Hasta antes de que Andrés Manuel López Obrador asumiera la presidencia de la República y designara a Santiago Nieto Castillo como director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a los delincuentes de cuello blanco no les importaba ser denunciados ante la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía, pues difícilmente caerían en la cárcel.
Las acusaciones se iban acumulando en los juzgados y con el mismo dinero que habían obtenido de las actividades ilícitas pagaban costosísimos despachos y sobornos para funcionarios judiciales para que fueran “chicaneando” los procesos penales. Impunidad total.
Pero a partir de la llegada de la llamada Cuarta Transformación, una indicación del presidente basta para que la UIF congele las cuentas de quien sea, lo mismo empresarios que abogados o líderes sindicales.
La legalidad de esta medida está bajo discusión entre los conocedores del derecho, pues la Constitución es clara en el sentido de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Que quede claro que la medida del congelamiento de cuentas no es creación de este gobierno federal, ya existía pero se manejaba de la siguiente manera:
Un grupo de despachos cercanos a Los Pinos contactaba a las personas cuyas cuentas habían sido congeladas por sospechas de lavado de dinero y les ofrecían ayuda para desbloquearlas a cambio de grandes sumas de dinero.
“Venían los despachos de Los Pinos… contactaban a la gente que estaba bloqueada (…). A partir de ahí, se generaba el caso. El que era el consejero jurídico, Humberto Castillejos, operaba todo desde una serie de despachos, eran los despachos que se encargaban de defender a las personas en contra de la UIF”, relató Santiago Nieto en una entrevista para Aristegui Noticias.
El principal argumento legal que presentaban estos despachos era la tesis jurisprudencial 87/2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo presidente era el Ministro Eduardo Medina Mora Icaza, ex titular de la Procuraduría General de la República durante la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Dicha tesis tenía como antecedente el amparo en revisión 1231/2017, interpuesto por la empresa Capital Administrativo S.A. de C.V. luego de que sus cuentas habían sido bloqueadas por medio de un acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
El proyecto de Medina Mora, luego de la usual argumentación jurídica, llegó a una conclusión sumaria: la Unidad de Inteligencia Financiera sólo tenía la facultad de congelar las cuentas de individuos y empresas cuando dicha medida tuviera como propósito cumplir una resolución de un organismo internacional o una obligación bilateral o multilateral asumida por el país.
Pero, esa misma Unidad de Inteligencia Financiera no podía bloquear cuentas bancarias “cuando se realiza para cuestiones estrictamente nacionales”. En ese caso, concluyó el estudio de Medina Mora, la medida no procedía porque era inconstitucional.
Si bien esa resolución sólo beneficiaba a la empresa mencionada, el “criterio jurídico” de Medina Mora abría el camino para el descongelamiento de la mayoría de las cuentas que estaban en esa situación.
No pasó demasiado tiempo después del primer traspié legal que cercenaba las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera –el amparo impulsado por Medina Mora– para que llegara uno más. El sexenio agonizaba y las decisiones de la Suprema Corte tendrían efectos a corto plazo, como ya se ha visto, y a mediano plazo, cuando el nuevo régimen tendría que lidiar con las consecuencias.
Si en el primer caso el proyecto de resolución del amparo fue elaborado directamente por el ministro Medina Mora, en el quinto y definitivo también estuvo presente la huella del ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) durante el gobierno de Vicente Fox.
Aunque a la ministra Margarita Luna Ramos le tocó preparar el proyecto de amparo en revisión 124/2018 contra el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, la sentencia propuesta tres semanas antes por Medina Mora marcó la pauta.
Y con ello se estableció una jurisprudencia vigente a partir del 21 de mayo de ese año: todo juez que reciba una solicitud de amparo contra el congelamiento de las cuentas decretado por la UIF debe concederlo automáticamente. Eso sí: caso por caso y sólo para quien lo solicite.
Bastaron dos meses ‒del 21 de febrero al 18 de abril de 2018‒ para que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación presidida por Medina Mora desmontara, según han denunciado los actuales encargados de la UIF, una herramienta necesaria para combatir al crimen organizado.
Así, menos de un mes antes de que la catástrofe electoral sacara nuevamente al PRI del poder, al menos 722 cuentas bancarias fueron descongeladas por instrucciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
El 4 de junio de 2018, una orden electrónica desbloqueó casi mil 100 millones de pesos y 18 millones de dólares de las cuentas de personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco.
El beneficio alcanzó también a empresas vinculadas a la Estafa Maestra, a cientos de compañías factureras; o a particulares y firmas empresariales ligadas al desvío de recursos públicos para financiar campañas electorales del PRI.
A las 17:47 del 4 de junio de 2018, un hombre ingresó a Hermes, el sistema instalado en algunas de las computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apretó unas teclas y envió el requerimiento 110/E/564/2018.
En unos cuantos segundos, se descongelaron casi mil 100 millones de pesos y los 18 millones de dólares que se mantenían en diversas instituciones financieras del país.
Como ya es del dominio público, Eduardo Medina Mora presentó su renuncia el 3 de octubre de 2019. Se espera que corra la misma suerte que el general Cienfuegos, pues de acuerdo a las investigaciones de los fiscales de Estados Unidos, si el secretario de la Defensa era “el padrino” de la mafia, el abogado de la organización criminal era nada menos que el ministro Medina Mora.
HASTA MAÑANA.
