Publicado en Estrategias Viernes, 04 Marzo 2011 08:07

Caso UCLAT: otra historia de impunidad

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• La estrategia de “romper estrategias”.

• ¿A quién le trabaja Yván Vilchis Álvarez?.

El caso que a continuación vamos a comentar, es uno más de los que se han dado en Morelos en los últimos años, hechos que, bajo la lógica del ciudadano común, evidencian “transas”, “cochupos”, “movidas” o como le quiera llamar, pero que éstos se diluyen en la maraña de denuncias, demandas, amparos y demás tecnicismos jurídicos, dejando un sentimiento de impunidad en la población.

El 22 de agosto del 2005 se inició una denuncia por posibles hechos constitutivos de delito bajo el expediente SC/4ª./5933/2005-8 en contra del entonces director general de Transportes en el Estado, Francisco Xavier García Castellá.

El denunciante, Apolinar Enrique Rodríguez Zagal, le imputaba el otorgamiento de 149 concesiones nuevas para prestar el servicio público de transporte sin itinerario fijo (taxis) en el municipio de Cuernavaca, a favor de la Unión de la Clase Trabajadora (UCLAT) a pesar de que existía un decreto que impedía la liberación de cualquier concesión o permiso para prestar dicho servicio.

La Procuraduría de Justicia (en aquel tiempo a cargo de Hugo Manuel Bello Ocampo) resolvió que sí había responsabilidad penal y consignó el expediente al Poder Judicial, quedando radicado en el Juzgado Primero Menor de lo Penal.

La resolución del juez fue bastante extraña, pues por principio de cuentas negó la orden de aprehensión solicitada por la PGJ en contra del funcionario mencionado, pero hizo la siguiente anotación:

“Si bien el suscrito no advierte acreditado en autos que el activo (acusado) haya otorgado concesión alguna para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, ello no implica que no se aprecien circunstancias que pudieran constituir irregularidades en la conducta desplegada por el activo referido”.

Enseguida, el juzgador enumera las posibles irregularidades:

1) García Castellá argumentó que no había nuevas concesiones, sino la regularización de unas ya preexistentes, para lo cual exhibió copia certificada de las concesiones otorgadas supuestamente en 1990, mismas que al confrontarse con los tarjetones otorgados por García Castellá, resulta que algunos de los concesionarios eran menores de edad cuando recibieron la supuesta concesión, “lo cual finca duda sobre la legitimidad de las documentales en comento”.

2) Las concesiones otorgadas supuestamente a UCLAT tienen fecha de 1990 y están firmadas por José Ignacio Ávila Piña en su calidad de director general del Transporte, siendo que en esa fecha el director del Transporte era René Sánchez Beltrán.

3) Obra en autos copia certificada del entonces subsecretario de Gobierno, Germán Castañón Galaviz, ante la Comisión de Tránsito y Transporte del Congreso, quien reconoció que “los oficios mediante los cuales se ordenó la asignación de placas de matriculación para 150 concesiones fue un error, y que incluso estaba siendo objeto de una investigación en la Contraloría General del Estado”.

 

A pesar de lo anterior, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado no dio vista a la Procuraduría de Justicia sino hasta que el ofendido lo hizo por sus propios medios, e incluso tuvo que recurrir al juicio de garantías para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos realizara las diligencias correspondientes.

Fue así como, al expediente ya mencionado se agregaron los delitos de falsificación y uso de documento falso, así como encubrimiento, ahora en contra de quien fuera secretario de gobierno en el 2005, Germán Castañón Galaviz, y el beneficiario de ese acuerdo “en lo oscurito”, Víctor Manuel Mata Alarcón, presidente de UCLAT.

Tuvieron que pasar dos años para que la referida Fiscalía emitiera un dictamen al respecto. El pasado 9 de noviembre del 2009, la Procuraduría de Justicia dictó un acuerdo de no ejercicio de la acción penal a favor del hoy presidente del Partido Acción Nacional en Morelos y el dirigente de la UCLAT.

Pero el MP tampoco analizó si hubo o no irregularidades en el otorgamiento de concesiones, sino que “se salió por la tangente”, argumentando que ya había prescrito el delito imputado.

“Tomando en cuenta que la presente denuncia recae sobre documentos públicos y personas que en el momento de los hechos ejercían funciones como servidores públicos, se determina que si la pena máxima establecida en el artículo 214 es de tres años, también se debe cuantificar una mitad más en términos de lo dispuesto por el artículo 217, mitad que corresponde a un año y medio, por lo tanto, en los presentes hechos y por cuanto hace a la Falsificación y Uso de Documento Falso, para que opere la prescripción debe transcurrir 36 meses o bien tres años”.

El juez primero de distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región con residencia en Acapulco, Jerónimo José Martínez Martínez, arremetió contra el autor de esa resolución en su sentencia de fecha 31 de enero del 20011:

“El actuar (de la PGJ) indiscutiblemente que es violatorio de garantías, puesto que al ser dicho cálculo la base fundamental para que opere la aludida causa extintiva de la acción punitiva, es menester que se encuentre fundada y motivadamente evidenciado cómo es que, acorde con los preceptos legales, que para ello sea procedente considerar exactamente se fija tal plazo.

Y remató: “Es incuestionable que la autoridad responsable vulneró las garantías de fundamentación y motivación prevista por el artículo 16 constitucional, así como el principio de exhaustividad que debe contener toda sentencia”.

