No sabemos de quién haya sido la idea, pero el hecho es que el Congreso local ha decidido que el calendario de entrevistas a los aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa, así como sus semblanzas curriculares, es “información confidencial” y no pública, como ocurre en prácticamente todas las instituciones que realizan este tipo de procesos de selección.
A una solicitud de información pública hecha por integrantes de la Asociación Civil “Máxima Publicidad”, en la que se pide tener acceso a los currículums vitae de los aspirantes a las magistraturas mencionadas, Mariana Guerrero Rodríguez, secretaria técnica de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, contesta lo siguiente:
“En relación a lo anterior, me permito manifestar que en términos de lo dispuesto en el artículo 87, segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, señala que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello”.
Agrega que en virtud de que los aspirantes a ocupar las magistraturas en mención “no manifestaron expresamente su voluntad de que sus currículum fueran publicitados y en virtud de contener los mismos datos personales”, por lo cual se contempla que será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho, “de ahí el impedimento legal para poder proporcionar dicha información, sin mediación y autorización de los titulares de la misma”.
Bajo ese criterio, la titular de la Unidad de Transparencia del Congreso, Gisela Salazar Villalva no tuvo otra opción que negar la información solicitada, por lo que ya se interpuso el recurso correspondiente ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
Pero la funcionaria está haciendo una interpretación errónea del derecho a la protección de los datos personales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio de la tesis I.4o.A.40 A (10a.) interpretó el alcance del principio constitucional de máxima publicidad, en dos aspectos generales: 1) todas las autoridades se encuentran sujetas a este principio y 2) toda la información que manejan es pública reconociendo que la excepción a estas reglas es la clasificación de información, por ocurrir dos posibles situación reguladas por la propia ley: confidencialidad de la información o su reserva, situaciones por las cuales, la calidad de pública podría cambiar. Por ejemplo, en el caso en que se encuentren relacionada la información pública solicitada con datos personales, en razón de que se podrían afectar su vida privada, honor y propia imagen o en aquellos casos en que la información pública se encuentre protegida por el secreto comercial, industrial, bancario, fiduciario, fiscal y profesional, las regulaciones en materia de derechos de autor y propiedad intelectual, entre otras hipótesis que establece la ley, situaciones en las que la calidad de pública se encontrará legitimada a ser clasificada como confidencial.
Por otro lado, en materia de información reservada la legislación es clara en establecer las situaciones en las cuales será factible que la información pública sea clasificada, por ejemplo si ésta compromete la seguridad pública, obstruye la prevención o persecución de los delitos, o se encuentra contenida en las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramitan ante el Ministerio Público, entre otras situaciones.
Y la información solicitada al Congreso por nosotros no encaja en ninguna de las hipótesis antes mencionadas.
Pero no es necesario recurrir a la técnica jurídica para saber si los currículums vitae de los aspirantes es confidencial o no. Basta con aplicar la lógica más simple, y consultar lo que ocurre en otras instituciones con procesos selectivos similares.
Solicité la opinión de expertos en derecho a la información, ya sea por su preparación académica o por su experiencia en requerir información pública a sujetos obligados en nuestro estado, y así me contestaron:
“Se está violentando el Derecho al Acceso a la Información Pública (DAIP). y es lamentable que pongan el mal ejemplo en comparativa con otros Poderes Legislativos, incluido el Senado en temas similares…valdría la pena revisar la figura de la Denuncia que contempla la Ley de Transparencia, para hacerla efectiva y solicitar al INAI intervenga atrayendo el recurso derivado de la solicitud”, opinó la doctora en Derecho, ex consejera del IMIPE, Esmirna Salinas Muñoz.
“La Cámara de Senadores lo hace para transparentar los perfiles de los aspirantes (con ello se observa las capacidades y aptitudes para desempeñar los cargos públicos), los ciudadanos podríamos ver si en verdad acreditan su CV o están inflados”, apuntó el también doctor en Derecho, Antonio Sorela Castillo.
“Jesús, desde hace dos años los diputados no han querido entregar videos y currículums de los aspirantes de la Comisión de Derechos Humanos, IMIPE y ESAF, aún y cuando ya concluyeron. Obvio el IMIPE no ha resuelto los recursos de queja”, dijo Roberto Salinas, codirector de la organización “Morelos Rinde Cuentas”.
Eleael Acevedo, ex presidente del IMIPE y acérrimo crítico de las instituciones de plano dijo que la posición adoptada por el Congreso local “es una estupidez, una irresponsabilidad supina, una mediocridad argumentativa”.
Por simple lógica, si alguien aspira a ocupar tan digno cargo en el Poder Judicial, no tendría por qué exigir que se mantenga en secreto su currículum. Al contrario, les interesa que se sepa lo bien preparados que están y toda la trayectoria que les precede como para aspirar al máximo escalafón de la carrera judicial.
Recordemos que el Poder Ejecutivo (específicamente la Secretaría de Gobierno), recientemente hizo públicas no solamente las semblanzas de los aspirantes a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, sino incluso sus fotografías. Obviamente, se suprimen datos personales como el domicilio particular y el número de teléfono celular de los aspirantes.
Pero no, en la LIV Legislatura hay alguien (no sabemos si esa es la posición de todas las diputadas y todos los diputados que la integran) que considera que es información confidencial.
Y bajo ese absurdo criterio, también es un secreto el calendario de entrevistas a los aspirantes a las magistraturas, que sabemos que inició el pasado martes 13 y concluye el martes primero de junio, pero no tenemos el día y hora que le corresponde a cada uno de ellos.
Como quien dice, en materia de transparencia vamos como los cangrejos en esta entidad.
HASTA EL LUNES.
