Desde principios del 2005, entre “la tropa” de la Policía Preventiva Metropolitana comenzó a saberse que quienes eran asignados para cuidar la entrada de la recién creada Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), ubicada en la colonia Antonio Barona, recibían dinero de los abogados a cambio de avisarles cuando llegaran “clientes”.
Sin embargo, lo que comenzó como una extorsión disfrazada en la que participaban abogados, agentes del Ministerio Público Federal y policías metropolitanos en las instalaciones de la UMAN, se convirtió con el tiempo en una auténtica gavilla de delincuentes que realizaban “cantonazos”, saqueaban los domicilios de los presuntos narcotraficantes y prácticamente los secuestraban.
Si las víctimas conseguían el dinero solicitado eran dejados en libertad, pero si no, los ponían a disposición del Ministerio Público Federal sin mencionar las verdaderas circunstancias en que fueron detenidos.
El 8 de febrero del 2007, Daniel Santillán Celis, un taxista de la colonia Tres de Mayo, municipio de Emiliano Zapata, se presentó a la Procuraduría de Justicia a denunciar que había sido víctima de un allanamiento de morada y robo, pues el miércoles 7 de febrero a las 23:30 dos sujetos vestidos de negro se metieron a su casa diciéndole “te dedicas a vender droga, ya valió, tengo al muchacho que le vendes drogas”.
No se lo llevaron pero sí le “incautaron” aparatos electrónicos y 100 mil pesos que tenía guardados –según él- por la venta de un coche. Acompañado por su esposa, Santillán Celis inició la averiguación previa SC/1ª./1005/07-02 en la que narró los hechos y aportó un dato que resultó de vital importancia: uno de los falsos policías había contratado sus servicios en varias ocasiones para ser llevado de la UMAN a diversos lugares, y escuchó que lo llamaban “licenciado Bernardo”, y que al parecer trabajaba en la PGR.
Con ese dato, elementos de la Policía Ministerial acudieron a la UMAN, donde uno de los agentes del Ministerio Público Federal les comentó que no había ningún MP de nombre Bernardo, pero que constantemente iba un abogado con ese nombre: Bernardo Ortíz Coronel, y que frecuentemente se hacía acompañar por un policía preventivo estatal de nombre Waldemar.
Con esos datos, el entonces subprocurador contra la Delincuencia Organizada, Andrés Dimitriadis Juárez, solicitó información a Servicios Periciales encontrando que ambos tenían antecedentes penales. Bernardo estuvo detenido el 27 de abril de 2001 por robo pero salió libre bajo fianza. Waldemar Cisneros Franco había sido acusado por la presunta narcomenudista Rosa Rivera Coronado por robo en octubre del 2006. También encontraron otra denuncia presentada el 21 de abril del 2006 por allanamiento a la casa de José Perfecto Díaz Salinas, quien también estaba en la cárcel por delitos contra la salud.
Cuando estaban investigando los casos antes mencionados, llegó otra denuncia a la Procuraduría. Raúl Navarro López, un interno del Penal de Atlacholoaya, denunció que ya había salido libre de una primera denuncia por narcomenudeo, cuando comenzó a ser hostigado por los ocupantes de la patrulla 2185 de la Policía Preventiva Estatal, quienes le exigían dinero a cambio de no volverlo a detener.
Dice que el 3 de marzo iba sobre la carretera Cuernavaca-Temixco a bordo de su vehículo Ford K cuando lo interceptó la patrulla mencionada. Los policías se subieron a su coche y lo llevaron a “un cerro cerca de Tequesquitengo” donde lo golpearon. Según el denunciante, fue idea de los policías conseguir una buena cantidad de droga para “cargarlo” y asegurarse que no saliera de la cárcel, ante su negativa de “cooperar” con la causa.
Fue así como, alrededor de las siete de la noche de ese mismo día, regresaron a Cuernavaca y lo llevaron hasta la casa marcada con el número 32 de la calle Júpiter, colonia Jardines de Cuernavaca. Ahí lo obligaron a tocar y a identificarse para que abrieran la puerta, y cuando esto ocurrió entraron los policías y comenzaron a registrar toda la casa, la cual estaba habitada sólo por una mujer. Luego de varios minutos los policías salieron con una caja con cocaína, misma que fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal como propiedad de Navarro López.
Con la información aportada por Daniel Santillán, la Procuraduría de Justicia solicitó orden de aprehensión en contra de Bernardo Ortíz Coronel, Waldemar Cisneros Franco y Jorge Flores Coapango, y el 21 de mayo agentes de la Policía Ministerial detuvieron primeramente al policía metropolitano, quien prácticamente fue entregado por su jefe, Francisco Sánchez González. Más tarde localizaron a Bernardo Ortíz cuando llegaba a su domicilio y finalmente detuvieron a Waldemar Cisneros también en su casa.
A partir de la difusión de sus rostros en periódicos y televisión, comenzaron a llegar las denuncias a la Procuraduría de Justicia, reconociendo a los tres que aparecían en los noticiarios como los responsables de infinidad de abusos.
Una de las denuncias fue la de Marco Alejandro Sánchez Avilés, de 27 años, dice ser comerciante, con domicilio en la calle Obradores sin número colonia Vicente Guerrero de Tejalpa. Relata que el 14 de mayo del 2007 fue detenido por varios sujetos que viajaban a bordo de una camioneta blanca sin logotipos, y que le hicieron una revisión cuando caminaba por la Unidad Morelos de Xochitepec encontrándole algunas grapas de cocaína, por lo que se lo llevaron “detenido” pero nunca lo pusieron a disposición de ninguna autoridad, sino que le preguntaron si tenía a alguien “que respondiera por él”. Fue así como se comunicaron con “su tío”, Arturo Nava Romero, quien pagó 250 mil pesos por su liberación, lo que ocurrió el 19 de mayo.
En la causa penal 49/2007-1 tanto Jorge Flores Coapango como Bernardo Ortíz y Waldemar Cisneros fueron absueltos por el Juez Antonio Salgado Sandoval.
Y es que, extrañamente, el 2 de agosto, el acusador Daniel Santillán Celis fue hallado sin vida en el interior de un automóvil Nissan Tsuru del Servicio Público, placas de circulación 2385 LTG, abandonado en la calle Lázaro Cárdenas de la colonia San José de Las Cumbres del municipio de Emiliano Zapata.
Su esposa se retractó de la versión original y por ello obtuvo su libertad Jorge Flores Coapango.
Sin embargo, unos días después de abandonar el Penal de Atlacholoaya, Jorge Flores Coapango fue “levantado” por hombres armados en la colonia Buenavista. Su cuerpo fue localizado el 28 de septiembre del 2008 en una fosa junto con otros cadáveres (cuyas identidades se desconocen) en un terreno baldío de Ocuilan, Estado de México.
De Bernardo Ortíz y Waldemar Cisneros no se ha vuelto a saber nada.
HASTA MAÑANA.
