Publicado en Estrategias Miércoles, 20 Marzo 2019 05:26

Sistema penitenciario, “el talón de Aquiles”

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Desde el pasado mes de septiembre de 2018, un grupo de 13 personas internas del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, confinados en el Dormitorio 13, sufren la falta de agua y padecen de enfermedades relacionas con la escasez del vital líquido.

Así lo refiere una queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, en la que aseguran que para poder tener agua, los internos deben pagar 5 pesos por cada cubeta de 20 litros, que les venden las propias autoridades penitenciarias.

“No tienen agua para el sanitario o para bañarse porque supuestamente se descompuso la bomba”, refirió en entrevista el familiar de una de las personas privadas de su libertad, quien pidió la reserva de su nombre para evitar represalias.

Existe el antecedente de al menos dos personas enfermas por infecciones, debido a las condiciones insalubres que prevalecen en el penal, porque no tienen lavaderos, ni se permite el ingreso de desinfectantes en los días de visitas.

Ante esta situación, existe el riesgo latente de una epidemia como la registrada en mayo de 2009, cuando más de 100 personas internas presentaron vómito y diarrea por consumir agua y alimentos contaminados.

Aunque el titular es Jorge Israel Ponce de León Bórquez, el sistema penitenciario en Morelos se encuentra en manos de tres mujeres:

Miriam Mireles Toledo, directora general de Centros Penitenciarios, quien tiene como cargos ocupados anteriormente el de chofer, subdirectora de Asuntos Internos y agente de investigación.

Araceli Munguía Toledo, directora general de Administración del Sistema Penitenciario, a quien medios de comunicación de Veracruz mencionan como involucrada en un caso de corrupción por su cercanía con Arturo Bermúdez Zurita en Veracruz.

Ruth Patricia Ramírez Plata, directora general de Reinserción Social, involucrada en el robo de evidencias como directora de Bienes Asegurados y protegida por Javier Pérez Durón, fiscal general de Morelos. Fue en su gestión cuando “desaparecieron” 100 mil pesos, que luego resultó que sólo eran 40 mil, pero no hay nadie sancionado por ello.

Todas ellas protegidas por la hermana de ésta última, Priscila Ramírez Plata, quien funge actualmente como coordinadora de Vinculación de Enlace y brazo derecho del comisionado de seguridad, el vicealmirante Antonio Ortiz Guarneros, y quien destruyó en un choque por manejar en estado de ebriedad una lujosa camioneta propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública, dependencia en la que trabajaba como secretaria particular del titular de la misma Arturo Bermúdez Zurita. Ellas son hijas de Jorge Ramírez Tubilla, quien es primo de Karime Macías Tubilla, la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Todo lo anterior no es ningún secreto, es ampliamente conocido en aquella entidad.

Una cuarta mujer, la licenciada Lorena Moreno, amiga íntima de Ruth Patricia, actualmente subdirectora jurídica en el Centro Especializado de Medidas Privativas de la Libertad (CEMPLA) e informante de todo lo que pasa en dicho centro.

Pocos se enteraron de la remoción del cargo de Jesús Fermín Meneses Reyeros, como encargado del CEMPLA, luego de que permitió que un custodio fuera golpeado por cinco adolescentes.

Su lugar está siendo ocupado por Juan José Larios Vázquez, quien según la hemerografía fue acusado en el estado de Jalisco por corrupción al proteger al comercio ambulante en el año 2013, desempeñándose posteriormente como director jurídico del sistema penitenciario en dicha entidad.

Ellos son los encargados de mantener el orden en los centros penitenciarios de Morelos, sin olvidar que Jorge Israel Ponce de León todavía no cobraba su primera quincena, cuando ya lo estaban denunciando por abuso de autoridad en agravio de un automovilista que tuvo la mala suerte de atravesarse en su camino y lo rebasó por la derecha.

Ponce de León Bórquez tuvo en 2016 el mismo cargo que hoy ostenta, pero en la administración del ex priista Javier Duarte de Ochoa en Veracruz.

Asimismo, el hoy funcionario morelense fue en 2014 el director de Tránsito estatal en Veracruz.

El designar a personas no morelenses en funciones de seguridad pública y reinserción social tiene sus pros y contras. La ventaja es que llegan sin compromisos con los internos y el personal de Seguridad y Custodia, donde radica todo el problema de la corrupción.

Pero esa también es una desventaja, pues al no tener arraigo suelen incurrir en mayores abusos y deshonestidades, a sabiendas de que terminando el cargo se van a regresar a sus lugares de origen.

HASTA MAÑANA.

 

Modificado por última vez en Martes, 26 Marzo 2019 09:02
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