Alguien con “mala leche” publicó en redes sociales dos fotografías juntas. En una aparece el entonces diputado David Martínez, el entonces gobernador Graco Ramírez y la entonces titular de la Unidad Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández; en la segunda aparece el ex rector Alejandro Vera, el fiscal Uriel Carmona y la titular de la Unidad Antisecuestros, Adriana Pineda Fernández.

La intención de quien la subió es insinuar que tanto David Martínez como Alejandro Vera fingieron sus secuestros con intenciones publicitarias.

Sin embargo, para quien esto escribe, lo más relevante de esas dos fotografías es que en ambas aparece Adriana Pineda Fernández, ostentando el mismo cargo.

Conocemos a Adriana desde hace muchos años. Fuimos compañeros de trabajo en la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, a donde ingresó muy joven, estuvo algunos años y después se fue a trabajar al Distrito Federal.

La volvimos a ver en el sexenio de Graco Ramírez. El tabasqueño la puso en diversas áreas de la Fiscalía e incluso la propuso para ser titular de la misma pero el Congreso no la aceptó.

En una muy breve plática con ella nos enteramos que todo ese tiempo, desde que dejó la Procuraduría morelense hasta que regresó con Graco Ramírez, Adriana Pineda se estuvo desempeñando en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) el organismo que, debiéndose dedicar al combate de todos aquellos delitos que representaran un riesgo para el país, se entretenía espiando a los personajes que el gobierno (priísta, luego panista y después priísta nuevamente) consideraba como un riesgo político.

Hoy, con otro nombre, el CISEN se dedica exactamente a lo mismo, pero hoy espía a “prianistas” que buscan desestabilizar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero esa es otra historia.

Volviendo al tema de la titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) diremos que, por sus conocimientos y ciertos programas de computación que se trajo del CISEN, Adriana Pineda se convirtió en un elemento indispensable para el gobierno de Graco Ramírez, aunque no fue fácil ganarse su confianza.

Cuando se dio aquella rivalidad entre su jefe directo, el fiscal Rodrigo Dorantes y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, la fiscal especial vio la conveniencia de aliarse con el tijuanense, lo que fue considerado por el primero como una traición.

Así, Adriana Pineda no sólo se mantuvo durante el sexenio de Graco Ramírez, sino trascendió al siguiente gobierno. Uriel Carmona se dio cuenta muy pronto que Adriana no sólo es una eficiente servidora pública, sino imprescindible para cualquier gobierno.

Ahora bien, tanto en el caso de David Martínez como en el de Alejandro Vera y su esposa, nos consta que no fue una actuación ni nada por el estilo, sino más bien la aplicación de todos los recursos de las autoridades con el objetivo de rescatar a una persona “políticamente importante”.

En el primer caso, tuvimos acceso al expediente y presenciamos la audiencia donde un grupo de jóvenes fue vinculado a proceso por la privación ilegal de la libertad de David Martínez. Ahí quedó demostrado que la idea de secuestrarlo fue de un sobrino suyo que sabía que su tío tenía “un guardadito” para su próxima campaña para la presidencia municipal de Temixco.

Pero la gente no creyó que pudiera haber tanta eficiencia para liberar a una víctima de secuestro, y dieron por hecho que el aspirante a alcalde creó una fantasía para hacerse publicidad.  Eso fue determinante para que David perdiera en las votaciones del 2015.

Una fotografía donde aparecía David todavía con las manos amarradas bajo unas escaleras, y la mirada de un agente de la Policía que parecía decirle: “venimos a liberarte”. Otra más en la casa de gobierno, con Alberto Capella, Adriana Pineda y el gobernador Graco Ramírez, todos con cara de no haber dormido esa noche. Y luego la llegada del aspirante a alcalde a bordo de una camioneta rodeada de policías con armas largas, vitoreado por decenas de personas en la cancha de usos múltiples de la colonia Lomas del Carril.

Parecía una telenovela. De no haber sido porque leímos en el parte informativo cómo buscaron en cuestión de horas los datos de unas placas, rastrearon los números telefónicos de donde provenían las llamadas, y organizaron dos grupos de policías federales, estatales y el Ejército, para buscar en dos domicilios diferentes, también nos habríamos ido con la versión del ardid publicitario.

Con todo esto lo que queremos decir es que el secuestro de Alejandro Vera y su esposa tampoco fue una actuación, como algunas personas pretenden hacerlo creer. Es evidente que la pareja pasó por un lugar, a una hora, a bordo de un vehículo con tales características que lo hacían blanco fácil para la delincuencia que desgraciadamente asola el estado de Morelos.

Unos meses antes, en esa misma zona, un amigo comunicador viajaba con su madre, una sobrina y una niña. El motor de su vehículo se calentó, por lo que decidieron orillarse y esperar a que se enfriara. En esos momentos llegaron dos sujetos y los despojaron de celulares y carteras. Ni siquiera presentaron denuncia, conscientes de que habían sido víctimas de la delincuencia, que quizás habrían muchas más víctimas de hechos similares y que las autoridades no habrían hecho absolutamente nada.

Para mala suerte de los maleantes, esta vez sus víctimas resultaron “influyentes”, y como suele ocurrir en estos casos, llamaron a Adriana Pineda, quien comenzó a rastrear los teléfonos celulares, y cuando tuvieron ubicada la casa de seguridad donde los mantenían encerrados, organizaron un mega operativo que incluyó policías preventivos estatales, ministeriales, federales y la Guardia Nacional.

Afortunadamente fueron liberados, porque en varios casos los delincuentes matan a las víctimas independientemente de si pagan o no.

Y bueno, se tiene que decir: la UECS no tiene el personal ni la estructura para tratar de la misma forma todas las denuncias.

Lo ideal sería que no hubiera secuestros, o que si los hay, todos tuvieran finales felices como el de Vera y su señora esposa.

La pregunta que se tienen que hacer quienes gobiernan esta entidad es ¿y qué van a hacer cuando ya no esté Adriana?

Y la pregunta que muchos nos hacemos es ¿el software que tiene Adriana Pineda sólo se utiliza para espiar delincuentes?

HASTA MAÑANA.

Si bien la denuncia presentada el miércoles pasado por la ex diputada Hortencia Figueroa Peralta tiene escasas posibilidades de que sea judicializada, la verdad es que sí mete al Congreso en un aprieto, pues cuestiona la legitimidad del Poder Legislativo y pudiera sentar un precedente para que otros individuos que se sientan perjudicados por actos de la actual legislatura, interpongan los recursos legales correspondientes.

En síntesis, lo que reclama la abogada y ex diputada es que los actuales legisladores incumplieron los extremos del artículo 46 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, sin que fuera aprobada tal conformación con la cantidad de votos requeridos al efecto, que para el caso concreto resultarían ser 14 votos que corresponden a la mayoría calificada de conformidad con los artículos 134 y 135 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos.

