La historia más bien parece parte de un guion cinematográfico o de esas series de Netflix que tanto éxito están teniendo. Se trata de una agente del Ministerio Público (hoy llamados fiscales) que para aparentar éxito profesional hace uso de testigos falsos a los que tiene bajo amenazas en un centro de reclusión.
Sólo comparable con aquella película en la que un periodista siempre se llevaba la primicia de los levantamientos de cadáver más impactantes porque resulta que él era el homicida.
Aquí el guion podría comenzar en la habitación de un periodista. Tendría que ser una habitación austera, con lo básico como viven los verdaderos trabajadores de la información. El sujeto recorre mecánicamente con su dedo la pantalla de su teléfono celular, hasta que algo llama su atención y regresa a la imagen.
“Este video lo está grabando un familiar mío por si algo me llegara a pasar que lo sepan todas las autoridades sobre la licenciada Kriselín Sotelo”, dice el joven de playera roja, tez morena, de unos 22 años de edad, pelo corto.
Da su nombre completo pero por su protección le pondremos simplemente Carlos, quien dijo ser “testigo protegido”, y acusó a la Coordinadora de la Unidad Especializada de Homicidios en la Región Sur Poniente, Kriselin Sotelo Antúnez de utilizar a un grupo de personas para rendir falso testimonio ante tribunales de enjuiciamiento, y así obtener sentencias condenatorias.
En el video, el muchacho habló de nueve personas detenidas que eran utilizadas por Sotelo Antúnez para “cerrar sus casos”.
“Para cualquier cosa, ella nos ocupaba a cada uno de nosotros. Para que nosotros culpáramos a las personas que son inocentes o algo así. La cosa era, que ella quería cerrar sus casos y nos ocupaba a nosotros bajo amenazas,” dijo Carlos.
Información recabada establece que Carlos B. Ñ. B. testificó en un caso ocurrido el 27 de marzo de 2018. Según su declaración, él llegó de manera casual al taller, ubicado en la calle 20 de Noviembre, sin número de la colonia Emiliano Zapata de Jojutla, Morelos.
“El testigo protegido” dijo que él vio como ocho personas, a quienes identificó por nombre y apellido, torturaban a Santiago F. G., a quien después trasladaron a los Campos de San Pablo del Libramiento Jojutla-Zacatepec, para asesinarlo.
Ahora, ante el temor de que “algo” le pudiera pasar, el hombre pidió a un familiar que grabara un video donde él informar a las autoridades sobre su situación y, al mismo tiempo, hace responsable de ello a la “licenciada Kriselín” además de la manera en que ella los manipulaba para declarar a modo en los procesos judiciales.
Al respecto, el Fiscal General Uriel Carmona Gándara dijo, el pasado 12 de diciembre, en una muy breve entrevista con reporteros:
“No tenemos una denuncia en contra de está Fiscal y menos por esos hechos (…) sí, si he visto el vídeo, si tengo conocimiento pero sí hubiera algún tema ilícito pues esa misma persona este, está en condiciones de denunciar ¿no?”.
Es decir, que la licenciada Kriselin puede estar tranquila.
Por su parte, abogados litigantes consultados sobre el tema hablan de que existen otros juicios, en donde la Fiscalía habría presentado “testigos protegidos”, dos de los cuales fueron asesinados.
Cabe recordar que recientemente el periódico New York Times publicó la historia trata de un joven sicario al que supuestamente detuvo la CES de Morelos y que, de manera extraoficial, le brindaron protección y éste ayudó a realizar cientos de detenciones de sicarios y narcotraficantes.
“El Sr. Capella se mudó a otro trabajo a casi 1,000 millas de distancia, y el programa colapsó lentamente. Sin mandato legal o apoyo oficial, este año cedió debido al cambio en los vientos políticos. Algunos de los testigos se fueron y volvieron a la vida del crimen. Al menos uno fue asesinado”, dice el rotativo.
Según lo que les contó a los reporteros, Capella trató de buscar condenas en los tribunales y desarrollar un nuevo conjunto de reglas para negociar a cambio de información.
“Cansado del débil estado de derecho de México, el Sr. Capella decidió crear su propia versión. Sus métodos poco ortodoxos y su actitud sin complejos le han traído controversia y muchos enemigos. El actual gobierno de Morelos lo acusó de malversación de fondos en un asunto separado, lo que niega rotundamente.
“Algunos ex funcionarios de justicia en México consideran que su programa de protección de testigos es un tramo, que funciona bien fuera de las normas legales. Otros dicen que es tan inusual que no están del todo seguros. Incluso los funcionarios estatales en Morelos que apoyaron el programa reconocieron que funcionaba en un área gris legal, aunque, como Capella, lo llamaron legal, defendible y altamente efectivo”.
¿Existe en Morelos un sistema clandestino de protección a delincuentes para que delaten a otros delincuentes?
Ese es el meollo del asunto. Es de lo que no quieren hablar los funcionarios. Afortunadamente el fiscal que tenemos ya estaba cuando llegó el actual gobierno, así que no puede alegar desconocimiento de la forma como se actuaba cuando Alberto Capella era quien mandaba tanto en la Fiscalía General como en la Comisión de Seguridad Pública.
Quizás estemos ante la punta de un iceberg que se irá descubriendo poco a poco y que enlodará a varios funcionarios tanto de la actual como de la anterior administración.
HASTA MAÑANA.
