Publicado en Estrategias Viernes, 28 Enero 2011 10:06

Morelos: “michoacanazo” en puerta

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Tlaltizapán, refugio de ex funcionarios cuestionados.

La Protección de Datos Personales.

Los últimos acontecimientos son indicios claros de que un operativo de las fuerzas federales similar al que ocurrió en Michoacán en mayo del 2009 está por iniciarse en Morelos. Quizás no con la fuerza del “michoacanazo”, pero sí lo suficiente para enrarecer aún más el clima político que se vive, sobre todo si las órdenes de detención van sólo contra alcaldes surgidos de partidos diferentes al PAN, o sus jefes policiacos.

Es urgente que el gobernador del Estado, Marco Adame Castillo, fije su posición con respecto a las últimas acciones de la 24ava. Zona Militar, a fin de atajar las versiones que sugieren un acuerdo  del PAN-Gobierno con las autoridades federales para afectar la imagen de alcaldes de oposición con miras a las elecciones del 2012.

Y es que, más que las consecuencias legales de las detenciones, lo que más ha perjudicado a los actores políticos son los boletines de la 24ava. Zona Militar. Ahí está el ejemplo del regidor de Zacatepec, Enrique Pineda Figueroa, quien salió libre al demostrar la procedencia  y destino de los cartuchos que le encontraron; o el de Oscar Prado, quien más tardó en ser puesto a disposición de la PGR que en salir libre. Pero los nombres de ambos siguen plasmados en los boletines de la SEDENA valiéndoles un comino la máxima de que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

El último caso es lo ocurrido en torno a  la detención de Juan Mendoza Montes de Oca. Y aquí queremos dejar bien claro que no estamos defendiendo a nadie. Lo criticable son los términos en que está redactado el comunicado de la SEDENA, dando por hecho la participación del detenido en el secuestro de un ciudadano suizo y señalando al director de la Policía Preventiva, Juan Bosco Castañeda, como parte del grupo delictivo.

Ya antes la milicia había señalado a la Policía Municipal de Jiutepec como protector del CPS, y todavía más atrás detuvo y entregó a la PGR al jefe de la Policía de Yautepec, Gerardo Calderón, con el mismo resultado de siempre: libre por falta de elementos para procesar.

Con lo anterior, reiteramos lo que hemos venido diciendo en las últimas columnas: quien lleva la agenda política, mediática y social en Morelos es el Ejército. Y si no lo consideran así, analicemos el caso de la famosa “narcolista”, pero dividiendo objetivamente lo real, lo tangible y comprobable, de los “chismes” que ha generado esa  información.

Lo real: varios periódicos locales y nacionales publicaron el pasado jueves 20 de enero que el Ejército Mexicano realizó la detención de dos sujetos que viajaban a bordo de un vehículo sobre la carretera Zacatepec-Jojutla, y que entre las cosas que llevaban –armas, drogas, dinero, cargadores- estaba una supuesta “narconómina”.

En dichos medios de comunicación aparecen dos o tres fotografías. En una están dos hombres, en la otra aparecen una gran cantidad de objetos puestos sobre la parte trasera de un vehículo rojo. En la tercera se observa un cuaderno cuadriculado y las letras “pago Amacuzac… precidente (sic) municipal  miranda… 40,000”. Abajo aparecen más datos: “cmt baye” parece indicar que se trata de un comandante Valle, al que le asignan en esa libreta la cantidad de 25 mil pesos, pero que al parecer no es el director de seguridad pública, Carlos Alberto Luna Figueroa. En otra toma de la misma libreta se lee: Pagos de Tlaltizapán… precidente municipal Ennio… 40,000. Cmt Anuar… 25,000… cmt operativos…15,000”. Cabe mencionar que el alcalde sí se llama Ennio y el coordinador de seguridad pública es el abogado Anuar Fernando Cárdenas Rueda.

Ahora bien. ¿Quiénes tuvieron a la vista ese cuaderno?

Antes de contestar esa pregunta habrá que recordar que en la columna de la semana anterior hablábamos de que, tras años de ser una figura decorativa, hoy la milicia está más que presente en la vida de los morelenses.