“En consecuencia, al no haberse sometido la nueva conformación de la Junta Política y de Gobierno a la consideración de la Asamblea en Pleno del Congreso y no haberse respaldado con mayoría calificada, la actual Junta Política es ilegítima, acarreando la nulidad de todos los actos que realicen”, dice la denuncia.

Agrega que la “espuria Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos con fecha 10 de octubre de 2019, realizó diversas designaciones de encargados de despacho (…) lo cual es totalmente ilegal”, agrega.

Y remata:

“Incluso la ilegalidad con que se condujeron los supuestos integrantes de la Junta Política y de Gobierno al constituirse como tal y realizar los nombramientos de la ESAF, encuadra en lo dispuesto por el artículo 155 del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos en el que establece que cualquier funcionario que se desempeñe en el cargo sin reunir los requisitos señalados en la ley, incurrirá en responsabilidad administrativa y penal en su caso; y deberá ser suspendido del cargo”.

Lo más irónico de lo anterior es que en el Tribunal Superior de Justicia también están cuestionando la legitimidad de los actos realizados por nueve magistrados que autorizaron la desaparición de distritos judiciales en materia penal; la creación de un juzgado en materia mercantil; y la creación del Circuito judicial único en materia penal oral.

De acuerdo a los magistrados “disidentes”, lo anterior contraviene el derecho fundamental de los justiciables a ser oídos y vencidos en juicio  en el que se hubieren observado las formalidades esenciales del procedimiento y se emita resolución por autoridad competente, toda vez que el tema de competencia de una autoridad para emitir cualquier resolución, constituye un presupuesto procesal de orden público y de interés social, en el que todos los gobernados están interesados en que la autoridad que corresponda conocer, substanciar y dirimir un conflicto, tenga facultades competenciales para ello, aspecto competencial que por su carácter de presupuesto procesal es de orden público y de interés social que obliga incluso a observarse de oficio por la autoridad respectiva.
“Esto es así, porque de la sesión de seis de septiembre del año en curso, ante la falta de condiciones para aprobar los puntos del orden del día presentado por la Magistrada Presidente, dado que no entregó las constancias correspondientes conforme a las que se pretendía sesionásemos, NUEVE MAGISTRADOS NO CONTÁBAMOS CON LA INFORMACIÓN BÁSICA PARA DEBATIR Y MENOS AÚN PARA DIRIMIR O RESOLVER CUALQUIER PLANTEAMIENTO DE LOS REFERIDOS EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA por lo que al parecer sólo estuvieron presentes NUEVE MAGISTRADOS, con lo que en términos de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos en su arábigo 27[1], NO EXISTÍA QUORUM PARA SESIONAR, NI DELIBERAR Y MENOS AÚN PARA EMITIR VÁLIDAMENTE ALGUNA RESOLUCIÓN, ya que para ello se requiere por lo menos las dos terceras partes de los Magistrados que conformamos el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, es decir, que si somos dieciséis Magistrados con derecho a voz y a voto y las dos terceras partes de dieciséis son diez punto seis Magistrados, como sólo al parecer estuvieron en sesión ocho Magistrados con derecho a voz y voto, basta una simple operación aritmética para colegir que no se encontraban las dos terceras partes para sesionar, para deliberar, ni para emitir resolución alguna, esto ni siquiera considerando a la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, que al inicio de la diversa sesión de 3 de junio del año en curso, en ese momento presentó una copia de una resolución en la que el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito con sede en Cuernavaca, Morelos, le otorgó un amparo para el efecto de que se le reconociera sus derechos como Magistrada con voz y voto, resolución de la que por cierto se desconoce si las autoridades señaladas como responsables hicieron valer recurso de revisión o no por haberse dirimido un tema de constitucionalidad, lo que tampoco fue informado por la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, esto es, si ya constituía una resolución federal que hubiere causado estado o se encontraba subjúdice o pendiente de cumplimiento y ejecución”, dice uno de los alegatos del grupo inconforme

No obstante ello, en el mejor de los casos, si se considerara que la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, tiene derecho a participar con voz y voto (ya que anteriormente por disposición legal no lo tenía por su carácter de Magistrada Supernumeraria), aún en esta hipótesis, tampoco se cumpliría con el principio de legalidad sine qua non para sesionar, deliberar y emitir resoluciones, que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Morelos en su numeral 27, puesto que aún considerando a la Magistrada MARÍA LETICIA TABOADA SALGADO, con derecho a voz y voto, entonces los Magistrados con derecho a voz y voto sumarian diecisiete, por lo que las dos terceras partes de diecisiete Magistrados suman once punto dos, con lo que tampoco alcanza las dos terceras partes que se requiere como condición de legalidad y de validez sin la cual el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, pueda sesionar, deliberar, ni emitir determinación alguna legalmente válida.

Por tales motivos se estima que la sesión extraordinaria de seis de septiembre del año en curso, así como las deliberaciones, los acuerdos y las resoluciones emitidas por NUEVE MAGISTRADOS y NO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, carecen de valor jurídico por haber sido emitida por autoridades incompetentes, ya que el único competente para ello lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del estado, el cual se integra con las dos terceras partes de los Magistrados, requisito que no fue cumplimentado.

Nunca antes se había dado esta situación en la que dos de los tres poderes que integran el estado están en riesgo de que sus actos sean declarados nulos por incumplir con la ley en la integración de sus respectivos plenos.

HASTA EL PROXIMO MARTES.

“Prácticamente todos los gobernadores de Morelos –de López Avelar para acá- han estado sentados en esa silla”, dice don Alberto Corripio mientras le pone la grasa a los zapatos con una agilidad inusitada.

Luego recapacita y corrige: “Bueno, el único que nunca vino fue esa rata de Graco Ramírez, y qué bueno porque le hubiera dicho sus verdades. Fue el único que perjudicó al gremio, pues de 50 que éramos ahora sólo quedamos 30”.

El veterano líder de los lustradores de calzado explica mientras trabaja en el calzado del columnista, que Graco Ramírez ordenó la obra de remodelación del kiosco y quitó las escaleras que daban de la plaza a la calle Galeana, lo que disminuyó sustancialmente el paso de peatones, potenciales clientes de los lustradores. 

También, prohibió que se establecieran enfrente del Palacio de Gobierno “porque daban mal aspecto”, lo que provocó que varios compañeros tuvieran que dedicarse a otra cosa.

• Y a quien se le habrá ocurrido quitar esas escaleras don Corripio?- le preguntó.
• Pues solamente a alguien que no es de Morelos, y que no sabe que la gente acostumbraba cruzar desde No Reelección hasta el Palacio de Gobierno caminando, y ahora tiene que rodear, dejando prácticamente abandonado ese lado de la plaza- contesta el bolero mientras comienza a tallar uno de los zapatos para sacarle brillo.

