Un tema que ayer llamó la atención fue la aprobación de reformas a los artículos 4 y 5 de la Constitución que -entre otras cosas- establecen penas contra personas o comercios que produzcan, distribuyan, comercialicen o consuman cigarrillos electrónicos, mejor conocidos como vapeadores.
Según trascendió en diversos espacios, la iniciativa -avalada por 410 diputados- considera, incluso, castigar con tres días de cárcel y multas de hasta 180 mil pesos a consumidores de estos dispositivos electrónicos.
La propuesta central de esta iniciativa buscaba penalizar toda la cadena de suministro de sustancias que lleven a la producción de fentanilo, pero por alguna razón en el mismo apartado los legisladores decidieron introducir los vapeadores.
Definitivamente, equiparar las sanciones por consumo de vapeadores con las de tráfico de sustancias para producción de fentanilo suena como una desmesura que deberá revisar el Congreso General.
