Con la salida de “los minions” (diputados leales a Graco Ramírez y Rodrigo Gayosso a los que obligaban a usar chalecos amarillos) y demás integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura Local, para ser sustituidos por 20 nuevos legisladores –en su mayoría mujeres- la expectativa de cambio era muy alta.  Lamentablemente el triste espectáculo que están dando desde hace algunos días echa por tierra las esperanzas que tenía la ciudadanía de contar con un Congreso productivo.

Cuestiones incluso de índole personal son las que han intercambiado las señoras diputadas Rosalina Mazari y Tania Valentina, a través de comunicados que ambas han emitido a través de su oficina de Comunicación Social.

Y qué lamentable que un área tan importante, esté siendo utilizada para denostarse mutuamente, cuando debería difundirse sólo los acuerdos que beneficien a la ciudadanía en general.

Mire usted: primero la diputada Tania Valentina aseguró que su homóloga Rosalina Mazarí Espín, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de Morelos, “incurrió en responsabilidad al haber detenido en su escritorio 65 cuentas públicas con lo que se impidió en este año legislativo que la ESAF pudiera presentar denuncias penales, recuperar recursos públicos desviados o fincar sanciones por desviaciones administrativas”.

Dijo que durante todo este primer año y hasta la última sesión, de más de 65 informes de resultados que recibió la Comisión de Hacienda a cargo de la diputada Rosalina Espín, solo se presentaron al pleno 5 declaratorias del mismo número de municipios, “dos de las cuales, sospechosa o casualmente, correspondieron a las cuentas públicas del municipio de Jojutla cuando el Señor Alfonso de Jesús Martínez Sotelo fue presidente municipal, y en las cuales, por supuesto, se declara que no existe ninguna observación y mucho menos ninguna desviación de recursos”.

Agregó en el comunicado oficial que la diputada Mazari está metida en un gran lío que puede derivarle en responsabilidades, ya que fue omisa y dejó de trabajar más de 65 declaratorias que le fueron solicitadas por oficio por la ESAF, las cuales ocultó a los integrantes de la Comisión, incurriendo en negligencia y falta de probidad.

“Mientras tanto, un número importante de exfuncionarios seguirán en la impunidad gracias a que la presidenta de la Comisión se convirtió al menos por negligencia en una gran tapadera de quienes aprovecharon y desviaron recursos del erario público que es de todos”, remató la diputada petista.

Pero la respuesta no tardó mucho y fue también a través de la oficina de Comunicación Social del Congreso:

“Diputada irresponsable, Tania Valentina del PT intenta sobornar, paralizar el trabajo y la legalidad de la Comisión de Hacienda”, era el título del boletín (siempre entrecomillado para no dejar lugar a duda de que sólo estaban reproduciendo una afirmación de Rosalina Mazari.

La legisladora aludida aclaró que respecto a los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas emitidas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, la mayoría de estos Informes fueron recibidos por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.

“No obstante, y en cumplimiento a las facultades de esta Comisión se ha asumido la responsabilidad de realizar un análisis profundo y detallado sobre los Informes de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública de los Municipios y de los Entes Públicos, con la finalidad de poder emitir la declaratoria correspondiente según sea el caso”.

Agregó que independientemente del trabajo realizado por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), esa Comisión se ha dado a la tarea de realizar un diagnóstico contable y presupuestal a fin de poder transparentar el uso de los recursos públicos de los entes fiscalizados y así poder contar una mayor certeza en cada una de las declaratorias.

“Una vez valorado el rezago heredado por Legislaturas anteriores es que la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del estado de esta Quincuagésima  Cuarta Legislatura, se declaró en trabajo permanente en la pasada reunión ordinaria celebrada el 28 de junio del año en curso, para continuar con el análisis pormenorizado de cada uno de  los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de los Municipios y de los Entes Fiscalizados”.

Y luego arremetió contra su acusadora:

“Parece increíble que Tania Valentina Rodríguez Ruíz, quien hasta hace seis meses trataba de adjudicarse diez millones de pesos y quiso aprobar un presupuesto autoritario e irresponsable hoy venga a hablar de transparencia y rezago legislativo, es penoso que alguien salga a la defensa de la burocracia buscando obstaculizar el desarrollo legislativo y seguir ocupando espacios dentro de este Congreso valiéndose  de la denostación”.

Dijo que es un absurdo y una contradicción absoluta que quien preside la Comisión del Trabajo del Congreso del Estado de Morelos, “misma que no sesiona ni de manera permanente y además ha solapado hasta ahorita 300 pensiones doradas, sea quien busque abanderar la legalidad y la honestidad al interior del Congreso…”, remató. 

