En la primera hora del miércoles 18 de diciembre del 2019 fue detenido Juan Manuel Peña Barrios, apodado “El Barrios”. Según la versión oficial, una patrulla del Mando Coordinado realizaba patrullajes de rutina en el primer cuadro de Cuernavaca cuando detectaron una camioneta Acura que circulaba a exceso de velocidad.

El 2 de mayo de 2019 se llevó a cabo la entrega de nombramientos por parte de diputados del Congreso del estado y la toma de protesta a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. A casi nueve meses de distancia, no ha podido comenzar a funcionar.

Y es que los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) así como los miembros del Comité Coordinador, no han podido ponerse de acuerdo absolutamente en nada, así que el gobierno del estado no ha liberado un solo peso para su funcionamiento.

Recordemos que los comisionados (que a su vez fueron electos por un grupo de nueve ciudadanos, no por el congreso ni por los partidos) resultaron ser Roberto Coranguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida, cuya presidencia es rotativa, en ese orden.

En tanto que el Comité Coordinador está integrado por el presidente del CPC (Roberto Coranguez); el Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (con una encargada de despacho);  el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Jesús Salazar Núñez; el titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, César Santana Nava; la representante del Consejo de la Judicatura estatal (o su equivalente) María del Carmen Verónica Cuevas López; la comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, Mireya Arteaga Dirzo; el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; Manuel García Quintanar, y la representante común de los Contralores Municipales del Estado, América Berenice Jiménez Molina.

Todos ellos se han comportado como niños, con peticiones absurdas y berrinches de un lado y de otro, demostrando que lo que menos les importa es el estado de Morelos. La Fiscalía General del Estado está llena de denuncias y los jueces de Distrito ventilan amparos de uno y otro lado. Ninguno quiere ceder.

La manzana de la discordia es el nombramiento del secretario técnico. La terna propuesta por el CPC (siempre con la oposición de Damiana Herrera) fue rechazada por algunos miembros del Comité Coordinador, cuyas solicitudes caían en lo absurdo. No quisieron al secretario técnico interino, que si bien no está contemplado en la ley, tampoco está prohibido.

Ahora sí que, como dice el dicho, “ni pichan, ni cachan ni dejan batear”.

Cuando se aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción el 27 de mayo de 2015, se activaron una serie de plazos para que en el ámbito nacional y en los estados: 1) se armonizaran las constituciones locales y se publicaran las leyes secundarias que planteasen el diseño de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), 2) se nombraran a las autoridades de esos sistemas, 3) se instalaran sus órganos de decisión y operativos, 4) se asignara presupuesto público a dichas instancias, 5) se activara la coordinación entre sus autoridades, 6) se definieran políticas y acciones de combate a la corrupción a las que se daría seguimiento, y 7) se instrumentaran distintos sistemas electrónicos que apoyasen a controlar este flagelo que lastima al Estado mexicano.

Isaak Pacheco Izquierdo, investigador de temas anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, publicó recientemente un análisis muy completo en el que explica que, “como sociedad, nos dispusimos a recorrer todo ese camino con el propósito de enfrentar el problema de la corrupción, a través de una estrategia consensuada y teóricamente sólida en cuanto a su diseño, que ejecutada correctamente nos permitiera plantear una solución real, de mediano y largo plazos, a la captura del Estado por las redes de corrupción”.

Al 11 de enero de 2019, fecha en que se actualizaron por última vez los datos que recopila y difunde en su portal de internet la Secretaría Ejecutiva del SNA, los sistemas anticorrupción de los 32 estados del país presentaban un avance en la adecuación de su marco normativo en la materia del 97%, pues de los 288 instrumentos jurídicos que debían armonizarse con respecto al modelo nacional en todo el país, sólo 8 quedan pendientes de emitirse. Sobre este asunto, cabe mencionar que ningún estado tiene pendiente realizar las adecuaciones a su constitución local o publicar la ley que establece el diseño de su sistema local anticorrupción.

Respecto a la conformación de la estructura rectora de los sistemas anticorrupción, los estados del país presentan un avance del 87% en la designación de las autoridades que encabezan las instancias unitarias de los sistemas y en la instalación de sus órganos colegiados de toma de decisión 2. Y es que a la fecha de corte, sólo quedaban 13 autoridades de instancias unitarias por designarse, así como 12 órganos colegiados por instalarse formalmente en todo el país.

En cuanto al aspecto presupuestario, destaca que para el 18 de enero de 2019, el 75% de los estados contaba ya con un presupuesto asignado para las Secretarías Ejecutivas de sus sistemas anticorrupción, quedando pendientes de recursos para este rubro de gasto sólo ocho estados, entre ellos Morelos.

El tema del presupuesto asignado a las Secretarías Ejecutivas de los SEA, y que repercute en el pago de los sueldos de los miembros de los CPC locales, es otro asunto que también debe analizarse más allá de las cifras generales. A saber, del año 2018 al 2019 se tuvo un incremento de 25 puntos porcentuales en el número de estados a los que se les ha asignado presupuesto para financiar esa instancia (pues se pasó de 16 a 24 estados con recursos destinados a ese rubro de gasto) 7.

“Y si bien esto representa un avance, Ethos tuvo conocimiento de que en la práctica, durante 2018, varios integrantes de CPC no percibieron durante casi todo ese año su sueldo, debido a que no se lograba el consenso entre los miembros de los Comités Coordinadores de los SEA para designar a sus Secretarios Técnicos, y por consiguiente, no podía operar la instancia encargada de pagarles sus salarios, es decir, las Secretarías Ejecutivas de los sistemas locales. Así también, Ethos se enteró de la ineficacia en el trabajo de varios secretarios técnicos ya nombrados, los cuales, según lo comentado por aliados, no realizaron las gestiones legales y presupuestarias necesarias para comenzar a operar, constituir su equipo técnico, establecer una oficina de trabajo y cubrir el sueldo de los miembros de su CPC; y por esta falta de resultados, llegó a pensarse incluso que tenían algún tipo de interés político en evitar que avanzaran los trabajos de sus SEA”, dice el investigador.