Efectivamente, había unas escaleras en la parte poniente de la Plaza del Kiosco, incluso hace años hicieron que bajara un coche por los escalones cuando estaban filmando una película norteamericana.

Ya entrados en la conversación, don Alberto Corripio me platica que está cumpliendo 61 años de dedicarse al negocio de la lustrada de calzado. “Comencé a la edad de nueve años a dar bola con mi cajón de madera. Le daba servicio a todos los funcionarios que despachaban en el Palacio de Cortés, ahí estaba todo gobierno. Un día que sale un señor trajeado, yo creo que era el secretario particular, y que me dice: chamaco, acompáñame, le vas a dar bola al señor gobernador”.

Y sí, después de lavarse las manos en el baño del mandatario, se puso a lustrar los zapatos de Rodolfo López de Nava, quien agradecido por el trabajo lo premió con cinco centavos de propina.

Años después, cuando ya era un adolescente, fue uno de los primeros en tener un lugar semifijo en el centro de Cuernavaca, y muy pronto se convirtió en el líder de los lustradores… y en el lustrador de los gobernadores.

Dice que de quien guarda excelentes recuerdos es de Antonio Riva Palacio López, quien desde que era senador, durante su gubernatura, y varios años después de haber dejado el cargo, se lustraba los zapatos en el zócalo y siempre buscaba la silla de Alberto Corripio.

“Cuando era gobernador venía tres días por semana a lustrarse los zapatos, y aquí la gente aprovechaba para pedirle cosas. Luego le preguntaban que dónde lo podían ver para avisarle si ya habían cumplido con el encargo, y don Antonio respondía: pues aquí, con Corripio”.

El veterano lustrador de calzado ha visto muchas cosas en esa plaza del Kiosco, pero sobre todo ha sido testigo de la transformación de una sociedad. Recuerda que hace décadas eran memorables los enfrentamientos constantes entre muchachos “broncudos” que se la pasaban en el extinto restaurante “La Parroquia”. Era Sergio Cobián, el “Güero Broncas” y uno que apodaban “El Fitos”, quienes armaban unas trifulcas en las que tenía que intervenir la Policía.

Sin embargo, “esas peleas eran a mano limpia, no eran como ahora que con cualquier pretexto los chamacos sacan la fusca”.

El acontecimiento que más le impactó fue la ejecución del empresario Jesús García y del líder de comerciantes, Roberto Castrejón, a mediados de este año. Recuerda que ese día (8 de mayo del 2019), las calles estaban cerradas y había una manifestación de comerciantes sobre la avenida Galeana.

“Yo cuando escuché el primer balazo me dije: este gobierno ya está dispersando la manifestación a punta de balazos, pero luego supe que el ataque iba contra Don Chuy y Roberto Castrejón”, rememora Alberto Corripio, quien como todos los que estaban presentes, buscaron resguardarse para que no les tocara una bala perdida.

Expresa su preocupación porque “ya no se puede andar por las calles tranquilamente. En cuanto anochece hay que guardarse en la casa porque no sabe uno qué  vaya a pasar. Eso es muy triste porque la gente ya no sale y no consume, entonces de qué vamos a vivir”.

• Y nunca ha salido mal con un funcionario por defender a su gremio- le preguntamos.
• Sí, una vez con un regidor. Se llamaba Luis Salas Catalán y quería reubicarnos del zócalo. Pero que buscamos el apoyo del presidente municipal que era Manuel Martínez Garrigos y ya no pudo hacer nada. Luego hasta nos hicimos bien amigos con Luis Salas.

Termina de lustrar mi calzado, le pago y nos despedimos, deseándole que siga representando bien al gremio de los lustradores y que continué siendo un testigo de lo que ocurre diariamente en el centro de la capital.

Y sobre todo, agradecemos que cada vez que llega un cliente le ofrezca un periódico impreso de “La Unión de Morelos”, como le hizo con un servidor, al que se le quedó viendo y dijo: “usted es el que escribe ésta columna, ya se me hacía conocida la foto”.

HASTA MAÑANA.

“Siempre que tengas encerrados a más de cinco personas desconocidas entre ellas forzosamente tendrá que surgir un líder, que puede resultar bueno, regular o muy malo para los demás”, me dijo una vez un director del Penal de Atlacomulco para explicarme cómo funciona el llamado “autogobierno”.

Lo anterior, en el entendido de que nunca será suficiente el personal de custodia de una cárcel para controlar a cientos o miles de personas privadas de su libertad. Por eso es que tienen que organizarse “entre ellos”.

Otro experto en sistemas penitenciarios me dijo que un reclusorio es como una sociedad en chiquito, donde hay gente buena y gente mala, personas con dinero y otras sin dinero pero que pueden ofrecer servicios. Hay drogadictos que si no reciben su dosis diaria se volverían locos.

Otro más me explicaba cómo funciona el “Motel” Atlacholoaya: “De un lado tienes hombres con dinero pero sin mujeres que los visiten; y del otro lado tienes mujeres que necesitan dinero sin importar qué tengan qué hacer. Sólo tienes que juntarlos”.

Antes de que los internos del Penal de Atlacomulco fueran reubicados a Atlacholoaya, un jefe del autogobierno me invitó a dar un recorrido. Su apellido era Bautista, purgaba una condena por haber asaltado el Banco del Atlántico en pleno centro de Cuernavaca.

Obviamente no se llamaba “autogobierno”, sino comisión de disciplina. El líder del penal de Atlacomulco quería mostrar que bajo su liderazgo todo era tranquilidad y trabajo en aquel penal con más de mil presos donde convivían libremente procesados con sentenciados, peligrosos y no peligrosos.

Se suponía que con la inauguración del moderno Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya, con capacidad para dos mil internos debidamente divididos en grados de peligrosidad, se acabaría el autogobierno.

Pero no fue así. Tengo entendido que en lugar de haber un líder general, hubo líderes por área. Así, había un jefe de ingresos, uno de sentenciados, otro del área de alta peligrosidad, pero en ocasiones alguno se convertía en líder máximo de todo el penal.

Uno de ellos fue Dagoberto Torres Palma, detenido en septiembre de 1995 como responsable del secuestro y asesinato de Miguel Angel Ocampo Cristino, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión pero obtuvo una sentencia absolutoria de un Tribunal de Circuito en 2008, es decir, estuvo 13 años encerrado “injustamente”.

Ex agente de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS), Dagoberto Torres Palma fue señalado como “madrina” de un grupo de policías judiciales destacamentados en Cuautla, mismos que fueron acusados de participar en los secuestros de Gerardo Resendiz y Miguel Angel Ocampo, en la época en que Morelos fue escenario de una ola de secuestros que trascendió a nivel internacional.

