Las reformas introducidas a la ley del IMIPE, por ejemplo, que pretenden disuadir a los buscadores de información, son notoriamente inconstitucionales pero allí siguen sin que a los titulares del órgano garante de la transparencia les motive a actuar de manera decidida.

Y así puedo enumerar otros organismos o los órganos de control que se integran por decisiones de los partidos políticos, incluido el Poder Judicial o los organismos fiscalizadores del gasto público.

El silencio cómplice de nosotros los ciudadanos ha permitido la degeneración de esas instituciones, hasta el grado de hacerles perder su credibilidad, pero no los salarios que pagan.