Después de haber visto pasar unas 10 legislaturas locales, y no menos de una veintena de comparecencias de servidores públicos, ayer refrendamos nuestra opinión de que no hay nada más intrascendente que el hecho de “mandar traer” a un funcionario del gabinete para que conteste las interrogantes de los diputados, generalmente ignorantes del tema y que sólo suben a la tribuna a leer lo que sus asesores les han anotado.

Salvo escasas excepciones, las comparecencias sólo sirven para definir la relación del servidor público con los representantes populares. Generalmente las primeras se caracterizan por la rudeza de los legisladores a la hora de preguntar. Luego viene la petición de favores y las siguientes comparecencias son tersas y hasta con preguntas a modo.

Recordemos que los procuradores son designados por el Congreso a propuesta del gobernador a partir de 1998. El último procurador designado directamente por el mandatario estatal fue Arturo Estrada Carrillo aunque fue sólo por unos meses. Con la caída de Jorge Carrillo Olea (cuyo procurador fue encarcelado por encubrir el homicidio de Jorge Nava Avilés alias “El Moles”) el Congreso reformó la Constitución para que el titular de la Procuraduría fuera electo por mayoría de votos de una terna enviada por el gobernador.

El primero que llegó a través de ese mecanismo fue José Castillo Pombo, priísta que tuvo que negociar con perredistas y panistas para que lo dejaran dos años en la Procuraduría. En ese tiempo, una gran cantidad de vehículos “chocolates” en poder de la Procuraduría terminaron en los sótanos de los diputados, no para ellos, sino para sus ayudantes, de los cuales varios fueron dados de alta como policías judiciales y “comisionados” como escoltas de los legisladores.

Desde entonces los procuradores (hoy llamados fiscales) se han convertido en empleados de los diputados. Se dan el lujo de enviar sus listas de averiguaciones previas (hoy carpetas de investigación) en las que quieren que se le dé celeridad o más bien que se les aplique “carpetazo”.

En algún tiempo los diputados traían un documento firmado por el jefe de la Policía Ministerial (Agustín Montiel) que los autorizaba a portar arma al amparo de la licencia colectiva de esa corporación. A ese grado ha llegado la relación entre la Cámara de Diputados.

A ese nivel ha llegado la relación de complicidad entre procuradores y diputados. Pero al parecer las cosas han ido cambiando.

Se ha dicho muchas cosas del actual fiscal Uriel Carmona Gándara y su relación con los diputados y diputadas. Recuérdese que Uriel fue designado todavía por el Congreso anterior, cuando el jefe de todos ellos era Rodrigo Gayosso, por lo que el nuevo gobierno pretendía quitarlo. Pero el hijo de Uriel y Marinela no es nada tonto, y comenzó a tejer sus redes tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, de tal manera que los días en el cargo que le pronosticaban se convirtieron en meses y ahora ya rebasó el primer año.

En términos generales se puede decir que el notario con licencia salió avante de su comparecencia. Hubo legisladores (hombres y mujeres) que le pusieron preguntas para que se luciera, pero otros y otras se le fueron a la yugular.

La táctica que advertimos fue que Uriel “les dio el avión”. No se confrontó con nadie. Aceptó todos los regaños, dejó que se desahogaran y prometió mejorar.

“Solamente el que no trabaja no se equivoca", contestó cuando le preguntaron sobre el bochornoso tema del cadáver entregado a la familia equivocada. “Pero tiene usted toda la razón, esas cosas no deben de pasar nunca”, dijo con voz lastimera.

En su informe dijo que en el estado se iniciaron más de 20 mil carpetas de investigación. Mil 89 carpetas fueron judicializadas; 511 imputados quedaron sujetos a proceso; y se obtuvieron 87 condenas. En la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, se registraron 38 carpetas de investigación: 26 por feminicidio y12 por homicidio calificado. Se judicializaron 17 carpetas de investigación, con 11 imputados procesados.

En otro rubro, el Fiscal informó que la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión cuenta con 108 carpetas de investigación iniciadas, 16 carpetas judicializadas, la vinculación a proceso en 38 carpetas de investigación con un registro de 58 detenidos, y 28 fallos condenatorios con un total de 57 sentenciados.

Con ese esfuerzo, la Fiscalía Antisecuestro ejecutó 17 órdenes de aprehensión y consiguió la liberación de 75 personas secuestradas, de los cuales el 75 por ciento fue mediante negociación y el 25 por ciento restante por operativo.

La tarea constante de la PIC permitió el cumplimiento de 260 mandatos judiciales; la detención de 242 posibles imputados por flagrancia y 331 por investigación; 54 operativos, con 41 armas de fuego, mil 335 paquetes de droga decomisados; y la recuperación de 11 vehículos automotores robados.

No obstante, hubo legisladores que subieron a la tribuna “con la espada desenvainada”.

“El informe que usted rinde a esta soberanía es absolutamente oscuro”, fue la frase de bienvenida que le profesó la diputada priísta Rosalina Mazari Espín al fiscal general de Justicia. Y después de considerar insuficientes y engañosos los datos ofrecidos, terminó con un “si no puede con la encomienda es mejor que se vaya”.

 “No estamos aquí para atacar a nadie, estamos aquí para fortalecer a la Fiscalía y a sus trabajadores, porque queremos resultados, porque la gente tiene miedo, y creo que una forma de ayudar al Gobernador del estado es que respetemos a todas las instituciones”, dijo la diputada Tania Valentina Rodríguez.

Señaló que el estado de Morelos está siempre en primeras planas con asesinatos, feminicidios, escándalos de corrupción, por lo que enfatizó que es necesaria la unión de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y fortalecer “una Fiscalía que nos necesita”.

Y al parecer quien no tenía qué preguntar y se fue por el comentario fácil fue la diputada panista (plurinominal), Dalila Morales, quien criticó que el secuestro del periodista Adrián Fernández se haya resuelto en cuestión de horas y otros no. Como ya lo hemos comentado en este espacio, la diferencia estuvo en la participación de la ciudadanía al denunciar en forma anónima los posibles hechos delictivos. De pena ajena.

HASTA MAÑANA.