El 10 de abril de 1996 el presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León visitó el estado de Morelos para encabezar la ceremonia por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, en la Hacienda de Chinameca, municipio de Ayala.
El gobernador era Jorge Carrillo Olea, quien integró su gabinete de seguridad con un grupo de capitanes del Ejército a quienes conocía desde el Estado Mayor Presidencial en tiempos de Echeverría. José Abraján Mejía, Cuauhtémoc Torga Rivera y Juan Manuel Ariño Sánchez, en ese orden, dirigían la Secretaría de Seguridad Pública.
“No quiero que ningún grupo llegue a importunar al presidente”, fue la orden del general Carrillo Olea. Y sus subordinados sabían que sus órdenes se acataban.
Ese día por la mañana, un contingente del Comité de la Unidad Tepozteca (CUT) que encabezaba Lázaro Rodríguez Castañeda, salió de Tepoztlán, rumbo a Cuautla, para dirigirse a Anenecuilco, donde dejaron una ofrenda a Emiliano Zapata; de ese lugar se trasladarían al municipio de Ayala a dejar también una ofrenda floral en el cuartel general de Chinameca.
Sin embargo, a la altura del poblado de San Rafael Zaragoza, municipio de Tlaltizapán, se encontraron con varios vehículos de caña que se encontraban bloqueando el camino y un retén de granaderos formando una valla; por tal motivo, bajaron de los vehículos en que circulaban e intentaron cruzar dicha valla, por lo cual los elementos policíacos los agredieron con sus escudos y macanas, respondiendo los declarantes a esa agresión arrojándoles piedras a los policías, logrando con ello que se replegaran y los vehículos avanzaran.
“En ese momento los elementos de seguridad pública comenzaron a dispararles con armas de fuego; por ello, tuvieron que correr a esconderse atrás de los vehículos, percatándose de que en esos momentos caía desplomado el señor Marcos Olmedo Gutiérrez”, narraron los testigos.
Declararon que las personas que se encontraban arriba de los "microbuses" y camiones fueron bajadas de manera violenta y con palabras altisonantes; que fueron llevadas a las camionetas, de color blanco, de la Policía, las cuales se encontraban en el otro extremo de la nueva valla que habían formado los granaderos; que a los detenidos se les tuvo bajo el sol por muchas horas, sin agua ni comida, para luego trasladarlos a la ciudad de Cuernavaca a fin de que rindieran su declaración ante el Ministerio Público.
Un boletín de la Coordinación de Comunicación Social informó escuetamente de un enfrentamiento entre policías preventivos y un contingente de personas provenientes de Tepoztlán, con un saldo de una veintena de heridos de ambos lados.
Ya por la tarde trascendió que a un lado del módulo de Justicia del municipio de Jojutla habían encontrado un cadáver. Era Marcos Olmedo, golpeado y rematado con un balazo en la cabeza.
Como ocurre siempre en este tipo de casos, la versión oficial era que los policías sólo llevaban toletes, no armas de fuego, pero a medida que pasaron los días y medios de comunicación nacionales así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos se interesaron en el tema, la verdad fue saliendo a flote.
El 7 de mayo de 1996, Oscar Campos Flores manifestó ante el MP que el 10 de abril tripulaba el vehículo de la marca Dodge, propiedad de la compañía Ometochtli, S.C.L., y que aproximadamente a las 13:30 horas de ese día se percató de que en el lugar de los hechos los policías preventivos abrían el "retén" y los pobladores de Tepoztlán agredían a los uniformados lanzándoles piedras, cuando se escucharon varios disparos y los civiles corrieron con rumbo al vehículo del declarante; que observó 50 en esos momentos que sobre el acotamiento estaba una persona que vestía camisa a cuadros, la cual portaba en la mano derecha un arma de fuego tipo escuadra, de color negro, quien dirigía la contraofensiva y al momento de declarar se enteró que éste sujeto responde al nombre de Juan Manuel Ariño Sánchez, el cual al principio de la contraofensiva "detonó su arma en varias ocasiones contra el 'personal civil'" (sic), pero no se percató de que hubiera hecho blanco en alguno de ellos. Agregó que se notó que del lado de la barranca, a un lado de la arena amontonada en la carpeta asfáltica y sobre el acotamiento de terracería, "se encontraba tirado de bruces, semiflexionado, el cuerpo del señor Marcos Olmedo Gutiérrez", el cual desde que lo observó en esa posición nunca se movió, pero le apreció sangre en abundancia de su lado izquierdo y observó que un elemento uniformado de playera negra y pantalón azul lo golpeaba con su tolete en la espalda, pero a pesar de ello el cuerpo del señor Marcos Olmedo no se movió, desconociendo si habían levantado su cuerpo de ese lugar; aclaró que como a 12 metros del cuerpo se encontraba el capitán Ariño, "el cual todavía portaba el arma en su mano derecha".
Gerardo Olivera Melo, delegado de Servicios Periciales en Jojutla manifestó que pudo observar que bajo una patrulla de color blanco, de la cual obtuvo una fotografía, había diversas manchas, al parecer hemáticas, y bajo esta unidad, además, unos pequeños hisopos que presumían una "manipulación de atención médica" y sobre el camino de tipo asfáltico observó que se encontraban diversas manchas hemáticas con muestra de que habían sido barridas, es decir, "que habían sido alteradas por el paso de una escoba".
Lo anterior forma parte del legajo de 150 páginas de la recomendación 039/1996 de la CNDH en la que también tomaron en cuenta “la entrevista que sostuvieron visitadores adjuntos de la Comisión Nacional, el 10 de mayo de 1996, con el señor Oscar Davis, jefe de Redacción; con el señor Gerardo Cortés López, reportero, así como con otros representantes del diario Unión de Morelos, en la que expusieron ampliamente los avances de su investigación sobre el caso, así como sobre las hipótesis acerca de lo ocurrido el 10 de abril de 1996”.
Esa investigación concluía que el operativo policiaco tuvo como única finalidad impedir el paso del contingente para que no llegara hasta el presidente de la República, y que la escena del crimen fue manipulada por la Policía Preventiva, corporación que se encargó de deshacerse del cadáver de Marcos Olmedo.
El capitán Ariño y el comandante Octavio Rodríguez Jiménez fueron detenidos pero estuvieron muy poco tiempo en la cárcel.
Como suele ocurrir, el Estado (incluyendo el Poder Judicial) operó para que sus policías salieran rápido, pues finalmente sólo estaban cumpliendo órdenes superiores.