Y como cualquier otro ente social, el Ejército ha buscado interactuar con los medios de comunicación  y hoy tiene su propio  “pool” de prensa, a los que convocan para que cubran sus detenciones y decomisos.

Fue ese diminuto grupo, la mayoría de ellos principiantes en la actividad reporteril, quienes tuvieron a la vista el cuaderno cuadriculado en el que aseguran que aparecen los municipios de Jojutla y Zacatepec, además de los ya mencionados. Son también ellos quienes tuvieron a la vista una lista de cinco o seis nombres de periodistas, pero que precisamente por su escasa experiencia en el medio no les suena conocidos. Dicen que sólo uno viene con nombre y apellido, los demás son el nombre o el primer apellido.

Es evidente que, por sí solo, el cuaderno multicitado no sirve ni siquiera para iniciar una averiguación previa, quizás por eso el Ejército no lo incluyó en los objetos puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Sin embargo, si aunado a lo anterior se descubren adquisiciones que superan por mucho los ingresos comprobables de los alcaldes, o si alguno de los detenidos confiesa ante el Juez que entregó en propia mano dinero a tal o cual persona, entonces sí estarán en problemas.

Pero volviendo al tema del papel que jugó el Ejército en este escándalo, cabe mencionar que, entre la hora de la detención en la carretera Jojutla-Zacatepec, y su presentación a los medios de comunicación en las instalaciones de la 24ava. Zona Militar, pasaron muchas horas.

Es de suponerse entonces que forzosamente la superioridad tuvo que haber conocido de esta información, y que pudo evaluar el impacto mediático que tendría su difusión. Es decir, no fue un descuido.

Los diputados priístas, entre ellos Omar Guerra Melgar, sugieren que hubo un acuerdo entre la autoridad militar con jurisdicción en el estado y el Gobierno panista para “balconear” a los alcaldes del tricolor. Quienes conocemos a los funcionarios que encabezan ambas instituciones francamente lo dudamos.

Más bien me inclino por la posibilidad de que haya sido una decisión unilateral de la milicia, como un mensaje para aquellos alcaldes y regidores que últimamente han cuestionado el proceder de las fuerzas castrenses, y de paso, un “acicate” al gremio periodístico.

La hipótesis de que la llamada “narco nómina” haya sido sembrada por los propios militares me parece descabellada, pues sería gravísimo para todos.

¿Se avecina otro operativo federal parecido al “Michoacanazo”? Es posible, pero no con los mismos alcances. La liberación casi masiva de los alcaldes purépechas por resoluciones de los jueces federales -lo que evidenció el fracaso de la PGR- hace poco probable que lo intenten en tierras morelenses. Lo que sí ocurrirá, es que habrá detenciones de muchos, muchos policías de todas las corporaciones, incluyendo altos mandos.

Y aquí es importante que la “cacería” sea pareja, no con distinción de colores. Y que también incluya a servidores públicos del periodo 2006-2009 y candidatos a alcaldes que no obtuvieron el triunfo.

A ese respecto, no hay propiamente una “narcolista” de alcaldes y jefes policiacos que protegieron a Arturo Beltrán Leyva, pero sí referencias que obran en expedientes y que ponen en ese supuesto a los siguientes municipios: Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Huitzilac, Xochitepec, Emiliano Zapata, Zacatepec, Jojutla, Amacuzac, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Tetecala, Mazatepec, Jonacatepec, Cuautla, Yecapixtla, Ayala , entre otros.

Como verán, en la presunta repartición de dinero sucio no hubo distinción de partidos.

Y ahora, para finalizar, la gran pregunta: si los 208 mil pesos que traían Martín Ortiz Román y Gerardo Carvajal Flores eran para pagar a alcaldes, jefes policiacos y periodistas, ¿para dónde venían los 450 mil dólares que decomisó la Policía Federal en una “empresa de paquetería en Cuernavaca” unos días después?

 

TLALTIZAPAN, REFUGIO DE EX FUNCIONARIOS CUESTIONADOS

Gente de Tlaltizapán me informa que, derivado de un acuerdo entre Gustavo Rebolledo Hernández y Ennio Pérez Salazar, cuando el primero fue alcalde de Zacatepec, el segundo tuvo manos libres para hacer negocios en ese municipio, pero que ahora que Ennio es el alcalde de Tlaltizapán, tiene la obligación de dar cabida en su nómina a Rebolledo y sus más cercanos colaboradores.

