Los jueces son “los villanos preferidos” de los funcionarios a los que se les acaban los pretextos. Pero nunca les han podido comprobar nada.
Vamos haciendo historia:
Jorge Carrillo Olea a través de su procurador Carlos Peredo Merlo implementó una política de terrorismo en el Poder Judicial. Ironías de la vida: uno de los jueces que más sufrió el hostigamiento del Ejecutivo en ese tiempo fue Samuel Sotelo, hoy consejero jurídico del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Pero Carrillo Olea se fue más allá, al denunciar penalmente al juez Caletti, quien adquirió fama al otorgar amparos a presuntos secuestradores, y emprender una campaña mediática en contra del juzgador federal. ¿Y a quién creen que le tocó orquestar esa campaña? Pues a Matías Nazario, el ex diputado local y federal por el PRI.
Dicen que Sergio Estrada acostumbraba hablar a la ligera sin reparar en las consecuencias que podía tener la declaración de un gobernador. “Hay jueces corruptos que están dejando en libertad a los delincuentes que detiene la Policía, presentaremos las pruebas”, declaró a unos meses de haber asumido el cargo de gobernador.
No solamente habló por hablar, sino que lo hizo en el peor momento, justo a unos días de que se celebrara en Morelos la Reunión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, con la presencia del presidente de la República, Vicente Fox Quesada.
Pero el licenciado en Ciencias de la Comunicación que “la ola azul” llevó a la gubernatura de Morelos no tenía toda la culpa. Inexperto en las lides políticas y neófito en materia jurídica, a Sergio Estrada “le calentó la cabeza” su jefe de la Policía Judicial, Alberto Pliego Fuentes, y meses después hizo exactamente lo mismo su sucesor, Agustín Montiel.
Recuerdo muy bien aquella reunión en el Salón Morelos de Palacio de Gobierno, cuando el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Manuel González Cianci, “le echó a perder el show” a Montiel.
Cuando el jefe de la Policía terminó de leer su informe, el magistrado Cianci pidió el uso de la palabra y dijo, palabras más palabras menos, que las cifras dadas a conocer por Montiel no coincidían con las estadísticas del Poder Judicial.
Por simple lógica, no habría cárcel lo suficientemente grande para meter a todas las personas que Montiel decía haber detenido. Lo que nunca le dijeron al gobernador Estrada Cajigal es que Montiel hablaba de números totales de detenidos, sin tomar en cuenta lo que ocurría con esas personas al ponerlas a disposición de la autoridad correspondiente.
Ahí estaban los detenidos por beber en la vía pública que salieron en cuanto pagaron su multa o cubrieron el arresto correspondiente; los que detuvieron por traer algunos gramos de marihuana y que quedaron libres al demostrar que llevaban enervante solamente para su consumo; los que pusieron a disposición por posesión de vehículo robado pero demostraron ante el MP que eran compradores de buena fe.
Y sí, no hay que negar esa posibilidad: también hay delincuentes que contratan a los mejores abogados y corrompen a los agentes del Ministerio Público para que sus expedientes vayan “flojos”.
Obviamente, también la posibilidad de que esa corrupción alcance a los jueces, aunque el nuevo sistema acusatorio adversarial lo haga cada vez más difícil, pues antes el juez emitía su sentencia en la soledad de su oficina, sin conocer al acusado. Hoy el juicio oral se desarrolla en público, con la prensa presente y ante el imputado y sus familiares. Es difícil, aunque no imposible, que un juez pueda torcer la ley para beneficiar a un acusado.
Durante la inauguración del segundo cuartel para la Policía Morelos Seguro, Graco Ramírez lamentó que muchos delincuentes vinculados al robo de autos hayan logrado salir. El entonces gobernador explicó que se ha detectado que en las resoluciones la constante es que las víctimas del delito no se presentaron a ratificar la denuncia o a declarar, o porque se aprovecha una imperfección "adjetiva" y no "sustantiva".
Ante el ataque verbal del jefe del ejecutivo, hubo una tibia defensa por parte de la cabeza del Poder Judicial. La entonces magistrada presidenta Nadia Lara Chávez dijo que la liberación de presuntos delincuentes deriva de errores cometidos por el Ministerio Público al momento de integrar las carpetas de investigación. Es decir, le devolvió la bolita al entonces procurador Rodrigo Dorantes.
Ni tardo ni perezoso, el entonces titular de la Procuraduría General de Justicia se apresuró a informar que desde un mes antes la dependencia a su cargo había presentado tres quejas ante el Consejo de la Judicatura en contra de jueces que no valoraron de manera adecuada los argumentos para la detención de presuntos delincuentes.
“Las quejas se presentaron en el mes pasado, las quejas van a seguir si vemos que hay irregularidades en las decisiones de los jueces; nosotros vamos a proceder en contra de ellos”, declaró a los medios de comunicación. Obviamente ninguna procedió.
El pasado lunes el actual gobernador Cuauhtémoc Blanco fue entrevistado en torno al tema de la inseguridad.
“Hay muchas cosas que se están trabando ahí en… con los jueces, con la magistrada. Acuérdense que hemos agarrado a varios delincuentes y los jueces los han sacado, entonces yo creo que hay que vigilar muy bien eso. ¿Por qué los están sacando? Me comentan que hay jueces que están coludidos con el crimen organizado, entonces tenemos que tener mucho cuidado”, declaró.
Quizás eso que le han contado es que hay una jueza penal que se casó recientemente con un abogado litigante que acostumbra defender a personas acusadas de delitos contra la salud, y que uno de sus clientes es “El Ray”, jefe de plaza en Cuautla.
¿Cómo reaccionará la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López? Estaremos atentos.
HASTA MAÑANA.
