Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Lunes, 04 Noviembre 2019 05:00

La “camarilla” del Ejército

A raíz de la polémica que se ha generado con una supuesta inconformidad al interior del Ejército mexicano, lo que el presidente de la República ha considerado que se trata de un ardid generado por una “camarilla” de generales del Ejército que han impuesto a los titulares de la Sedena desde hace décadas, recordé el episodio del general Tomás Ángeles Dauahare, vecino de Chamilpa, a quien ese grupo de “vacas sagradas” de la milicia envió al mismísimo Penal de Almoloya porque la inteligencia militar detectó que sería el siguiente secretario de la Defensa.

He aquí lo publicado en octubre de 2013:

Cuando vi la transmisión televisiva en vivo desde el Penal de Almoloya, justo en el momento que el general divisionario Tomás Ángeles Dauahare abandonaba la cárcel tras un proceso de casi un año por supuesta protección al narcotráfico, no imaginé que seis meses después estaría frente a él para preguntarle prácticamente de todo lo que quisiera.

Pero sí. Quien fuera el número dos en la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y actual asesor del general Salvador Cienfuegos, llegó puntual a la cita vestido con un impecable traje gris que contrastaba mucho con aquel pants que llevaba cuando abandonó el penal de alta seguridad el 17 de abril pasado.

A su lado, la incansable mujer a la que le debe en mucho su libertad, su esposa Leticia. Como testigos, el abogado Gerardo Arrieta, los hermanos Martha y Salvador Díaz de la Vega. También la señora Ofelia Salinas, esposa de Salvador, que fue quien vivió más de cerca el viacrucis de esta familia avecindada en Cuernavaca.

Fue ella quien recuerda como si hubiese sido ayer, aquel 15 de mayo del 2012, cuando estando en casa de la familia Ángeles Dauahare escuchó el grito desgarrador de doña Leticia, lo que inicialmente la hizo pensar que el general había tenido un accidente. Pero no, le acababan de comunicar vía telefónica que su esposo estaba siendo conducido a las instalaciones de la SIEDO, donde quedaría arraigado.

De ahí en adelante, el tema de “los narcogenerales” sería abordado hasta el cansancio por los noticiarios nacionales e internacionales. Un testigo protegido, “Jennifer”, aseguraba que Arturo Beltrán Leyva pagaba grandes cantidades de dinero a varios miembros del Ejército, pero el de mayor rango era el entonces subsecretario Tomás Ángeles Dauahare.

Pero las pruebas se fueron desvaneciendo. El testigo se contradijo, otros supuestos acusadores confesaron haber sido presionados para imputarle cargos al general, hasta que el 17 de abril un magistrado de Circuito ordenó su libertad absoluta. La PGR, ya sin Marisela Morales al frente, no presentó conclusiones acusatorias.

¿Por qué tanta saña contra usted general? ¿A quién le estorbaba? Le pregunto al apacible militar que contesta siempre pausado, con una tranquilidad que contagia.

“Supieron que tenía contacto telefónico con Enrique Peña Nieto y en su paranoia estas personas pensaron que yo podía ser el nuevo secretario de la Defensa y de Seguridad Pública Federal”, dice.

-           ¿Y los testigos que deponían en su contra de dónde los sacaron?

-           A uno lo obligaron a firmar una declaración mostrándole un video de su esposa. A otro, un general del Ejército, le dijeron cuando acudió a declarar a la SIEDO: “¿Allá afuera están tus hijos verdad? ¿Qué te parecería si los involucramos también?”.  Fue una cobardía, una vileza lo que hicieron.

El general gritó su inocencia desde el principio. Estando ya arraigado, convenció al encargado del centro de arraigos para que le permitiera hacer una llamada al programa del periodista Carlos Marín donde lo estaban acusando de “haber fomentado el narcomenudeo en el Colegio Militar” durante el tiempo que fungió como director. “¿Entonces el gobierno está aceptando que en el Heroico Colegio Militar estamos preparando un ejército de viciosos?”, increpó en aquella ocasión desde su cautiverio.

Pero nada evitó que le dictaran un auto de formal prisión y lo mandaran al Penal de Alta Seguridad del Altiplano, en Almoloya estado de México, donde fue recluido en una celda sin ninguna ventana que le permitiera saber si era de día o de noche. Días después fue reubicado a otra celda donde ya compartía el espacio con otros dos presos.

“Mi compañero de celda era el general Roberto Dawe, acusado de lo mismo que yo. El otro era un campesino de Temixco que no sabía leer ni escribir. Lo detuvieron porque cuidaba un terreno donde tuvieron secuestrada a una persona. Supongo que sigue preso porque no tenía forma de conseguir un abogado. También conviví con un señor de Luvianos, estado de México; a él lo encarcelaron porque acompañó a su yerno al pueblo a vender maíz y comprar algo de carne, y en la camioneta encontraron armas. Este señor tampoco sabía leer, venía de un pueblo muy pobre. Con decirle que no sabía cómo se usaba una regadera para bañarse”, rememora el general.

Y luego apunta:

“Me di cuenta de cuanta injusticia existe en las cárceles. Cada persona tiene un testimonio de cómo les fabrican delitos y hay un profundo rencor contra esas policías. ¿Readaptación Social?, no, eso no existe para nada en las penitenciarías.

-           ¿Cuál era “la especialidad de la casa” en el comedor de la cárcel? ¿Qué comía usted?

-           Mucho pan. Te dan pan en la mañana y en la noche. Te dan arroz –bueno por cierto-, carne, pollo. Es buena comida pero no le ponen sal ni picante.

-           Pasó usted un cumpleaños en la cárcel ¿cómo lo pasó?