Y lanza una conclusión muy preocupante:

“…pareciera que ese contexto adverso que se refleja en la alta tasa de incidencia de actos de corrupción y en el elevado índice de impunidad del país, afecta a todas las esferas de lo público, incluso a aquella que recae en la estrategia que nos hemos planteado para enfrentar la corrupción, reflejado esto en instrumentos normativos desvirtuados en aras de debilitar a los sistemas desde su diseño, en autoridades anticorrupción cooptadas por redes de intereses políticos, en la nula o reducida asignación de presupuesto a las instancias en la materia por parte de los congresos locales, o en la impericia, intencionada o no, de algunas Secretarías Ejecutivas para ejercerlo”.

La gran interrogante es: ¿quién es el más beneficiado con que el Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos siga empantanado?

HASTA MAÑANA.

Seguramente muchos de nuestros lectores compartirán el mismo sentimiento que invadió a quien esto escribe cuando vio el video del asalto a una tienda que culminó con el asesinato del policía vial Soar Eduardo Nova López. La impotencia de ver cómo el elemento forcejea contra los tres delincuentes, uno de los cuales le dispara en la cabeza.

Casi al mismo tiempo que el video comenzaba a viralizarse, nos llegan fotografías de las unidades de la Ruta 6 que fueron incendiadas por sujetos armados como represalia porque no han recibido su pago anual por “derecho de piso”.

Y mientras los delincuentes hacen lo que quieren, las autoridades estatales y municipales siguen sin ponerse de acuerdo en el nombre de la persona que habrá de hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, con el antecedente de que quien estaba al frente fue asesinado al llegar a su casa.

Aunque Antonio Villalobos declaró que “ya la tenemos, ya aceptó, es una mujer cuyo nombre empieza con la A y termina con la A”, lo que ocasionó que le comenzaran a llegar felicitaciones a Alicia Vázquez Luna, la que ya ocupó ese cargo a nivel estatal, pero que igual la pone en riesgo ahora el alcalde dice que “va a ser un general del Ejército que viene de la ciudad de México”, aunque cabe la posibilidad de que la propuesta de Alicia se sostenga, pero se mantiene en secreto. Ojalá así sea.

Volviendo al tema del policía que el pasado viernes fue ultimado a balazos, el video que ofreció la empresa Veana y que alguien filtró a las redes sociales, resuelve muchas dudas que teníamos acerca de los fatales hechos.

Por principio de cuentas, no hay que perder de vista que Soar Eduardo Nova era un policía vial, que no tenía la obligación de intervenir cuando le avisaron que se estaba cometiendo un robo. Interviene y lo hace sin poner en práctica los protocolos establecidos (se supone que había tomado el curso básico policial).

No llevaba radio de intercomunicación. Es fundamental que antes de intervenir en cualquier hecho atípico debe avisar a su central para que estén atentos por si requiere apoyo.

Cuando llega con uno de los sujetos que está realizando el asalto tenía que haberlo obligado a que se tirara al piso, pero prácticamente dialoga con él para que se entregue. El comunicado de la Fiscalía dice que el policía “somete” al delincuente identificado como Luis Fernando, cuando en el video se observa claramente que el jovenzuelo se resiste en todo momento, incluso le manotea para intentar quitarle el arma.

La escena resulta angustiante porque todos vimos en el video, cómo de la oscuridad de la calle surge un tercer sujeto que abraza al policía, lo que aprovechan los otros dos para agredirlo y quitarle su pistola con la que le dispara Luis Fernando.

Lo que sigue es realmente dramático. Eduardo Soar trata de recargarse entre la mercancía y ésta cae al suelo. Luego se sienta y trata de hablar por su teléfono celular.

Si se le quiere encontrar algo bueno a esta tragedia, los delincuentes no lograron perpetrar el robo, por lo tanto Soar Nova quedó como héroe. También, afortunadamente sus compañeros pudieron detener al sujeto de camiseta roja que es quien le llega por la espalda y lo somete, así como al chamaco que disparó. Pasarán el resto de sus vidas en prisión, lo que no le devolverá la vida al policía.

Aparentemente Juan Carlos es “el jefe” de los dos ladronzuelos, a quienes mandó a asaltar la tienda de plásticos, mientras él esperaba a distancia. Cuando ve que se tardan se acerca a ver qué sucede y observa que el policía se encuentra de espaldas a la entrada, por lo que fácilmente lo rodea con sus brazos, impidiendo que dispare.

Luego de cometer su fechoría los tres corren por la calle Arista con dirección a la avenida Álvaro Obregón, pero cuando pasan frente a las oficinas del Sindicato de Burócratas tiran las dos armas. Ahí es alcanzado Juan Carlos, mientras que Luis Fernando alcanza a llegar a la avenida donde toma un taxi.

Afortunadamente el taxista nota que su pasajero viene muy nervioso y decide entregarlo a la primera patrulla que pasa. El tercer responsable logró perderse en la oscuridad, pero ya está identificado y su captura es cuestión de días, sobre todo cuando todos los que lo conocen vean su rostro en el video que ya se hizo viral.

Lo antes narrado se dijo durante la audiencia de imputación celebrada ayer en Atlacholoaya, y será este viernes cuando se lleve a cabo la vinculación a proceso.

El hecho nos recuerda algo similar que ocurrió hace unos trece años, cuando laborábamos en la Policía de Cuernavaca. El director de Tránsito era el comandante Luis Manuel Rodríguez Uribe, con clave “Titanio”, quien esa noche regresaba a su casa en Fovissste Las Aguilas después de una jornada de trabajo.

Pasó junto a la gasolinera de la colonia Cantarranas, sin saber que en ese momento un sujeto estaba asaltando a los despachadores del establecimiento. Cuando el delincuente lo vio acercarse no lo pensó dos veces y comenzó a dispararle. Cuatro balazos hicieron blanco en su cuerpo, pero afortunadamente ninguno fue mortal.

Seis meses después se reincorporó a su trabajo con las cicatrices como testigos de que sobrevivió a un ataque a balazos. A los pocos meses el asaltante volvió a recibir a balazos a la policía cuando lo descubrieron robando un negocio sobre Paseo Cuauhnáhuac, pero esta vez no corrió con la misma suerte y murió en el lugar.

Después de ser director operativo de la Policía de Tránsito de Cuernavaca, el veterano comandante “Titanio” fue enviado por los veracruzanos a dar vialidad al municipio de Tepoztlán, designación que recibió con agrado, pues después de haber sobrevivido a cuatro proyectiles de arma de fuego, cualquier lugar es bueno para trabajar.

HASTA MAÑANA.

