Jesús Castillo

Jesús Castillo

Jesús Castillo García. Periodista con 30 años de trayectoria; Premio Estatal de periodismo 2010 y 2012. Premio Nacional de Periodismo 2013.
Lunes, 08 Julio 2019 09:33

IMIPE: el nuevo comisionado

“Yo siempre he apoyado a las mujeres, pero en esta ocasión toca hombre, ni te apuntes”, le dijo la presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez a Leonora Valentina Jiménez Franco, una de las aspirantes a ocupar el cargo de comisionada en el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el pasado viernes después de la ceremonia de la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción en Los Belenes.

Ya estamos viendo una de las desventajas de la tan llevada y traída paridad de género que tanto ha presumido doña Isabel León Trueba: ya se lanzó la convocatoria y legalmente cualquier persona que reúna los requisitos puede inscribirse, pero en términos prácticos ya está decidido que habrá de ganar un varón.

¿Y sí en la lista de candidatos se inscriben puros hombres “maletas” y entre las mujeres tenemos las mejores y más preparadas profesionistas? ¿Tendremos al primer comisionado del IMIPE que no llegue por méritos sino porque no puede haber tres mujeres en un órgano colegiado?

En todo caso, que la convocatoria diga “para elegir al comisionado del IMIPE (mujeres abstenerse)”.

Así las cosas, ya tenemos la primera característica del próximo comisionado del IMIPE que habrá de sustituir al médico (que no doctor) Víctor Díaz Vázquez, dicho por Tania Valentina y escuchado por varios que nos quedamos al término de la ceremonia en que Roberto Coranguez Esquivel fue ungido como el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ahora entremos al terreno de las elucubraciones que a veces resultan ciertas.

Agregaríamos entonces que el próximo comisionado debe ser priísta. Ésta suposición nace de la costumbre arraigada del llamado “derecho de silla”, y creemos que a nadie le queda duda de que Víctor  Díaz Vázquez llegó al cargo por la vía del PRI.

Y es que, cuando nació el IMIPE, los partidos fuertes eran PRI, PAN y PRD; y desde entonces se puso como regla no escrita que cada partido colocara un consejero, hoy llamados comisionados, y que los fuera sustituyendo cada término de periodo.

Sin embargo, no se pierda de vista que hoy el PRI no tiene la misma fuerza que hace algunos años, de ahí que surja la posibilidad de que el nuevo comisionado del IMIPE sea más bien un morenista.

Y una tercera característica: que sea amigo o recomendado de Mirna Zavala Zúñiga. Esto lo decimos porque nos comentan fuentes al interior del Congreso, que para la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos pudo más la recomendación de la secretaria de Administración que la paridad de género. Para desventaja de Clara Soto, María Ampudia y otras mujeres que buscaban esa posición, sus congéneres diputadas levantaron sus manitas al unísono a favor del recomendado de Mirna, a pesar de que “tocaba mujer” (en términos de lo que dijo Tania Valentina).

Debemos aclarar que en esta ocasión sí se nos hace válida la opinión de Zavala Zúñiga para la designación del consejero del IMIPE, y no por su cercanía con el poder, sino porque sabe de Transparencia. Me atrevo a decir que Mirna Zavala junto con Eleael Acevedo y Alí Sosol sentaron las bases de lo que hoy es el IMIPE, y se aventaron verdaderas broncas contra el gobierno estatal en turno y  los ayuntamientos que no entendían por qué tenían que hacer públicos sus gastos y contestar a cualquier ciudadano sus preguntas por más absurdas que éstas sean.

Una última premisa que pudiera definir quién será el nuevo comisionado del IMIPE es algo que hemos venido señalando desde hace años y que por desgracia se sigue poniendo en práctica: PARA SER CONSEJERO DEL IMIPE TIENES QUE HABER TRABAJADO CON UN DIPUTADO.

Y ahí sí la historia es implacable: Eleael Acevedo era director del Instituto de Investigaciones Legislativas; Esmirna Salinas era auxiliar del diputado David Salazar Guerrero; Víctor Díaz siempre ha trabajado con Jorge Arizmendi; Mireya Díaz era auxiliar de Juan Ángel Flores y hasta Marco Antonio Alvear Sánchez (que fue designado por la pasada legislatura pero no ha podido tomar posesión) era empleado del Congreso.

Las excepciones fueron Ariel Homero López, que no trabajaba en el Congreso pero su militancia priísta es más que conocida, y la última presidenta, Ivonne Rosales Sotelo, desconocida para el panismo morelense, pero que aseguran fue recomendada por el comité ejecutivo nacional.

¿Seguirá la actual legislatura con esa costumbre de poner a sus empleados en organismos autónomos? Lo sabremos muy pronto.

Las diputadas que controlan el Congreso, y los escasos diputados que están ahí sólo para completar la veintena (Duque, Galindo y Casas son los ejemplos más patéticos), han dado muestras de que no hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen.

Se tardaron meses en analizar la lista de prospectos para la CDHMOR supuestamente para designar a la mejor persona, y terminaron inclinándose por el que llevaba “línea” del Ejecutivo. Por lo que respecta al titular de la Entidad Superior de Fiscalización y Auditoría están en aprietos porque ya adelantamos que los dados están cargados para que asuma ese cargo un contador que tiene un rancho en Jojutla y que le da servicio de asesoría a todos los “políticos de campo”, es decir, que combinan la actividad política con la cuestión agropecuaria, como podría ser Amado Orihuela o el mismísimo senador Ángel García Yáñez.

Si no es él será Uriel González, quien ya comenzó a negociar su permanencia con la contratación de funcionarios que “casualmente” resultaron ser familiares o allegados de los nuevos diputados. Hay que recordar que a él lo dejó como encargado del changarro el perredista Vicente Loredo, quien hoy se dedica a dar asesoría a presidentes municipales a través de una empresa privada.

