A casi un mes de que inició la crisis en el Centro Estatal de Reinserción Social (CERESO) de Atlacholoaya, no hay certeza sobre lo que ocurrió realmente esos días de infierno que hasta ayer tenía como marcador nueve muertos y un fugado.
La versión oficial es que grupos de la delincuencia organizada se disputan el control del penal, pero cada vez surgen más hipótesis, algunas creíbles, algunas tan descabelladas como la versión de que un funcionario federal mandó provocar los conflictos para justificar la construcción de un nuevo penal, obra que sería asignada a una constructora de Hidalgo.
Otras versiones hablan de millonarios sobornos para “comprar” el penal (manejar todo lo que entra y sale) e incluso se habla de que a “El Ray” lo mandó matar su propia organización, aliada con sus enemigos con la venia de las autoridades.
Lo único seguro en todo esto es que el coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Bórquez permanece en el cargo y nadie habla de la posibilidad de removerlo. Aseguran que es inamovible porque tiene todo el respaldo de su paisano el comisionado de Seguridad Pública.
A mediados del mes de octubre pasado, el gobernador de Morelos declaró que el Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros está haciendo bien su trabajo por lo que permanecerá en el cargo, ya que se encuentra respaldado por “quien maneja el país”, entendamos con ello que es el presidente de México quien en su momento “sugirió”, por decirlo de alguna forma, la designación del vicealmirante de la Marina como responsable de la CES, de quien depende el sistema penitenciario.
El 30 de octubre por la mañana se suscitó un incidente nunca antes visto en Morelos, una riña entre grupos delincuenciales (los Rojos y CJNG) quedando seis muertos, uno calcinado y otro decapitado, así como dos heridos, según lo declarado en versión oficial por Pablo Ojeda, secretario de gobierno, extraoficialmente se habló inclusive de posible fuga de personas privadas de la libertad. Entre los muertos se encontraba “el Ray” presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, como objetivo principal.
Las principales cabezas del área de seguridad en este tema no se encontraban en el país, al acudir a cursos y reuniones pagadas por la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) al través de Iniciativa Mérida, cursos a los cuales el coordinador del sistema penitenciario Jorge Israel Ponce de León Bórquez ha asistido puntualmente a todos, sin permitir que la base trabajadora de más antigüedad pueda superarse profesionalmente.
Las autoridades encargadas al momento de la riña, “la jefa Mireles” directora de centros penitenciarios y “Antrax” como director operativo, no tuvieron ninguna estrategia (lo que demuestra su falta de experiencia) para controlar la situación. Surgió en su momento un personaje desconocido, el responsable de los menores internados en el centro de ejecución de adolescentes de nombre Juan José Larios, quien inició la coordinación y movilización de elementos para el restablecimiento del control del penal, los trabajadores y la visita familiar que visitó ese fin de semana el centro, en su momento reconocieron esta labor.
Al día siguiente, la visita familiar, el personal operativo y luego el administrativo protestaron solicitando la renuncia de Mireles, Antrax, Cornejo como director de reinserción social, este por maltrato al personal administrativo y Ponce de León; de nuevo Larios calmó el asunto y como recompensa Guarneros le encargó el changarro.
El traslado de PPL a Jonacatepec llamó la atención por dos cosas: la aparición de Antrax en el operativo, (supuestamente ya había sido destituido) y la segunda, no fue trasladado el hijo de “el Carrete”, señalado como responsable de la muerte de “el Ray”. Extraoficialmente se sabe que “la jefa Mireles” y “Antrax seguían o siguen ya no sabemos, en funciones, a pesar de haber sido destituidos, utilizando los autos oficiales, las armas a cargo y realizando llamadas vía celular para dar órdenes.
Tras una nueva riña (dos muertos, uno de ellos líder de “los Rojos” y diez heridos) ahora si se decide el traslado de cuatro internos entre ellos “el Carretito”, surgiendo nuevamente la inconformidad del personal administrativo, quienes en días pasados y debido a su manifestación, lograron un aumento salarial, enfrentando al coordinador Ponce de Léon, quien solo se dedicó a escuchar.
¿Cómo sostener lo insostenible? A Guarneros lo puso el que maneja al país, a Ponce de León ¿quien lo puso? ¿viene de arriba también y por eso es inamovible? Ya vimos lo que nunca, decapitados y calcinados ¿qué más falta? Si alcanzar nuevamente el control del penal más grande significa decidirse con cual grupo se va a “trabajar” ¿Cuándo van a ponerse de acuerdo? ¿será que cada quien tiene sus intereses o uno ya invirtió más que el otro? Son las preguntas que se hacen al interior del sistema penitenciario.
En todo este relajo quien ha salido política y mediáticamente más desgastado ha sido el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien ha sido el hazmerreir con sus constantes declaraciones de que “reina la calma en el Penal de Atlacholoya”, cuando los videos tomados por los propios internos con sus celulares muestran que al interior los diferentes grupos delincuenciales se siguen disputando el penal.
El problema es que Pablo Ojeda es responsable de la política interna del estado, jerárquicamente es el número dos del gobierno de Morelos, pero operativamente no tiene facultades para remover a nadie. De acuerdo al organigrama, sólo el comisionado Guarneros puede correr al coordinador, a menos que sea una decisión del gobernador Cuauhtémoc Blanco.
A principios de este año publicamos una investigación según la cual Graco Ramírez pagó 50 millones a un general retirado para comprar un terreno enorme ubicado en el municipio de Yecapixtla, y otros 36 millones para un supuesto “estudio de factibilidad” cuyo soporte son unos discos compactos que tiene en su poder la Secretaría de Obras Públicas.
Ayer, el periodista radiofónico Teodoro Rentería “sugirió” que las revueltas en el penal fueron provocadas por el delegado de Bienestar Social, Hugo Erick Flores, quien tiene fuertes nexos con el ex procurador Murillo Karam, quien a la par maneja una constructora que ya hizo obras durante el sexenio de Graco Ramírez.
Su hipótesis es que Erick Flores “provocó la enfermedad” para después venderles la medicina.
Inverosímil pero no imposible.
HASTA MAÑANA.