Aunque fue involucrado en varios secuestros, a Dagoberto Torres le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, homicidio y asociación delictuosa sólo en agravio de Ocampo Cristino, por lo que fue sentenciado a 32 años de prisión.

Cuando asumió el cargo de subsecretario de Readaptación Social, Antonio Aragón Zamora, ordenó su reubicación a la cárcel de Jonacatepec, al detectar que tenía una concesión otorgada por su antecesor, Antonio Tallabs Ortega, para operar una panadería en el interior de la cárcel. 

Mario Alberto Chávez Traconi ocupó el lugar de Dagoberto, pero mantenía el liderazgo en ese centro penitenciario a base de amenazas a los funcionarios indicando que si no cumplen con sus peticiones “les arma un escándalo” con la Comisión de Derechos Humanos y con la prensa.

“El Rey del Fraude”, como ha sido calificado, comenzó su carrera delictiva a los 15 años de edad, por lo que en varias ocasiones ingresó al Titular de Menores. A los 18 años ingresó al Reclusorio Norte de la ciudad de México, pero salió casi de inmediato, aunque cuando tenía 21 años fue arrestado nuevamente por fraude y falsificación de documentos, pero salió en 1995.

En 1997 ingresó al antiguo Cereso de Cuernavaca, pero al ser transferido a la Cárcel Distrital de Jonacatepec, Jesús Javier Rodríguez Robles, ex director de la penitenciaría lo ayudó a organizar dos eventos fantasma para defraudar varias empresas publicitarias.

En 1998 Rodríguez Robles ayudó a Chávez Traconi a escapar de la cárcel, ya que le recibió una resolución apócrifa en la que se señalaba que él no era responsable de los delitos de los que se le culpaban.

Sin embargo, el juez cuarto penal del primer distrito judicial de Morelos, giró una orden de reaprehensión por robo calificado y fraude, en agravio de René Sánchez Vázquez. Dicha orden está relacionada con el expediente penal 64 y 67/97-1.

Chávez Traconi fue detenido en el Distrito Federal por otro fraude y en octubre del 2004 fue sacado de la penitenciaria de Santa Martha Acatitla en el Distrito Federal, para trasladarlo a Morelos, e inexplicablemente fue remitido a la cárcel de Jojutla, no obstante su peligrosidad y el antecedente de que ya se fugó en una ocasión.

En 2009 reapareció como “vocero” del movimiento de internos de la cárcel de Jojutla, encabezando las “negociaciones” con la subsecretaria de Readaptación Social, Sara Olivia Parra Téllez, quien prácticamente le concedió todo lo que pidió y hasta cesó a la entonces directora que ordenó un operativo nocturno al interior del centro de reclusión.

El 10 de agosto de 2010 Chávez Traconi fue subido a una camioneta cerrada para llevarlo a “una diligencia a los Juzgados de Distrito”. En lugar de tomar la autopista, el vehículo oficial cortó camino por Zacatepec y Tlaltizapán. Al llegar a Santa Rosa 30 ya lo esperaban varias camionetas que le cerraron el paso. Más de 200 casquillos contabilizaron los peritos en el lugar de la emboscada, en el que “el rey del fraude” fue acribillado junto con los custodios que lo transportaban.

Nunca se supo quién lo mandó matar. Los matones a sueldo fueron identificados como gente de Edgar Valdez “La Barbie”, y la leyenda urbana que se cuenta entre los viejos internos de la cárcel de Jojutla es que le hicieron un favor a “La Barbie” y éste ofreció pagar con dinero, pero la entonces directora dijo que se daría por bien pagada si le quitaban de encima a ese revoltoso.

HASTA MAÑANA.

Apenas el pasado 9 de agosto decíamos en esta misma columna que no entendíamos el por qué Fernando Blúmenkron Escobar, después de haber estado en “las grandes ligas” de la administración pública, había aceptado el cargo de director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.

“Por más que Fernando Blumenkron sea un excelente jurista, y con una fama de intachable, no se entiende por qué ponerlo en una posición tan desprestigiada y hasta peligrosa”, escribimos textualmente.

Con el título “Los tres jóvenes abogados”, hacíamos una remembranza de que cuando llegó como procurador de Justicia en el gobierno de Jorge Carrillo Olea, el polémico Carlos Peredo Merlo decidió confiar en tres jóvenes abogados: Rafael Borrego Díaz, José Luis Urióstegui Salgado y Fernando Blúmenkron Escobar.

El tercer joven abogado, Fernando Blumenkron Escobar, ha tenido una trayectoria ascendente: se quedó como encargado de despacho de la Procuraduría de Justicia tras la detención de Carlos Peredo Merlo; luego fue nombrado como director del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo y después como secretario técnico del gabinete.

Fue secretario de Seguridad Pública a nivel estatal y después emigró a la ciudad de México donde ingresó a la Procuraduría General de la República a nivel central, primero en la Oficialía Mayor, después en la Subsecretaría de Derechos Humanos y finalmente como director general de Atención a Víctimas del Delito.

Regresó a Morelos para ser designado magistrado del Tribunal Estatal Electoral del 2008 al 2014. De ahí ha desempeñado algunas “chambitas” en el programa Prospera y últimamente en el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

“No sabemos exactamente por qué, pero después de andar en “las grandes ligas”, de tener una magistratura y de tener las características necesarias para hacerse cargo de cualquiera de las secretarías del Gobierno estatal,  el (ya no tan) joven abogado viene a hacerse cargo de una dependencia que podría ser su tumba políticamente hablando”, nos atrevimos a vaticinar.

Y es que todo mundo sabe que el SAPAC ha venido sufriendo durante los últimos 20 años un saqueo descarado no sólo en lo que se refiere a ingresos económicos, sino también en agua que no se cobra, bombas que no se cambian, aviadores, etcétera.

Para empezar, el día que tomó protesta como director, recibió un sistema con 12 pozos sin energía eléctrica por falta de pago, y 26 colonias con graves problemas de desabasto. Ya el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, declaró que “la deuda del SAPAC con la CFE es impagable”.

Y cuando decimos que ocupar ese cargo es hasta peligroso, es porque no hay que olvidar que la penúltima directora, Isabel Sotelo, fue asesinada apenas unas semanas después de que dejó el cargo, lo mismo que un trabajador del área de control vehicular.

No en balde esa dependencia parece más bien un cuartel de la Policía, rodeada de guaruras que causan temor a las personas que acuden a pagar sus recibos, lo mismo que las camionetas al parecer blindadas, en las que se desplazan los altos funcionarios del Sistema de Agua Potable.

“En esa posición se requiere a un administrador (que tenga habilidades de mago) o bien un ingeniero hidráulico, y ni Blumenkron, ni su director operativo Alfredo Socorro, tienen esa profesión”, apuntamos.

Pues bien, como ya es del dominio público, ayer a las 11 de la mañana el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Fernando Blumenkron Escobar, anunció su renuncia al cargo junto con varios de sus directores.