No cabe duda que las costumbres se heredan de una legislatura a otra. Los ciudadanos sufren una transformación en cuanto se sientan en la curul y se convierten en lo mismo que sus antecesores.

Como prueba de ello está la designación de los ganadores del Premio “Soto y Gama” que se entregará este 12 de julio. En la lista de ganadores sobresale el nombre de Araceli Salas, cuya capacidad como abogada no se pone en tela de duda, pero que por mera coincidencia actualmente es la asesora jurídica del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo. Sus amigos de toda la vida, Héctor Habib Rubio Assad y Roque González Barreiro, también están en la lista.

 

HASTA MAÑANA.

 

Viernes, 05 Julio 2019 05:41

Hace exactamente 30 años

Una disculpa a mis editores, pero no todos los días se cumplen 30 años en este oficio. Hace exactamente tres décadas se publicó mi primera nota en un periódico impreso y desde entonces no he dejado de publicar en prensa escrita, internet, radio y televisión. La columna de hoy es una forma de agradecer su preferencia durante estos primeros 10 mil 950 días, y el compromiso de mejorar en los años que Dios nos lo permita.

Hace 30 años estaba terminando la preparatoria en la Nocturna Uno y había estudiado un curso de periodismo por correspondencia. Mis compañeros ya andaban sacando ficha para buscar entrar a la UAEM en Derecho o Administración, pero para estudiar Ciencias de la Comunicación sólo había el Tec de Monterrey o emigrar a la ciudad de México, impensable para el hijo de una familia campesina que había llegado de Michoacán 12 años antes. 

“Yo sólo les puedo dar hasta la secundaria. De ahí para adelante lo que logren ya será mérito suyo”, advirtió don Leonardo a sus siete hijos. Consciente de ello, comencé a trabajar de mozo en un condominio desde los 13 años.

Supe que quería ser reportero desde que vi un reportaje de Juan Ruiz Healy titulado “La nueva Jerusalem” a principios de los ochentas, así que una cámara Kodak casera fue mi inseparable compañera desde tercero de secundaria y toda la prepa. Ahí tuve mi primer medio de comunicación, un  periódico de un solo ejemplar que iba de mano en mano en todo el salón con la crónica y fotos de las excursiones.

Cuando iba a la biblioteca a hacer tareas de biología o física, terminaba leyendo los escasos libros sobre periodismo que encontraba en los anaqueles. “Periodismo Trascendente”, de Salvador Borrego, casi me lo aprendí de memoria. También lo hacía porque estaba resignado a que nunca pisaría una universidad para estudiar periodismo, así que era la única forma de aprender.

En 1988 hubo un movimiento estudiantil orquestado por los universitarios pero nos llevaron a los preparatorianos a hacer bola. Ahí conocí a Martín Sánchez Ortiz, a José Luis García Tapia y a René Vega Giles, que apenas iniciaban en el periodismo.

Después supe que uno de mis compañeros de prepa escribía en un periódico. Era Omar Maldonado, quien cubría espectáculos para El Nacional del Sur. “Ayúdame a entrar a un periódico Omar”, le dije. “Déjame ver”, me contestó con esa voz ronca que desde entonces le caracterizaba.

“Hay un periódico nuevo, se llama el ABC, están solicitando reporteros. Si quieres vamos los dos, yo también ya quiero cambiar de aires”, me dijo semanas después.

Acordamos vernos frente al Hotel Miled, en la avenida Emiliano Zapata, donde los libaneses Miled Libien y Miled Kahui habían instalado una sucursal del ABC del Estado de México. Pero por alguna razón Omar no llegó a la cita.

No recuerdo cuál fue su justificación, pero en la tarde que nos vimos en la Prepa quedó muy formalmente de estar al otro día para ir a buscar trabajo en el ABC. Pero otra vez me dejó plantado.

Mientras transcurrían los minutos reflexioné en que no podía ir por la vida a expensas de los demás, y que tenía que valerme por mí mismo. Así que tomé aire y me dirigí a la planta baja, donde estaba el jefe de redacción, Luis Díaz López, quien me mandó a la oficina del director, en el tercer piso.

Ahí manifesté mi deseo de ser reportero. Un diploma de “estudios que no requieren validez oficial”, y el “dummie” de un periódico que intenté editar con el apoyo de la UAEM, fueron mis cartas de recomendación.

“Sólo hay una plaza en deportes, si quieres entrar a prueba”, me advirtió un señor alto y gordo que dijo ser el director. No dudé en aceptarla. 

Al otro día me fui a buscar información al único lugar que yo conocía en materia de deportes: la Dirección Deportiva de la UAEM. Ahí trabajaba Cuitláhuac Serratos, quien me dio información sobre los eventos que estaban realizando. Me tardé como dos horas en recabar la información y otras dos horas en escribir la nota (que no era nota, más bien como reportaje), ya en la redacción del periódico.

Muy orgulloso le entregué mi primera nota escrita sobre papel revolución a don Luis Díaz López, un chaparrito gordito de pelo y bigote cano. “Muy bien jovencito, tiene usted una excelente ortografía y le haya a la redacción. Ahora nada más necesitamos cuatro de estas para llenar la plana de Deportes”.

Me mostró como ejemplo una plana del Diario de Morelos. “Nacho Cortés se avienta como 16 notas diarias”, me dijo don Luis, quien sonrió al notar mi gesto de “no lo voy a lograr”.

Esa fue mi primera nota, pero la verdadera prueba para quedarme como reportero de deportes fue ir a Querétaro a cubrir un partido de futbol Querétaro-Zacatepec. Fue difícil y estresante porque escribía “de a dedito” en las máquinas mecánicas y no sabía usar el fax, pero el domingo que regresé el director me felicitó y me dijo que ya estaba aceptado, así que el lunes siguiente pasé con el contador y me dio la fabulosa cantidad de 125 mil pesos (de los viejos) cuyo recibo aún guardo.