En alguna de las diputadas debe caber la cordura y terminar con denostaciones como las que se incluyeron en el boletín anterior, que en nada abona  al trabajo legislativo que se está acumulando.

Ojalá que estas vacaciones muy bien pagadas le sirvan a todos los diputados para reflexionar sobre el trabajo que están haciendo. Que se den cuenta que le están quedando a deber a la gente que votó por ellos.

Se tardaron una eternidad para elegir al nuevo ombudsman; no han logrado ponerse de acuerdo en la designación del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización; lo mismo pasa con el comisionado del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, y –salvo la ley que limita el uso del plástico- no se han concretado reformas y nuevas leyes.

Eso sí, ya se gastaron los primeros millones de pesos del presupuesto en sueldos  y en las próximas semanas estrenan vehículos.

HASTA MAÑANA.

Recientemente apareció en un periódico matutino un publi-reportaje sobre el Sindicato Libertad, en el que su fundador y líder principal, Hugo Bello Valenzo, muestra una faceta casi heroica de esta organización que está creciendo a pasos agigantados por todo el país. Pero, como dijera Andrés Manuel López Obrador, “nosotros tenemos otros datos”.

El colmo de la masacre de Temixco, donde murieron dos menores de edad, fue que la Fiscalía General de Justicia que encabezaba Javier Pérez Durón (sobrino de Graco Ramírez) puso en calidad de víctimas a los policías que realizaron el operativo y aplicó todo el peso de la ley a los familiares de los hoy occisos, acusados de atentar contra la vida de los servidores públicos. Cinco hombres, una mujer y un adolescente fueron detenidos, pero a la fecha todos están libres.

La buena: la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que los hechos ocurridos en Temixco el 30 de noviembre de 2017 no fueron un enfrentamiento sino una masacre por parte de la Policía del Mando Único que encabezaba Alberto Capella Ibarra.

El 17 de mayo de 2019, justo cuando la magistrada presidenta rendía su último informe de labores, el magistrado Jorge Gamboa Olea subía el siguiente mensaje en su cuenta de “Twitter”: “366 días, 0 horas, 0 minutos y  0 Segundos, se convertirán  en una verdadera esperanza, cuenta regresiva: 8784 horas; 527.040 minutos; 31.622.400 segundos…”.

Efectivamente, es el tiempo que faltaba para que termine el periodo de la controversial magistrada Carmen Verónica Cuevas López al frente del Poder Judicial del Estado de Morelos, y es también el tiempo que tienen los 18 integrantes del Pleno para elegir a su sucesor(a).

Como ya es tradición, faltando un año comienza el cabildeo de quienes aspiran a presidir el TSJ para tratar de conseguir el mayor número de votos entre sus compañeros, y para ello hacen uso de todo tipo de recursos, principalmente la promesa de bonos económicos, plazas para sus familiares, cargos, vehículos, choferes, etc.

Pero también incluye la guerra sucia para tratar de sacar de la jugada a sus adversarios peligrosos. Y en esta ocasión, con el uso del Internet, se espera una lucha encarnizada por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, lo que implica el manejo de un presupuesto de más o menos 500 millones de pesos y más de mil plazas.

La conformación de un órgano colegiado que vendrá a sustituir al Consejo de la Judicatura se ha convertido en la “manzana de la discordia” y al mismo tiempo ha servido para clarificar quién está con quien en esta carrera por la presidencia.

Primero fue un documento firmado el 24 de enero pasado por los magistrados Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Andrés Hipólito Prieto y la ex presidenta Nadia Luz María Lara Chávez, en el que se oponían a la designación de jueces por parte de la llamada “Comisión Transitoria”.

Luego se les unieron Rocío Bahena, Ángel Garduño y Bertha Rendón, al no lograr que la primera fuera designada como representante de los magistrados en la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Ya en los últimos días, al firmar un documento en el que le solicitan a Carmen Cuevas convocar a sesión de pleno para tratar ese tema, se “destapan” todos los magistrados que estarían en contra de la actual presidenta: Jorge Gamboa, Norberto Calderón, Nadia Lara, Bertha Rendón, Juan Emilio Elizalde, Andrés Hipólito, Ángel Garduño, Rocío Bahena e Iván Arenas. Exactamente los mismos que le hicieron vacío a la presidenta en la ceremonia oficial por El Día del Abogado.

Le siguen siendo leales: Elda Flores, Manuel Díaz Carvajal, Carmen Aquino, Valentín López, Idalia Franco, Miguel Ángel Falcón, Rubén Jasso y Leticia Taboada. Ocho magistrados, que con el voto de la presidenta pondría el escenario (para cualquier cosa) en un empate nueve contra nueve.

