Ingenuamente han comenzado a circular listas de los abogados “que suenan” para ocupar las magistraturas que están quedando vacantes derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita a 14 años el periodo de duración de estos servidores públicos. No se trata de que suenen o no, sino que estén en posibilidades de obtener el número suficiente de votos en el Congreso local, ya sea por influencias o mediante el pago de jugosas cantidades a personajes del Poder Legislativo.
¿Las magistraturas se compran? Por supuesto. Sabemos de magistrados que invirtieron todo su patrimonio para cubrir la cuota que les impusieron desde el edificio de Matamoros (cuando el Congreso se ubicaba en esa calle), en pagos sin firma de recibido y a través de terceras personas.
No siempre ha sido así. En algún tiempo el gobernador en turno mandaba la lista de profesionistas del derecho que debían ocupar los espacios en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia e incluso los que debían ser contratados como jueces de primera instancia. No era para nada extraño que los abogados que se veían en los eventos del candidato priísta, al ganar las elecciones y después de que el gobernador tomara protesta, automáticamente pasaban a ocupar la titularidad de algún juzgado.
Eran los tiempos en que la división de poderes era una inalcanzable utopía. El gobernador en turno hacía y deshacía en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Las magistraturas eran “conquistas alcanzadas en campaña” y no se tomaba en cuenta ningún otro mérito que no fuera la cercanía con el gobernador.
Suponemos que la última vez que ocurrió así fue en 1994, cuando las elecciones las ganó el general Jorge Carrillo Olea y el Tribunal Superior de Justicia se llenó de personajes desconocidos que tenían como característica común el haber pertenecido al Poder Judicial Federal. Eran “los amigos de Carlos Peredo Merlo”, cerebro jurídico del entonces mandatario estatal, quien de esa manera pagó favores recibidos con anterioridad en los tribunales federales.
Al frente de ese grupo conocido como “los federales”, Carrillo Olea puso a un abogado muy conocido y reconocido en la entidad morelense: don Jesús Bello Espíritu.
En aquellos años era impensable ver los debates que se arman ahora al interior del Pleno, ni las votaciones reñidas que por un voto se decide quién gana la presidencia. ¿Paridad de género? ¿Carrera judicial? Por favor! Nada de eso importaba. Bastaba con que trajera “la bendición” del gobernador.
Prueba de ello es que don Jesús Bello Espíritu fue electo presidente del TSJ sin haber sido magistrado. De la dirección de la Facultad de Derecho de la UAEM saltó al TSJ por determinación del Congreso y de ahí en automático a la presidencia del órgano colegiado. De la misma manera, después de que hizo enojar al general, al otro día los magistrados sesionaron y determinaron separarlo del cargo para poner en su lugar a Jesús Vallejo, quien se mantuvo disciplinado de principio a fin.
Con la llamada “alternancia en el poder” que se inició en el año 2000, el mecanismo para conformar el Pleno del TSJ cambió. Ahora cada partido político representado en el Congreso ponía a sus magistrados, y ya comenzaron a tomar en cuenta que los elegidos tuvieran algo de carrera judicial y que fuera una que otra mujer. Pero ya era un avance.
Los últimos años se volvió un desgarriate. Los magistrados fueron entrando por cualquiera de las vías: en reconocimiento a su trayectoria al interior del Poder Judicial; por recomendación de un partido, o mediante la compra de votos.
Suponemos que así va a darse la designación de las magistradas y magistrados que habrán de sustituir a Carmen Cuevas, Miguel Ángel Falcón, Rocío Bahena y Valentín González.
Primero se tendrá que cumplir con la cuota de género. Actualmente son ocho magistradas y una más (Guillermina Jiménez) en espera de que se resuelva su situación legal, así que seguramente quienes sustituyan a Rocío y a Carmen serán también mujeres.
Muy probablemente serán jueces, cumpliendo así con la paridad de género. Los otros dos espacios quedan libres, y en virtud de que ninguno de los partidos políticos representados en el Congreso tiene el control absoluto del mismo, tendrá que definirse por el método más antiguo de la humanidad: el dinero.
Sin embargo, antes se tendrá que cumplir con la parafernalia de las declaraciones de las diputadas y los diputados diciendo que se va a privilegiar la honradez y los conocimientos jurídicos de los aspirantes, a quienes someterán a ensayos por escrito e interrogatorios (será patético ver a doctores en Derecho humillándose ante diputad@s con secundaria trunca) para que al final se elijan a los peores.
Y es que hay varios diputados y diputadas que ya perdieron toda pizca de dignidad y se han convertido en auténticos mercenarios. Ya hasta perdieron la cuenta del número de veces que han cambiado de camiseta, ya no saben si son de izquierda o de derecha, gobiernistas o antigobiernistas, el chiste es agarrar todo lo que puedan de aquí a que termine el presente trienio, pues saben que –aunque exista la figura de la reelección- nadie volverá a creer en ellos.
Ell@s podrían ser fiel de la balanza a la hora de elegir a los responsables de impartir justicia en el más alto órgano jurisdiccional de esta entidad. Es una pena pero así es.
HASTA MAÑANA.