Sólo estuve dos meses en el ABC cubriendo deportes. Cubriendo los partidos de futbol en El Miraval conocí a don Manuel Benítez Bahena, quien me llevó al periódico “Opción” de Morelos y de ahí a “El Clarín”, El Universal, TV Azteca, MVS, Canal 3, El Regional del Sur y La Unión de Morelos, donde he laborado más de 20 años con varias pausas, casi siempre para ocupar cargos en los tres niveles de gobierno.

Debo aclarar que finalmente sí pisé un aula universitaria, y no solamente estudié periodismo sino también derecho.

Hoy, a 30 años de distancia, puedo decir que he cumplido mi sueño de ser periodista. Muchas gracias a todas y todos; los integrantes de mi familia, los directivos de los medios de comunicación, los amigos, los colegas; todos, absolutamente todos los que de una u otra forma me ayudaron para lograrlo.

HASTA EL LUNES.

 

Jueves, 04 Julio 2019 05:36

Otro revés al Congreso Local

“El Poder Legislativo del Estado carece de competencia en el sentido de que no puede dejar sin efectos por sí y ante sí, el decreto de pensión que previamente aprobó”. Así de contundente es la sentencia del Juez Primero de Distrito del Décimo Octavo Circuito, Benito Eliseo García Zamudio, al resolver el juicio de amparo 534/2019 que interpuso Elaine Rodríguez Aranda, una de las afectadas por la abrogación masiva de pensiones que hizo la actual legislatura.

Y si bien es cierto que el recurso legal sólo tendrá efectos para el caso de la peticionaria ya mencionada, también lo es que el juzgador federal está dejando asentados los criterios legales y jurisprudencias para que los puedan hacer valer otros ex funcionarios beneficiados con las llamadas “pensiones doradas”.

En su sentencia, el juez aclara que no está prejuzgando sobre si el decreto pensionario fue emitido siguiendo los parámetros legales establecidos para ello, pues lo que así se sostiene, es que el Poder Legislativo carece de competencia para ello.

En consecuencia, el Juez García Zamudio ordena dejar insubsistente el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el 12 de abril de 2019; que se reanuden los pagos en favor de la viuda, y que se realicen los pagos retroactivos si es que los hubiera.

A decir del abogado  Juan Manuel Guzmán Pérez, del despacho de Abogados Especialistas, es el primer caso donde el Juez ha resuelto en forma definitiva y ha entrado al fondo del asunto. Fue resuelto el 28 de junio pero hasta ayer fue publicado y notificado a las partes.

El juzgador hizo un estudio de constitucionalidad del acto reclamado, en el que considera que es fundado uno de los conceptos de violación formulados por la quejosa. Entre los argumentos que la quejosa expone en su primer motivo de disenso, aduce que el Congreso del Estado de Morelos canceló su decreto de concesión de pensión por viudez sin que la ley aplicable contemple procedimiento para ello, ni autoridad competente, además de que no medió garantía de audiencia.

“Y tiene razón pues, en primer lugar, los fundamentos legales en que se apoya la autoridad responsable para emitir el decreto reclamado no lo faculta para revocar motu proprio –por sí y ante sí- la pensión que ya se encuentra asignada a favor de un asegurado y, en segundo lugar, no existe ordenamiento legal que permita al Congreso del Estado de Morelos (LIV Legislatura) emitir acuerdos parlamentarios con los que se pueda ampliar la competencia de los órganos de gobierno para revisar y revocar las pensiones asignadas por una anterior legislatura”, agrega el juez.

Y va más allá:

“Los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen diversos principios, entre ellos, el de la legalidad, conforme al cual, la actuación de las autoridades debe efectuarse dentro del marco de sus facultades legales, y el de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad. Ambos presuponen el principio de interdicción de la arbitrariedad en favor del gobernado, a partir del cual, todo acto de autoridad es susceptible de someterse al marco de respeto al derecho de las personas, pues el ejercicio de la discrecionalidad sólo estará justificado si ésta es legítima, y no cuando se manifiesta como una simple expresión de la voluntad”, agrega la sentencia que seguramente será recurrida por los abogados de los diputados, con el riesgo de que los exhiban todavía más.

El juez federal se da a la tarea de analizar el acuerdo parlamentario de fecha 12 de octubre de 2018, en el que se ordena que “a través de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social se realice un análisis exhaustivo a la documentación que fue presentada para el otorgamiento del Decreto de Jubilación o pensión; así como también se amplíen las acciones inherentes al procedimiento de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos, realizando visitas de inspección y verificación en las áreas administrativas correspondientes adscritas a los Ayuntamientos, Gobierno del Estado de Morelos o Congreso del Estado, según sea el caso, a efecto de solicitar y cotejar de manera consecutiva todas y cada una de las nóminas de pago que se hayan generado durante el periodo que se pretende acreditar la antigüedad laboral, así como también se soliciten copias certificadas de las documentales que se identifiquen y que coadyuven al proceso de investigación y se proceda también a elaborar y firmar las actas de información testimonial a cargo de los servidores públicos que están validando y certificando la antigüedad indicada en la constancia laboral u hoja de servicios que fue expedida, para que en su caso se deslinden las responsabilidades jurídico-administrativas correspondientes. De igual manera se puedan girar oficios diversos ante las instancias prestadoras de seguridad social, ya sea el IMSS o ISSSTE, así como INFONAVIT, o bien alguna instancia pública o privada que así se considere para corroborar la certeza de la antigüedad establecida en la constancia laboral o de servicio que en su momento presentaron los solicitantes para que les fuera expedido cada Decreto de Jubilación…”.

Sin miramiento alguno, el juzgador señala que “dicho acuerdo parlamentario, en realidad, está otorgando facultades extralegales, que no están previstas en la Constitución del Estado, ni en la ley orgánica y su reglamento, ambos del Congreso en esta Entidad Federativa, pues está permitiendo la investigación de decretos concesorios de pensión ya aprobados e incluso textualmente establece que “se amplían las acciones inherentes al proceso de investigación que establece el artículo 67 de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos.