-           Bien. El cocinero me mandó un pan de dulce extra… y me cantaron las mañanitas.

-           ¿Y en navidad?, ¿qué cenó?-.

-           Comimos pavo, pero no a la media noche. Cenamos como a las 8:30 y a dormir, como cualquier otro día.

-           ¿Cómo fue el día que obtuvo su libertad?

-           Desde el mediodía me avisó mi abogado que era posible que ese día llegara la orden de libertad que venía desde un tribunal de Guanajuato pero yo no le creí. No me ilusioné. Fue hasta que me avisaron los custodios que me preparara porque ya me iba que lo tomé en serio. Comencé todo el papeleo como a las siete de la noche y fue hasta cerca de las 11 que el jefe de seguridad me condujo hasta una puerta muy grande y me dijo: “Yo hasta aquí lo puedo acompañar. Entonces comencé a caminar, completamente solo y casi en la oscuridad. Atrás se veía la cárcel con sus enormes reflectores, pero hacia adelante no se veía ninguna construcción. Así caminé hasta que a lo lejos vi unas luces. Eran las lámparas de las cámaras de televisión. Mi abogado acudió a mi encuentro y ya avanzamos hacia donde estaba me esperaban los medios de comunicación para entrevistarme.

-           ¿Qué sigue ahora general?

-           Mire usted, me han sugerido que me convierta yo en un activista, que haga lo mismo que Javier Sicilia, que me dedique a denunciar las injusticias como las que yo viví, pero ¿sabe qué?, tengo ataduras que me impiden actuar como yo quisiera, y es mi convicción militar. Ciertamente esto que yo considero una venganza política me generó mucho coraje, me afectó mental y físicamente –bajé 15 kilos y me dio hipoglucemia-. También estoy consciente de que estoy faltando a un deber ciudadano al no denunciar las arbitrariedades de las que fui víctima, pero mi condición de militar me impide actuar contra todas esas personas que se confabularon para mantenerme en la cárcel casi un año.

HASTA MAÑANA.

Viernes, 01 Noviembre 2019 05:26

La transparencia del fracaso

León Krauze, hijo de Enrique Krauze, definió como “la transparencia del fracaso” a la conferencia de prensa que ofreció el gabinete de Seguridad y el presidente López Obrador para explicar, casi minuto a minuto y con lujo de detalle, lo que ocurrió aquel inolvidable 18 de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa.

Según el periodista mencionado, en aras de demostrar que no se oculta nada y que no existe contubernio entre la actual administración y la delincuencia organizada, el gobierno federal desnudó sus carencias e incapacidades y mostró crudamente a sus cuerpos de seguridad a merced de los civiles armados.

Salvo los  “adoradores” del Mesías, mucha gente considera que el objetivo de justificar la liberación de Ovidio Guzmán no se cumplió con esa conferencia de prensa; por el contrario, terminó de exhibir los errores de la Secretaría de Seguridad, la Marina y la Sedena.

Algo así ocurrió con la conferencia de prensa que ofrecieron funcionarios del gobierno de Morelos la tarde del miércoles en las instalaciones de la zona militar por órdenes del mandatario estatal.

Ahí, el secretario de Gobierno y el fiscal general de justicia hicieron el ridículo por una sencilla razón: los que les preguntaban tenían mayor información que todos ellos. Desde muy temprano, los periodistas comenzamos a recibir fotos, videos y audios provenientes del Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Atlacholoaya.

Y si al momento de la conferencia de prensa los colegas les preguntaban a los funcionarios si había un “descabezado” (lo cual fue negado rotundamente), era porque ya nos habían llegado versiones en ese sentido que más tarde se confirmarían con fotografías donde aparece una cabeza separada de su cuerpo.

De igual manera, el ejercicio de transparencia sirvió para confirmar que cuando el coordinador de Reinserción Social, Israel Ponce de León, contestó con un “MENTIRA” (así con mayúsculas) al mensaje de un comunicador vía Whatsapp que lo cuestionaba sobre un motín en el Penal de Atlacholoaya, lo hizo desde un lugar muy lejano a donde estaban ocurriendo los hechos.

Su ausencia es consuetudinaria. Como es veracruzano y toda su familia está allá, es común que el coordinador se vaya desde el viernes y regrese a mitad de la semana sólo para firmar documentos y recibir novedades de Miriam Mireles Toledo, “Antrax” y “Puma”.

Fueron estos tres personajes los que engañaron a sus superiores al reportar que el primer intento de motín fue por “un robo de zapatos” en el área de COC.

Y fueron ellos los principales responsables de que el asunto no quedara en un muerto y dos heridos (lo que ni siquiera trascendió en medios nacionales) sino que se generalizó y terminó con un escándalo que ocupó la primera plana en el periódico Reforma y espacios en todos los noticieros.

Desde ayer trascendió la remoción de los tres funcionarios antes mencionados, pero nada se habló de la salida de Ponce de León. Dicen que hay un pacto. El pacto de Veracruz le llaman.

En esta columna hemos escrito por lo menos en cuatro ocasiones sobre el sistema penitenciario de Morelos. Con testimonios de internos, trabajadores administrativos y de seguridad y custodia, hemos dado una radiografía de lo que allá ocurre.

“Ponce de León Bórquez tuvo en 2016 el mismo cargo que hoy ostenta, pero en la Administración del ex priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz. Asimismo, el hoy funcionario morelense fue en 2014 el director de Tránsito estatal en Veracruz.

“El designar a personas no morelenses en funciones de seguridad pública y reinserción social tiene sus pros y contras. La ventaja es que llegan sin compromisos con los internos y el personal de Seguridad y Custodia, donde radica todo el problema de la corrupción.

