“Lo toma o lo deja”, fue la frase que escuchó Amalia Hernández, en voz del doctor Lozano, cuando en 2013 le dijeron que aquel cadáver era el de su sobrino Oliver, y al parecer fue la misma frase que recientemente escucharon los familiares del joven Jonathan por parte de los servidores públicos de la misma Fiscalía, la Regional Oriente, cuando les mostraron un cuerpo que se parecía a su familiar.

En el primer caso los familiares de Oliver no se lo quisieron llevar y exigieron una prueba de ADN; en el segundo caso, ocurrido apenas el pasado 14 de enero, los parientes decidieron recogerlo para darle cristiana sepultura, sin saber que en realidad ese cadáver no era el de Jonathan, quien había desaparecido días antes.

La familia de Jonathan actuó como la mayoría de las que sufren la pérdida de un ser querido: no quieren saber cómo murió, sólo quieren enterrarlo y pedir por su eterno descanso. “Por lo menos ya sé a dónde venir a rezarle”, suelen decir.

Oliver fue la excepción a la regla. Su madre y su tía no repararon en el tiempo y dinero necesarios para tener la seguridad de que ese cuerpo era de Oliver.

“Me pusieron mil peros. Primero me dijeron que no había de dónde obtener el ADN, y yo les dije que había visto un documental en el que sacaban el ADN de un hueso; entonces me dijeron que no había reactivos, que no había genetista, y así sucesivamente”, recordaba Amalia Hernández en breve plática con este columnista.

Ellas tuvieron que hacer los oficios de colaboración necesarios y correr con los gastos que fueron surgiendo, hasta que se logró identificar plenamente que los restos eran de Oliver.

Pero la Fiscal de la Región Oriente, Liliana Guevara Monroy, les pidió dejar un tiempo más el cadáver para realizar nuevas pruebas científicas “porque ya tenemos identificados a los responsables y tenemos que evitar que salgan libres, una vez que sean detenidos”, argumentó.

La familia decidió colaborar con la autoridad ministerial para que el crimen de Oliver no quedara impune, por eso accedieron a dejar un tiempo más el cuerpo de Oliver en la cámara frigorífica del Semefo de Cuautla.

“Posteriormente, la carpeta se la llevan a Cuernavaca, la tenía el licenciado Rodrigo Dorantes en ese entonces el fiscal, se la turnan a la licenciada Adriana Pineda junto con el licenciado Christian Vizuet. Dos o tres veces por semana yo iba a que se me diera información sobre las investigaciones que se iban realizando, a su vez yo preguntaba que pasaba con (el cadáver de) mi hijo Oliver, a lo que ellos siempre me contestaban que estaba aquí en el Semefo de Cuautla”, narró en aquel entonces la madre del occiso.

Pero en diciembre de 2014, un familiar acude al anfiteatro a cumplir una tarea como estudiante de Derecho y se entera fortuitamente que el cadáver de Oliver ya no está.

Más tarde le confirmarían que todo ese tiempo la estuvieron engañando, pues el cadáver de su hijo fue inhumado, junto con decenas de desconocidos, desde el 28 de marzo del 2014.

A partir de ese momento, la indignación de una madre y el deseo de darle cristiana sepultura a su hijo se convertirían en el motor de un incansable peregrinar con un desenlace que ningún servidor público pudo siquiera imaginar.

Y es que, después de obtener los restos de Oliver, las dos mujeres siguieron luchando para que se les diera una sepultura digna a los otros cadáveres con los que estuvo en la fosa irregular.

Así fue como se dio el escándalo de las fosas de Tetelcingo, un acontecimiento que llegó no sólo a medios nacionales, sino internacionales.

Tenemos bien presente cuando en transmisión en vivo desde Paris, Francia, donde acababan de ocurrir atentados terroristas, el famosísimo conductor Jorge Ramos presentó la información de esta manera:

“En los actos terroristas de los últimos días aquí en Francia murieron alrededor de 120 personas, pero en sólo una fosa clandestina en México se encontraron más de 150 cadáveres”.

Y a partir de antier el estado de Morelos volvió a ser noticia y otra vez por las deficiencias en el trato a los cadáveres en el Servicio Médico Forense.

La versión oficial de la Fiscalía General fue que la noche del 14 de enero, elementos del Servicio Médico Forense realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida de un hombre en calidad de desconocido, localizado en la Calle No Reelección de la Colonia Centro del Municipio de Yautepec.

“De acuerdo al resultado de la necropsia de ley, se establece la causa de la muerte por infarto agudo al miocardio, no obstante lo anterior y ante la falta de familiares o conocidos que pudieran localizarse, los restos mortales fueron depositados para su resguardo en las instalaciones del Servicio Médico Forense para su preservación, en tanto se realizaba la identificación y se localizaban familiares”, dijo la dependencia a través de un boletín.

Fue en las primeras horas del 16 de enero, que se presentaron ante la Fiscalía Regional Oriente, dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso y que acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo, que a su dicho, correspondía a su familiar.

“Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano, por lo anterior, aproximadamente a las 03:00 horas declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar”, agrega el boletín, echándole toda la culpa a los familiares.

Y recalca: 

“Es importante señalar, que las condiciones del cuerpo permitían realizar la identificación plena del mismo y que fueron dos familiares directos quienes realizaron el procedimiento y presentaron la documentación del finado, formalizando con ello la solicitud para poder disponer de manera libre de los restos mortales, toda vez que las causas de la muerte fueron del orden natural”.

Familiares de Jonathan refieren (sin que nos conste) que el personal del Semefo hizo caso omiso a sus comentarios acerca de determinadas características que su pariente tenía y éste cuerpo no las presentaba.

Cuerpos que están identificados y son inhumados como desconocidos, cadáveres que son entregados equivocadamente; y muchos más que permanecen sin ser reclamados. A eso nos ha orillado el incremento alarmante de personas fallecidas en los últimos años. Todos los días hay cinco o seis ejecutados, muchos de los cuales no son reclamados por familiares por temor a sufrir represalias o porque provienen de otras entidades.

Es entendible que no se dé abasto la Fiscalía para darle trámite a tantos cadáveres, y que la disposición final de éstos se esté convirtiendo en un verdadero problema sanitario.

Se requiere, por principio de cuentas, crear un Instituto de Ciencias Forenses como el que existe en Jalisco, con recursos financieros suficientes para crear la infraestructura necesaria y contratar los profesionistas que se requieran para dar respuesta a la creciente demanda de personas muertas en hechos violentos.

Pero mientras ello sucede, el fiscal general Uriel Carmona tiene que leerles la cartilla a sus subordinados para que no se vuelva a repetir este tipo de errores que hacen quedar mal a todo el gobierno de Morelos.

HASTA MAÑANA.