“Y es el caso, que como lo establece el artículo 1 del Reglamento para el Congreso del Estado, un acuerdo parlamentario no puede reformar o adicionar ese reglamento, ni la Ley Orgánica para el Congreso del Estado”.

Más claro ni el agua.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 03 Julio 2019 05:25

Los amigos de Rodrigo Gayosso

Rodrigo Gayosso Cepeda estudió su secundaria y preparatoria en una de las escuelas de mayor prestigio en Cuernavaca, a mediados de los noventas. Cuentan los de su generación que ya desde entonces soñaba con ser presidente, gobernador o dueño de una gran empresa, y le prometía a sus compañeros de clase que les hablaría para que le ayudaran a administrar su riqueza. Y parece que lo cumplió.

“Si lográramos obtener el anuario de esa generación nos daríamos cuenta que muchos de los que estudiaron con Rodrigo fueron incluidos en el gobierno de Graco Ramírez. Son más o menos de su misma edad (38 años), algunos con apellidos extranjeros y de facciones finas”, me comentó Gerardo Becerra cuando intercambiábamos información sobre las empresas fantasmas del entonces gobernador y llegábamos a la conclusión de que Graco era ratero, pero no tenía un pelo de tonto.

Uno de esos amigos de la escuela se llama Alejandro Alonso Arriola. Nació el 4 de diciembre de 1979 según su Registro Federal de Causantes (RFC).

Su cercanía con Rodrigo Gayosso hizo que lo designaran director de Administración y Finanzas del Sistema DIF desde el primer día de gobierno. Su nombramiento tiene fecha 2 de octubre de 2012.

Como requisito para trabajar en gobierno tuvo que presentar su declaración patrimonial de inicio cargo, en el que puso que no tenía bienes inmuebles, ni vehículos, ni cuentas bancarias. Nada.

Eso es algo normal en un joven de 33 años que en ese momento comenzó a ganar un salario de 28 mil 600 pesos, según declaró en el documento entregado a la Secretaría de la Contraloría.

Sin embargo, el 31 de octubre del 2012, dicho servidor público realizó una modificación en su declaración patrimonial, en donde estableció que tenía como remuneración por el cargo que desempeñaba en ese momento la cantidad de 108 mil 481 pesos, y como otros ingresos anuales sin especificar el origen, la cantidad de un millón 105 mil pesos, haciendo un total de ingresos por la cantidad de un millón 213 mil pesos.

En el apartado de “gastos de manutención” el joven funcionario anotó la cantidad de 849 mil 436. Asimismo, reportó 700 mil pesos de artículos para el hogar y la adquisición de un vehículo marca Jeep, Sahara ATX 2011 en 421 mil pesos.

Ahora bien, en dicha declaración de modificación realizada por el servidor público, reportó que hizo una compra de bienes muebles por la cantidad de 700 mil y que inició “un negocio de compra-venta de muebles por un valor inicial de inversión de un millón de pesos bajo el régimen fiscal de “Repeco”.

El 13 de julio de 2015 Alonso Arriola presentó su declaración de conclusión de cargo ante la Secretaría de la Contraloría Pública, y reportó que no tuvo ningún tipo de adquisición de bienes inmuebles, sino que únicamente continúo con un menaje de casa pero ahora por la cantidad de 780 mil pesos.

Pues bien, una consulta al Registro Público de la Propiedad arroja como resultado que Alejandro Alonso Arriola es propietario de los siguientes inmuebles:

  1. Departamento 201 en el condominio Arbolada Acapantzingo adquirido a Banco Multiva S.A y RDL Urban Property México S. de R.L. de C.V. en calidad de fideicomisario por un monto de 574 mil pesos.
  2. Departamento 202 del Condominio Arbolada Acapantzingo, adquirido en 574 mil 62 pesos.
  3. Lote “D” resultante de la lotificación y constitución del régimen de propiedad en condominios de lotes, ubicado en privada sin nombre esquina con 16 de septiembre en la colonia Acapantzingo. Lo adquirió en un millón y medio y se lo compró a Raúl Ortíz Flores.
  4. Casa número 8 y terreno sobre el que está construida en el conjunto residencial en el municipio de Cuernavaca (no dice el nombre de la colonia, sólo el Código Postal que es el 62290, compra venta por la cantidad de siete millones 700 mil pesos.

Es decir, que apenas en tres años, el joven funcionario adquirió bienes inmuebles por la cantidad de 10 millones 348 mil pesos.

Eso se llama Enriquecimiento Ilícito y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Por eso es que se inició la carpeta de investigación y posteriormente fue judicializada.

En su denuncia de hechos, el director general de análisis estratégicos de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos, Gerardo Becerra Chávez Ita, hace notar que “ésta persona, Alejandro Alonso Arriola, tiene actualmente una amistad muy fuerte con el señor Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, toda vez que con fecha 04 de julio de 2014, realizó un viaje a Las Vegas, en compañía de Andrik Ruiz de Chavez Arista, Kristofer Ruiz de Chávez Arista, Janko Ruiz de Chávez Arista, Alejandro González Murillo, personas que son grandes amigos de Manuel Rodrigo Gayosso Cepeda, sin que tengan manera de justificar ingresos, pero sí las relaciones con el entonces gobernador Graco Luis Ramírez Abreu, en el periodo de administración pública 2012 a 2018, donde se sabe, existen grandes desfalcos económicos.

Alejandro Alonso Arriola ya no se llama así. Ahora se refieren a él simplemente como Alejandro “N” y es considerado inocente hasta que un juez penal determine lo contrario.

La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción emitió un boletín informativo en el que da cuenta de que realizó formulación de imputación contra Alejandro "N" ex funcionario del Sistema DIF Morelos, por el delito de Enriquecimiento ilícito, relacionado con la causa penal JC/618/2019.

“Este día, en la sala 1 de la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, el agente del Ministerio Público realizó la formulación de imputación presentando 15 antecedentes de prueba.