“Pero esa también es una desventaja, pues al no tener arraigo suelen incurrir en mayores abusos y deshonestidades, a sabiendas de que terminando el cargo se van a regresar a sus lugares de origen”, escribimos el 20 de marzo pasado.

Y el 8 de octubre del 2019:

 “O ya se acabaron el presupuesto o nunca lo hubo”, comenta un trabajador que ha sobrevivido a las diferentes transformaciones del sistema carcelario, desde que dependía de la Secretaría de Gobierno hasta ahora que depende de la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

“Lo cierto es que el sistema penitenciario es el “patito feo” de la CES, y es donde hay mayor inconformidad laboral”, asentamos en aquella ocasión.

Todo eso se lo dijeron ayer al vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros, titular de la CES, cuando acudió a dialogar con los custodios  que no querían entrar a su turno de trabajo porque no deseaban salir en fotografías igual que sus compañeros del turno anterior: sometidos por los internos que todavía se dieron el lujo de mandar fotografías por whatsapp.

La realidad es que el Cereso Morelos está igual que Culiacán: los que mandan son los delincuentes.

Y de la misma manera que ha quedado comprobado que el intento de detención de Ovidio Guzmán fue un gravísimo error, también en Atlacholoaya ha quedado al descubierto que el gobierno se equivocó al subestimar una “riña por un par de zapatos” cuando en realidad se trataba del inicio de la disputa del control de la cárcel entre los rojos y el cartel Jalisco Nueva Generación.

En ambos casos debe haber renuncias, pero no aplicando la máxima de que “el hilo se rompe por lo más delgado”. Al contrario, debe haber sanciones ejemplares para que no vuelvan a ocurrir hechos lamentables como éstos, porque si revisamos la historia, ni en los peores gobiernos se habían registrados siete homicidios juntos en un penal.

HASTA MAÑANA.

 

Jueves, 31 Octubre 2019 05:24

El caso Aldo Bazán

Las redes sociales son el peor lugar para dirimir una situación de posible acoso sexual entre una alumna y un maestro, pues se presta al linchamiento “a priori” sin respetar su derecho a la presunción de inocencia y el derecho de réplica, vigente desde hace algunos años.

En este espacio trataremos de ser lo más imparciales posibles, y anticipando desde ahora que el mismo está a disposición de las partes en conflicto para hacer valer la Ley de Réplica en sus términos legales.

Comenzamos por el principio:

El pasado 23 de octubre comenzó a circular en Facebook un video con cierto grado de edición (mostrando lo más relevante en letras grandes que aparecen y se desvanecen, resaltando las ideas principales con diferentes tamaños y en rojo, etc.) en el que aparece una mujer que se identifica como Daniela Olivares Valderrama y que dice, en lo sustancial, lo siguiente:

“Desde mi ingreso a la Maestría, el profesor Aldo Bazán se dedicó a mandarme mensajes inapropiados, a los que por supuesto no accedí. A partir de ese momento el doctor Aldo Bazán se dedicó a desestimar mi trabajo, se dedicó a hacerme sentir que como estudiante yo no valía nada, me discriminó por mi discapacidad auditiva; se dedicó a hacerme bullying por las redes en conjunto con otros doctores del mismo secto” (sic).

Luego de lo anterior, solicita al rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, la destitución inmediata del Dr. Aldo Bazan Ramírez.

Con ese video se inició una campaña en redes sociales en contra del catedrático universitario, y ya sabemos que “las redes te hacen o te deshacen”, así que a estas alturas ya es viral y en algunos casos los calificativos han sido realmente demoledores.

El doctor Aldo Bazán pidió entonces a los medios que le diéramos la oportunidad de defenderse. A través de un comunicado, el catedrático se queja de la campaña cibernética que le ha provocado actos de acoso, denostación y criminalización contra su persona y su familia.

“Rechazo tajantemente las acusaciones de las que he sido objeto en redes sociales, y manifiesto mi disposición de comparecer ante las autoridades universitarias y jurisdiccionales competentes, para responder a tales infundios. De igual manera, manifiesto que mi familia y yo, hemos recibido amenazas anónimas sobre video montajes, chantajes y otras acciones para amedrentarme y causarme daño.

“Debo comenzar diciendo que he sido una persona que apoya el empoderamiento y el alza de voz de las mujeres, en mi entorno familiar he educado con valores y respeto para defender el bienestar de las personas y que en ningún momento se deben callar aspectos de desigualdad y violencia. Con este mismo ideal, he sido partícipe de la formación académica de cientos de estudiantes, como mexicano, y en el país de mi origen. Si bien, estamos en un contexto social en donde todos debemos de mejorar y colaborar para sanar las grietas que la violencia ha generado, también es necesario realizar las acciones pertinentes para que la situación se atienda bajo los mecanismos de justicia y no mediante un linchamiento en redes sociales”, afirma en un documento enviado a la opinión pública.

Y enseguida da su versión sobre los hechos:

“La maestra Laura Daniela Olivares Valderrama, trabajó su tesis de maestría bajo mi dirección desde agosto de 2014 hasta febrero de 2016, periodo en el que además de dirigir su tesis que mereció la calificación aprobatoria en todos los comités tutorales, también obtuvo calificaciones aprobatorias en dos seminarios que impartí en la Maestría, periodo en los cuales, nunca existió queja alguna de su parte, por acoso, maltrato o discriminación. Por lo que es falso la aseveración de que, al no acceder a mis supuestos mensajes, yo desestimé su trabajo o su capacidad. Es preciso aclarar que la asignación y/o cambio de director o directora de tesis al estudiantado de maestría, no es impuesto por algún organismo o la comisión académica, y radica más bien, en el común acuerdo de trabajo colaborativo y coincidencia de temas e intereses académicos entre tutor y estudiante”.

