Tal es el caso de la comunidad universitaria, que recién se enteró de que la llamada reforma anticorrupción contiene medidas que afectan a la Universidad Autónoma del estado de Morelos.

Por supuesto que todo organismo y persona que administre recursos públicos debe estar sujeto a fiscalización, pero todo debe armonizarse correctamente, lo cuál parece no haber ocurrido.

Hace falta más transparencia en las acciones del Poder Legislativo a fin de evitar afectaciones o usos inadecuados de los ordenamientos que se aprueben o reformen.