Lo más irónico es que en el grupo “anti-carmen” se juntaron magistrados que alguna vez fueron antagónicos, o que provienen de ideologías políticamente opuestas (una ex candidata del Partido Verde; la esposa del presidente estatal de Morena, ex funcionarios panistas, etc), pero que hoy encuentran coincidencias. O conveniencias.

Bueno, no hay que olvidar que Carmen Cuevas llegó a la presidencia con el apoyo de varios de ellos, pero a las primeras de cambio rompieron. “Carmen no cumplió”, se quejaron ellos. “Querían intervenir en todo”, se justifica ella.

El hecho es que hoy el TSJ está dividido. Son 16 magistrados que tienen derecho a voz y voto. Los casos de Norberto Calderón y Leticia Taboada son cuestión de interpretación, pues ambos provienen de la desaparecida Sala Auxiliar. De todos modos hay uno por cada bando, es decir, siguen empatados.

Sin embargo, un solo voto puede cambiar el escenario. Todo depende de que la presidenta convenza a uno de sus contrincantes o los disidentes se jalen a alguno de los que están con Carmen Cuevas.

Esto va a ocurrir cuando tengan que decidir a quién van a mandar como candidato a la presidencia. En el bando de “los disidentes” quiere Andrés Hipólito, Jorge Gamboa, Juan Emilio Elizalde y ahora Rocío Bahena.

En el bando de los institucionales sobresale Rubén Jasso como el más viable. Ha sido paciente y disciplinado.

Ganará aquel que logre conservar los votos del bando al que pertenece y conquiste uno o dos votos del contrario. Aunque también ha habido casos de magistrados que ni siquiera la buscaban, pero que ante el encono que había entre los dos grupos antagónicos tuvieron que optar por una tercera opción. Así llegaron Ricardo Rosas y Miguel Ángel Falcón.

Aunque en el proceso de elección del Tribunal Superior de Justicia sólo votan los magistrados, los otros dos poderes suelen meter las manos para tratar de influir. Los diputados hacen recomendaciones y algún gobernador ha llegado a telefonear directamente para sugerir a tal o cual magistrado.

Ya mencionamos en alguna ocasión el caso del candidato a gobernador que logró convencer a los magistrados que él sería el ganador de la contienda y que quería que la presidenta fuera tal magistrada. Le creyeron y votaron por su recomendada, pero él perdió en las votaciones y nunca fue gobernador.

La historia nos demuestra que ha habido titulares del Poder Judicial que prácticamente han entregado la institución al gobierno en turno. Otros se han enfrentado abiertamente tanto a diputados como a gobernadores. Y  asimismo les fue. 

Lo ideal sería que hubiera una relación cordial pero respetuosa, sin sometimientos pero también sin enfrentamientos que repercuten casi siempre en la asignación del presupuesto. Y lo que menos queremos en este momento son más instituciones peleadas cuyos titulares utilizan el erario para hacerse guerra sucia.

HASTA MAÑANA.

Marco Lara Klahr es como el “apóstol de la ética periodística” en México y desde hace tiempo recorre el país hablando sobre la necesidad de cambiar la forma de hacer periodismo. Después de escucharlo una hora (como ocurrió el pasado miércoles en el Tribunal Superior de Justicia), los periodistas casi queremos pedir perdón por lo que hemos hecho durante todos estos años y “colgar la grabadora” para no volver a escribir.

Imagínese que después de aprender a cubrir los acontecimientos noticiosos con lo que escuchamos de nuestros jefes en las diferentes redacciones donde laboramos, alguien llegue y nos diga que todo eso que hicimos estuvo mal, y que hay algo que se llama “deontología profesional” según la cual debemos regirnos por el respeto a los derechos humanos.

Y es que para Marco Lara Klahr no basta con ponerle una raya negra que le cubra los ojos a los detenidos, ni una leyenda de que “ésta persona es inocente mientras no sea declarado culpable por la autoridad competente”. En estricto cumplimiento de la ley, ninguna persona detenida tendría que ser exhibida en los medios bajo ninguna circunstancia, pero entonces ¿cómo van a justificar su trabajo las autoridades encargadas de perseguir el delito?

En los últimos días hemos caído en el absurdo de cambiar el nombre de Hortencia Figueroa Peralta por el de “Hortencia N” y cubrir sus fotografías con una franja negra, lo mismo que a Beatriz Vicera Alatriste, hoy “Beatriz N”. Para botarse de la risa: el ex secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin Contreras MacBeat fue durante varios meses “Topiltzin N” para la Fiscalía Anticorrupción.