A raíz de que publicamos la lista de veracruzanos que laboran en la Comisión Estatal de Seguridad Pública, recibimos muchos correos electrónicos, pero no para desmentir lo publicado, sino para exigir que se ahonde en los antecedentes de cada quien, pues –aseguran- “los veracruzanos estamos juntos pero no revueltos, pues hasta en los perros hay razas”.

De ahí que debemos hacer la aclaración de que en la CES hay dos grupos de veracruzanos: los que pertenecen a la Secretaría de Marina y los que trabajaron en el gobierno de Javier Duarte. Nos pareció justa su petición, así que ahondamos en sus antecedentes.

Cuando el vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros fue escogido para ser el jefe de la Policía en Morelos de una lista que le envió el Secretario de Marina al gobernador Cuauhtémoc Blanco, a los primeros que invitó a trabajar con él fue a sus compañeros de la Semar, los contralmirantes José Manuel Rodríguez Morales, Luis Enrique Barrios Ríos y el capitán Mario Isaac Vargas Santomé. Ninguno de los tres trabajó con Javier Duarte.

El contralmirante Rodríguez Morales es una persona muy preparada, ingeniero en Ciencias Navales, con Maestría en Seguridad Nacional, al igual que Barrios Ríos, pero para la operatividad requería a alguien con mayor vitalidad. Por eso pensó en apoyarse en Federico Rivas Valdés, un capitán de la Marina cuyo único defecto era haber trabajado directamente con Javier Duarte. Era su escolta personal y al final de su sexenio lo premió con una subsecretaría.

Fue así como se comenzaron a conformar dos grupos: el de los marinos y el de los duartistas.

A sus compañeros de Semar el vicealmirante los puso en áreas privilegiadas: a José Manuel en el Secretariado Ejecutivo y a Luis Enrique en la Academia de Estudios Superiores en Seguridad Pública, donde no se meten con ellos para nada. Mario Isaac es su secretario particular o director de Relaciones Públicas.

Rivas Valdés se trajo a todos los demás: Dino Rafael Gutiérrez Hernández como director general del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública; Merary Pimentel Laines, directora de Asuntos Internos; Alfonso Moreno Tacuba, director general de Unidades Especiales; Pedro Osorio Llamas, director de Tránsito Vial Estatal; Israel Ponce de León Bórquez, coordinador del Sistema Penitenciario, y Priscila Ramírez Plata, pariente de la esposa de Javier Duarte, quien inició en la CES y posteriormente fue reubicada en el Sistema Penitenciario, hasta que fue despedida por irregularidades administrativas.

En ese grupo, sin ningún cargo específico, venía Raúl Gómez Cruz, un polémico sujeto que tiene la habilidad de convencer a sus superiores de que tiene muchas virtudes. Se dice ingeniero egresado del Tec de Monterrey, piloto aviador, experto en intervenciones telefónicas y operaciones tácticas, pero no tiene documentos que lo avalen.

En Veracruz todos lo conocen como “El Trompudo”, vendedor de información al mejor postor con lo que consigue cobrar en diversas dependencias y corporaciones. Es el típico policía que pide “manga ancha” para trabajar y promete resultados aunque sus métodos no sean muy convincentes.

Una nota de la agencia SDP de Julio 27 de 2015, titulada “Analizan avances del Grupo de Coordinación Veracruz”, lo ubica como “encargado de la Dirección General del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Veracruz”. En la foto aparece junto al secretario Bermudez Zurita y el famoso gobernador de Veracruz, hoy preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Otro medio de comunicación veracruzano (orizabaenred.com.mx) relata cuando fue detenido en 2005 a bordo de un vehículo Jetta con placas YBZ8263 con varias cajas de discos compactos “piratas”, credenciales falsas de diferentes corporaciones y radios portátiles de uso exclusivo de gobierno.

“Primero dijo ser un agente de seguridad nacional, amenazó a los policías estatales con despedirlos, ya que luego dijo ser jefe de escoltas del general Espiridión Mora Domínguez, ex coordinador regional de la Policía Estatal, lo que hizo dudar a los elementos de la SSP ya que uno de ellos lo reconoció como una persona que acude a cobrar su nómina cada quincena en Chapopote (delegación de la SSP en Coatzacoalcos), sin embargo, al insistirle que se identificara mostró una credencial oficial del C-4 Jalapa que lo identificaba como Raúl Gómez Cruz”.

En ese mismo medio de comunicación lo ligan al comandante Rafael Huerta Flores, quien tiene varias acusaciones por detenciones arbitrarias y abusos de autoridad.

Aseguran compañeros del famoso “piloto” que para quedarse con el cargo que hoy ostenta, tuvo que traicionar a Rivas Valdés, entregándole al comisionado pruebas de los malos manejos que estaba haciendo el subsecretario operativo con la ayuda de Priscila Ramírez.

Cuando “piloto” aceptó el cargo de director general de inteligencia policial, le pidió al vicealmirante que le brindara toda su confianza y que él le garantizaba lealtad al 100%, advirtiéndole que por su forma de trabajar seguramente le llegarían infinidad de quejas.

Y no mintió. A los pocos días comenzaron a llegar quejas en el sentido de que torturaba a los detenidos. Uno de esos casos fue el de los jóvenes acusados de haber robado el dinero del programa dirigido a los adultos mayores, en la Plaza de San Carlos, en Yautepec.

Luego comenzaron a aparecer mantas donde grupos de la delincuencia organizada exigían su salida por estar apoyando a grupos rivales. “Ya ve jefe, se lo dije”, le comentó al vicealmirante.

José Antonio Ortíz Guarneros es un hombre de buena fe, con un prestigio ganado a base de trabajo y estudio, pero nunca ha sido policía. No tiene malicia pues.

De eso se han aprovechado, primero Rivas Valdés y hoy Raúl Gómez Cruz.

Ya declaró que “mete las manos al fuego” por “piloto” y ahora tiene que sostenerse. ¿Quién meterá las manos al fuego por Ortíz Guarneros? ¿Cuánto tiempo más le aguantarán la falta de resultados?

HASTA MAÑANA.

Martha no pudo evitar que de su boca saliera un improperio cuando sintió que la camioneta perdía  velocidad y vio que la manecilla del velocímetro se desvanecía. “Ya valió madres”, murmuró mientras buscaba la forma de orillarse para no estorbar a los demás vehículos que circulaban por el boulevard Benito Juárez esa mañana, cuando el sol apenas se asomaba atrás del Popocatépetl.

