“Que en términos de lo expuesto en el cuerpo de esta determinación se imponen a José Guadalupe Orizaga y Guerra y Edwin Raziel Aguilar Guerrero las penas de treinta y ocho años de prisión, doscientos días de multa, destitución e inhabilitación por cuatro años para el desempeño de cualquier cargo empleo o comisión públicos”, escucharon estupefactos los dos oficiales del Ejército Mexicano. Era el 13 de febrero del 2020, casi 9 años después de que ocurrieron los hechos.

Fue la resolución final del magistrado federal Mario Roberto Cantú Barajas al resolver la apelación que presentó el abogado Cipriano Sotelo Salgado contra la sentencia del Juez Quinto de Distrito que los había condenado únicamente a 13 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado, Tortura y Desaparición Forzada de Persona, en agravio de quien en vida llevara el nombre de Jethro Ramsses Sánchez Santana.

La noche del primero de mayo de 2011, elementos de la Policía Federal Preventiva se comunicaron al 21° Batallón de infantería, para informar que  habían detenido a un civil de nombre Jethro Ramsses Sánchez Santana, quien manifestaba pertenecer a una organización delictiva, motivo por el cual salió el teniente de infantería Guerra, con la fuerza de reacción del batallón; acompañado por el teniente de infantería Albañil y el subteniente sub-ayudante de la unidad Aguilar, cada uno de ellos llevaba una camioneta oficial.

Minutos después regresó el personal militar a la unidad, pero en esta ocasión traían al civil, al que trasladaron a la carpintería de la unidad, lugar que con frecuencia utilizan para interrogar a las personas detenidas e involucradas con la delincuencia organizada.

En el interrogatorio participaron  las tres personas que acudieron al llamado y trasladaron al civil al 21° Batallón, así como un tercer teniente de apellido Legorreta,  quienes le propinaron golpes severos que le ocasionaron su muerte  instantánea, aún y cuando un soldado de sanidad le brindó los primeros auxilios nada se pudo hacer al respecto.

En razón de lo anterior, los implicados decidieron trasladar el cuerpo sin vida del civil a bordo de una unidad oficial a un predio externo, donde al final lo inhumaron clandestinamente.

Edwin Raziel Aguilar, con grado de subteniente, narró así lo sucedido:

“El primero de mayo del año en curso yo estaba en servicio en la fuerza de reacción del Vigésimo primer Batallón de infantería con el teniente Albañil, cuando fuimos enterados que debíamos acompañar al teniente Guerra a las instalaciones de la  feria de Cuernavaca, porque había recibido una llamada de la Policía Federal de que al parecer había sido detenidas dos personas ligadas a la delincuencia, por ello solicitaban nuestro apoyo para prevenir alguna eventualidad mayor, así que nos fuimos.

“Al llegar vimos a personal de la Policía Federal que tenía a dos personas que estaban  arrodilladas entre  camionetas de la Policía federal y una malla ciclónica, entonces el teniente Guerra me pide que forme un dispositivo de seguridad  y fue así como los policías federales le entregaron al teniente  Guerra a los civiles detenidos, los subieron a las camionetas que llevábamos, uno de ellos a una y otro a otra unidad.

“Nos tardamos como cuarenta minutos en llegar al Veintiún Batallón de infantería. Al llegar trasladamos a uno de ellos al taller de herrería que se ubica junto al taller de carpintería, el otro joven se quedó afuera en la otra camioneta. Yo no ingresé al taller de herrería  me quedé también afuera.

“Al poco rato  llegó el teniente Albañil con ese civil del taller de herrería  y de pronto se comenzó a desvanecer, entonces le hablaron a un cabo de sanidad para reanimarlo, pero no pudieron. El teniente Guerra le pidió a todos que se fueran  solo nos quedamos el teniente Guerra, Albañil y yo. 

En su declaración ministerial el teniente Guerra narró lo mismo que su subordinado, pero agregó que al darse cuenta que el detenido estaba muerto “fui a buscar a mi Coronel Arias para darle parte de lo sucedido por lo cual movió su cabeza en sentido negativo y se fue caminando rumbo a la comandancia, diciéndome ´tíralo´”.

Según el subteniente Aguilar, “se llamó a tres oficiales y subimos el cuerpo de ese civil a la camioneta y Albañil se subió al volante y salió del batallón con rumbo hacia el norte, manejó  más de una hora y se salió a un terreno boscoso, paró la unidad  y el teniente Guerra nos indicó un lugar  y los oficiales y yo comenzamos a cavar un hoyo como a un metro o metro y medio de hondo y como un metro con setenta centímetros de largo,  con un pico y una pala entre los tres oficiales, e intercambiábamos las herramientas y nos alumbrábamos con una pala, ahí depositamos el cuerpo de ese civil”.

De todo ello tuvo conocimiento el coronel José Guadalupe Arias Agredano, jefe del batallón, y también el general Leopoldo Díaz López, jefe de la Zona Militar número 24, pero ambos dijeron no saber nada del muchacho, mintiéndoles a los jueces de Distrito que pidieron informes vía amparo, y a toda la gente que se manifestó exigiendo que apareciera el joven Jetrho.

Después de meses de tocar puertas, Cipriano Sotelo y el padre de Jetrho lograron que desde la presidencia de la República les quitaran el velo de impunidad que los cubría durante el sexenio de Felipe Calderón y los militares comenzaron a caer uno por uno.

Primero fueron el teniente Guerra y el subteniente Aguilar, luego el coronel Arias, el teniente Legorreta y finalmente, el general Díaz Pérez, quien después de ser casi omnipotente en Morelos, fue despedido y se deslizaba entre las sombras para no ser visto cuando acudía a firmar cada mes al Juzgado Primero de Distrito donde finalmente fue exonerado del delito de encubrimiento.

Al final se volvió a confirmar que “el hilo se rompe por lo más delgado”, pues en este caso fueron los de menor rango los que alcanzaron la pena mayor: 38 años de prisión. En tanto que el coronel Arias permanecerá 13 años y 9 meses en el Campo Militar número uno de la Ciudad de México.

Sigue pendiente la reparación del daño por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que no debe ser menor a los 20 millones de pesos.

Con ello no se repara en nada el dolor de haber perdido a un hijo, pero sirve como ejemplo de que la impunidad no es para siempre, y que la justicia tarda, pero un día llega.  

HASTA MAÑANA.