Bazán Ramírez hace notar que no existen acusaciones formales en su contra ni ha sido notificado de manera oficial por ninguna autoridad universitaria.

“Es importante esclarecer que por cuanto a las acusaciones de índole académico, constan las evidencias académicas y administrativas con su respectiva respuesta y resoluciones, por Comité tutorales, Comisiones Académicas, Consejo Interno de Posgrado; Consejo Técnico, Procuraduría de los Derechos Académicos, Dirección de Estudios de Posgrado, y toda instancia competente en el ámbito académico y jurídico al interior de la Máxima casa de estudios”, agrega.

“Me da tristeza que por intereses mezquinos me lastimen y también a mis seres queridos, así como amistades y colegas que me conocen y se han solidarizado conmigo, al igual que mis estudiantes y ex estudiantes, quienes pueden dar fe de mi honorabilidad”, dice para concluir.

Tan grave resultaría que se comprobara que hubo hostigamiento o discriminación, como que se afectara una carrera profesional y el nombre de una persona con acusaciones falsas.

Recordamos el caso que dividió hace años a la Facultad de Derecho, el de Rodolfo García Aragón (que en paz descanse), expulsado por hacer insinuaciones a una alumna.

Tuvimos acceso a la grabación que esa jovencita presentó como prueba ante el Consejo Universitario, y se advierte claramente cómo la alumna direcciona la conversación en busca de una frase comprometedora, alentada por un grupo de maestros políticamente antagónico al de Rodolfo.

Y por cuanto a las redes sociales, siempre lo hemos sostenido: quien guste de participar en los linchamientos cibernéticos debe estar consciente que un día el lapidado puede ser él, sin importar si las acusaciones son verdaderas.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 30 Octubre 2019 05:18

Signos de descomposición

Como si no fueran suficientes los destrozos que dejó la lluvia de la noche para deprimir a cualquiera, durante la mañana de ayer se registraron varios acontecimientos que deberían preocupar a las autoridades de ésta entidad, sobre todo los que se refieren a un enfrentamiento entre internos del Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya.

Quienes debemos recorrer parte de la ciudad capital y la zona conurbada para llegar a nuestros centros de trabajo, fuimos testigos de un espectáculo parecido al que deja un huracán o una tormenta tropical, con árboles caídos, calles destruida y, en algunos lugares, viviendas destruidas.

Apenas se va uno reponiendo de la impresión cuando llegan las fotos vía Whatsapp mostrando los dos cuerpos masculinos, totalmente desnudos, brillantes por la pertinaz lluvia, pero sin cabeza, a la orilla de la carretera que sirve de retorno en la autopista del Sol, a la altura de Xochitepec.

Una cartulina verde con letras negras en la que se da a conocer los nombres de los que siguen en esa fatal lista que han ido cumpliendo al pie de la letra sin que nadie haga nada, cubre uno de los cadáveres mientras que otra con características similares cubre el otro.

Todavía no se repone uno de la impresión de esas fotos cuando llega la información acerca de que un grupo de trabajadores de la empresa Uber Eats están protestando en el zócalo de Cuernavaca. Denuncian que el pasado lunes un compañero suyo fue asaltado y asesinado en la colonia Teopanzolco, la empresa no quiere asumir su responsabilidad y la aseguradora tampoco. Estaban pidiendo ayuda para reunir el dinero necesario y sepultar a su compañero.

Los que trabajan en todas esas empresas que se manejan a través de una aplicación en un teléfono celular no lo hacen por gusto, sino porque no hay otra opción. Ante la falta de mejores oportunidades de trabajo, nuestros jóvenes están recurriendo a estos empleos a pesar de que no tienen ninguna garantía de las que establece la Ley Federal del Trabajo. No hay una persona física que sea el patrón, tampoco un domicilio, y el contrato que firman es totalmente leonino, con todas las ventajas para estas empresas transnacionales.

Luego, el código rojo en el Penal de Atlacholoaya. Los empleados del Tribunal Superior de Justicia y de otras dependencias fueron obligados a desalojar las instalaciones del Centro Estatal de Reinserción Social por cuestiones de seguridad.

Eso solamente ocurre cuando se da un motín, pero el coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León lo negó cuando fue consultado por los compañeros reporteros. “Todo bajo control”, contestó el funcionario.

Lo que no dijo es que no se encontraba en esos momentos en el Penal, pues su personal dice que nunca está, sino que trabaja vía teléfono celular.

Y lo más irónico: comenzaron a llegar fotos y videos del interior del penal tomados y enviados a través de teléfonos celulares, aparatos que se supone no pueden tener en su poder los internos.

Ya por la tarde llegó un comunicado de la Comisión Estatal de Seguridad Pública en el que se explica que no hubo motín, sino una riña que se suscitó al interior del dormitorio número cuatro, por lo que de manera inmediata se activaron los protocolos de actuación para atender la emergencia.

“Elementos del Mando Coordinado Policía Morelos, Guardia Nacional y agentes federales atendieron dicho acontecimiento, en el que resultaron lesionados tres internos que de inmediato fueron trasladados a un hospital para brindarles atención médica. Sobre lo sucedido, se informa que alrededor de las 11:46 horas personal de Seguridad Penitenciaria atendió una riña originada por el supuesto robo de unos zapatos, misma que fue controlada y los involucrados fueron dispersados”.

“Cerca de las 13:37 horas, algunos internos del dormitorio nueve ingresaron al dormitorio cuatro agrediendo y lesionado a un grupo de reclusos, por lo que las autoridades penitenciarias intervinieron una vez, activando el protocolo de actuación”, agrega el documento.