Había salido –como todos los días- desde la madrugada con la camioneta tipo Pick Up cargada con 50 kilos de pollo que debía repartir a sus clientes. Y lo peor que podía pasarle era que el vehículo se descompusiera.

Con las luces intermitentes prendidas buscó en su bolsa el teléfono celular. Afortunadamente lo halló y buscó apresuradamente un nombre en la lista de contactos. El claxon de los coches que exigían pasar la ponían más nerviosa. ¿Qué no ven que se me apagó el carro? Gritó.

Carlos, un taxista al que conocía de tiempo atrás, y que en varias ocasiones le ayudó a repartir el pollo cuando no tenía vehículo, acudió de inmediato en su auxilio. Cuando llegó ya unas personas se habían ofrecido a empujar la camioneta para liberar la avenida y Martha permanecía frente a su vehículo, con el cofre abierto pero sin saber qué hacer.

Fue entonces cuando apareció la patrulla de la Policía Morelos. “¿Qué pasó señora? ¿Por qué está obstruyendo la circulación?”, dijo uno de los patrulleros que se acercó cuando Carlos comenzaba a checar el motor para ver qué tenía la camioneta.

• Pues qué no ve que se me descompuso esta chingadera?- contestó Martha ya malhumorada.
• Pues ese es su problema señora. Tiene que ver qué hace porque está obstruyendo la circulación. Si no la mueve vamos a tener que pedir una grúa para que se la lleve al corralón- amenazó el uniformado.
• No seas necio mano, ya la señora te dijo que estamos tratando de componer la camioneta- intervino Carlos.
• Tú que te metes pinche taxista, ni le muevas porque tu taxi también está estorbando y ahorita nos lo llevamos- contestó el policía.
• Ustedes como policías preventivos no pueden llevarse ningún vehículo- retó Carlos.
• ¿Quieres ver que sí? A ver Fernández – dijo, dirigiéndose a sus subordinados- dale una revisada a la camioneta de la señora y también al taxi de este metiche.
• Yo conozco mis derechos y lo que ustedes están haciendo es una arbitrariedad- gritó la mujer.
• Cállese o me la llevo por resistencia de particulares y por alterar el orden público. A ver, que venga una mujer policía para que controle a esta vieja- ordenó el que parecía ser el comandante.

Se armó la trifulca. Llegaron unas mujeres policías y se llevaron a la señora Martha en la batea de una patrulla mientras otros elementos policiacos se llevaban al taxista.

• No chinguen. Se me va a echar a perder todo ese pollo que tenía que repartir. Ustedes me responden por ese producto que necesita refrigeración- gritaba Martha desde la patrulla.

A las 10 de la mañana Martha ya estaba en una de las celdas del Sector Uno, en la parte norte del Mercado Adolfo López Mateos, a donde llevan a quienes infringen el Bando de Policía “y buen Gobierno”.

Una mujer policía la sacó de la celda y la llevó frente a un escritorio donde la esperaba una mujer con mirada acusadora. A su lado estaba Imelda, su hermana, quien acudió de inmediato cuando se enteró de que Martha estaba detenida.

• Su hermana está metida en un grave problema señora- dijo la que se identificó como “Juez Calificadora”- el hombre con el que estaba traía cocaína en su taxi. Ya los policías lo están poniendo a disposición del Ministerio Público federal.
• Pero mi hermana no es responsable de nada. Ella se dedica a repartir pollo, ese es el negocio de nuestra familia desde hace muchos años. Somos gente honesta.
• Pues yo no sé señora, pero mi obligación es remitirla al Ministerio Público porque ella fue detenida junto con el narcomenudista.
• Por favor licenciada, échenos la mano. No la remita al Ministerio Público- suplicó Imelda.

Cuando el abogado Héctor Alvarado llegó al Sector Uno ya no encontró a ninguna de las hermanas.

“Es mejor así licenciado, la jueza calificadora nos echó la mano y ya no la remitió al Ministerio Público. Le dimos ocho mil pesos, que era la multa por alterar el orden en vía pública y dejó salir a mi hermana”, le contó más tarde Imelda.

• Y le entregó un recibo por ese dinero- cuestionó el litigante.
• No, es que no había sistema. Pero ella se ofreció a hacer el pago más tarde. Lo más importante es que me entregó a mi hermana en ese momento- contestó la mujer.

El abogado se fue inmediatamente a la Fiscalía General de la República (FGR) donde acreditó que la única prueba que había en contra del taxista, era el dicho de los policías, quienes pusieron en su reporte que “al revisar el taxi encontramos una bolsita con polvo blanco, al parecer cocaína”. El taxista salió libre.

La Fiscalía Anticorrupción ha recibido varias denuncias en el sentido de que hay una colusión delictiva entre los policías y los jueces calificadores. Los elementos policiacos detienen a personas (casi siempre en estado de ebriedad) y les inventan infracciones como alteración del orden. En el camino los “basculean” y les roban sus pertenencias. En el Sector Uno del mercado ALM les imponen multas “infladas” que los familiares pagan y por uno u otro motivo no les extienden recibo. Con tal de tener a su familiar libre, no les importa verificar si el dinero realmente es ingresado al erario municipal.

En el caso que narramos (ocurrido en junio del año pasado pero cuyos nombres de las víctimas fueron cambiados para proteger su identidad), la camioneta con una buena cantidad de pollo fue trasladada al Corralón de Grúas Hidalgo, pero ya sin el producto cárnico.

Por el robo de la carne, el dinero que llevaba la señora y el teléfono celular, entre otras pertenencias, dos policías están bajo proceso en un Juzgado Oral, pero sin dejar de percibir su sueldo como elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y –lo más absurdo- sin dejar de patrullar.

La jueza calificadora (que depende de la Sindicatura del Ayuntamiento de Cuernavaca) también fue denunciada en la Fiscalía Anticorrupción y se espera que en los próximos días la carpeta de investigación sea judicializada.

HASTA EL LUNES.

Aquella mañana del 16 de octubre del 2019 los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca recibieron la orden de presentarse en la Sala de Juntas del titular, sin decirles cuál era el motivo. La petición provenía de Juan David Juárez López, encargado de despacho de la dependencia tras la repentina renuncia de José Guadalupe Ávila Gil, a principios de agosto.