Los funcionarios municipales, en rueda de prensa, confiaron que con su salida el alcalde apoye económicamente este organismo; de lo contrario advirtieron que están en riesgo de no pagarse las siguientes quincenas y aguinaldos a los 691 trabajadores de este organismo público descentralizado.

Este organismo arrastra deudas de más de 500 millones de pesos que pueden llevarlo en cualquier momento al colapso financiero, aseguró Blumenkron, pero “la gota que derramó el vaso”, según sus declaraciones, fue que la tesorería del ayuntamiento no le entregó los recursos económicos correspondientes al fondo cuatro para el SAPAC.

Por lo que decidió renunciar para que el presidente nombre a quién quiera y quién sí apoye económicamente y a quien sí se le entreguen los apoyos de fondos federales para que este organismo no colapse; porque dijo que actualmente no tienen recursos parar pagar las siguientes quincenas y el aguinaldo para cerrar este año (2019).

“En las demás deudas o pasivos del Sapac que tiene con otras instituciones, bajo fuertes discusiones, expusimos a la tesorería municipal las muchas necesidades del Sapac, y en base a eso exigimos las participaciones federales que por derecho nos corresponden a través del fondo cuatro, esto para poder sanear gradualmente todas las deudas y gastos extraordinarios, y también para eficientar el suministro del vital líquido a todos los usuarios, ya que es nuestra obligación hacerlo”, declaró a los medios de comunicación.

Coincidentemente, Fernando Blúmenkron declaró que sí tuvo apoyo del alcalde Antonio Villalobos, “pero no al cien por ciento” en tanto que el edil afirmó que el director de SAPAC cumplió “pero hacía falta mucho más”.

HASTA MAÑANA.

Si una institución pública pierde un juicio de cualquier índole, difícilmente se le podrá imputar responsabilidad al consejero jurídico o titular del área legal, pero si ese funcionario pierde todos los juicios, entonces habría que avizorar la posibilidad de que fue una mala elección de quien o quienes lo contrataron.

Ya en una ocasión intentaron fincarle responsabilidad a un consejero jurídico por un juicio que el gobierno como institución no pudo ganar. En el año 2001, la entonces contralora Emma Margarita Alemán le inició procedimiento administrativo al que fuera consejero jurídico del gobierno de Jorge Morales Barud, el abogado José Luis Urióstegui Salgado, y pretendía que éste pagara los dos millones de pesos que perdió la administración por no haber obligado a una empresa a colocar unas cocinas en el recién construido Penal de Atlacholoaya.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en esa ocasión que era inaplicable el criterio de la Contraloría, pues si se ponía en práctica no habría quién quisiera hacerse cargo del área jurídica de una institución si al final tendría que pagar de su bolsillo los juicios que se perdieran.

El ejemplo anterior viene a colación porque la semana pasada trascendió que, de las más de 60 pensiones que la anterior legislatura aprobó, y que la actual cámara de diputados abrogó por considerar que eran legalmente improcedentes, tendrán que ser pagadas porque los beneficiarios obtuvieron la protección de la justicia federal.

Esto solamente tiene dos interpretaciones: que no hubo la defensa legal adecuada, o que el acto de dejar sin efectos las pensiones por parte de la actual legislatura sólo tuvo como propósito atraer los reflectores, o bien, una venganza política.

O un poquito de cada cosa.

Sobre el asunto jurídico, recordemos que el 4 de julio pasado en esta misma columna hicimos notar que el Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, Benito Eliseo García Zamudio, al resolver el juicio de amparo 534/2019 que interpuso  Elaine Rodríguez Aranda, fue contundente en su sentencia:

“Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen diversos principios, entre ellos, el de la legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Ambos presuponen el principio de interdicción de la arbitrariedad en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto al derecho de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad”.

El juzgador hizo un estudio de constitucionalidad del acto reclamado, en el que considera que es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Entre los argumentos que la quejosa expone en su primer motivo de disenso, aduce que el Congreso del Estado de Morelos canceló su decreto de concesión de pensión por viudez sin que la ley aplicable contemple procedimiento para ello, ni autoridad competente, además de que no medió garantía de audiencia.

“Y tiene razón pues, en primer lugar, los fundamentos legales en que se apoya la autoridad responsable para emitir el decreto reclamado no lo faculta para revocar motu proprio –por sí y ante sí- la pensión que ya se encuentra asignada a favor de un asegurado y, en segundo lugar, no existe ordenamiento legal que permita al Congreso del Estado de Morelos (LIV Legislatura) emitir acuerdos parlamentarios con los que se pueda ampliar la competencia de los órganos de gobierno para revisar y revocar las pensiones asignadas por una anterior legislatura”, agrega el juez.

A pesar de ello, los diputados de la actual legislatura continuaron “combatiendo las pensiones doradas autorizadas por sus antecesores”, quizás porque es la única noticia que le garantiza espacios gratis en los medios de comunicación al Poder Legislativo.

Ahora que se comienzan a echar abajo, verán que ninguna de las fracciones en que está dividido el Congreso querrá asumir su responsabilidad y le echarán la culpa al director del departamento jurídico, (un señor de nombre Gerardo Florentino Galindo Durán) o a quien lo puso en el cargo.

El cargo de director jurídico del Congreso local es de vital importancia pues viene siendo “el cerebro jurídico” de los diputados. Por ahí han pasado el doblemente doctor, Bernardo Sierra Becerra; la maestra en derecho y hoy magistrada Martha Elena Mejía y últimamente el también doctor Humberto Serrano Guevara.

¿Quién es el licenciado Gerardo Florentino Galindo Durán? Para nosotros es un desconocido, lo cual no significa que tenga que ser desconocido para el resto de la población, máxime cuando no es oriundo de la capital sino más bien su “zona de influencia” es la región oriente.

En busca de referencias recurrimos a “San Google” y lo único que nos arrojó es un documento en PDF que resultó ser el acta de Cabildo número 12 de la administración municipal de Jesús González Otero en el que se discutieron diversas solicitudes de pensión.

Ahí, en la página 19, aparece que el señor Florentino Galindo pidió que le concedieran la pensión por cesantía en avanzada edad en virtud de que fue director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 2001 al 2003, es decir, hace más de 12 años.

La petición no solamente refleja una ignorancia de las leyes, sino una mala fe del promovente al pretender obtener una “pensión dorada” que no es procedente, tal y como lo determinó el Cabildo de Cuautla en esa sesión del cinco de agosto del 2015.

En ese mismo documento el señor acredita haber sido agente del Ministerio Público, defensor de oficio y subdirector de un penal, además de director municipal de Seguridad Pública, lo cual es digno de reconocerse, pero no suficiente para ocupar el más alto cargo jurídico dentro de uno de los tres poderes del estado.