“Además, la Jueza de Control impuso a solicitud del Ministerio Público, la firma periódica mensual del imputado ante la Unidad de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del país.

“Esta Fiscalía refrenda su compromiso de trabajar con imparcialidad y transparencia en la prevención y el combate a la corrupción”, refiere el comunicado.

Y ese, es nada más el principio.

 

HASTA MAÑANA.

Martes, 02 Julio 2019 05:43

Los negocios de Jesús Corona Damián

Parquímetros, luminarias y plaza comercial. Esos son los tres negocios que tiene enfrente el presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián y que, afortunadamente para él, los comenzó desde que era regidor y ahora podrá culminarlos desde la presidencia municipal, con la ayuda de varios regidores que ya se frotan las manos por las ganancias que les van a significar.

Por hoy nos ocuparemos del caso de los parquímetros.

El 18 de noviembre del 2011 se realizó el Cabildo en el que se aprobó el procedimiento para concesionar por 15 años el servicio de parquímetros en el centro histórico de Cuautla, lo que “vendrá a resolver en gran medida un serio y sentido problema para la autoridad municipal y la población en general por el creciente y desmedido número de vehículos automotores en la ciudad de Cuautla como ocurre en el resto de las poblaciones urbanas del país”, se lee en el acta respectiva.

Para ello se creó la Comisión Técnica Especializada en el Servicio de Estacionamiento en la vía pública regulado por parquímetros para llevar a cabo el procedimiento administrativo de Licitación Pública Nacional No. LPN/SERV-03/12 turnando las solicitudes de interesados en obtener la concesión.

Se registraron Iberparking S.A. de C.V. y Protección Urbana S.A. de C.V. como empresas interesadas en quedarse con la concesión, pero extrañamente la segunda ya no se presentó después.

Así, el 22 de agosto de 2012 (a cuatro meses de dejar el cargo) el presidente municipal Luis Felipe Xavier Güemes Ríos y los seis regidores que conformaban el Cabildo, firmaron el acta mediante la cual se otorga la concesión a la empresa Iberparking S.A. de C.V. para la instalación de parquímetros.

En el acta de la sesión extraordinaria de cabildo número 89, quedó asentada la manifestación que hizo el entonces regidor Jesús Corona Damián con respecto a las propuestas:

“El regidor Jesús Corona Damián manifiesta que en su concepto, el dictamen que presenta la comisión técnica especializada en el servicio público a concesionar es un documento realizado a conciencia, cubriendo y revisando todos los aspectos y elementos técnicos, financieros, administrativos y legales por lo que está de acuerdo con el dictamen presentado por la comisión, debiendo cubrir todos los requisitos y condiciones señaladas en el citado dictamen aprovechando la ocasión para felicitar a los integrantes de la Comisión Técnica Especializada en el Servicio del Estacionamiento en la vía Pública regulado por Parquímetros multiespacio, por el trabajo interinstitucional realizado”.

Nadie, ni siquiera él mismo, se imaginaba que sería beneficiario del “tsunami” que se registró en julio del año pasado, que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y al Partido Movimiento de Regeneración Nacional al poder casi absoluto.

Ahora, ya como alcalde, ha declarado que “el juicio se perdió”, y que no le queda otra que dejar que se comience a cobrar por el estacionamiento. Como si a los cuautlenses les hubiera dado amnesia y no recordaran que como regidor estaba totalmente de acuerdo con el proyecto.

El 13 de junio del 2012 la empresa mencionada había presentado la documentación con las propuestas técnica y económica  así como las muestras físicas del equipo propuesto, pero los comerciantes y vecinos de las calles afectadas se manifestaron en contra de lo que consideraron una imposición.

Comenzó entonces una carrera de protestas alternada con recursos legales de inconformidad que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que negó el amparo pretendido por la empresa Iberparking (que luego cambió su nombre por el de Parking Spot) para comenzar a operar los parquímetros.

Los tribunales federales, la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Morelos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el entonces diputado local por el distrito XIV, Raúl Tadeo Nava, consideraron que era inviable el proyecto, al menos en el Centro Histórico de la Heroica Ciudad.

La empresa puso sobre la mesa una segunda propuesta: poner los parquímetros en un área desde la calle Constancio Farfán, en la colonia Emiliano Zapata hasta las colonias Francisco I. Madero y Pablo Torres Burgos, al sur de la ciudad.

Sería la calle Hiedras, en el centro de la ciudad donde iniciaría el proceso de reinstalación para continuar en la colonia Morelos, sin embargo, el alcalde Jesús González Otero (2012-2015) así como cinco regidores se comprometieron a no reubicar los parquímetros en ninguna colonia.

Tras el amparo 480, el Tribunal Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito ordenó que retiraran 27 parquímetros de la colonia Emiliano Zapata que no estaban incluidos en la concesión emitida que es solo para el Centro Histórico de Cuautla.

Luego llegó Raúl Tadeo Nava como presidente municipal bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y durante los tres años se la pasó presentando recursos y más recursos para impedir que se instalaran los parquímetros, no obstante que su esposa, Brenda Anahí Herrera, como integrante del Cabildo al igual que el hoy alcalde Corona Damián, autorizaron la instalación de los estacionómetros.

Un caso patético es el del actual regidor, César Salazar Zamora, quien fundó la organización denominada “Dignidad y Lucha Ciudadana” para impedir la instalación de los artefactos.

Son innumerables los registros periodísticos y digitales que refieren a la lucha que encabezó en contra del Cabildo al que pertenecía Jesús Corona como regidor.

“No entiendo el intelecto de estas personas o si  sólo es por el deseo de ganarse una lana, el presidente y regidores firmaron un pliego petitorio que deben cumplir”,  noviembre del 2014.