Uno a uno fueron llegando y tomaron su lugar en “la herradura” formada con los tablones con mantel azul. “Van a presentar al nuevo secretario”, era el mensaje que se pasaban unos a otros en voz baja como si se tratara del juego del “teléfono descompuesto”.

El cuchicheo fue interrumpido por el ruido de la puerta que se abrió para dar paso al encargado de despacho, seguido de un hombre alto, blanco, lampiño, con cabello grisáceo. Ambos vestían impecable traje y corbata. 

“Buenos días a todos, les voy a presentar al licenciado Norberto Vigueras Beltrán. Por instrucciones del presidente municipal Antonio Villalobos Adán, viene a asumir el cargo de secretario de Seguridad Pública”, dijo Juan David.

Así, en una reunión en la que estuvieron presentes mandos medios y superiores de la institución, Juárez López deseó éxito al nuevo funcionario, con la encomienda del alcalde de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de cumplir y hacer cumplir la ley y dar resultados inmediatos en las tareas sustantivas de la corporación, teniendo como prioridad la prevención del delito y la tranquilidad de la población cuernavacense.

Vigueras Beltrán no dio muestras de ser buen orador. Apenas balbuceó algunas palabras. Dijo que se sentía muy honrado con esta oportunidad y que no defraudaría la confianza del alcalde. Exhortó al staff de la SSP a desarrollar un trabajo profesional con esfuerzo y dedicación, para cumplir con el cometido, de una mejor seguridad pública al municipio.

Un fotógrafo le pidió a Vigueras “un close up” y éste accedió a posar, dejando escapar una muy leve sonrisa.

“Les pido que vuelvan a sus respectivas áreas, ya el nuevo secretario los llamará para ir hablando con ustedes uno por uno”, dijo el servicial Juan David, quien ya se dirigía a abrirle la puerta a su nuevo jefe. Los dos desaparecieron por la misma puerta por donde entraron.

Entre los funcionarios de la SSP había incertidumbre, como ocurre cada vez que hay cambio de titular. Nadie tiene seguro su puesto porque cada jefe que llega trae a su gente.

Por este vetusto edificio que alguna vez albergó a las oficinas de la Conasupo, la Secofi y el Bolillo Popular, han pasado muchas personas desde que se municipalizó la Policía en 1997. El primer director fue el abogado José Luis Urióstegui, designado por el entonces alcalde Alfonso Sandoval Camuñas. El panista Sergio Estrada Cajigal designó en ese puesto a Cesáreo Carvajal, quien la convirtió en la Policía Metropolitana con rango de Secretaría.

Llegaría después un ingeniero químico, Anselmo Sotelo Parra; luego un Policía Ministerial, Víctor Hugo Valdez; después un general, Manuel Farfán Carriola.

Ahora venía “un AFI” a hacerse cargo de la Policía de Cuernavaca. Abogado egresado del Instituto Nacional de Estudios Sindicales de Administración Pública de la FSTSE (INESAP) con amplia trayectoria policial durante una exitosa carrera de 25 años de servicio en  la Procuraduría General de la República (PGR) y  la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la que fue Delegado Regional en los estados de Durango, Hidalgo, Coahuila, Chihuahua y Sinaloa.

Nadie sabe qué fue lo que pasó pero después de esa sencilla ceremonia de presentación (nunca hubo toma de protesta), Vigueras Beltrán no volvió a las instalaciones de la Policía Municipal de Cuernavaca, y Juan David siguió haciéndose cargo de la corporación hasta que lo mataron, el 6 de diciembre del 2019.

Hasta la fecha sigue siendo una incógnita qué fue lo que pasó con ese “secretario de seguridad pública por un día”.

El primero de diciembre pasado salió a la venta el libro “El traidor”, de Anabel Hernández, en el que da a conocer revelaciones de Rey Zambada, “El Mayito”. Explica que durante la guerra del Cártel de Sinaloa contra el Golfo y los Zetas, la AFI fue un brazo armado del Mayo, El Chapo y Arturo Beltrán Leyva.

 En la página 186 viene lo siguiente:

“…durante la administración de Fox, el responsable de la AFI, Genaro García Luna, recibió 3 millones de dólares de sobornos por parte del Mayo. Se los entregó Rey (su hijo) en propia mano. El objetivo era, entre otros, que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán.

“El Mayo obtuvo lo que quería. Vigueras Beltrán, quien había trabajado en la AFI (antes Policía Judicial) desde 1986, se encontraba en Hidalgo y en el periodo de García Luna lo transfirieron como jefe regional a Culiacán, donde estuvo de 2003 a 2006. Rey dijo que el Mayo lo quería ahí porque “lo tenía en el bolsillo”. Luego lo enviaron como jefe regional de la AFI a Durango, otro territorio del Mayo y el Cártel de Sinaloa, donde sirvió de 2006 a 2011. En octubre del 2019 Vigueras Beltrán fue nombrado secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca”.

Como ya es de todos sabido, Genaro García Luna fue detenido en Estados Unidos el 10 de diciembre pasado, acusado de proteger a narcotraficantes. La detención de Vigueras es cuestión de días, quizás semanas. Nadie ha vuelto a saber de él.

Aunque se hizo todo lo posible, no se pudo desaparecer de la web las fotos y las notas donde Juárez López presenta a Vigueras Beltrán como secretario de Seguridad Pública de Cuernavaca.

Sí, el jefe de la AFI consentido del Mayo Zambada estuvo a punto de encabezar la seguridad pública de Cuernavaca, pero alguien alertó al presidente municipal para que diera la contraorden.

HASTA MAÑANA.

El informe que dio ayer la Mesa de Coordinación para la Paz a los medios de comunicación sobre el caso Cuautla nos dejó todavía más confundidos de lo que estábamos, y de lo único que estamos seguros es que ese asunto tiene todos los ingredientes para inspirar una serie de policías y narcos como las que están de moda en Netflix.

Tenemos:

Un grupo de policías que realizan un “cantonazo” para ayudar a unos sujetos que vienen del estado de México a cobrarse una deuda “a lo chino” por la compra venta de un vehículo. Un “policía héroe” que denuncia la corrupción al interior de la Policía Estatal, pero que después resulta que es “el malo de la película”, contratado por “la maña” para que desprestigie a un comandante que tiene fama de incorruptible, aunque otros dicen que en realidad viene “apadrinado” por un grupo rival que quiere quedarse con la plaza.