Con esos antecedentes, y con los resultados arriba mencionados, cabe hacerse la pregunta sobre quién es el responsable de este fracaso legal, si el licenciado Florentino, o los diputados que asignaron los cargos por repartición de cuotas o por parentesco.

Se dice, sin que nos conste, que el licenciado Florentino Galindo es primo del diputado José Luis Galindo Cortés.

Y así como éste, hay varios ejemplos más de funcionarios que llegaron al Congreso no por su capacidad profesional, sino por ser parientes de diputados.

HASTA MAÑANA.

“Estaban en el foro platicando como si fueran amigos. De pronto El Chicles se lleva la mano a la bolsa y saca su celular (lo que era completamente normal), contesta una llamada y cuelga casi inmediatamente. Es cuando comienza a acicatar al Ray con la ayuda de El Pitus, y el Chisto. Ahí empezó todo el desmadre”.

Es el testimonio de un interno del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya que asegura que la orden de matar al Ray vino de afuera y fue contundente. Esa mañana del 30 de octubre fracasaron las negociaciones para que “Los Rojos” y el Cartel Jalisco Nueva Generación pudieran compartir el penal.

Los líderes del reclusorio siempre andan armados con “puntas” que hacen de varillas o fierros viejos. A el Ray lo picaron hasta que ya estaba muerto y entonces le prendieron fuego.

Luego fueron por quienes consideraban que podrían significar un peligro: Néstor, José Manuel, Roberto, Lorenzo y Vicente, que estaban en el área de máxima seguridad que se ubica al fondo de la nave penitenciaria.

Ya para ese momento habían conseguido un machete y se les había unido más internos. Como si fuera un grupo de la muerte, una decena de hombres vestidos de amarillo (algunos cubriéndose el rostro) recorrían las diferentes áreas del penal en busca de líderes que se pudieran oponer al nuevo “reinado”.  A uno de ellos le cortaron la cabeza con el machete.

Raymundo Isidro Castro Salgado era considerado muy peligroso pues ya había estado en un reclusorio federal en Matamoros, Tamaulipas y dominaba toda la zona oriente de la entidad. Hasta antes de ser detenido en Puebla, vivía como cualquier vecino y su única diversión era el futbol, por lo que contrataba ex jugadores profesionales para reforzar su equipo.

También, había trabado amistad con la directora de reclusorios, Miriam Mireles Toledo, “quien le llevaba personalmente su comida hasta donde lo tenían resguardado”. Estaba tomando fuerza y en cualquier momento intentaría apoderarse del penal, para lo cual tendría que asesinar a Alexis Oswaldo, el hijo de El Carrete, quien permanece resguardado en un área especial a la entrada del penal.

Le dicen el Dormitorio 13 y se encuentra en el segundo piso del área de ingresos. Ahí habilitaron un área “VIP” para quienes pueden pagar comodidades y protección.

Desde ese lugar salieron las llamadas solicitando auxilio y los videos donde se observan las hordas de reos vestidos de amarillo y color beige que corrían de un lado para otro mientras los custodios se agrupaban y se rendían, pues ni armas tienen.

“Hay una riña porque el director trajo a los chilangos con los que se hizo el motín de ayer, los trajo a ingreso, y aquí en ingreso en la noche le quitaron las llaves a un comandante del área y querían pegarle a unos compañeros. En la mañana le dijimos al director que lo único que queríamos era que nos regresara a nuestros compañeros, pero como le pagan 30 mil pesos a la semana los chilangos les está ayudando a ellos”, dice un audio en poder de este columnista.

Esos internos (que representaban otro grupo liderado por “El Rayan”) fueron los que tuvieron que ser sacados en un camión y trasladados a diversos centros penitenciarios en la entidad.

Y aunque el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que solamente fueron cuatro horas las que se perdió el control del penal de Atlacholoaya, la verdad es que hasta este momento los internos están atrincherados y los custodios en la entrada. “Andan como en su casa por todas las áreas”, comenta la familiar de una persona privada de su libertad (PPL).

Fue hasta el lunes 4 de noviembre cuando se realizó un cónclave “en el dormitorio 10 del área de sentenciados” para crear la “Comisión” de internos e imponer el autogobierno en Atlacholoaya.

Según la versión obtenida al interior del penal, se trata de diez personas privadas de la libertad que son identificadas con los nombres y sobrenombres de: Gabriel B. P., alias “El Chicles”; Miguel Ángel B. R., alias “El Chisto”; Agustín M. C., alias “Pitus”; Marco Gerardo N., alias “La Kika” y José Luis G. N., “El Cabra”. 

De acuerdo con la información recabada, Miguel Ángel B. R. ingresó al penal el 3 de marzo de 2013 por el delito de homicidio calificado. Tras ser sometido a un juicio, el 8 de enero de 2014, fue sentenciado a 53 años y tres meses de prisión.

Gabriel B. P ingresó el 12 de julio de 2016 por el delito de extorsión agravada. El 28 de septiembre de 2016 fue condenado a 15 años de prisión. Agustín M. C. fue llevado a juicio por secuestro, el 5 de octubre de 2016, y sentenciado a 50 años de prisión, el 6 de noviembre de 2016.

Marco Gerardo “N” fue detenido el 1 de agosto de 2019 e imputado por el delito de feminicidio, en un hecho ocurrido el 11 de mayo de 2017. El miércoles 7 de agosto del presente fue vinculado a proceso penal y el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación. Era el lugarteniente de El Carrete y actualmente encargado de la seguridad de su hijo Alexis.

“Parece que ya todo está volviendo a la normalidad. Ya la nueva comisión pasó a repartir la droga y a los teléfonos celulares les rayaron los lentes de las cámaras para que no puedan tomar video de lo que ocurra a partir de hoy”, comentó el familiar de un interno para quien el uso de las drogas y los teléfonos celulares es de lo más normal en ese centro penitenciario.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha investigado detalles como el hecho de que el motín ocurrió en los días en que el coordinador de Reinserción Social, Israel Ponce de León Bórquez, estaba fuera del país “tomando un curso sobre seguridad”, y que el director del penal, con clave “Puma” no permitió la entrada de la Guardia Nacional cuando estaba la reyerta.

Tampoco se ha investigado cómo consiguieron los machetes y el material inflamable con el que le prendieron fuego a “El Ray”.

Al interior del penal de Atlacholoaya y en los demás centros penitenciarios a donde fueron reubicados los internos están convencidos de que hubo un “complot” para acabar con la vida de Raymundo Isidro Castro Salgado, antes de que se convirtiera en un dolor de cabeza para todos.

HASTA EL LUNES.

El ex diputado y patriarca moral del Partido Movimiento Ciudadano en Morelos, Jaime Álvarez Cisneros sí está denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción pero no hay (por ahora) orden de aprehensión en su contra. No lo han podido emplazar para que responda por el delito de ejercicio ilícito que pretende imputarle la institución que encabeza Juan Salazar Nuñez, pues al también abogado le han encontrado ocho domicilios pero en ninguno está.

