En el caso de los conciertos, la empresa Magnos, que recibió casi cien millones de pesos de dinero público, tiene ligas claras con Elena Cepeda, la presidente honorífica del DIF.
El exceso de confianza y la creencia de que la impunidad de la que gozan será para siempre puede convertirse en su perdición.
Disponer indebidamente de dinero público es un delito. Es probable que ahora no haya quién presente cargos, pero basta con recordar el destino de varios ex gobernadores, actualmente en la cárcel, para saber que Graco Ramírez y sus cercanos necesitarán algo más que dinero -ahora ya tienen mucho- para salir bien librados de sus acciones.