Todo comienza el pasado 11 de enero, cuando la Policía Municipal de Cuautla recibe un reporte de disparos con arma de fuego en las inmediaciones del recinto ferial ubicado en el municipio de Cuautla, según narró su director operativo, Isael Nieto Pliego.

En ese lugar encuentran a una persona que dijo ser vecino del estado de México y que relató que había sido secuestrado refiriendo que había otros familiares afectados escondidos en una escuela (hoy se sabe que es la Universidad Unila) porque los supuestos secuestradores los privarían de la vida, manifestando que pudo escapar y que los llevaría al lugar donde estuvieron secuestrados.

Los elementos policiales de Cuautla localizaron a las otras dos presuntas víctimas en las instalaciones de la Universidad mencionada, para posteriormente implementar un operativo por el que ingresaron a un lote de autos en cuyo interior opera un taller de hojalatería y pintura, que fue señalado por las presuntas víctimas como el lugar donde estuvieron retenidas.

Refiere además, que les fue permitido el acceso al inmueble, y que dentro de un vehículo localizaron un arma de fuego corta y detrás de otro automóvil encontraron un arma de fuego larga (cuerno de chivo). En el sitio asegura él  que identificó a una persona como participante del plagio.

En las entrevistas, Isael Nieto Pliego también enfatiza que el Comandante del Mando Coordinado en Cuautla, Gamaliel González Ravelo, habría dado la orden de dejar en libertad a los supuestos secuestradores y detener a las supuestas víctimas. Luego de denunciar lo anterior, el jefe policiaco dice que ya sabe que esto le puede costar el trabajo o la vida, pero que no está dispuesto a quedarse callado. Comenta que los supuestos secuestradores afirmaron que “ya todo estaba arreglado con el piloto”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa de ayer, el comisionado Guarneros explicó que en el Informe de Policía Homologado (IPH) entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), nunca se habla de un secuestro, sino de “una riña entre particulares”.

Según esta nueva versión, personas provenientes del Estado de México acudieron a un taller mecánico ubicado en la Colonia Iztaccihuatl del municipio de Cuautla, a buscar a la persona que les vendió un vehículo tipo Bora de color rojo, modelo 2008, para reclamarle porque presentaba fallas mecánicas.

Ante la inconformidad de los compradores, se generó una riña con integrantes del mencionado taller, que dio como resultado que uno de los compradores provenientes del Estado de México, sacara de su vehículo tipo Aveo, color blanco con una franja azul, un arma tipo AK-47, conocida como cuerno de chivo, con la que amenazó a los trabajadores del taller.

“Un trabajador del taller sacó un arma corta con la que amagó y desarmó a los primeros agresores”, dijo textualmente el comisionado, quien agregó que “familiares y vecinos del dueño del establecimiento golpearon a las personas provenientes del Estado de México”.

Refiere Guarneros que cuando los elementos municipales llegaron al lugar de los hechos, un grupo de 20 a 25 personas entregaron a los policías a quien portaba el arma larga, persona que presentaba visibles huellas de violencia, y también les entregaron el arma corta (que supuestamente un trabajador utilizó para someter al primer agresor), no así al trabajador.

Por otro lado, en la bitácora de la radioperadora de la Policía de Cuautla aparece un reporte según el cual un guardia de seguridad de un centro educativo (Unila), le reportaron el arribo de tres masculinos con golpes visibles, refiriendo haberse escapado de un lugar donde estaban privados de la libertad. Nunca se menciona en la bitácora, “disparos de arma de fuego en las inmediaciones del recinto ferial”.

De igual modo, la radio-operadora de Cuautla reporta al 911 el mismo incidente 25 minutos después de iniciada la operación policial, variando la información al tratarse de dos víctimas varones y una mujer, en tanto que el registro de la bitácora municipal establece, como se ha dicho, que se trataba de tres masculinos.

En las bitácoras de la radioperadora quedó asentado que se realizó “un operativo a cargo de la policía municipal”, y que a las 15:36 horas realizaron la detención de Miguel “N” y de Karen “N”, quienes fueron trasladados por los elementos municipales a Torre 21 junto con dos armas de fuego; una larga y una corta, que indican fueron aseguradas en dicho lote de autos, para su puesta a disposición.

Circula en redes sociales un video en el que aparece una vivienda con las típicas huellas de un saqueo (hasta un marro para romper el piso se observa), que se supone que es una de las viviendas que están dentro de este lote de autos que al mismo tiempo es taller mecánico.

Hasta aquí, las dos hipótesis que se observan son las siguientes:

• Los tres sujetos provenientes del estado de México con un “cuerno de chivo” vinieron a cobrarle algo al propietario del lote de autos (su identidad sigue siendo un misterio), pero sus trabajadores (o escoltas) desarman a los mexiquenses y los golpean. Estos se refugian en una escuela y piden el apoyo de la Policía Municipal. Nieto Pliego y sus policías dan “cantonazo” y se llevan a los dos únicos que quedaban en la casa –un hombre y una mujer- pero además 700 mil pesos. Cuando se ven descubiertos, el comandante inventa la historia del secuestro y se hace la víctima.
• Tras haberse salvado del intento de extorsión o secuestro, el empresario que guarda 700 mil pesos en efectivo y que tiene trabajadores armados, abandona el inmueble junto con su hijo, dejando a cargo a una pareja de trabajadores. Cuando regresa encuentra todo revuelto y le informan que sus trabajadores fueron detenidos por policías municipales por la posesión del arma larga que previamente le habían quitado a los presuntos extorsionadores. Llama a la Policía del Estado para denunciar el allanamiento y el robo de su dinero y de inmediato acuden policías al mando del comandante “Piloto” y personal de Asuntos Internos.

El fiscal Uriel Carmona tiene una verdadera “papa caliente” con este asunto. Es indispensable saber por qué el empresario cuautlense tenía 700 mil pesos en efectivo escondidos en su casa y qué es lo que venían a reclamarle los tres o cuatro sujetos provenientes del estado de México, específicamente de Ciudad Neza.