En una maniobra poco utilizada, el fiscal anticorrupción Rodolfo Nuñez Urquiza se aventó la puntada de solicitar a un juez, que le concediera una orden de aprehensión en contra de Jaime Álvarez Cisneros para poder notificarle que hay una acusación en su contra interpuesta por el gobierno del estado a través de la consejería jurídica.

La solicitud recayó en la juez Nancy Aguilar Tovar, quien negó rotundamente la petición que a simple vista se nota que es absurda. Eso ocurrió el 20 de septiembre pasado, por lo que la Fiscalía Anticorrupción interpuso el recurso de apelación, mismo que fue desahogado en audiencia de fecha 29 de octubre del 2019 en la Sala dos de juicios orales del Tribunal Superior de Justicia.

En dicha audiencia, los magistrados que integran la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, María del Carmen Aquino Celis y Rubén Jasso Díaz, resolvieron por unanimidad ratificar la decisión de la Jueza, negando la orden de aprehensión en contra del ex secretario de Turismo.

Por si las dudas, Jaime Álvarez tramitó un amparo ante la Justicia Federal, mismo que fue negado simplemente porque ninguna autoridad admitió haber librado orden en su contra.

El documento mediante el cual se admite el recurso de apelación y se fija la fecha para el desarrollo de la audiencia fue filtrado para efectos mediáticos. De lo que se trata es de “quemar” al ex diputado, pero jurídicamente dudamos mucho que le puedan encontrar algo.

El único pecado de Jaime fue su servilismo con el entonces gobernador Graco Ramírez, a quien le sirvió primero como jefe de la oficina de la Gubernatura y después como secretario de Turismo.

Jaime (su nombre le quedó ad hoc) fue el funcionario más cercano a Graco, y fue quien tuvo que aguantar sus regaños cuando las cosas no le salían bien. Después lo mandó a la secretaría de Turismo donde tuvo que seguir cumpliendo los caprichos de “la familia real”.

Y uno de esos caprichos –recordemos- fue traer al tenor español Plácido Domingo a la Arena Teques.

En una supervisión que realizó la primera dama del estado cuando apenas se estaba acondicionando la “Arena Teques”, hizo notar que hacía falta unas palmeras. El entonces secretario de Turismo se ofreció a conseguirlas, y para ello pidió el apoyo del empresario Roberto Abe Almada, quien amablemente donó unas palmeras exóticas que tenía en su balneario, con la condición de que el gobierno se encargara de su traslado a Tequesquitengo.

La Secretaría de Turismo se encargó de arrancar las palmeras, subirlas a unos trailers y trasplantarlas en Tequesquitengo. Lo que no sabían es que para hacer ese tipo de maniobras requerían un permiso especial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dependencia que encabezaba en ese momento Francisco Moreno Merino.

La Profepa, con el apoyo de la Policía Federal, detuvo los camiones con las palmeras exóticas, y estuvo a punto de poner a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) a los camiones con su carga y sus choferes.

Pero los deseos de la primera dama no podían quedar sin ser cumplidos, así que una llamada del gobernador Graco Ramírez Garrido a Francisco Moreno Merino, y al entonces delegado de la PGR, Marcelino Vázquez Huitrón, hizo posible que –violando toda normatividad en materia ambiental- las palmeras pudieran llegar a su destino.

La “familia real” estuvo muy contenta con la organización del magno concierto, por lo que Jaime Álvarez fue ampliamente felicitado por doña Elena y sus hijos. Sólo Jaime supo cuántos servicios se quedaron a deber porque los 13 millones de pesos que se obtuvieron por la venta de boletos no alcanzó para mucho. 

Tan sólo por la contratación del tenor español el Gobierno de Morelos pagó poco más de 10 millones de pesos a una empresa de espectáculos, un millón y medio más por una “Cena VIP”,  y cerca de dos millones por diferentes gastos. La cifra oficial de ingresos por boletaje fue de 13 millones 541 mil 500 pesos y cuatro millones por derechos de patrocinio.

En el contrato firmado por el gobierno estatal y la empresa “Eventos Artísticos y Culturales de México S.A. de C.V.”, se establece en la décima segunda cláusula que “El Poder Ejecutivo puede promover este concierto en el sentido de que las ganancias serán para la construcción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Morelos”, pero se menciona más como una estrategia para vender boletos, que como un propósito en firme.

En el documento, obtenido a través de una solicitud de información pública, la Secretaría de Turismo declara que con fecha  17 de abril de 2013, “el gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu le otorga la encomienda del asunto relacionado con la presentación en vivo del artista Plácido Domingo”, en tanto que la Secretaría de Hacienda “declara tener suficiencia presupuestal para apoyar en la presentación del artista”.

Ambas dependencias asumen el compromiso de “aportar la cantidad de 10,029,745.50”; y aunque en otra cláusula se menciona que “los recursos a erogar derivados de los compromisos asumidos únicamente por la Secretaría de Turismo, provendrán de los ingresos generados por la venta de boletos y patrocinios del evento”, en ninguna parte se menciona el mecanismo para ser reintegrados al erario.

Difícilmente le comprobarán a Jaime Álvarez su participación en los demás eventos artísticos en el que triangularon las operaciones con una empresa de la Ciudad de México, de tal manera que los costos fueron duplicados o hasta triplicados.

Pero, como ya lo hemos mencionado muchas veces, el gobierno de Graco era de corruptos, pero no de tontos, y tuvieron la precaución de poner a la secretaria de Hacienda, Adriana Flores Garza, como secretaria de la Contraloría para que ella misma arreglara lo que estaba mal hecho.

HASTA MAÑANA.

¿Dónde andará Graco Ramírez y su familia después de saquear Morelos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Lo que nos queda claro es que no se andan escondiendo y tampoco tienen problemas económicos, pues durante los últimos seis años supieron hacer las cosas para que no quedaran huellas del saqueo y guardaron lo suficiente para no bajar su estilo de vida.

A raíz de la polémica que se ha generado con una supuesta inconformidad al interior del Ejército mexicano, lo que el presidente de la República ha considerado que se trata de un ardid generado por una “camarilla” de generales del Ejército que han impuesto a los titulares de la Sedena desde hace décadas, recordé el episodio del general Tomás Ángeles Dauahare, vecino de Chamilpa, a quien ese grupo de “vacas sagradas” de la milicia envió al mismísimo Penal de Almoloya porque la inteligencia militar detectó que sería el siguiente secretario de la Defensa.