Para Marco y su “Nuevo Periodismo Judicial” también está mal que se diga que Javier Duarte es un delincuente o que Juan Collado es lavador del dinero de Carlos Salinas de Gortari aunque lo estén acusando de ello.

Está mal que se le pongan adjetivos a los sujetos, que se haga mofa de sus defectos físicos y que se haga escarnio de lo que le haya ocurrido. ¿Entonces de qué vamos a escribir los periodistas de opinión?

Después de escucharlo uno llega a la conclusión de que para que haya una nueva forma de hacer periodismo debe haber lectores que comulguen con ese nuevo paradigma, donde ya no se busque la foto más explícita ni la crónica más detallada del acontecimiento. ¿Se imaginan a El Extra o El Gráfico sin fotos?  Simplemente ya no los comprarían.

Es necesario que haya una verdadera conciencia ciudadana sobre el espíritu del nuevo sistema de justicia penal, y que las empresas de comunicación renuncien a la competencia por vender más, es decir, dejar atrás las cabezas amarillistas en sus primeras planas.

En lo que respecta a la nota roja, definitivamente no le vemos otra salida que su desaparición, o por lo menos, eliminar las fotografías tanto de personas fallecidas como detenidas.

Sin embargo, al mismo tiempo que los medios de comunicación se van mesurando en sus gráficas, las redes sociales (específicamente el Twitter) dejan cada vez menos a la imaginación. ¿Cuál será el resultado? Lo sabremos en los próximos años.

El tema es interesante y se reconoce la intención del Tribunal Superior de Justicia a través de la Escuela Judicial que dirige el magistrado Miguel Ángel Falcón Vega de fomentar este tipo de debates, pero también el Poder Judicial debe admitir que no está a la altura en lo que se refiere al principio de máxima publicidad que establece el nuevo sistema de justicia penal, como lo hizo notar el colega Carlos Quintero durante su participación en la Mesa de Debate.

Debe haber un compromiso de ambas partes por mejorar en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, La Unión de Morelos fue pionero en la cobertura de juicios orales cumpliendo con la mayoría de especificaciones que establece Lara Klahr en su Manual. Falta que los demás periódicos hagan lo propio.

Y ya que hablamos de periodistas, ayer fue presentada en primera lectura la Ley para el Desarrollo y la Protección de los Periodistas del Estado de Morelos en el Congreso Local.

Entre las cosas novedosas viene la creación del Fideicomiso de los Periodistas de Morelos, donde los beneficiarios o fideicomitentes serán los Periodistas, el Fideicomitente el Gobierno del Estado de Morelos, a través de la Secretaría de Hacienda, como proveedor de los recursos públicos que integran los fondos a los que se referirá́ la Ley y como Fiduciario, la Institución Financiera que mejores condiciones ofrezca para la constitución y administración de dicho Fideicomiso.

La iniciativa que se presenta propone que el gobierno del Fideicomiso quede a cargo del Comité Técnico, órgano en el cual participará como servidor público el Secretario de Hacienda, como responsable de la asignación y comprobación de los recursos públicos que maneje el Fideicomiso, que tendrá́ el carácter de Secretario del Comité́ Técnico. Las atribuciones y responsabilidades de los miembros de este Comité́ serán determinadas por el Reglamento que para tal efecto expida el Poder Ejecutivo, en plazo de 90 días a partir de la promulgación de esta Legislación.

“Con esta definición legislativa se busca cancelar cualquier intento presente o futuro, que pudiera condicionar los beneficios o apoyos sociales para los periodistas, a cambio de prebendas o amenazas al libre ejercicio periodístico.

“De igual forma se cumple con el propósito de brindar al gremio periodístico de Morelos, prestaciones sociales que compensen el riesgo en la profesión y aquilaten su compromiso con una sociedad informada de manera veraz y oportuna, y al mismo tiempo subsanen algunos de los rezagos sociales que por años ha padecido el gremio”, dice en sus considerandos la iniciativa que fue presentada por la diputada Tania Valentina Rodríguez seguramente con muchos apuntes de su asesor Javier López Sánchez, ex coordinador de asesores y comunicación política en el gobierno de Marco Adame Castillo.

Sería injusto descalificarla “a priori”. Se requiere un análisis a fondo, sobre todo porque propone que el fideicomiso se integre con el 10 por ciento del presupuesto anual que el gobierno estatal pretenda gastar en publicidad oficial.

HASTA EL LUNES.

