiares de las víctimas sobre el caso y, sobre todo, superar presiones, intereses o pugnas que otrora se dieron en varios frentes, incluida la Fiscalía General de la República. 

La anunciada permanencia del titular de esta última debe facilitarle esos caminos, más allá de obstaculizarlos.