Con respecto al informe médico, Servicios de Salud de Morelos (SSM) indicó que al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres” arribaron dos masculinos, uno de 37 años de edad heridas de arma blanca, quien al momento de arribar al nosocomio ya no presentó signos vitales; el segundo, de 30 años es atendido por lesiones de arma blanca en tórax y pierna.

En el Hospital General de Temixco se atendió a un tercero de 24 años de edad, quien se reporta estable con múltiples lesiones superficiales en cráneo y en ligamentos de la mano, ya fue dado de alta.

No hay autogobierno y todo está bajo control, pero varios internos se lesionaron con armas blancas y el altercado fue grabado con teléfonos celulares. Vaya control.

Finalmente, un documento enviado por tres consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos da cuenta del divisionismo que existe (también) en el Consejo Consultivo de esa institución que está a punto de estrenar sede por enésima ocasión.

“Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Morelos, hemos visto recientemente en notas de los medios de comunicación que el Presidente del organismo anuncia que pedirá directamente al Congreso un presupuesto de 50 millones de pesos, en contraste a los casi 16 millones con que cuenta actualmente.

“Sin embargo lo que no ha dicho el titular del organismo y que es menester que la sociedad también sepa, es que el Consejo Consultivo no aprobó dicha propuesta presupuestal derivado de que desde la instauración de dicho órgano colegiado se le ha solicitado desde la primer sesión, la siguiente información:

“Actas de entrega-recepción; lista de todo el personal adscrito, así como su curriculum y resultados; comprobantes de gastos presupuestal; programa de trabajo, entre otros”. Obviamente, el “godinez” que ocupa la presidencia de la CDH-Mor no se ha dignado a contestarles.

Contrario a todas y todos los que han ocupado el puesto de ombudsman, el actual ni siquiera saluda a sus empleados cuando llega, ya de atender a la prensa ni hablamos. 

Para finalizar, y luego de ver un video que está circulando en redes sociales, donde se observa claramente cómo la diputada Tania Valentina se acerca a la zona de público del Congreso Local, y a una señal suya los pobladores de Hueyapan se ponen como locos y comienzan a comportarse como orangutanes, uno se pregunta:

¿Qué no hay noticias positivas en este estado?

HASTA MAÑANA.

 

Martes, 29 Octubre 2019 05:37

RSP: mercenarios de la política

La política se ha degradado tanto en los últimos años, que ahora ya no guardan las formas. Se manejan como mercenarios de la política, o aún más, como extorsionadores de la política. Ya no se sabe si la delincuencia organizada se ha infiltrado en la política, o los políticos se han infiltrado en la delincuencia organizada.

Ayer en un conocido Café del centro de Cuernavaca se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se anunció que un grupo de integrantes de la organización denominada Redes Sociales Progresistas, daría a conocer su oposición a que el yerno de la maestra Elba Esther Gordillo encabece el nuevo partido que vendría a sustituir al Partido Nueva Alianza, que sirvió como brazo político del poderosísimo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Como ya es sabido, seis de los ocho asociados fundadores de la organización que pretende convertirse en el nuevo partido elbista, desconocieron a Fernando González, lo que, de ser reconocido por el INE, regresaría el control de la asociación a Juan Iván Peña Neder y sacaría del camino al grupo de la maestra.

Las firmas fueron enviadas al INE, tanto en lo individual como por la asamblea de fundadores, luego que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos les dio tres días hábiles, a partir de la notificación, para resolver sus conflictos internos e indicar con claridad quienes tienen la representación legal.

Las semanas pasadas, el INE recibió oficios contradictorios por parte de representantes de esa organización, ya que, uno de los apoderados legales del grupo de Peña Neder, dio aviso al INE para cancelar todas las asambleas estatales ya agendadas para las próximas semanas, mientras que el yerno de la maestra continuó con el proceso.

Esa escisión en la etapa fetal del partido ya llegó a Morelos. Ayer, a la anunciada conferencia de prensa llegó –para sorpresa de muchos porque éste personaje tiene de todo menos de profesor- Enrique Alonso Plascencia, Felipe Castro Valdovinos y dos personajes más de los que Enrique Alonso desconocía sus nombres completos y sólo se refería a ellos como Adrián y Mauricio.

En resumidas cuentas Alonso se presentó como delegado del partido en proceso de registro y dijo que las RSP reconocen como su líder máximo a Juan Ivan Peña Neder y que en Morelos no van a aceptar ni a yernos ni nietos de la maestra Elba Esther, pero tuvo mucho cuidado en no atacar a la lideresa (el miedo no anda en burro).

Todo parece indicar que un grupo de mercenarios de la política pretenden extorsionar a la maestra, ya sea con dinero o con cargos de elección popular, pero lo importante es sacar algo de provecho.

Y para esa encomienda decidieron contratar a Enrique Alonso, quien ya antes se contrató como director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal, cargo que sigue ostentando. O sea, el señor es capaz de contratarse de lo que sea, con tal de obtener buenos dividendos.

Recordemos que en sus años mozos Enrique fue “pollero” (traficante de personas de un país a otro), por lo que estuvo procesado y exonerado en segunda instancia. Luego fue candidato del PRD a presidente municipal de Tlaquiltenango y ganó, a pesar de que todo mundo sabía de sus antecedentes.

Pero Graco Ramírez y él nunca se quisieron. Era del dominio público que obtuvo la candidatura con el apoyo de Fidel Demédicis y que nunca se quiso someter al Mando Único. En represalia, tuvo “marcaje personal” por parte de la policía que dirigía Alberto Capella. El 28 de enero del 2016 fue detenido por la Policía Federal en la caseta de Tlalpan porque su escolta portaba un arma de uso exclusivo del Ejército.

