No nos sorprende la noticia. Entre otros méritos, Jesús Alberto Capella Ibarra es considerado un verdadero “mago de las estadísticas”, y además un excelente publirrelacionista.
Nos tocó vivir de cerca la llegada y permanencia de éste personaje en Morelos, recomendado por el empresario Armando Haddad y contratado por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.
Graco conoció a Capella en una comida que organizó Haddad. Bastó una plática de 15 minutos para que el mandatario estatal quedara convencido de que el rubicundo abogado sabía mucho de seguridad.
A los pocos meses corrió a su primera secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, y la sustituyó por el comisionado Alberto Capella Ibarra, quien desde el principio rivalizó con el entonces procurador y después fiscal general, Rodrigo Dorantes. En esa competencia salió perdiendo Rodrigo Dorantes, quien fue sustituido por el sobrino del gobernador, Javier Pérez Durón, en calidad de encargado de despacho.
A partir de que el Mando Único de Alberto Capella Ibarra tomó prácticamente “por asalto” las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (tras la renuncia de su titular Rodrigo Dorantes), una de las primeras áreas aseguradas fue la Dirección de Información Criminógena y Sistemas, donde se concentra la información sobre el número de denuncias que se reciben diariamente en las agencias del Ministerio Público de toda la entidad.
En la Dirección General de Información Criminógena de la Fiscalía fue designada como encargada de despacho Irma Teresita Lizama Guajardo, quien aparecía todavía en el directorio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública como integrante de la Dirección de Análisis de Información sobre Seguridad Pública.
Ella se encargaba de recabar la información de las agencias del Ministerio Público, procesarla y emitir las estadísticas correspondientes, pero en lugar de entregárselas a su jefe jerárquico que era el encargado de despacho Javier Pérez Durón, primero pasaban por la oficina del comisionado de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, incluso antes de pasar el reporte a la Comisión Nacional de Seguridad Pública.
Lo mismo ocurrió con las solicitudes de información pública, ya que Irma Lizama Guajardo era, al mismo tiempo, la titular de la Unidad de Información Pública (UDIP) de la Fiscalía General, pero no podía entregar ninguna información sin la autorización de su verdadero jefe, Alberto Capella (quien meses más tarde logró incrustar a otro de sus incondicionales, Miguel Ángel Marín, como director de la Policía de Investigación Criminal).
El comisionado Capella estaba muy interesado en cambiar a la que era titular de esa área, Yuridia Saraí Tun Mora, ya que fue ella quien se negó a cambiar los datos para que la incidencia delictiva diera la apariencia de ir a la baja.
De hecho, existe una tarjeta informativa firmada por el que fuera coordinador de la Policía de Investigación Criminal, Martín Rizo Muñoz, en la que refiere que el comisionado Capella externó su deseo de que la funcionaria fuera sustituida y que “se ajustaran” las cifras de la Fiscalía para que coincidieran con las de la CESP.
De acuerdo a ese documento, cuya copia obra en poder de este medio de comunicación, el 10 de julio de 2015 se llevó a cabo una reunión del llamado Grupo de Coordinación Morelos en las instalaciones del C5.
“… una vez que le tocó el turno al C. Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, presentó una serie de gráficas haciendo alusión a la situación en materia de seguridad en el Estado, concluyendo su intervención con el comentario siguiente: “… Que gracias a una funcionaria de tercera de la Fiscalía General del Estado, y que por su mala apreciación respecto a la comisión de los delitos que se registran en el Estado, se habían elevado las cifras; existiendo una diferencia considerable con las estadísticas registradas en la Comisión Estatal, manifestado (sic) que con la actitud de la referida funcionaria se corría el riesgo de poner en entredicho el proyecto de Seguridad del Mando Único en el Estado, así como de la participación y desempeño de las diversas instituciones federales y locales involucradas en la seguridad del Estado, y que era necesario que dicha Fiscalía ajustara las cifras reportadas para evitar tal situación”.
Pero esa no fue la primera vez que Capella expresó su intención de cambiar las cifras de la incidencia delictiva.
“Disminuye en Morelos la incidencia delictiva”, tituló la Secretaría de Información y Comunicación Social del Gobierno estatal un boletín enviado a los medios el 2 de junio de 2015, derivado de una reunión en la oficina del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, a la que asistieron el fiscal Rodrigo Dorantes y el comisionado Alberto Capella, cada uno acompañado por la persona responsable del manejo de estadísticas en su respectiva dependencia. También estuvo presente el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (conocido como “El Cisensito”), Rafael Gómez Olivares.
Pero el boletín y las fotografías que se difundieron de la “amigable reunión” estaban muy lejos de reflejar lo que realmente sucedió. Testigos del encuentro lo definen como “un agarrón” entre las dos instituciones en el que sus respectivos titulares salieron visiblemente molestos.
La causa del altercado fue que Alberto Capella no aceptaba las cifras que la Fiscalía General estaba presentando como incidencia delictiva, pues estas diferían notablemente de las que ellos tenían, por lo que exigía que se tomaran como oficiales las suyas y no las de la Fiscalía.
“Pues estas son las cifras reales que surgen de las carpetas de investigación iniciadas en las agencias del Ministerio Público”, sostuvo la responsable de la Dirección de Información Criminógena.
El tijuanense montó en cólera. “Quién se cree que es usted para poner en riesgo toda una estrategia de seguridad”, le espetó a la servidora pública.
-Esos son los datos reales y no los vamos a cambiar- intervino Rodrigo Dorantes.
- Eso lo veremos- retó Capella, levantándose de la mesa.
Rodrigo Dorantes fue obligado a renunciar en agosto del 2015 en tanto que Yuridia Tun fue reubicada como oficinista en el municipio de Jojutla.
Y sí, aquel 3 de junio de 2015 los periódicos contratados por el gobierno de Graco Ramírez publicaron a ocho columnas: “Disminuye en Morelos la incidencia delictiva”.
HASTA MAÑANA.
