Hoy se cumplen 15 días de que el Tribunal Superior de Justicia ostenta dos presidentes que se dicen legales y legítimos: Jorge Gamboa Olea y Juan Gabriel Vargas Téllez. Cada uno tiene el respaldo de 11 magistrados, sin embargo, ninguno puede hacer nada si no cuenta con 15 votos que son los que se requieren para que tenga validez la sesión de Pleno.
Y aunque ambos dicen que esta situación no afecta el trabajo diario de los tribunales, lo cierto es que, sobre todo los abogados que vienen de otras entidades federativas, se sorprenden al ver la Oficialía Mayor (que está en la mera entrada del Palacio de Justicia) con sellos de aseguramiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
Si tienen necesidad de subir hasta el segundo piso, verán que el Salón de Plenos y las oficinas de presidencia también están selladas por la FECC y un grupo de policías vigilando. Imagínense qué imagen damos al exterior.
Cada grupo se encarga de resaltar lo que hizo mal el otro. Que si le rechazaron un amparo, que si la Asociación de Jueces reconoce a Gamboa, que si un juez de Distrito reconoció a Juan Gabriel como parte en un juicio iniciado con anterioridad, que si pusieron una “narcomanta” en la que mencionan a tres magistrados de los disidentes, pero que la lona no tiene una sola falta de ortografía.
Ahora ya comenzaron con la guerra sucia en internet. Circula un video en el que Juan Gabriel Vargas (suponemos que cuando era litigante) le hace una finta a otro abogado como si lo fuera a descontar, pero también aparecen “periodicazos” en contra de Gamboa Olea. No hay día en que no se estén golpeando los dos grupos antagónicos al interior del Poder Judicial.
¿Y saben qué? “Ya basta” (como diría el polémico abogado Miguel Ángel Rosete).
Abogados de diferentes organizaciones pidieron a los magistrados Luis Jorge Gamboa Olea y Juan Gabriel Vargas Téllez “hacerse a un costado” y permitir que un tercero asuma el liderazgo del Poder Judicial del Estado, ante las repercusiones negativas que el conflicto interno ya tiene entre el personal y los justiciables, como la incertidumbre y el descrédito público.
Las organizaciones, aglutinadas en la llamada Unión de Juristas, sostuvieron que no sólo los profesionales del derecho están hartos de la crisis institucional en la administración de justicia, sino los propios justiciables ya comienzan a sentir el deterioro y la parálisis en el Tribunal Superior de Justicia, producto de la disputa por la presidencia entre los grupos encabezados por Luis Jorge Gamboa Olea, hasta ahora reconocido legalmente como titular del TSJ, y Juan Gabriel Vargas Téllez, quien dice también haber sido electo presidente por un grupo de magistrados afines.
Por su parte, el especialista en derecho penal y catedrático, Cipriano Sotelo Salgado, lamentó la prolongación de la crisis, y que tanto los litigantes como los justiciables resientan aún más el rezago en la emisión de sentencias, producto de la pugna interna.
“Ya van 15 días (de crisis), ¿cuántos más queremos? Si nos consta como litigantes que los fallos -y ojalá estén escuchando los magistrados-, se tardan hasta seis meses, una apelación que debería resolverse en 15 días o un mes, y con esto se van a tardar más”.
Dijo que los magistrados en pugna no están trabajando al ciento por ciento, como es su obligación, pero siguen cobrando sus emolumentos completos, a diferencia de los abogados, que necesitan dar resultados a los clientes para recibir sus honorarios.
Sotelo Salgado recalcó que la postura de las organizaciones sumadas en la Unión de Juristas no es a favor de ninguno de los bandos, sólo buscan apoyar la legalidad y la legitimidad en favor de la sociedad.
Por otro lado, ayer trascendió en diversos medios de comunicación una especie: que aprovechando la reforma judicial, el Poder Legislativo destituirá tanto a Gamboa como a Vargas Téllez, para designar a un presidente suplente que concluya el periodo hasta que sean electos por voto popular los nuevos magistrados.
“Informantes del Poder Legislativo confirmaron que, a partir del ahondamiento en la crisis de gobierno del Poder Judicial en Morelos, el Congreso dio celeridad a los trabajos de la reforma judicial que fue presentada en la sesión anterior a primera lectura. El ordenamiento incluye en sus transitorios la determinación de que quienes se ostentan como presidentes del Tribunal Superior de Justicia de Morelos sean excluidos de la designación del presidente de transición, quien será electo a partir de una terna por el Congreso de Morelos”, publicó ayer al mediodía el portal “Interdiario”, del veterano periodista Luis Pablo Carrillo Manjarrez.
De ser cierto, podríamos estar en la posibilidad de que el TSJ tenga tres presidentes en menos de un mes.
¿Y quién podría ser el tercero o la tercera en discordia?
Bueno, atendiendo a la versión de que no podrán participar los actuales sedicentes presidentes, la lista se reduce a 20, y que son los siguientes:
Elda Flores León, Jaime Castera, Rafael Brito, Carmen Aquino, Alejandra Hernández, Anahí Bahena, Javier Mújica, Arturo Loza, Horacio López Castro, María Luisa y Marta Sánchez Osorio, Francisco Hurtado Delgado, Anuar González Cianci, Cecilia González, Manuel Díaz Carvajal, Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde Figueroa, Nancy Giovanna Montero, Miriam Janet Uribe Peralta y Rolfi González.
Cada una de ellas y cada uno de ellos, tienen un origen partidista (unos lo niegan, otros hasta lo recalcan), de ahí que se presume que quien sea la elegida o el elegido, forzosamente tendrá que responder a intereses del partido que votó por ella o él.
No hubiéramos querido llegar a estos extremos, pero “a grandes problemas, grandes remedios”, y los poderes ejecutivo y legislativo, tendrán que entrar a resolver un problema que fue creciendo porque los magistrados nunca pudieron ponerse de acuerdo más que para exigir su haber de retiro y para declarar como “información clasificada” el acta de dicha sesión de pleno.
HASTA MAÑANA.