He aquí lo publicado en octubre de 2013:

Cuando vi la transmisión televisiva en vivo desde el Penal de Almoloya, justo en el momento que el general divisionario Tomás Ángeles Dauahare abandonaba la cárcel tras un proceso de casi un año por supuesta protección al narcotráfico, no imaginé que seis meses después estaría frente a él para preguntarle prácticamente de todo lo que quisiera.

Pero sí. Quien fuera el número dos en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y actual asesor del general Salvador Cienfuegos, llegó puntual a la cita vestido con un impecable traje gris que contrastaba mucho con aquel pants que llevaba cuando abandonó el penal de alta seguridad el 17 de abril pasado.

A su lado, la incansable mujer a la que le debe en mucho su libertad, su esposa Leticia. Como testigos, el abogado Gerardo Arrieta, los hermanos Martha y Salvador Díaz de la Vega. También la señora Ofelia Salinas, esposa de Salvador, que fue quien vivió más de cerca el viacrucis de esta familia avecindada en Cuernavaca.

Fue ella quien recuerda como si hubiese sido ayer, aquel 15 de mayo del 2012, cuando estando en casa de la familia Ángeles Dauahare escuchó el grito desgarrador de doña Leticia, lo que inicialmente la hizo pensar que el general había tenido un accidente. Pero no, le acababan de comunicar vía telefónica que su esposo estaba siendo conducido a las instalaciones de la SIEDO, donde quedaría arraigado.

De ahí en adelante, el tema de “los narcogenerales” sería abordado hasta el cansancio por los noticiarios nacionales e internacionales. Un testigo protegido, “Jennifer”, aseguraba que Arturo Beltrán Leyva pagaba grandes cantidades de dinero a varios miembros del Ejército, pero el de mayor rango era el entonces subsecretario Tomás Ángeles Dauahare.

Pero las pruebas se fueron desvaneciendo. El testigo se contradijo, otros supuestos acusadores confesaron haber sido presionados para imputarle cargos al general, hasta que el 17 de abril un magistrado de Circuito ordenó su libertad absoluta. La PGR, ya sin Marisela Morales al frente, no presentó conclusiones acusatorias.

¿Por qué tanta saña contra usted general? ¿A quién le estorbaba? Le pregunto al apacible militar que contesta siempre pausado, con una tranquilidad que contagia.

“Supieron que tenía contacto telefónico con Enrique Peña Nieto y en su paranoia estas personas pensaron que yo podía ser el nuevo secretario de la Defensa y de Seguridad Pública Federal”, dice.

-           ¿Y los testigos que deponían en su contra de dónde los sacaron?

-           A uno lo obligaron a firmar una declaración mostrándole un video de su esposa. A otro, un general del Ejército, le dijeron cuando acudió a declarar a la SIEDO: “¿Allá afuera están tus hijos verdad? ¿Qué te parecería si los involucramos también?”.  Fue una cobardía, una vileza lo que hicieron.

El general gritó su inocencia desde el principio. Estando ya arraigado, convenció al encargado del centro de arraigos para que le permitiera hacer una llamada al programa del periodista Carlos Marín donde lo estaban acusando de “haber fomentado el narcomenudeo en el Colegio Militar” durante el tiempo que fungió como director. “¿Entonces el gobierno está aceptando que en el Heroico Colegio Militar estamos preparando un ejército de viciosos?”, increpó en aquella ocasión desde su cautiverio.

Pero nada evitó que le dictaran un auto de formal prisión y lo mandaran al Penal de Alta Seguridad del Altiplano, en Almoloya estado de México, donde fue recluido en una celda sin ninguna ventana que le permitiera saber si era de día o de noche. Días después fue reubicado a otra celda donde ya compartía el espacio con otros dos presos.

“Mi compañero de celda era el general Roberto Dawe, acusado de lo mismo que yo. El otro era un campesino de Temixco que no sabía leer ni escribir. Lo detuvieron porque cuidaba un terreno donde tuvieron secuestrada a una persona. Supongo que sigue preso porque no tenía forma de conseguir un abogado. También conviví con un señor de Luvianos, estado de México; a él lo encarcelaron porque acompañó a su yerno al pueblo a vender maíz y comprar algo de carne, y en la camioneta encontraron armas. Este señor tampoco sabía leer, venía de un pueblo muy pobre. Con decirle que no sabía cómo se usaba una regadera para bañarse”, rememora el general.

Y luego apunta:

“Me di cuenta de cuanta injusticia existe en las cárceles. Cada persona tiene un testimonio de cómo les fabrican delitos y hay un profundo rencor contra esas policías. ¿Readaptación Social?, no, eso no existe para nada en las penitenciarías.

-           ¿Cuál era “la especialidad de la casa” en el comedor de la cárcel? ¿Qué comía usted?

-           Mucho pan. Te dan pan en la mañana y en la noche. Te dan arroz –bueno por cierto-, carne, pollo. Es buena comida pero no le ponen sal ni picante.

-           Pasó usted un cumpleaños en la cárcel ¿cómo lo pasó?

-           Bien. El cocinero me mandó un pan de dulce extra… y me cantaron las mañanitas.

-           ¿Y en navidad?, ¿qué cenó?-.

-           Comimos pavo, pero no a la media noche. Cenamos como a las 8:30 y a dormir, como cualquier otro día.

-           ¿Cómo fue el día que obtuvo su libertad?

-           Desde el mediodía me avisó mi abogado que era posible que ese día llegara la orden de libertad que venía desde un tribunal de Guanajuato pero yo no le creí. No me ilusioné. Fue hasta que me avisaron los custodios que me preparara porque ya me iba que lo tomé en serio. Comencé todo el papeleo como a las siete de la noche y fue hasta cerca de las 11 que el jefe de seguridad me condujo hasta una puerta muy grande y me dijo: “Yo hasta aquí lo puedo acompañar. Entonces comencé a caminar, completamente solo y casi en la oscuridad. Atrás se veía la cárcel con sus enormes reflectores, pero hacia adelante no se veía ninguna construcción. Así caminé hasta que a lo lejos vi unas luces. Eran las lámparas de las cámaras de televisión. Mi abogado acudió a mi encuentro y ya avanzamos hacia donde estaba me esperaban los medios de comunicación para entrevistarme.

-           ¿Qué sigue ahora general?

-           Mire usted, me han sugerido que me convierta yo en un activista, que haga lo mismo que Javier Sicilia, que me dedique a denunciar las injusticias como las que yo viví, pero ¿sabe qué?, tengo ataduras que me impiden actuar como yo quisiera, y es mi convicción militar. Ciertamente esto que yo considero una venganza política me generó mucho coraje, me afectó mental y físicamente –bajé 15 kilos y me dio hipoglucemia-. También estoy consciente de que estoy faltando a un deber ciudadano al no denunciar las arbitrariedades de las que fui víctima, pero mi condición de militar me impide actuar contra todas esas personas que se confabularon para mantenerme en la cárcel casi un año.

HASTA MAÑANA.