Un año después, el 24 de enero del 2017, detuvieron a dos de sus escoltas mientras él estaba en el interior de la agencia BMW en la calle Río Mayo, y son puestos a disposición de la Procuraduría General de la República.  “El alcalde de Tlaquiltenango tiene mala fama”, decía Capella Ibarra cada vez que le preguntaban por Alonso Plascencia.

Perverso como es, Graco Ramírez ordenó que se difundiera la foto de la esposa del alcalde de Tlaquiltenango, quien purga una condena de 45 años por el delito de homicidio. Ya siendo candidato a diputado federal independiente, fue detenido por el homicidio de una persona de nombre Adán. Con él fueron detenidos Andrés “El Tío” o “El Sinaloa”; Rodolfo “El Durango”; Alberto “El Zapata”; Emanuel, Óscar, Geremías y Santiago. Las autoridades los señalaron como parte del grupo delictivo Los Rojos, pero nuevamente salió en libertad.

Tras su derrota en las urnas en el 2018,  desapareció de la escena política un tiempo, hasta que reapareció como director del Instituto que aglutina a los presidentes municipales de Morelos.

En agosto pasado, tras la difusión de un video en redes sociales en el que un hombre, con el rostro cubierto, asegura pertenecer al grupo delictivo Los Rojos y recibir órdenes de Enrique Alonso Plascencia, el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco declaró que el fiscal general debe realizar una investigación.

“Yo simplemente le digo al fiscal que hay que investigar, hay que investigar, que llegue hasta las últimas consecuencias, no sabemos si es verdad, si es mentira, pero si se rumora hay que investigarlo”, dijo Blanco.

Después de todo lo anterior, se dieron cuenta que el indicado para “jalarle la cola al león” en el SNTE era Enrique Alonso, así que fue contratado, a pesar de que su imagen desentona

Pero ¿quién está atrás de este hombre con aspecto de montador de toros?

Un dato que podría ayudarnos a responder esa pregunta es la presencia ayer, en la conferencia de prensa, del cacique magisterial Felipe Castro Valdovinos, quien en las pasadas elecciones fue porrista de Rodrigo Gayosso Cepeda, (un porrista muy caro por cierto), y que últimamente sirve a los intereses del senador Ángel García Yañez (mercenario pues).

Por cierto, García Yañez fue visto el jueves de la semana pasada en la Feria de Yecapixtla, en el show de Remmy Valenzuela (originario de Sinaloa), donde saludó efusivamente al alcalde de Yautepec, Agustín Alonso y al ganadero Federico Figueroa, hermano del extinto Joan Sebastian.

HASTA MAÑANA.

 

Lunes, 28 Octubre 2019 05:42

Impotencia

Por más que uno quiera buscarle el lado positivo a las cosas, y sin dejar de reconocer los esfuerzos que han venido haciendo los tres niveles de gobierno, hay ocasiones en que nos invade el pesimismo, la depresión y la impotencia de no poder hacer nada. El cobarde asesinato de Paul Vizcarra y la confirmación de que el hijo de un estimado amigo notario que estaba desaparecido desde el mes de agosto fue ultimado a pesar de que se había pagado un rescate, pero sobre todo la ejecución casi sistemática de personas por parte de comandos armados que se mueven a sus anchas por todo el territorio morelense, y que se dan el lujo de avisar a quien van a matar con mensajes (ahora impresos en lonas con una máquina Plotter) nos hace llegar a la conclusión de que la Guardia Nacional, la CES y su instancia municipal han fracasado rotundamente. 

La semana pasada nos tocó acompañar a la familia de Paul Vizcarra a su entierro en el panteón de Las Granjas. Duele ver cómo una familia dedicada al noble trabajo del reciclaje, que es fuente de ingresos de cientos de personas, que no anda metido en negocios turbios, hoy está destrozada. "Era tan tranquilo, no le gustaba meterse en broncas, prefería perder a tener conflictos", recordaba Carlos Mújica, amigo mutuo. 

A varios días de que fue encontrado su cuerpo con huellas de tortura en el bosque de Tlalpan, no se sabe si hay avances en las investigaciones. Desgraciadamente, a él y a su acompañante los fueron a tirar en una zona boscosa donde no hay ninguna de las miles de cámaras que tiene el Gobierno de la Ciudad de México. 

En el otro caso, desde agosto tuvimos conocimiento de la desaparición de Josué, el hijo del notario José Antonio Acosta, y no publicamos nada con la esperanza de que sus captores lo regresaran sano y salvo, pero no fue así. Salió de su casa a bordo de su motocicleta y se dirigió al municipio de Huitzilac, donde la vida vale menos que una moneda de a peso. Fue hasta hace un par de semanas que encontraron restos humanos en la carretera que va a Zempoala, y al hacer los estudios de ADN resultó que sí eran los de Josué. 

Son homicidios que impactan en una sociedad morelense que observa impávida como desaparecen el padre, el hijo, la hija, y lo que viene a la mente de todos es ¿cuándo me tocará a mi o a mi familia?

"Está terrible la inseguridad, diario hay un secuestro y varios homicidios, ¿cómo podemos presionar para que las cosas cambien si los medios de comunicación no ayudan", me reclamó y con justa razón una amiga a través de messenger. 

La tarde del sábado el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública andaba como loco sobrevolando a muy baja altura por todo Cuernavaca. A los pocos minutos las transmisiones en vivo por Facebook de varios medios de comunicación que usan esa herramienta tecnológica nos daba cuenta del motivo de los sobrevuelos: un homicidio en la calle que comunica Atlacomulco con la avenida 10 de abril, casi enfrente del hotel Hacienda de Cortés a plena luz del día. 