Eran las 5:35 de la madrugada de aquel 12 de julio del 2017 cuando la Dirección de Protección Civil del Estado recibió una extraña solicitud de auxilio: una mujer aseguraba haber recibido una llamada telefónica de su novio, quien estaba atrapado en su coche, dentro de un “hoyo” que se había abierto repentinamente en la autopista, a la altura del Conalep.

Al acudir al lugar indicado encontraron que, efectivamente, había un enorme socavón en uno de los carriles de alta velocidad. La operación de rescate obligó a cerrar totalmente los diez carriles del llamado “Paso Exprés”, inaugurado apenas tres meses antes por el presidente de la República.

Eso tuvo como consecuencia que, a las siete de la mañana, la fila de vehículos llegara hasta el municipio de Temixco hacia el sur, y hasta el Seguro Social hacia el norte.

Juan Mena Romero de 33 años y su padre, Juan Mena López de 65 años de edad, eran los que viajaban a bordo del vehículo Jetta de color gris de la marca volkswagen que cayeron a este socavón ocasionado por el ablandamiento de la tierra derivado de las fuertes lluvias que cayeron el fin de semana pasado.

En un principio, este hoyo tuvo un diámetro de 3 metros de ancho y una profundidad de 15 metros, pero al paso de los minutos comenzó a expandirse hasta alcanzar una apertura de poco más de 10 metros, y después, con maquinaria pesada abrieron unos metros más.

Desde los primero minutos en que se reportó el accidente, la dirección de Protección Civil del Estado de Morelos y del municipio de Cuernavaca, detuvieron la vialidad y acordonaron la zona para evitar que ocurriera un colapso total de los carriles.

 A partir de ese momento comenzaron a utilizar grúas y drones para la ubicación de las personas. Los elementos de la Cruz Roja y bomberos de la capital morelense trataban de llegar al fondo del hoyo, pero los trabajos eran en vano, ya que la tierra estaba completamente suelta y eso provocaba el riesgo de que se hundiera.

Aproximadamente a las 9:40 horas, decidieron utilizar dos máquinas para abrir más el socavón y retirar el exceso de la tierra que no permitía que los trabajos se realizaran de la mejor manera. De acuerdo a las autoridades, se extrajeron más de 100 metros cúbicos de tierra.

Minutos más tarde, arribó a la zona del desastre el entonces delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, a supervisar los trabajos, pero a su llegada, los vecinos comenzaron a gritarle palabras como: “asesino", "estas muertes quedarán en tu conciencia", "renuncia", entre otras más.

Al hablar con unos de los vecinos de Chipitlán y preguntarle por qué este tipo de gritos contestó: "estamos enojados con el delegado y los que realizaron esta obra, porque desde estaban ampliando la pista les advertimos que tenían que tomar medidas de precaución porque iba a ocurrir un accidente. Hace un mes les volvimos a decir que con las lluvias y el escombro que dejaron iba a ocurrir un derrumbe y tampoco nos escucharon, y ahorita estamos viendo este socavón, y lo sentimos por las familias de las personas que están adentro atrapadas".

Asediado por los medios de comunicación, Alarcón Ezeta se deslindó de este socavón y aseguró que no presentaría su renuncia. 

Pasaban las horas y las autoridades no daban información acerca del avance de los trabajos de rescate de estas personas. Fue hasta las 14 horas cuando las maniobras se intensificaron ante la llegada del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, quien fue inmediatamente rodeado por los reporteros.

"Se determinará quienes son responsables, si hay alguna responsabilidad de la empresa tendrá que afrontar su responsabilidad. Está aquí el delegado, esta Capufe y está el ingeniero  responsable de carreteras, ellos tendrán que determinar técnicamente qué sucedió, y si la empresa es  responsable tendrá que afrontar, si es un problema en el momento de la construcción se tendrá que afrontar", aseguró.

 Además, anunció que se realizarían las investigaciones correspondientes para fincar responsabilidades, pero adelantó que el socavón no se provocó por una mala planeación en las obras del Paso Exprés, sino que fue por el exceso de agua que pasó por debajo de la autopista.

Cerca de las 15:00 horas, los elementos de protección civil daban aviso de que ya tenían localizado el vehículo y que comenzarían a rescatar a las personas, de las que aún no se sabía si continuaban con vida.

Unos minutos más tarde, una unidad de Servicio Médico Forense (Semefo) llegó al lugar con dos camillas, con lo que se interpretaba que tanto el padre como el hijo que desde las cinco de la mañana se habían caído en el hoyo, ya no tenían vida.