¿Por qué el comandante Nieto Pliego inventó lo de los balazos en el recinto ferial? ¿Por qué en sus declaraciones señala directamente a “Piloto”, que es el jefe policiaco que más ha sido señalado en las narcomantas? ¿Es “Piloto” un comandante incorruptible al que quieren quitar de en medio o es el protector del grupo antagónico al del comandante Nieto?

¿Quién está financiando la campaña a favor de los policías de Cuautla en esa ciudad?

HASTA MAÑANA.

A  mediados de diciembre de 2013, en el Campo Militar Número 27 de Acapulco, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre,  fue advertido por empresarios que José Luis Abarca utilizaba el comercio de oro para lavar dinero del crimen organizado, y que había comprado la candidatura del PRD a la presidencia municipal de Iguala.

En aquella reunión también estuvieron presentes el entonces secretario de Seguridad Pública del estado: el almirante Sergio Javier Lara Montellanos -quien renunció al cargo semanas después- así como representantes de la Secretaría de Marina y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Arturo Flores Mercado, presidente de la Asociación de Joyeros y Plateros de Guerrero, fue uno de los que exhibieron al que hoy es considerado autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Recordó que en octubre de 2007, durante la Expo Joyas que se realiza todos los años en Guadalajara, Jalisco, conoció a Abarca. Dice que le llamó la atención que iba de stand en stand comprando joyas en grandes cantidades.

 “Es ahí donde el gremio joyero supo de él. Sin ningún antecedente en el ramo y de la noche a la mañana, se volvió el mayorista más poderoso venido de Iguala. Quiso llegar directo con los fabricantes de Jalisco, el principal mercado, y se hizo amigo de ellos, porque a todos les interesó tener un cliente como Abarca, que pagaba de contado… El señor no compraba un kilo de oro, sino 40 o 50… Para que tengamos una idea más clara, un kilo cuesta hoy alrededor de 200 mil pesos. Así que los fabricantes le comenzaron a mandar mucha mercancía y hubo quienes incluso lo visitaban en Iguala. Se convirtió en un reconocido comerciante de la región, que daba hasta créditos millonarios. Hizo negocio con los más fuertes, pero él revendía a precios más baratos”, narró el empresario a un medio local.

Su negocio era el lavado de dinero. Encontró en el oro la forma de lavar el dinero ilícito y así enriquecerse. Se había casado con María de los Ángeles Pineda Villa, cuyos hermanos eran jefes de plaza de la organización de Arturo Beltrán Leyva en Morelos.

Pero su fuerte, más que la joyería nacional, era el contrabando de joyería italiana. Los contrabandistas van a Laredo, Texas, a Los Ángeles o Nueva York y ahí la consiguen, la compran y la ingresan ilegalmente al país.

De esta actividad ilegal, conoció la Policía Federal y la Ministerial. En 2011 armaron un fuerte operativo en Iguala y le confiscaron más de 20 kilos de joyería italiana de contrabando, pero él y su gente fueron alertados y lograron ocultar la mayoría de la mercancía, la repartieron en casas y otros escondites.

“Todos en Iguala y en gran parte del estado conocían que Abarca tenía custodia militar. Llegó a tanto su poder que traía elementos de la zona militar que lo acompañaban a todos lados, incluso desde antes de que fuera candidato y presidente municipal.

El hoy preso (pero no por mucho tiempo) fue nombrado representante del Centro Joyero Obregón, ubicado a una cuadra del zócalo de Iguala y el cual alberga en sus dos niveles 145 negocios de joyería -muchos de los cuales le pertenecían a él o a algún integrante de su familia-. A la par se convirtió en dueño del centro comercial Galerías Tamarindos, el más grande y lujoso de la ciudad, ubicado frente al cuartel militar.

Pero pronto surgieron referencias inquietantes en torno a su accionar. Justo en los años en que Abarca acrecentó su poder dentro del ramo, se multiplicaron los secuestros a joyeros. Levantaron a muchos que venían principalmente de Guadalajara.

El plagio más sonado fue el del dueño de Consorcio Diamante y su hijo. A él le interesaba comprar la parte de arriba del Centro Joyero de Iguala. Llegó con su hijo para ver los stands y comprarlos, se cotizaban sobre dos millones de pesos cada uno.

“Por la mañana los saludé, y en la tarde ya los habían secuestrado. Al señor lo dejaron libre para que operara el pago. Supe que les dio mucho dinero y hasta oro le pidieron a cambio de la libertad de su hijo. Después de esa experiencia el consorcio desapareció y la familia se fue del país. Muchos otros compañeros también fueron secuestrados, robados y asesinados. Y era él (Abarca) quien les estaba poniendo el dedo, y luego se encargaba de desplazar esa mercancía robada o pedida como rescate”, platicaría años más tarde Flores Mercado.

De esa forma el matrimonio Abarca-Pineda amasó una fortuna incalculable y ganó fácilmente las elecciones. Su poder llegaba mucho más allá del territorio iguálense y era considerada una pareja de la realeza. Incluso, al alcalde de Iguala le veían madera para gobernador.

Por eso es que, cuando le reportaron que un grupo de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se dirigía a Iguala para boicotear el informe del DIF municipal, Abarca ordenó que los detuvieran a como diera lugar y los policías (siempre al servicio de la delincuencia organizada) cumplieron el encargo al pie de la letra.

El resto de la historia ya la sabemos. La pareja fue acusada de la autoría intelectual de la masacre y anduvieron a salto de mata en la ciudad de México hasta que fueron detenidos y desde entonces permanecen presos.

¿Por qué recordar hechos que ocurrieron en un estado vecino y de lo que ya todos sabemos?

La respuesta es la siguiente:

Hay varios alcaldes de Morelos que hoy están disfrutando de las mieles del poder, y que sueñan con que pueden llegar a la gubernatura, para lo cual se están aliando con grupos de la delincuencia organizada.

Compran y compran compulsivamente pensando que el dinero nunca se les va a acabar. Ojalá se vean en el espejo de José Luis Abarca y se den cuenta que quienes los animan a buscar la gubernatura es porque suponen que van a salir beneficiados  de una forma o de otra. Es importante no perder el piso, no “dejarse llevar por el canto de las sirenas” y no perder la humildad.

Y no olvidarse de que si reciben dinero de “la maña”, tarde o temprano les tienen que cumplir, so pena de que paguen con la vida.

HASTA MAÑANA.