“Por negligencia, corrupción, apatía y falta de compromiso, no cumplen con la encomienda que les otorgó la población”, septiembre del 2014

“La comisión en contra de la instalación ilegal de los parquímetros que encabeza Cesar Salazar Zamora coloco en la calle Galeana del centro histórico de Cuautla tres lonas con la que con “No más Abarcas en Morelos” refieren a la corrupción que aseguran hay por el cobro de los parquímetros”, enero del 2015

Salazar Zamora surgió de esta lucha social y fue adoptado por el partido Morena como primer regidor en las elecciones del 2015; sin embargo, fue expulsado al conocerse las denuncias por acoso sexual que a la fecha continúan vigentes, según publicó el portal SPCNOTICIAS.COM

Dulce Valdepeña, editora del medio que ha dado seguimiento al caso de los parquímetros (cuyo inicio de operaciones es inminente) define así al ex luchador social, hoy regidor:

“César Salazar Zamora es hoy en día el más fiel escudero de Jesús Corona Damián: le aconseja, lo guía por los pasadizos secretos del Ayuntamiento, le abre paso y las puertas”.

HASTA MAÑANA.

Cuando los diputados de la actual legislatura declararon a los medios que se estaban tardando en designar al ombudsman porque estaban buscando a la persona idónea, ya sabían que el elegido sería Raúl Israel Hernández Cruz, pero tenían que hacer toda la faramalla que implica este tipo de designaciones. En el caso del titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, todo está dispuesto para que el cargo lo ocupe Miguel Ángel Romano Fuentes, un experto en evasión de impuestos.

Hace unos días los medios de comunicación de Quintana Roo publicaron que el índice delictivo de esa entidad observa un comportamiento a la baja incluso en aquellos delitos considerados de alto impacto como es el homicidio y el secuestro. Esto fue reconocido incluso por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una visita realizada ésta semana a Cancún.

Raúl Israel Hernández Cruz decidió cambiarse la denominación de “ombudsman” (hombre defensor del pueblo) a ombudsperson que es una definición más incluyente. Así se infiere a partir del boletín que envió ayer la institución a través de su oficina de Comunicación Social.

Y es que ayer, mediante la firma del Acta de Entrega-Recepción Global de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, fundamentada en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 11, 18 y 29 de la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios; se entregó a la administración del licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, un total de 6 tomos con 2 mil 421 hojas, en cuyo contenido se da cuenta de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la relación de archivos, trámites, quejas, gestiones y recomendaciones.

“En el uso de la voz, el nuevo Ombudsperson sostuvo que se dará continuidad con las acciones que han funcionado, además de consolidar el pleno ejercicio de las facultades legales del organismo para la  observancia del marco jurídico estatal, con el objetivo de garantizar la salvaguarda de los derechos de las y los morelenses; esto incluye la presentación  de iniciativas de ley en cada periodo de sesiones del Poder Legislativo local”, refiere el comunicado.

“Haiga sido como haiga sido”, Raúl Israel ya es titular de la CEDHMOR, y tendrá que “cumplir y hacer cumplir la Ley” por los próximos tres años so pena de que el pueblo de Morelos se lo demande.

Y el pasado martes ya le llegó su primera queja con la que se habrá de estrenar. Es contra la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de quien depende el sistema penitenciario de la entidad, y la interpuso una mujer a nombre de un interno del Penal de Atlacholoaya.

Omitiremos los nombres de las víctimas pero se trata de la queja iniciada ante el auxiliar jurídico de la CEDH, Ángel Ricardo de Jesús Moyao, por parte de una persona del sexo femenino, misma que refiere que, siendo las ocho de la mañana de ese mismo día, le avisan vía telefónica que durante la madrugada su esposo Antonio N. “lo habían trasladado desnudo desde el dormitorio 13 hasta el denominado dormitorio especial, y que fue golpeado y vejado durante el traslado”.

Dice la denuncia cuya copia obra en poder de este reportero, que quienes realizaban esta acción eran custodios y autoridades del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, donde su esposo lleva ya ocho años de reclusión. Cabe aclarar que la mujer no menciona cuál es la sentencia que purga su esposo y qué delito, pues en estricto sentido legal no tiene mayor importancia.

“Todo esto es a consecuencia de las amenazas que hemos recibido por parte de la señora Miriam Mireles Toledo, directora de establecimientos penitenciarios, ya que con anterioridad mi esposo y yo ya habíamos presentado dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos”. 

A decir de la señora, la funcionaria le mandó decir que si seguía poniendo quejas le podía pasar algo a ella o a su marido, además de que éste último podría ser enviado a otra prisión.

“Días después de las referidas amenazas se estacionó afuera de mi casa una patrulla por unos minutos sin tener razón alguna para estar en dicho lugar, por esa razón al temer por mi integridad y la de mis hijas, no promoví mi recurso de apelación en la anterior queja realizada ante este organismo, cuyo número de folio o expediente no tengo conmigo pero que obra en las oficinas del organismo.

“Es mi deseo que las autoridades penitenciarias garanticen la integridad física y psicológica de mi marido, pues me refiere que está siendo fuertemente golpeado y temo por las afectaciones a corto y largo plazo que pudiera presentar. Incluso temo la muerte de mi marido, y la integridad de mis hijas y la mía pues en dicho penal cuentan con nuestros datos personales”.

Hasta ahí la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la cual hicieron acompañar de fotografías del interno donde se muestran diversas escoriaciones en su piel.

Habrá que ver cuál es el informe que presente la autoridad ante la CEDH. Seguramente (y esto es una inferencia personal), dirá que Antonio utiliza a la CEDH como una forma de chantaje para mantener sus privilegios.

En esta columna no prejuzgamos, sólo damos a conocer las versiones de los protagonistas. Es la Comisión, a través de sus visitadores y el propio presidente, quien emitirá o negará la recomendación a las autoridades correspondientes.

Por cierto, prácticamente pasó inadvertida la información acerca de los nombramientos de nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la CEDH realizados por la actual Legislatura Local.