El rescate del primer cuerpo fue a la 15:30 horas y el segundo diez minutos después.

Meses después platiqué con el que fuera su patrón en una empacadora de pollos ubicada en el parque industrial de Civac. Me platicó que padre e hijo entraban muy temprano a trabajar, y que siempre llegaban a bordo de una motocicleta después de tomar la autopista desde el municipio de Zapata.

Pero ese día estaba lloviznando y al parecer por eso decidieron venirse en un coche que el muchacho acababa de comprar. Ya casi eran las seis de la mañana y no llegaban. Juan, un compañero de trabajo, recibió un mensaje de texto en su teléfono celular. “Caímos en un socavon sobre la autopista, necesitamos ayuda”, decía el mensaje.

Con la autorización de su patrón, Juan tomó uno de los vehículos de la empresa y se fue hacia el libramiento de la autopista, y cuando pasaba frente al Conalep vio que en el sentido contrario al que iba se notaba la presencia de patrullas y ambulancias.

“Vengo buscando a dos compañeros que al parecer se cayeron en el hoyo, ellos venían a bordo de una motocicleta”, dijo Juan.

Por esa razón, durante toda la mañana se manejó la versión de que aparte del coche que se veía, abajo estaba una motocicleta y dos personas.

HASTA MAÑANA.

Patricia Izquierdo Medina recibió ayer por la madrugada la tercera orden de vinculación a proceso por parte de un juez penal del fuero común por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

A principios de 2017 comparamos el Congreso Local con un ferrocarril cargado de lingotes de oro pero que a kilómetros de distancia las vías desembocaban en un voladero. Julio Espín, presidente de la Junta Política abrió las puertas a los 30 diputados y les dijo: “Pueden tomar todos los lingotes de oro que puedan, pero hay que saltar a tiempo para no caer al voladero”.

Hubo quienes fueron muy astutos y pudieron apilar muchos lingotes de oro hasta formar una torre muy alta y aprovecharon cuando el tren iba despacio para bajarse. Uno de ellos fue Paco Moreno Merino, quien hoy disfruta de lo que se robó en un paradisiaco lugar.

Hubo quienes tomaron un lingote en cada mano y saltaron a tiempo sin mayor problema. Esos que “robaron pero poquito” hoy también disfrutan de una vida tranquila, sin lujos pero sin citatorios judiciales.

Pero hubo otros y otras que en su avaricia por llevarse más lingotes no saltaron a tiempo y todavía se querían regresar por más.

Ese es el caso de Beatriz Vicera Alatriste, una mujer que ha tenido una vida digna de una película. Dice ser “ingeniera química” pero no muestra ningún título. Quienes la conocen la recuerdan como secretaria del director de un diario de Morelos, luego como empleada de unos laboratorios clínicos y de ahí como asistente personal de la lideresa priísta Maricela Sánchez Cortés.

Fue ella, Maricela, quien la hizo presidenta estatal de la organización de mujeres priístas, luego consejera estatal y consejera nacional del PRI. Gracias al partido tricolor llegó como diputada plurinominal a la LII Legislatura donde fue designada como presidenta de la Mesa Directiva.

Hasta ahí iba bien. Sin embargo, recibió una oferta del entonces presidente del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, a la que no se pudo resistir. Obviamente nunca se habló de dinero, pero así, de la noche a la mañana, la “priísta de hueso colorado” se convirtió en perredista.

“Con este proyecto (del PRD) podré llegar a más mujeres, a más gente, a más colonias. Convencida que el trabajo en unión debe dar frutos. No importa el color en el que estemos, siempre y cuando vayamos de la mano de la sociedad”, afirmó en aquella ocasión mientras posaba junto al joven Gayosso.

Ya para ese momento había cambiado radicalmente su imagen. Disfrazaba su problema de peso con ropa cara y el tinte en el cabello no podía faltar. Ya no era “Betty” como la llamaban sus superiores cuando querían café, ahora era “la diputada Alatriste”, como pedía que la llamaran.

La diputada Beatriz Alatriste no fue la única que dejó su partido para obedecer ciegamente a Rodrigo Gayosso, también lo hizo Julio Espín, el diputado José Manuel Tablas Pimentel que llegó bajo las siglas del Partido Acción Nacional; Edwin Brito del PT y Silvia Irra del Partido Verde. Todos ellos se agregaron al grupo parlamentario del PRD donde ya estaban Hortencia Figueroa, Enrique Lafitte y otros, hasta completar una docena.

El día que se presentaron a los medios de comunicación en un restaurante de la calle Morrow llevaban unos chalecos amarillos que les acababa de regalar el PRD. Carísimos por cierto.

