La denominada reforma al Poder Judicial, que fue aprobada a principios de septiembre, pasó por 357 diputados que decidieron decir que sí a este cúmulo de cambios constitucionales. Posteriormente en la Cámara Alta 86 senadores levantaron la mano en apoyo de la controversial propuesta y así hacerla realidad.
En teoría, este dictamen debió pasar por las manos de 443 actores políticos distintos, y sus respectivos equipos de asesores; y de todos ellos, nadie tuvo el atino de detectar que dos de sus artículos se contraponen: los relativos a la forma como se debe elegir al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El episodio no sólo resulta bochornoso y ridículo, sino muy preocupante, pues demuestra la ligereza con la que nuestros políticos abordan temas tan cruciales que incluso pueden poner en entredicho la vida democrática de la nación.
Se supone que este tema había sido ampliamente discutido y debatido a nivel nacional y en diversidad de foros, pero ni así se tuvo el debido cuidado para no pisotear algo tan preciado como lo es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa a la que todos dicen defender, pero que no son capaces de respetar, al menos al momento de legislar sobre su contenido.