Los nuevos consejeros de la Comisión (cuyo trabajo es honorífico aunque alguna vez existió un “bono” cada vez que eran convocados a sesión), son las siguientes personas:

Christian Adrián Montero Montero, Lucio Alfonso Rubio Antelis, Briseida Ruiz Flores y Gerardo Vargas Salgado, todos ellos con 20 votos; así como Abimelec Morales Quiroz y Rosario Aída Cázares Campos, quienes fueron favorecidos con 19 votos.

En este sentido, como consejeros suplentes, los legisladores de la LIV Legislatura eligieron a los ciudadanos Martha Claudia Guadalupe Anguiano Ramos y Roberto Andrés Godínez Vega, quienes obtuvieron 15 votos, además de Kenia Lugo Delgado quien obtuvo 14 votos.

Ojalá, ahora que hay una excelente relación entre el Consejo Consultivo de la CEDH y los diputados, les autoricen una partida especial para la adquisición de un inmueble, y que los responsables de defender los derechos humanos de Morelos ya dejen de andar como “judíos” errantes por toda la ciudad.

HASTA MAÑANA.

Miércoles, 26 Junio 2019 05:44

“El regalo de Dios”

Algunos magistrados maloras lo llamaron “el regalo de Dios” porque ellos nunca lo pidieron y llegó así nada más, como caído del cielo. Se trataba del decreto que fue publicado el 24 de febrero del 2017 en el periódico oficial, que concede a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia para Adolescentes, y el Tribunal de Justicia Administrativa, la posibilidad de quedarse en el cargo hasta 20 años, eliminando de un plumazo el proceso de evaluación que se había venido dando en los últimos años, y aumentando de 65 a 70 años la edad máxima para estar en el cargo.

El decreto establecía como único antecedente que, mediante la Sesión Ordinaria de la Asamblea de la LIII Legislatura, que tuvo verificativo el día trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Enrique Javier Laffitte Bretón, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

“En consecuencia de lo anterior, la Diputada Beatriz Vícera Alatriste, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos, dio cuenta de la iniciativa citada al epígrafe, ordenando su turno a esta Comisión Dictaminadora, por lo que mediante oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO2/P.O.1/1213/16, de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, fue remitida a esta Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, para su análisis y dictamen correspondiente”.

En su iniciativa, el economista y ex director del Fideicomiso del Balneario Agua Hedionda de Cuautla, afirma que “I.- Ha sido menester de esta legislatura, analizar la legislación vigente y en su caso plantear la reforma pertinente, con la finalidad de dar cabida a mejores formas de ejercer la gobernanza a través de la implementación de correctas políticas públicas. Bajo esta premisa es que nos hemos conducido en un horizonte de estudio legislativo tendiente a lograr un eficaz marco jurídico que no se contraponga, sino que armonice con las disposiciones constitucionales, por tal motivo, la iniciativa que se presenta, tiene como finalidad, orientar y dar certidumbre a un tema que ha sido motivo de controversia, referente a la evaluación de magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.

“II.- Resulta ampliamente conocido que en el año dos mil ocho, se dieron los primeros esbozos de una reforma del Poder Judicial y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó dicha reforma y concluyó que en su mayoría las disposiciones eran válidas. Sin embargo a varios años de distancia, de la vigencia de dicha norma, es necesario hacer el ejercicio reflexivo para dar cabida a nuevos espacios de interlocución social y atender el reclamo de los justiciables que gira en torno a que el artículo 17 de nuestra constitución federal, cobre vigencia de forma permanente”.

Así, con este tipo de “rollos mareadores”, el diputado perredista sustentaba la necesidad de cambiar la Constitución para que los magistrados pudieran durar en el cargo hasta 20 años, cinco más que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Y de la misma manera, dos años después subió a la tribuna un diputado casi desconocido que propuso echar abajo esa disposición y 15 de sus compañeros apoyaron su propuesta.

Pero todavía más sorpresiva fue la reacción de la presidenta de la Junta Política, Tania Valentina Rodríguez, quien exhibió el divisionismo que prevalece al interior del Congreso, y que hasta su compañero le lleva las contras.

“En el caso que nos ocupa, el señor diputado Galindo ha propuesto algo que podría ser interesante y que en algún momento podríamos transitar, pero se ha violado una norma clara y contundente que requiere de la elaboración previa de un dictamen. Dicho en términos políticos, se ha pretendido dar un albazo en esta sesión”, apuntó una molesta diputada Tania Valentina.

Y es que pareciera que el punto de acuerdo tenía como único objetivo un ataque mediático, pues jurídicamente (como lo han reconocido varios diputados y abogados) no tiene ningún efecto.

Ayer por la tarde el Tribunal Superior de Justicia fijó su postura a través de un comunicado en el que dejó en claro los alcances de la acción realizada por los legisladores:

“Los puntos de acuerdo son propuestas que los legisladores ponen a consideración del Pleno que no constituyen iniciativas de Ley, son pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo en particular, para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación”, dice el comunicado.

“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la Lógica Jurídica”, agrega.

Y advierte que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la Autonomía e Independencia de este máximo órgano de justicia”.

 ¿Quién le pidió al diputado Galindo que presentara esa propuesta? ¿Por qué 15 de los diputados estuvieron de acuerdo con él? ¿Quién ordenó el “albazo”? ¿Es ésta una venganza en contra de los magistrados que pretendieron someter a juicio político al entonces presidente municipal? ¿Sabían los diputados que su acción no generaría nada más allá de noticias de ocho columnas? ¿Por qué tanta molestia y férrea defensa de Tania Valentina? ¿Ya se hizo amiga de Carmen Cuevas? Fueron algunas de las preguntas que surgieron a raíz de lo ocurrido en la sesión del Pleno del pasado lunes.

Por cierto, no hay que olvidar que existe una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de aquel decreto (“el regalo de Dios”) que promovió el polémico presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Jorge Arturo Olivares Brito.

Lo malo es que la SCJN tiene fama de resolver los asuntos tan lentos, que si el asunto en cuestión versa sobre un recién nacido, la resolución llega cuando el niño está haciendo su primera comunión.