A la hora de tomarse la foto todos juntos alguien dijo en voz baja: “¡Parecen minions!”, lo que provocó la hilaridad de fotógrafos y reporteros, pero se aguantaron la risa.

Y sí, era cierto. Los diputados a los que Rodrigo Gayosso había uniformado para demostrar quien mandaba en el Congreso, parecían esos personajes de dibujos animados que actúan en grupo y no tienen mucha inteligencia. 

Con 12 votos seguros, además del voto que se compraba “por evento”, Rodrigo Gayosso y su padrastro hicieron lo que quisieron. Aprobaron préstamos, vendieron predios, nombraron funcionarios, concesionaron servicios. Todo.

Con Francisco Moreno Merino (PRI) y Jaime Álvarez (Movimiento Ciudadano) como aliados, esa legislatura inauguró la costumbre de legislar “a escondidas y en lo oscurito”, cambiándose de sede sin previo aviso y trabajando hasta las cinco de la mañana. Así, la prensa y en general la ciudadanía se enteraban lo que habían hecho sus diputados durante la noche y madrugada hasta que aparecían los decretos publicados en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

Como parte de ese libertinaje legislativo se redujo el número de diputados, se modificó el mapa de los distritos electorales al antojo de Graco y su hijastro y se aprobó la reelección para diputados y presidentes municipales.

Es decir, no conformes con haber saqueado al estado, los diputados pretendían seguirlo saqueando por tres años más. Afortunadamente la gente se dio cuenta y el día de la votación se las cobraron todas juntas. Nadie ganó de ese grupo de los “minions”.

Ahora la Fiscalía Anticorrupción anda tras los que se dejen aunque los cargos son de risa. Por eso es que la abogada Hortencia Figueroa ni sufre ni se acongoja con los citatorios para comparecer ante los tribunales. Sabe que no le van a hacer nada y además no va a gastar en abogados. Para eso tiene a su marido.

Y ese afán por hacer como que trabajan es lo que hizo que, en cuanto Beatriz Vicera faltó a una audiencia, la fiscalía pidiera que se declarara prófuga de la justicia y mediáticamente se manejara la posibilidad de que la Interpol la pusiera en su lista.

Sabemos que Beatriz tuvo gravísimos problemas de salud cuando era diputada. De hecho, sus propios familiares ya no la contaban, si no es porque llegó el entonces secretario de asuntos legislativos, José Luis “Choche” Borbolla con un cheque del Congreso a pagar los gastos del hospital.

Pero de eso a que tenga que salir ante las cámaras llevando un tanque de oxígeno se nos hace una verdadera puesta teatral, sobre todo cuando una reportera afirma que días antes la encontró “de shopping” en una importante tienda de ropa.

Beatriz no está en la lista que Graco mandó a Juan Salazar Núñez de los ex funcionarios que no deben ser molestados. Finalmente Vicera Alatriste nunca fue vista como integrante del PRD, sino como un objeto que se compra, se usa y se desecha.

HASTA MAÑANA.

“Yo siempre he apoyado a las mujeres, pero en esta ocasión toca hombre, ni te apuntes”, le dijo la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez a Leonora Valentina Jiménez Franco, una de las aspirantes a ocupar el cargo de comisionada en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el pasado viernes después de la ceremonia de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción en Los Belenes.

Ya estamos viendo una de las desventajas de la tan llevada y traída paridad de género que tanto ha presumido doña Isabel León Trueba: ya se lanzó la convocatoria y legalmente cualquier persona que reúna los requisitos puede inscribirse, pero en términos prácticos ya está decidido que habrá de ganar un varón.

¿Y sí en la lista de candidatos se inscriben puros hombres “maletas” y entre las mujeres tenemos las mejores y más preparadas profesionistas? ¿Tendremos al primer comisionado del IMIPE que no llegue por méritos sino porque no puede haber tres mujeres en un órgano colegiado?

En todo caso, que la convocatoria diga “para elegir al comisionado del IMIPE (mujeres abstenerse)”.

Así las cosas, ya tenemos la primera característica del próximo comisionado del IMIPE que habrá de sustituir al médico (que no doctor) Víctor Díaz Vázquez, dicho por Tania Valentina y escuchado por varios que nos quedamos al término de la ceremonia en que Roberto Coranguez Esquivel fue ungido como el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ahora entremos al terreno de las elucubraciones que a veces resultan ciertas.

Agregaríamos entonces que el próximo comisionado debe ser priísta. Ésta suposición nace de la costumbre arraigada del llamado “derecho de silla”, y creemos que a nadie le queda duda de que Víctor  Díaz Vázquez llegó al cargo por la vía del PRI.