Seguramente los turistas de ese hotel escucharon los balazos y si hubieran salido a la calle habrían presenciado una escena que sólo se ven en las series de narcos: al conductor de un vehículo compacto le dispararon desde otro, ambos en marcha, y el agredido se fue a impactar contra un taxi que nada tenía que ver (pero que seguramente pasara días en un corralón, en detrimento del dueño de la concesión y del chofer). 

"La ejecución del día, o más bien, la primera de este día", escribí en mi cuenta de Twitter. Y no me equivoqué. Por la noche otra vez la transmisión en vivo, ahora en la avenida principal de Ocotepec. 

Me enviaron una fotografía de la víctima. Era un muchachito de unos 20 años, tendido boca abajo sobre el asfalto, a unos metros de una tienda de abarrotes. Sabía que unas horas después me comenzaría a llegar información sobre los antecedentes penales tanto del ejecutado de Atlacomulco como del de Ocotepec, pero no puede uno evitar sentir pena por sus familias. 

Por otra parte, me dicen que en el atentado de Atlacomulco hubo un "daño colateral" (asumiendo que ésta ola de asesinatos sea una disputa "entre malosos" como lo han venido diciendo algunos funcionarios). Se trata de una señora que no tenía nada que ver en este pleito entre mañosos y que recibió un balazo en la cabeza que hasta el momento de redactar esta columna se debatía entre la vida y la muerte. 

Y eso de que "se están matando entre ellos" para nada es un consuelo, pues por un lado implica el riesgo de que en cualquier momento cualquiera de nosotros resulte herido o muerto (y ya vimos que no es necesario andar en bares a altas horas de la madrugada) pero lo más grave es que significa que gente armada puede circular por las calles como si nada, a pesar de los cientos de policías federales, estatales y municipales. 

Eso se llama impunidad y sólo puede ocurrir cuando existe un contubernio entre policías y delincuentes. Y no nos referimos a ese señor que es "un pan de Dios" que se llama Antonio Ortíz Guarneros, sino a la gente que tiene bajo su mando, algunos desde antes que él llegara, y que están trabajando para "La Maña". 

Sólo así se puede explicar uno que en ninguno de los homicidios dolosos que se han registrado en los últimos meses, ni por casualidad los sicarios se hayan topado con alguna patrulla. Ciertamente el número de vehículos oficiales es mucho menor al que presumía Alberto Capella, pero no se puede creer que cuando avisan de una ejecución los policías lleguen diez minutos o más posteriores al hecho. 

Y lo que más enerva a la gente es que lleguen hasta cinco patrullas y sus elementos luciendo sus armas largas para hacer lo que se llama "la preservación de la escena del crimen", y que se pongan "flamencos" cuando alguien se acerca a la cinta amarilla, como ocurrió el jueves con la ejecución del policía cuyo nombre ya había sido mencionado en uno de esos mensajes impresos en lona y que son dejados por toda la ciudad sin que nadie se percate de quiénes son. 

Ese día, alguien de la Policía envió un mensaje de voz advirtiendo que si tenían hijos en las guarderías o jardines de niños de la zona norte de Cuernavaca, que fueran a recogerlos, lo que provocó una verdadera psicosis entre madres de familia, principalmente en Chamilpa. 

Ya para cerrar la jornada de este fin de semana, al menos por cuanto a esta columna se refiere, recibimos las fotografías de una mujer calcinada que encontraron en la colonia Rancho Cortés. Quizás hoy lunes por la mañana el vicealmirante Guarneros salga con su declaración de que la occisa "andaba en actividades no propias de una dama", pero no deja de ser un feminicidio que se suma a otros que se han venido dando en territorio morelense, y que no se advierte cuándo y cómo vaya a acabar. 

Frente a toda esta problemática hay un grupo de personajes que todo lo quieren resolver con destituciones o renuncias, pero son hombres y mujeres que si buscas en sus antecedentes encuentras fácilmente el motivo de su indignación. A ellos no les importa tanto el dolor de las familias que han sufrido la pérdida de un ser querido, sólo quieren sacar provecho político de todo ésto.

Desgastarnos en marchas y manifestaciones nunca ha sido la solución. Mucho menos los bloqueos de las calles afectando al resto de la población. 

Ya viene la aprobación del presupuesto estatal y otra vez a la Comisión Estatal de Seguridad Pública le están destinando muchísimos millones de pesos, que bien distribuidos y sin "moches" pueden servir para componer cámaras de videovigilancia y poner otras más. Adquirir o rentar más patrullas y contratar policías con sueldos dignos para que no caigan en la tentación de trabajar para el otro bando. 

Pero lo principal que tiene que hacer la autoridad es escuchar a la ciudadanía y evitar la justificación de los delitos. 

HASTA MAÑANA. 

 

 

 

Jueves, 24 Octubre 2019 05:16

¿Magistrados graquistas?

En teoría, las resoluciones judiciales deben estar sustentadas en argumentos jurídicos y no en cuestiones subjetivas en los que tengan que ver las filias o fobias de los juzgadores. Sin embargo, debemos entender que la ciencia del derecho no se basa en las matemáticas y que los jueces y magistrados también son seres humanos, por lo que pueden “estirar” la ley hacia un lado u otro.

Explicado de otra manera: los árbitros de futbol también tienen sus equipos favoritos y difícilmente se pueden despojar de esas filias o fobias cuando les toca “pitar” en un partido.

Es por lo anterior que mucha gente, incluido el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, piensa que al resolver el Toca 128/2019-3, los magistrados que integran la tercera sala mezclaron sus preferencias políticas con su trabajo como juzgadores.

