La semana que concluyó fue particularmente terrorífica para los morelenses y quisiéramos que nunca más se repita. Una serie de acontecimientos que no guardan relación entre sí, pero que ocurrieron con tanta cercanía que bien podríamos decir, como lo interpretaban las abuelitas, que “el diablo andaba suelto”.

Maximiliano Hernández “El Max” creció sin una figura paterna, ya que su padre fue ultimado violentamente hace 20 años en Alta Vista. No terminó la preparatoria, fuma mariguana desde adolescente y últimamente laboraba como elemento de seguridad privada.

Los reporteros y camarógrafos nunca pensaron que corrían más peligro entrevistando funcionarios a un lado del Palacio de Gobierno que cubriendo nota roja en las zonas más inhóspitas del territorio morelense. La muerte se paseó por el zócalo a plena luz del día y estuvo a punto de provocar la primera baja en nuestro estado dentro de las filas de la prensa.

Fueron las dos mujeres en las que Graco Ramírez depositó su confianza y les encargó proyectos determinantes para que él pudiera llegar al poder y le cumplieron: Lo hicieron gobernador.

A mediados del 2017 alguien le sugirió al entonces comisionado de Seguridad Pública del estado de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, que buscará mejorar su relación con los periodistas morelenses, pues había una abierta confrontación al grado de que el jefe policiaco había acusado a algunos comunicadores de trabajar para la delincuencia organizada.

La figura del Fideicomiso es una de las más difíciles de entender. Es el negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante transfiere a título de confianza, a otra persona denominada -fiduciario-, uno o más bienes (que pasan a formar el patrimonio fideicomitido) para que al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, éste transmita la finalidad o el resultado establecido por el primero, a su favor o a favor de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.

Después de ocho meses de inexplicable espera, ayer tomaron protesta los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Morelos, en un evento que tuvo como escenario el Salón de Comisiones del Congreso Local. Sin embargo, parece que muy pocos entienden la relevancia de estos nombramientos y la responsabilidad que van a tener.

El Comité quedó conformado por Roberto Coránguez Esquivel, Eva Penélope Picazo Hernández, Edgar López Betanzos, María Juana Damiana Herrera Mota y Alejandro Enríquez Hermida.

Este nuevo órgano tiene varias características que ayer resaltaron los diferentes protagonistas que participaron en la ceremonia.

Las designaciones fueron escalonadas para evitar que los relevos sean en bloque y al mismo tiempo para evitar componendas al interior del órgano. Así, Roberto Coránguez sólo estará en el cargo un año, lapso en que será presidente del Comité sin posibilidad de reelección.  Penélope Picazo estará dos años; Edgar López, tres; Maria Damiana Herrera, cuatro; y Alejandro Enríquez estará cinco años.

El otro aspecto interesante es que ellos no fueron electos por los diputados. En el periódico oficial Tierra y Libertad de fecha 27 de abril de 2017, la LIII Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, convocó para elegir a nueve ciudadanos, de preferencia morelenses, para integrar la Comisión de Selección encargada de designar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, dejando sin efecto la designación del Comité de Participación Ciudadana de fecha 2 de septiembre de 2015, por haberse llevado a cabo sin sustento jurídico (varios miembros se fueron al amparo y lo perdieron).

De esa manera se garantizó que fueran ciudadanos los que eligieran a otros ciudadanos para encargarse del sistema estatal anticorrupción.

Y ayer lo dijeron muy claro tanto la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, como la integrante del Comité de Selección, Valentina Jiménez Franco: ellos no le deben el cargo a nadie.

“Señoras y Señores del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, les digo que hay un simbolismo en la toma de protesta, porque Ustedes no se deben al Gobernador, porque su cargo no se lo consiguieron unos Diputados, ni siquiera los poderes fácticos. Su mandato se los ha entregado el pueblo, a ellos, a la sociedad son ante quienes pueden doblar la rodilla”, dijo en su discurso Tania Valentina.

Resaltó que por primera vez en sus 150 años de historia de nuestra entidad, un ciudadano va a coordinar todo el Sistema Estatal Anticorrupción. Bajo su coordinación estará el Fiscal Anticorrupción, el Contralor del Estado y el contralor de los municipios; el presidente del IMIPE; el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, entre otros.

Y desde la tribuna, la máxima autoridad del Congreso hizo un llamado al secretario de Hacienda “para que sin dilación ni pretextos, le dote al Comité de Participación Ciudadana, de una partida presupuestal suficiente y creciente, para que cuenten con oficinas, vehículos, muebles y equipos de cómputo y comunicación, así como de personal calificado para desempeñar todas las atribuciones que la Ley les confiere”.

“Y que nadie se haga bolas, en la aprobación del Presupuesto 2019, en tres artículos del decreto, le dotamos al Poder Ejecutivo, de las atribuciones para aumentar, disminuir y transferir partidas presupuestales, de modo que no tiene que venir al congreso por autorización alguna, simplemente ya la tienen, les pido la ejerzan”, acotó la diputada Tania Valentina.

Presente como invitado especial, el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Octavio López Presa, recordó que el 27 de mayo de 2015, ante la urgente necesidad de prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, fue reformado el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le da nacimiento Constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción, como entidad coordinadora de las autoridades de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos, contando además con el elemento ciudadano en la creación del Comité de Participación Ciudadana (CPC), como eje rector del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.

De acuerdo con la parte final del artículo 113 Constitucional, establece que las entidades federativas conformarán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción  publicada en julio de 2016, es de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como para todas aquellas figuras en donde se apliquen recursos públicos.

Con esto queda completo el Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, viene lo más difícil: encontrar a los corruptos.

Y es que ocurre lo mismo que con la delincuencia: los delincuentes no andan con un gafete que diga “soy delincuente” y dispuestos a confesar todas sus fechorías. Al contrario, se mezclan entre las personas de bien y para comprobarles sus delitos las instituciones tienen que hacer uso de todos sus recursos humanos y materiales para comprobar el ilícito.

Los persecutores de la corrupción se enfrentarán a que el corrupto hará todo lo posible por parecer un servidor público ejemplar. Los “moches” no se reflejan en transferencias bancarias ni se pagan en cheque ni tampoco se dan recibos.

El corrupto es cuidadoso de que no lo descubran. De ahí que todo el sistema anticorrupción debe trabajar coordinada y armónicamente para no ser un “elefante blanco” más de los muchos que ya hay en el gobierno.

HASTA MAÑANA.

Aunque casi nunca sonreía, ese día el gobernador Marco Adame Castillo llegó con una sonrisa franca a la explanada del Palacio de Justicia, frente la estatua de la diosa Themis, donde ya lo esperaban los también sonrientes magistrados Miguel Ángel Falcón Vega (presidente), Andrés Hipólito Prieto y Carmen Cuevas López.

No se sabe si por incapacidad o complicidad (esto último porque saben que en tres años ellos  pueden estar en las mismas circunstancias), pero las denuncias presentadas por la LIV Legislatura en contra de sus antecesores causan hilaridad porque no son más de 10 cuartillas en las que los actuales diputados suponen que hubo delitos y quieren que la Fiscalía Anticorrupción continúe las investigaciones, localice a los ex diputados y los meta a la cárcel.

El pasado 24 de abril, Maricela Vallejo Orea, de 27 años, fue asesinada junto con su esposo, Efrén Zopiyactle, y un trabajador del palacio municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz.  Los tres viajaban en una camioneta en la sierra de Zongolica, cuando el vehículo fue tiroteado.