Este compromiso implica necesariamente un “engordamiento” de la nómina, pues de acuerdo a la página de internet de Tlaltizapán, y a pesar de que se trata de un municipio pequeño en términos poblacionales y económicos, Ennio Pérez Amador se da el lujo de tener, por ejemplo, dos consejeros jurídicos,  un coordinador de la Consejería Jurídica y además un “secretario de acuerdos”, nombramiento que sólo existe en el Poder Judicial.

En otro caso, en el directorio oficial aparecen dos coordinadores de comunicación social exactamente con el mismo nombramiento y el mismo sueldo, uno es Benjamín Avelar Valle y el otro Ezequiel Carreón Ramírez, quien ocupó ese mismo cargo en la administración de Rebolledo en Zacatepec.

Oscar Ocampo Argueta, actual director de Impuesto Predial y Catastro, ocupó el mismo puesto en Zacatepec,  al igual que el jefe de la Policía, Anuar Cárdenas.

La última noticia refiere que ya está en la nómina también el ex de muchos cargos, Armando Ramírez Saldivar, como asesor del presidente municipal, aunque hasta ayer no aparecía en el directorio que está obligado a publicar como información de oficio. Es por eso que ya solicitamos a la UDIP de Tlaltizapán que nos informe si en la nómina o a través de honorarios, cobran en ese Ayuntamiento los maquiavélicos Gustavo Rebolledo y Armando Ramírez Saldivar.

DIA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Este viernes 28 de enero se celebra por tercera ocasión el Día Mundial de la Protección de Datos Personales. Vale la pena destacar que este día fue creado a iniciativa del Consejo de Europa y la Comisión Europea hace tres años con motivo del aniversario de la firma del Convenio 108 para la protección de los individuos con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.

Así que si bien este día comenzó como un día "europeo" hace tres años, rápidamente se extendió a Estados Unidos y ahora a América Latina. El derecho a la privacidad es un derecho humano universal, reconocido en todos los textos internacionales de derechos humanos y constituciones. En nuestra región ha tenido un gran impulso merced de la aprobación de leyes de protección de datos personales en la última década en Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y, muy recientemente, México.

Este día tiene como primordial objetivo concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad y difundir sus derechos en el marco de la legislación vigente.

Hablamos de proteger a las personas de los riesgos inherentes y asociados con el manejo ilegal de los datos que atañen a su identidad, privacidad, intimidad, honor, reputación y dignidad, tales como su nombre, domicilio, edad, nacimiento, estado civil, familia, salud, bienes, creencias, preferencias, opiniones, posesiones, afiliaciones, ocupaciones.

Son datos que en algún momento pueden estar en posesión de las autoridades, pero nuestra Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales, señala claramente que la información de carácter personal no podrán entregarla a cualquiera que la solicite, sino sólo con autorización expresa de su titular.

Además, las autoridades deben de tener fines lícitos y legítimos para sistematizarla y archivarla, es decir, fines relacionados con el ejercicio de su competencia, guardando en cualquier caso la debida y estricta confidencialidad que esta información amerita.

También ahora, en todo nuestro país, las personas pueden ejercer este derecho contra abusos cometidos por particulares, o simplemente que los datos pudieran estar en riesgo, caso en el cual aplica la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

El objetivo de esta ley federal es precisamente proteger esos datos, regulando su tratamiento legítimo, controlado e informado, así como garantizando la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas, lo que implica que los particulares sólo pueden tener datos de las personas que hayan dado su consentimiento para fines legales y legítimos, consentimiento que debe estar libre de engaños y ocultamientos. En este caso, es el IFAI la instancia encargada de vigilar la aplicación de esta ley.

Otro objetivo que tiene esta celebración mundial es la difusión de mejores prácticas sobre la recolección y procesamiento de datos personales en el mundo físico y virtual, tanto por parte de las autoridades, como de los particulares que poseen datos sensibles de las personas.