A nadie se le puede juzgar ni estigmatizar por el lugar que ha nacido, eso nos queda muy claro. Es una forma de discriminación calificar a alguien por su oriundez, máxime cuando es dentro del territorio mexicano. “Morelos para los morelenses” es una frase que no aplica ya en nuestros tiempos, menos en Morelos donde el 60 por ciento de sus habitantes provenimos de otras entidades.

Por otro lado, también es muy común que cada jefe policiaco haga lo posible por rodearse por gente de su confianza.

¿Se acuerdan cuando Jorge Carrillo Olea militarizó la seguridad pública de Morelos? Irónicamente no puso generales, sino puros capitanes, Abraján, Ariño, Miyazawa, Torga, y muchos más.

Entonces no debemos sorprendernos de que hoy la Seguridad Pública de Morelos esté depositada en un grupo de veracruzanos, muchos de ellos oficiales de la Secretaría de Marina con oficio de comisión o permiso, comenzando por el titular, José Antonio Ortíz Guarneros, con grado de vicealmirante.

De acuerdo con documentos oficiales, los “jarochos” que acompañan al vicealmirante Guarneros en esta aventura en Morelos son:

Dino Rafael Gutiérrez Hernández, director general del Centro Estatal de Análisis de Información sobre Seguridad Pública; Luis Enrique Barrios Ríos, director general de la Academia Estatal de Estudios Superiores; Juan Pablo Roldán Minero, director de la PIBA (teniente del Ejército, recomendado por el almirante Sergio Lara Montellanos, gran amigo de Guarneros); Merary Pimentel Laines, directora de Asuntos Internos; Shalom Yesabet Prince Jiménez, directora del C5; Raúl Gómez Cruz, director general de inteligencia policial; Carlos García Cruz, coordinador operativo de seguridad pública; Alfonso Moreno Tacuba, director general de Unidades Especiales.

Todos ellos trabajaron en el gobierno de Javier Duarte (preso en el Reclusorio Norte), al mando del entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien abandonó la cárcel apenas el 25 de diciembre pasado. Ocuparon el mismo cargo o lo más parecido al puesto que hoy desempeñan con Guarneros.

Ya no aparece Federico Rivas Valdés, capitán de la Semar, quien fue escolta personal de Javier Duarte y posteriormente subsecretario de Seguridad Publica en Veracruz.  Fue el segundo al mando en la CES de Morelos durante un año y hoy es secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Sinaloa.

Un caso especial es el de Pedro Osorio Llamas, de quien hablamos hace algunos días en esta columna, que no aparece en nómina pero se desempeña como director de la Policía de Tránsito del Estado, cargo que ocupó ya en la entidad veracruzana, al igual que el de subdirector del Transporte.

Pero los veracruzanos no solamente están en la CES, sino también en el sistema penitenciario, donde el vicealmirante mantiene  de manera incondicional a Jorge Israel Ponce de León Borquez, director de Tránsito en el gobierno de Duarte.

Araceli Munguía Toledo, directora general de Administración del Sistema Penitenciario, a quien medios de comunicación de Veracruz mencionan como involucrada en un caso de corrupción por su cercanía con Arturo Bermúdez Zurita en Veracruz.

Priscila Ramírez Plata, coordinadora de Vinculación, trabajaba como secretaria particular de Arturo Bermúdez Zurita. Ella es hija de Jorge Ramírez Tubilla quién es primo de Karime Macías Tubilla, la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Como verá usted, estimado lector, Morelos resultó ser refugio de ex duartistas. Pero ese no es el problema, sino los compromisos que pudieran traer algunos de ellos.

Caso específico el de Raúl Gómez Cruz, con clave “Piloto”, quien ya estuvo detenido por haber golpeado a su pareja, y quien es señalado en diversas narcomantas como un protector de narcos.

Es este servidor público de quien habla en su denuncia el director de seguridad pública de Cuautla, Israel Nieto Pliego. Según este jefe policiaco, la tarde del sábado, tres hombres pidieron auxilio pues habrían escapado de una casa de seguridad tras haber sido secuestrados en el Estado de México.

Los policías, apoyados por la Guardia Nacional, acudieron a la casa donde los tres hombres decían haber estado secuestrados, y supuestamente una mujer les permitió el acceso, y detrás de un vehículo descubrieron a un hombre que, a decir de los oficiales, portaba un arma larga. Por ello, la pareja fue detenida, debido a que también fue señalada por las víctimas de golpearlos y mantenerlos en cautiverio.

Pero lo que parecía ser un caso de éxito rotundo se convirtió en un problema. Llegó el comandante Landa (Ángel Landa Hernández, director general de la Policía Preventiva, veracruzano) y les dijo que habían cometido allanamiento y que se habían perdido 700 mil pesos. Ordenó la liberación de los supuestos secuestradores y la detención de los supuestos secuestrados.

El director de seguridad pública municipal decidió hacer pública su denuncia y convocó a medios de comunicación la misma noche del sábado, para denunciar que los directivos de la CES están protegiendo a delincuentes, específicamente el que se identifica con la clave “Piloto”. “Los detenidos por secuestro dijeron que ya se habían arreglado con Piloto”, señaló el comandante Nieto.

Ayer domingo, la CES emitió un comunicado en el que desestima los señalamientos de Israel Nieto Pliego en contra de Raúl Gómez Cruz y Ángel Landa, y pone como presunto responsable de allanamiento y robo al director de la Policía Municipal de Cuautla, de quien asegura ya se tienen denuncias anteriores.

En entrevista, el vicealmirante Ortíz Guarneros aseguró que “meto las manos al fuego por él”.  Sí, igual que Carrillo Olea metió las manos al fuego por Jesús Miyazawa, y Sergio Estrada metió las manos al fuego por Agustín Montiel. Y los dos salieron quemados.

En el asunto de Cuautla obviamente alguien miente. Todo apunta a que se trata de una pugna entre dos grupos delincuenciales, uno apoyado por la policía de Cuautla (morelenses), y otro apoyado por los veracruzanos que manejan la Policía Estatal.

Ojalá la investigación realmente llegue a fondo.

HASTA MAÑANA.

La Policía de Tránsito estatal desapareció en 1997 siendo su último director el comandante Efrén Vicarte. Desde entonces no existe –legalmente- una policía vial o de tránsito en la estructura del gobierno estatal, pues esa facultad está cedida a los Ayuntamientos.