Y es que, cuando nació el IMIPE, los partidos fuertes eran PRI, PAN y PRD; y desde entonces se puso como regla no escrita que cada partido colocara un consejero, hoy llamados comisionados, y que los fuera sustituyendo cada término de periodo.

Sin embargo, no se pierda de vista que hoy el PRI no tiene la misma fuerza que hace algunos años, de ahí que surja la posibilidad de que el nuevo comisionado del IMIPE sea más bien un morenista.

Y una tercera característica: que sea amigo o recomendado de Mirna Zavala Zúñiga. Esto lo decimos porque nos comentan fuentes al interior del Congreso, que para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos pudo más la recomendación de la secretaria de Administración que la paridad de género. Para desventaja de Clara Soto, María Ampudia y otras mujeres que buscaban esa posición, sus congéneres diputadas levantaron sus manitas al unísono a favor del recomendado de Mirna, a pesar de que “tocaba mujer” (en términos de lo que dijo Tania Valentina).

Debemos aclarar que en esta ocasión sí se nos hace válida la opinión de Zavala Zúñiga para la designación del consejero del IMIPE, y no por su cercanía con el poder, sino porque sabe de Transparencia. Me atrevo a decir que Mirna Zavala junto con Eleael Acevedo y Alí Sosol sentaron las bases de lo que hoy es el IMIPE, y se aventaron verdaderas broncas contra el gobierno estatal en turno y  los ayuntamientos que no entendían por qué tenían que hacer públicos sus gastos y contestar a cualquier ciudadano sus preguntas por más absurdas que éstas sean.

Una última premisa que pudiera definir quién será el nuevo comisionado del IMIPE es algo que hemos venido señalando desde hace años y que por desgracia se sigue poniendo en práctica: PARA SER CONSEJERO DEL IMIPE TIENES QUE HABER TRABAJADO CON UN DIPUTADO.

Y ahí sí la historia es implacable: Eleael Acevedo era director del Instituto de Investigaciones Legislativas; Esmirna Salinas era auxiliar del diputado David Salazar Guerrero; Víctor Díaz siempre ha trabajado con Jorge Arizmendi; Mireya Díaz era auxiliar de Juan Ángel Flores y hasta Marco Antonio Alvear Sánchez (que fue designado por la pasada legislatura pero no ha podido tomar posesión) era empleado del Congreso.

Las excepciones fueron Ariel Homero López, que no trabajaba en el Congreso pero su militancia priísta es más que conocida, y la última presidenta, Ivonne Rosales Sotelo, desconocida para el panismo morelense, pero que aseguran fue recomendada por el comité ejecutivo nacional.

¿Seguirá la actual legislatura con esa costumbre de poner a sus empleados en organismos autónomos? Lo sabremos muy pronto.

Las diputadas que controlan el Congreso, y los escasos diputados que están ahí sólo para completar la veintena (Duque, Galindo y Casas son los ejemplos más patéticos), han dado muestras de que no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Se tardaron meses en analizar la lista de prospectos para la CDHMOR supuestamente para designar a la mejor persona, y terminaron inclinándose por el que llevaba “línea” del Ejecutivo. Por lo que respecta al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría están en aprietos porque ya adelantamos que los dados están cargados para que asuma ese cargo un contador que tiene un rancho en Jojutla y que le da servicio de asesoría a todos los “políticos de campo”, es decir, que combinan la actividad política con la cuestión agropecuaria, como podría ser Amado Orihuela o el mismísimo senador Ángel García Yáñez.

Si no es él será Uriel González, quien ya comenzó a negociar su permanencia con la contratación de funcionarios que “casualmente” resultaron ser familiares o allegados de los nuevos diputados. Hay que recordar que a él lo dejó como encargado del changarro el perredista Vicente Loredo, quien hoy se dedica a dar asesoría a presidentes municipales a través de una empresa privada.

No cabe duda que las costumbres se heredan de una legislatura a otra. Los ciudadanos sufren una transformación en cuanto se sientan en la curul y se convierten en lo mismo que sus antecesores.

Como prueba de ello está la designación de los ganadores del Premio “Soto y Gama” que se entregará este 12 de julio. En la lista de ganadores sobresale el nombre de Araceli Salas, cuya capacidad como abogada no se pone en tela de duda, pero que por mera coincidencia actualmente es la asesora jurídica del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo. Sus amigos de toda la vida, Héctor Habib Rubio Assad y Roque González Barreiro, también están en la lista.

HASTA MAÑANA.