Si el coronavirus no dice otra cosa, el próximo tres de abril se estaría llevando a cabo el Segundo Congreso del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y órganos constitucionales, Autónomos (Fiscalía General del Estado de Morelos) del Estado de Morelos, el cual tiene como punto central la reforma de sus estatutos.
Con miras a esas reformas se estarían llevando a cabo mesas de trabajo para que los miembros de esa organización sindical emitan sus opiniones para ser tomadas en cuenta a la hora de redactar los mencionados estatutos. Sin embargo, la lideresa de ese sindicato que aglutina a unos mil 600 trabajadores activos, Denia Torres Rivera, ya tiene un proyecto en el que viene contemplada la figura de la reelección.
El anteproyecto, cuya copia obra en poder de este columnista, contempla en su artículo 13 que “los integrantes del Comité Ejecutivo podrán participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa, para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo entrante”, y en el artículo 14 lo recalca al señalar que “el secretario general que haya desempeñado, cumplido o concluido el cargo encomendado, podrá participar en la siguiente elección con la planilla en funciones o con otra diversa para ocupar el puesto u otro puesto en el Comité Ejecutivo”.
Los nuevos estatutos que serán discutidos y votados contemplan “facultades especiales” para el secretario general, como es la posibilidad de “desistirse de todo tipo de querellas” a nombre del sindicato, lo cual a todas luces abre la posibilidad de que se le perdonen los malos manejos a administraciones anteriores.
Y es que pareciera que el desvío de recursos es el deporte preferido en ese sindicato, y que hay un “pacto de impunidad” entre sus dirigentes. La opacidad es su segunda característica, pues es el único sujeto obligado que en alrededor de 30 ocasiones ha contestado al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) con una declaratoria de inexistencia de información.
¿Puede usted creer que el último padrón de miembros data de 2010? pues aunque usted no lo crea así es.
Antes de tener este nombre tan largo, el sindicato de burócratas era dirigido por Irma Hernández Solis (de quien ya hablamos ayer en esta misma columna). Ella fue electa en 2010 y terminó en 2012, cuando trató de reelegirse “por aclamación” pero le faltaron votos.
En su lugar quedó Fermín Octavio Sánchez Ocampo, quien termina su periodo el 31 de enero del 2015. Su sucesor sería el tristemente célebre Daniel Hernán López Rodríguez, quien gozó de la protección del gobierno de Graco Ramírez para robar a manos llenas.
Existe un documento firmado por el entonces dirigente sindical dirigido al entonces tesorero Armando Sanders, en el que le indica que ya no le realice transferencias a su cuenta personal sino a la del sindicato, admitiendo así que recibió recursos en una cuenta personal, lo que está tipificado como peculado.
En busca de ese documento, un ciudadano hizo la siguiente solicitud de información pública a la Secretaría de Hacienda:
“De acuerdo a la contestación de la solicitud de información 00455018 en la cual se aprecian depósitos a la cuenta 9007-2722379 con clave interbancaria 002250900727223799 (a nombre de Daniel Hernán López Rodríguez) le solicito copia de toda la documentación relativa a los depósitos, tales como: solicitudes del titular de cuenta, copia de cada póliza, oficios de autorización, acuerdo para realizar los depósitos, etc.”
Durante el procedimiento administrativo de acceso a la información, el Sujeto Obligado manifestó que la información referente a las pólizas contables “fue clasificada como información reservada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Hacienda”.
El ciudadano se inconformó y apenas el pasado 28 de febrero, el Pleno del IMIPE resolvió el recurso de revisión 1528/2019-II en el que le ordena a la Secretaría de Hacienda que revoque el acta de clasificación y entregue toda la documentación de esas transferencias.
Las transas de don Daniel Hernán López Rodríguez están siendo documentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dentro de la carpeta de investigación FECC/031/2019-3, aunque parece que tienen mucho trabajo o ya recibieron línea para darle carpetazo.
Pero el ex dirigente sindical y también músico ni suda ni se acongoja, pues goza de una jugosa jubilación que le concedió la anterior legislatura gracias a una “ayudadita” que le dieron desde la secretaría de Administración que encabezaba el hoy notario público Alberto Barona Lavín, aumentándole su sueldo de manera considerable para efectos de cotización con fines jubilatorios.
A pesar de todo lo anterior, logró incrustarse en el equipo del regidor panista Jesús Martínez Dorantes, en el municipio de Cuernavaca. Así la impunidad en nuestro estado.
Está demostrado que el sindicato de burócratas es fábrica de nuevos ricos, y quizás por esa impunidad es que la actual lideresa, Denia Torres Rivera, pretende continuar en el cargo para lo cual está tratando de manipular el proceso de elaboración de estatutos.
No olvidemos que ella llegó al cargo todavía con la bendición del anterior secretario de Administración, Alberto Barona Lavín, quien metió varias planillas de empleados de esa dependencia para garantizar que entrara alguien que no le provocara problemas en la recta final del sexenio de Graco Ramírez.
Así llegó Denia Torres Rivera el 1 de febrero del 2018 con apenas 395 votos contra los 274 de su más cercano perseguidor, Santiago Muñoz, alfil del secretario de Hacienda.
También será interesante ver si el gobierno actual se resiste a la tentación de entrometerse en la vida sindical de sus trabajadores, lo cual ha sido una constante en todos los gobiernos, pues a cualquier patrón le interesa tener una relación tersa con el sindicato de sus trabajadores que le garantice estabilidad.
Con reelección o sin reelección, el proceso de renovación del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Ejecutivo, Entidades Paraestatales y órganos constitucionales, Autónomos (Fiscalía General del Estado de Morelos) del Estado de Morelos, deberá llevarse a cabo el 31 de enero del 2021.
Veremos si la actual secretaria de Administración, Mirna Zavala Zúñiga, también impulsa una o varias planillas como lo hizo su antecesor.
HASTA MAÑANA.
