La presión social por el caso del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y la jornada de protestas del pasado sábado, finalmente fueron suficientes para que el gobierno federal anunciara que esta semana presentará un paquete de seis medidas para atender el problema de desaparición forzada.
Un elemento trascendental es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la gravedad del problema amerita enfrentarlo “con toda la fuerza del Estado”, y las medidas incluyen no sólo atenderlo, sino prevenirlo y sancionar con más severidad a quienes sean juzgados como culpables de este delito, que tanto lastima a la sociedad mexicana.
Para dimensionar la gravedad, bastaría con retomar cifras del año 2023, donde hubo un repunte del 32% en las desapariciones a nivel nacional, al registrar 13 mil 627; mientras que estadísticas de 2024 señalan que cada 40 minutos una persona desaparece en este país.
El dato más aterrador es el que refiere que en México hay más de cinco mil 600 fosas clandestinas, y no se sabe cuántas de ellas son de la dimensión del rancho Izaguirre, que supuestamente era usado para reclutamiento forzado por parte de un grupo criminal, con todo lo que eso exhibe.