HASTA MAÑANA.

El pasado viernes quedó cerrado el proceso de registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la Entidad Superior de Fiscalización. Se inscribieron 29 personas que creen tener las cualidades para dirigir tan importante institución que en teoría debería liderar el combate a la corrupción, pero que en la práctica sólo ha servido para negociaciones y venganzas políticas.

La lista de candidatos es la siguiente:

José Luis Heredia Guzmán, Francisco Alva Meraz, María del Carmen Quintanilla Miranda, Priscila Hernández Cruz,  Uriel González Sotelo, Guillermo Benítez Hernández, Erika Amezcua García, Jesús Urióstegui Beltrán, Rosendo Franco López, Carlos Flores Zarza, Carlos Alberto Santiago Pimentel, José Rafael Cuevas Pinzón, José Luis Carbajal Zagal, Miguel Ángel Romano Fuentes, José Luis Flores Servín, Víctor Hugo Vargas Ángeles, Miguel Ángel Salgado Ulloa, Víctor Hugo Barranco Dirzo, Hugo Santana Craztitlan, Alfonso Martínez García, Paola Garfias Portugal, José Manuel Badillo Jiménez, Elizabeth García Osorio, Isabel Arellano Vargas, Edgar Ibarra Martínez, Miguel Ángel Flores Mendoza, Adair Rosas Rueda, Blanca Estela Aldana Alejandre y Benjamín Salvador Romero Rogel.

Podría decirse que para la designación del titular de la ESAF se requiere preparación académica, experiencia, respaldo social, buena relación con las organizaciones de contadores, pero después de lo que ocurrió con la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos ya nos dimos cuenta que lo único que pedirán los diputados es obediencia ciega y –como ya es tradición– plazas para su gente.

A quien dude de esto último lo invitamos a analizar la nómina de lo que fue la Auditoría Superior y actualmente la Entidad Superior, para que vean cuántos incondicionales de diputados de hace varias legislaturas ahí están o estuvieron enquistados como un pago a cambio del voto.

En 2003 nació a la vida jurídica como Auditoría Superior Gubernamental y por mandato de la reforma constitucional al artículo 116 fracción II, de la  Constitución Federal, fue sustituida por la Auditoría Superior de Fiscalización en julio de 2008.

Fue presidida por el Auditor Superior de Fiscalización Gerardo Casamata Gómez, mismo que fue designado mediante el decreto 936 por un periodo de siete años, comprendido del 13 de octubre de 2008 al 12 de octubre de 2015, sin embargo tuvo que ser destituido del cargo, por habérsele encontrado inhabilitado para ejercerlo, al no cumplir con el apartado B, del artículo 84, con relación a la fracción VI del artículo 90, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

En forma paralela, el Tribunal de Juicios Orales integrado por Berta Vergara Álvarez, Elvia Terán Peña y Martín Domínguez Casarrubias, determinó que el ex auditor era responsable del delito de ejercicio indebido de la función pública, por lo que el 28 de enero de 2015 el ex funcionario fue condenado a tres años de prisión, pero nunca pisó la cárcel porque le fue concedido el beneficio de la libertad bajo fianza.

Con fecha 12 de junio de 2012 fue designado como Auditor Superior el Lic. Luis Manuel González Velázquez para concluir el periodo de siete años del C.P. Gerardo Casamata Gómez. Sin embargo con fecha 11 de diciembre de 2014, el Pleno del Congreso que controlaba en ese momento Graco Ramírez, desapareció “de un plumazo” la institución para evitar que se continuara la investigación sobre el uso de un préstamo de 2500 millones de pesos.

Vicente Loredo Méndez, personaje ligado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), cumplió al pie de la letra lo que le ordenó la diputada local Lucía Meza Guzmán, autora de la iniciativa de reformas que dio vida a la Entidad Superior de Fiscalización: no dejar rastros de la investigación en contra de Graco, y no actuar en contra de ningún presidente municipal salvo aquellos donde hubiera disposición expresa, como fue el caso de Miguel Ángel Colín y Jesús González Otero, ex alcaldes de Temixco y Cuautla, respectivamente.

En aquella ocasión, la Entidad Superior de Fiscalización fue publicitada como “una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, que permita la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos”.

“Nadie ocupará un cargo en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que no tenga el perfil adecuado, la capacidad para desempeñar su empleo y que sus actuaciones no se apeguen al estricto marco de la legalidad”, declaró Lucía Guzmán.

Según la iniciativa, se creó un Consejo de Dirección y un Consejo de Vigilancia, el primero de ellos como un órgano de consulta y deliberación de las estrategias institucionales al servicio de la Entidad Superior, el cual será presidido por el Auditor General e integrado por los Auditores Especiales y Directores Generales, y el segundo como un órgano dependiente de este Congreso, responsable de la vigilancia y el control de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.

Al final, Vicente Loredo se dedicó a “nadar de a muertito”, y cuando llegaron los nuevos diputados a preguntarle qué es lo que había hecho en estos tres años, dijo que no podía dar información porque estaría violando la Ley de Protección de Datos Personales.  Pero no hacía falta ser experto para darse cuenta de que protegió a diputados que terminaron su periodo en 2015, pues casualmente ninguno de ellos tuvo observaciones graves en sus cuentas públicas. A cambio de ello, recibió partidas extraordinarias de las que nadie sabe su destino.

Vicente Loredo presentó su renuncia en diciembre del año pasado y en su lugar quedó su discípulo, Uriel González Sotelo, quien se inscribió como aspirante para tratar de ocupar el cargo en forma definitiva.

Con estos antecedentes comprenderá usted, estimado lector, la responsabilidad que recaerá sobre el nuevo auditor, el que se supone no debe tener nexos con ningún partido para que las investigaciones no vayan con sesgo político.

Y algo muy importante: todos queremos saber dónde quedaron los casi 500 millones de pesos que recibieron los integrantes de la anterior legislatura tan sólo en el 2018.

HASTA MAÑANA.

 

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