Este año, distintas organizaciones y asociaciones de los sectores público, privado y la sociedad civil en varios países, incluido México, se unen a la iniciativa para crear conciencia de este derecho tan importante, sobre todo en el ámbito del uso de tecnologías como el Internet, la telefonía móvil y el uso de la redes sociales que han registrado un uso exponencial en los últimos años.

DE TODO UN POCO

Revuelta en el Sindicato del Congreso.- Como si no fueran suficientes los problemas de la dirigente sindical del Congreso Local, María Eugenia Reyes, ahora se suma el hecho de que impuso como su representante legal al abogado Hugo Lino Sánchez, para que éste se encargue de los diferentes asuntos jurídicos de la organización.

Y el problema no es tanto que les estén descontando 10 pesos quincenales a los más de 100 trabajadores para cubrir el salario del litigante, sino que Hugo Lino Sánchez Miranda aparece en el directorio de la Comisión de Mejora Regulatoria (según su página de internet) como jefe del departamento jurídico, lo que –a decir de algunos inconformes- podría  tener como consecuencia la nulidad de los juicios en los que aparezca como representante legal.

Nombramientos en la SSP.- Después de muchos años de estar al frente de lo que fuera el Consejo Tutelar para Menores Infractores, hoy Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, fue despedido Samuel Su Robles.

En su lugar entra Evelia Flores Hernández, quien es Licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría en Derecho Penal y desempeño en el área Académica, así como cursos y diplomados relacionados con Criminalística, Readaptación Social, Derechos Humanos, Drogas, Violencia y Adolescencia y Tratamiento de Menores Infractores, entre otros temas.

También, Martha Patricia Alegría Loyola asumirá el cargo de Subsecretaria de Coordinación y Desarrollo Administrativo, que dejara vacante Rafael Rivera Ruiz, recién jubilado.

La que también se fue es la hermana del secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. No se sabe hace cuanto dejó el cargo ni sus motivos, pero ayer la SSP informó que en su lugar llega  Ernesto Martín del Campo González, quien asumirá la Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito.  El nuevo funcionario es Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica con estudios de Maestría en Planeación y Sistemas y se desempeñó como catedrático en el ITAM, con experiencia en diseño de sistemas computacionales y programas de enseñanza, planeación y control de proyectos así como planeación financiera, diseño e implementación de programas educativos y de concientización sobre la prevención social del delito, prevención de conductas de riesgo y de promoción de una cultura de legalidad.

 

Síndicos, una especie en peligro de extinción.- La tarde de este jueves, la Síndico Municipal de Temixco, Yuriana Lázaro Landa protestó formalmente como presidenta de la Asociación Civil de Síndicos Municipales en el estado, en una ceremonia encabezada por la presidenta nacional de este organismo, Liliana Álvarez Loya celebrada en la Ex Hacienda de Temixco.

Yuriana Lázaro fue electa representante de los síndicos en un proceso democrático celebrado en el mes de julio en el municipio de Mazatepec, en donde participaron 20 de los 33 síndicos de todo el estado, y ella logró obtener 12 votos a su favor, por encima de Humberto Paladino, el otro candidato contendiente.

Previo a la ceremonia de ayer, la representante de los síndicos a nivel nacional, Liliana Álvarez (síndico de Chihuahua) encabezó una conferencia de prensa en la que resaltó que es necesario recuperar la importancia de esta figura legal, ya que por desconocimiento o diversas razones, en muchos municipios del país al síndico se le asignan funciones que no le corresponden. La falta de capacitación para el buen desempeño de estos cargos, y los riesgos que corren los síndicos municipales (en Guerrero recientemente asesinaron uno) son algunos de los principales retos que tiene la Asociación a nivel nacional, según dijo Liliana Álvarez.

Con la síndico de Chihuahua vienen Yalia Salido Ibarra, de Sonora; Adrián Pérez Negrón, de Ario de Rosales, Michoacán; y Gilberto Olmos, de Valle de Bravo, Estado de México, quienes hoy serán recibidos en Tepoztlán por el alcalde Gabino Ríos Cedillo.

 

HASTA EL PRÓXIMO VIERNES

 

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