Raúl Israel Hernández Cruz decidió cambiarse la denominación de “ombudsman” (hombre defensor del pueblo) a ombudsperson que es una definición más incluyente. Así se infiere a partir del boletín que envió ayer la institución a través de su oficina de Comunicación Social.
Y es que ayer, mediante la firma del Acta de Entrega-Recepción Global de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, fundamentada en los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 11, 18 y 29 de la Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios; se entregó a la administración del licenciado Raúl Israel Hernández Cruz, un total de 6 tomos con 2 mil 421 hojas, en cuyo contenido se da cuenta de los recursos humanos, materiales y financieros, así como la relación de archivos, trámites, quejas, gestiones y recomendaciones.
“En el uso de la voz, el nuevo Ombudsperson sostuvo que se dará continuidad con las acciones que han funcionado, además de consolidar el pleno ejercicio de las facultades legales del organismo para la observancia del marco jurídico estatal, con el objetivo de garantizar la salvaguarda de los derechos de las y los morelenses; esto incluye la presentación de iniciativas de ley en cada periodo de sesiones del Poder Legislativo local”, refiere el comunicado.
“Haiga sido como haiga sido”, Raúl Israel ya es titular de la CEDHMOR, y tendrá que “cumplir y hacer cumplir la Ley” por los próximos tres años so pena de que el pueblo de Morelos se lo demande.
Y el pasado martes ya le llegó su primera queja con la que se habrá de estrenar. Es contra la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de quien depende el sistema penitenciario de la entidad, y la interpuso una mujer a nombre de un interno del Penal de Atlacholoaya.
Omitiremos los nombres de las víctimas pero se trata de la queja iniciada ante el auxiliar jurídico de la CEDH, Ángel Ricardo de Jesús Moyao, por parte de una persona del sexo femenino, misma que refiere que, siendo las ocho de la mañana de ese mismo día, le avisan vía telefónica que durante la madrugada su esposo Antonio N. “lo habían trasladado desnudo desde el dormitorio 13 hasta el denominado dormitorio especial, y que fue golpeado y vejado durante el traslado”.
Dice la denuncia cuya copia obra en poder de este reportero, que quienes realizaban esta acción eran custodios y autoridades del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, donde su esposo lleva ya ocho años de reclusión. Cabe aclarar que la mujer no menciona cuál es la sentencia que purga su esposo y qué delito, pues en estricto sentido legal no tiene mayor importancia.
“Todo esto es a consecuencia de las amenazas que hemos recibido por parte de la señora Miriam Mireles Toledo, directora de establecimientos penitenciarios, ya que con anterioridad mi esposo y yo ya habíamos presentado dos quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos”.
A decir de la señora, la funcionaria le mandó decir que si seguía poniendo quejas le podía pasar algo a ella o a su marido, además de que éste último podría ser enviado a otra prisión.
“Días después de las referidas amenazas se estacionó afuera de mi casa una patrulla por unos minutos sin tener razón alguna para estar en dicho lugar, por esa razón al temer por mi integridad y la de mis hijas, no promoví mi recurso de apelación en la anterior queja realizada ante este organismo, cuyo número de folio o expediente no tengo conmigo pero que obra en las oficinas del organismo.
“Es mi deseo que las autoridades penitenciarias garanticen la integridad física y psicológica de mi marido, pues me refiere que está siendo fuertemente golpeado y temo por las afectaciones a corto y largo plazo que pudiera presentar. Incluso temo la muerte de mi marido, y la integridad de mis hijas y la mía pues en dicho penal cuentan con nuestros datos personales”.
Hasta ahí la queja presentada ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, la cual hicieron acompañar de fotografías del interno donde se muestran diversas escoriaciones en su piel.
Habrá que ver cuál es el informe que presente la autoridad ante la CEDH. Seguramente (y esto es una inferencia personal), dirá que Antonio utiliza a la CEDH como una forma de chantaje para mantener sus privilegios.
En esta columna no prejuzgamos, sólo damos a conocer las versiones de los protagonistas. Es la Comisión, a través de sus visitadores y el propio presidente, quien emitirá o negará la recomendación a las autoridades correspondientes.
Por cierto, prácticamente pasó inadvertida la información acerca de los nombramientos de nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la CEDH realizados por la actual Legislatura Local.
Los nuevos consejeros de la Comisión (cuyo trabajo es honorífico aunque alguna vez existió un “bono” cada vez que eran convocados a sesión), son las siguientes personas:
Christian Adrián Montero Montero, Lucio Alfonso Rubio Antelis, Briseida Ruiz Flores y Gerardo Vargas Salgado, todos ellos con 20 votos; así como Abimelec Morales Quiroz y Rosario Aída Cázares Campos, quienes fueron favorecidos con 19 votos.
En este sentido, como consejeros suplentes, los legisladores de la LIV Legislatura eligieron a los ciudadanos Martha Claudia Guadalupe Anguiano Ramos y Roberto Andrés Godínez Vega, quienes obtuvieron 15 votos, además de Kenia Lugo Delgado quien obtuvo 14 votos.
Ojalá, ahora que hay una excelente relación entre el Consejo Consultivo de la CEDH y los diputados, les autoricen una partida especial para la adquisición de un inmueble, y que los responsables de defender los derechos humanos de Morelos ya dejen de andar como “judíos” errantes por toda la ciudad.
HASTA MAÑANA.