Se trata de Rubén Jasso Díaz, María del Carmen Aquino Celis y Carlos Iván Arenas Ángeles. En lo personal conocemos a los tres y no dudamos para nada de su profesionalismo, pero hay detalles que hacen parecer que su voto en el caso de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, tuvo tintes de subjetividad.

Para nadie es un secreto que María del Carmen Aquino Celis formó parte del equipo de Graco Ramírez al inicio del sexenio, y que Rubén Jasso fue representante de los magistrados en el extinto Consejo de la Judicatura y luego en el órgano colegiado que lo sustituyó, siempre al lado de la presidenta Carmen Cuevas. Ellos dos votaron a favor de la exoneración de Patricia Izquierdo, lo que provocó la ira del jefe del Ejecutivo.

En contraparte, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles, quien encabezó la intentona por destituir a la magistrada presidenta, consideró que debía mantenerse bajo proceso a la ex funcionaria.

Recordemos que el pasado 6 de mayo una juez de control resolvió vincular a proceso a Izquierdo Medina, así como  José Gonzalo Mariscal Álvarez y Hugo Rivera Tovar, ex subsecretario de Evaluación y ex director General de Licitaciones y Contrataciones de la Secretaría de Obras, por haber adjudicado directamente y sin cumplir con los requisitos legales la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V.

De acuerdo con los argumentos expuestos por el magistrado Jasso Díaz, no hubo indicios para imputar a Patricia Izquierdo el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones ya que, la obra en cuestión, fue autorizada y adjudicada directamente por el Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados (el cual la ex funcionaria presidía) en la sesión del 13 de diciembre de 2017 a la empresa Ago Operaciones S.A. de C.V., con base en los ocho supuestos excepción previstos en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas, que permite adjudicar una obra sin licitación pública y directamente cuando se rebasaba el tope de 2 millones 500 mil  pesos, estipulado en la Ley de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos de 2017.

También consideró que no podía tampoco considerarse indebida la actuación de la ex titular de la Secretaría de Obras, ya que el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción – como parte acusadora- no aludió cuáles eran la facultades y atribuciones de la ex funcionaria.

En su voto particular, el magistrado Arenas Ángeles afirmó que el presente asunto, resulta una mezcla de cuestiones administrativas con consecuencias penales, por ende, debe hacerse con apoyo de la hermenéutica jurídica, para desmembrar el ser de la norma y no generar así una descontextualización del cuerpo normativo en estudio.

Así, de la interpretación que se realiza de los numerales 14 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Morelos, se considera que las funciones y facultades de la imputada Patricia Izquierdo Medina, son claras y precisas, conforme a lo narrado por el órgano acusador en su formulación de imputación.

“Para dejar más claro esto, el órgano acusador hace referencia a la fracción VI del numeral 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, mismo que marca efectivamente las atribuciones específicas de la Secretaria de Obras Públicas (que en su caso deben ser ejercidas por conducto del titular de dicha área), y que en armonía a lo establecido en el artículo 14 de la citada norma, se colige que al frente de la secretaria referida habrá un titular, a quien compete las atribuciones establecidas en el diverso 33, además que dichas atribuciones no son genéricas sino específicas, dado que el cuerpo de leyes mencionado, en su numeral 13 contempla las atribuciones genéricas de las diversas dependencias que integran la administración pública del Estado de Morelos, de ahí que lo establecido en el ut supra 33, debe entenderse como las facultades a ejercer por parte del Titular de la secretaria en cuestión”, apuntó el magistrado.

Para él, la entonces Titular de la Secretaria de Obras Públicas tenía la obligación de observar el procedimiento que se establece en los artículos 24, 38, 39 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Morelos y no someterlo a consideración del comité como se advierte del acta de la séptima sesión extraordinaria de fecha 13 trece de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, donde se autoriza por parte del comité, la adjudicación directa de la obra pública denominada demolición y construcción del edificio U1-C en la escuela de estudio superiores en el municipio de Jojutla, Morelos.

Lo anterior, porque los artículos 38, 39 y 40 deben interpretarse de manera sistemática y no en forma aislada como sostiene la mayoría al decir que el artículo 39 no prevé un monto máximo o que éste no exceda del máximo que al efecto establecerán los presupuestos de egresos contemplados en el ejercicio fiscal vigente y que por esa razón la imputada Patricia Izquierdo Medina, no incurrió en responsabilidad alguna; toda vez que, de la intelección de los numerales precitados se obtiene que el ordinal 38 estipula que el monto máximo de las obras a adjudicar de manera directa se establecerá en los Presupuestos de Egresos Estatal o Municipal; por su parte el 39 contempla los “supuestos” –circunstancias fácticas- y el 40, dispone que podrá darse la adjudicación directa cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos establecidos en los Presupuestos de Egresos del ejercicio fiscal vigente.

“De ahí que a criterio del suscrito debe confirmarse el auto de vinculación a proceso en contra de Patricia Izquierdo Medina, ya que incluso la resolución que se somete a estudia presentaría un vicio de incongruencia interna, al vincular por el mismo hecho a los dos coimputados y pretender dictar una resolución en sentido contrario a la que en su momento fue la superior jerárquico Patricia Izquierdo Medina. Y por consecuencia entrarse al estudio del recurso interpuesto por el órgano acusador, relativo a imponer la medida cautelar de prisión preventiva”, puntualizó.

No hay que perder de vista que a quien Cuauhtémoc tiene como consejero jurídico ya fue juez y magistrado, así que conoce las leyes al derecho y al revés. Todo está en que le haga caso.

HASTA MAÑANA.

 

Miércoles, 23 Octubre 2019 05:23

Los jueces, otra vez en el banquillo

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Lunes, 21 Octubre 2019 05:08

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