Durante décadas, funcionarios de primer nivel abusaron de los recursos destinados a la jubilación para obtener pensiones elevadas cuando aún estaban en edad de trabajar.

Esas acciones de saqueo institucionalizado -no se pueden denominar de otra forma- son una pesada carga para el erario, por lo que la creación de un ente adecuado para hacer frente a esa responsabilidad es más urgente.

Por lo pronto, tal y como ocurrió en el sector educativo, en el aparato burocrático cunde un clima que propicia el aumento de las solicitudes de jubilación, que incidirán directamente en el presupuesto de los organismos públicos, que tendrán pretexto para ser más ineficiente, pues cubrir una nómina de trabajadores jubilados que puede superar a la de los activos.