Alberto Capella Ibarra varias veces amenazó con hacerlo pero nunca lo cumplió. Sus bravuconadas no pasaron de declarar que había corresponsales al servicio de la delincuencia organizada sin mostrar nunca sus supuestas pruebas.
Ahora, el vicealmirante Antonio Ortíz Guarneros (o quizás alguno de sus subalternos sin pedirle permiso) ya tiene un escrito donde acusa al periodista Carlos Quintero Juan del delito de “uso indebido de medios de comunicación”, por los acontecimientos ocurridos en días pasados en el Penal de Atlacholoaya.
El escrito no ha sido presentado ante la Fiscalía, -o al menos no tenemos conocimiento de ello- pero de ocurrir se estaría dando un gravísimo atentado contra la libertad de expresión en este estado y un acto de intimidación contra el aguerrido periodista que recientemente ganó un premio internacional por su colaboración en “El país de las dos mil fosas”.
Pero no sólo eso, sino que bastaría con cambiarle el nombre del acusado para denunciar a cualquiera de los reporteros que hacen transmisiones en vivo (Facebook Live) para dar a conocer hechos violentos.
La figura del uso indebido de medios de comunicación fue incluido en el Código Penal para el Estado de Morelos por decreto No. 1060 publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4886 del 20 de abril de 2011, es decir, es un herencia de los gobiernos panistas.
El artículo 267 BIS dice textualmente:
“Al que con ánimo de atentar contra la paz pública, utilice medios de comunicación, como teléfono, radio, celular, Internet, o cualquier otro medio electrónico, para movilizar a cuerpos de emergencia para dar aviso falso, provocando la movilización o presencia de personal de emergencia, protección civil, bomberos o elementos de las corporaciones de seguridad pública; se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario mínimo. En caso de reincidencia se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo. Si la conducta del infractor provoca un accidente o daños a consecuencia de una llamada o mensaje falso se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de doscientos días de salario mínimo. El uso indebido de medios de comunicación para movilizar cuerpos de emergencia se perseguirá de oficio, debiendo proveer lo necesario el Ministerio Público. Cuando las llamadas o mensajes falsos la realicen menores de edad se sancionará, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos”.
Como se puede advertir de la lectura del párrafo anterior, su promulgación está enfocada a inhibir ese fenómeno que se tuvo durante muchos años en el que el 90 por ciento de las llamadas de auxilio resultaban bromas.
Pero a alguien en la CES se le ocurrió que ese artículo del Código Penal se le puede aplicar a los periodistas que publiquen en cualquier red social un acontecimiento relacionado con la criminalidad.
Recordarán que a partir del 29 de octubre se dieron una serie de acontecimientos al interior del Penal de Atlacholoaya que dejaron muy mal parados a los funcionarios del Sistema Penitenciario en Morelos. Más bien hicieron el ridículo, pues mientras declaraban que todo estaba bajo control, las redes sociales se llenaban de fotos y videos que mostraban a internos del penal sometiendo a personal de custodia de dicho centro penitenciario.
¿De donde provenían esas imágenes? Pues de los propios internos que a cambio de una cantidad de dinero que proporcionan a las autoridades carcelarias pueden introducir teléfonos con cámara que recargan con “datos” que les proporciona internet.
No hicieron una transmisión en vivo porque no quisieron, pero allá adentro hay muchos más teléfonos celulares que en varias colonias de esta entidad, y ellos sí con saldo.
Recordarán que hay una captura de pantalla donde un reportero le pregunta por Whatsapp al coordinador de Reinserción Social, Jorge Israel Ponce de León Borquez si sabe de un motín en el Penal de Atlacholoaya, a lo que él contesta en forma contundente que eso es una mentira.
Ya después se supo que ese mensaje no provino del Penal, ni siquiera cerca de éste, sino que el funcionario contestó desde algún lugar de Estados Unidos donde tomaba un curso sobre seguridad en los centros penitenciarios.
Ese día sólo hubo un muerto, y la versión oficial es que no hubo un motín sino una simple riña “por unos zapatos”. Al otro día sí admitieron que hubo un motín y que se perdió el control del penal “pero sólo por 4 horas”.
La versión de los internos y de los familiares de éstos es que no hay ningún control de las autoridades, y que desde ese día diversos grupos al interior de la cárcel se disputan el llamado “autogobierno”.
En este mismo espacio dimos nombres y apodos de quienes conformaban la nueva “comisión de disciplina”. Varios de ellos fueron asesinados en la tercera trifulca y otros más reubicados en diversas cárceles tanto del estado como del país.
En el inter entre estos enfrentamientos que resultaron con muertos y heridos, se dieron varios “connatos” de violencia, que por razones desconocidas no se concretaron, pero de que hubo ese riesgo eso es innegable.
Así lo demuestran los mensajes que nos hicieron llegaron a varios periodistas los internos o familiares de internos advirtiendo que “ya hay otra vez desmadre en el Penal”. En el caso de quien esto escribe preferimos no publicar nada en nuestras redes sociales.
No así Carlos Quintero, quien en sus espacios en Facebook y en Twitter reprodujo los mensajes que estaba recibiendo del interior del Penal.
Pues nada más por eso ahora lo quieren meter a la cárcel, o ya de menos pedir una orden federal para “colgarse” de su teléfono celular.
Considero que el gremio de periodistas no debe dejar pasar este atentado contra la libertad de expresión, no sólo por solidaridad con Carlos Quintero, sino porque en cualquier momento cualquiera de nosotros que haga uso de la Internet puede ser denunciado por la CES y encarcelado por la Fiscalía.
HASTA MAÑANA.