Así pues, la autoridad federal le ordenó a la Procuraduría de Justicia “proceda con plenitud de jurisdicción a subsanar la violación formal que a lo largo de esta ejecutoria se precisó”.

En conclusión, desde el punto de vista estrictamente jurídico Germán Castañón “ya la libró”, mientras que Víctor Manuel Mata Alarcón tendrá que esperar a que la Procuraduría de Justicia subsane los errores que le encontró el juez federal a su resolución.

Pero la “vox populi”, esa que se propaga de boca en boca, ya hizo su propio juicio al dirigente estatal del PAN, y no solamente por cuanto al caso que hoy abordamos, sino también por la venta de 3 mil concesiones en el ocaso del sexenio de Sergio Estrada Cajigal.

El veredicto del pópulo, la plebe, se conocerá en julio del 2012.

 

 

LA ESTRATEGIA DE ROMPER ESTRATEGIAS

El arte de la política no solamente consiste en llevar a cabo una estrategia para buscar el poder, sino también en romper las estrategias del contrincante. El plan de los enemigos de Manuel Martínez Garrigos ya había cuajado: panistas, perredistas y ciudadanos inconformes con el incremento al impuesto predial estaban sumando cada vez más adeptos y se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza para la carrera política del joven alcalde.

Al mismo tiempo, la estrategia de mandar a sus funcionarios a las televisoras y estaciones de radio a explicar los fundamentos de ese incremento había resultado un rotundo fracaso.

Manuel o sus asesores decidieron adoptar una nueva estrategia: aprovechar el ruido que estaban haciendo sus detractores y utilizarlo a su favor. Así, los mismos medios de comunicación que dedicaron todas sus horas y primeras planas a criticar el aumento al predial, tuvieron que “regalarle” tiempo-aire y líneas ágata al Ayuntamiento de Cuernavaca cuando anunció que, no solamente no seguirían cobrando el multicitado impuesto, sino que regresarían el dinero a quienes ya lo hubieran pagado.

Eso es romper una estrategia del enemigo. Ya “sin materia”, sus detractores tuvieron que buscar otros temas para seguirlo denostando o centrarse en los “detallitos” relacionados con algunas fallas en la devolución del dinero. En términos periodísticos, “se cayó” la nota del impuesto predial.

Luego vino el contraataque. A través de vistosos pendones color rojo y con las siglas del PRI, los estrategas de MMG hicieron que los cuernavaquenses viéramos el “súmate al NO” hasta el hartazgo (como cuando los panistas nos metieron a base de spots el slogan de “el poder de tu mirada”) sin mayores explicaciones.

La semana pasada hacíamos referencia a esa campaña a la que calificamos de confusa, agresiva y contaminante. Sin embargo, este fin de semana los pendones rojos fueron sustituidos por unos de color claro, ya no firmado por el PRI (me pregunto si alguien lo creerá) en los que aclaran a qué se referían con el “súmate al no”.

“No al pago de tenencia vehicular”, exige el nuevo pendón (que no deja de ser contaminante), para luego rematar: “Adame, cumple tu palabra”.

Esta estrategia tiene como fin “romper” una estrategia del PAN que consistía en desaparecer el pago de tenencia pero no ahorita, sino a unos meses de las elecciones.

Ahora los panistas ya no podrán “regalarnos” la desaparición de ese impuesto tan criticado, pues si llegan a hacerlo el PRI se encargará de decir a los cuatro vientos que fue por la presión ejercida por ellos.

Ahora bien, desde mi punto de vista personal tanto la devolución del dinero del predial, como una eventual desaparición del pago de tenencia vehicular, son actos tendientes a ganar votos pero que tendrán consecuencias financieras en el erario público.

Es decir, ese dinero que no va a entrar por concepto de predial o de pago de tenencia significará un “agujero” en las finanzas del municipio y el estado, respectivamente. En el caso del Ayuntamiento capitalino, los funcionarios que se encargan de planear las obras ya contaban con ese dinero, el cual no llegará porque se decidió sacrificar en aras de no perder votos.

Lo mismo en el gobierno estatal, donde se dejarán de percibir muchos millones con tal de que la gente se lleve una buena impresión del gobierno panista y decida votar por la continuidad.

En ambos casos, ese dinero tendrá que llegar por otras vías. Es algo similar a lo que ocurrió en el Congreso Local, donde los diputados no cobraron aguinaldo este año, pero de que se llevaron mucho dinero, sí se lo llevaron.

En conclusión: lo que dejamos de pagar por concepto de predial y lo que dejemos de pagar por concepto de tenencia lo terminaremos pagando los ciudadanos de algún modo, porque no creo que ese faltante se vaya a resarcir con el sueldo de los funcionarios.

Para concluir con el tema de las estrategias político-electorales habrá que reiterar que en estos momentos no podemos decir si la estrategia de uno u otro partido es la correcta. Será hasta el 2012 cuando los estrategas podrán analizar en qué acertaron y en qué fallaron.

Y como siempre: de los triunfos muchos se dirán los estrategas, mientras que de las derrotas se echarán la culpa entre ellos mismos el resto de sus vidas.

¿A QUIÉN LE TRABAJA YVAN VILCHIS ÁLVAREZ?

Nadie sabe de dónde salió ni siquiera si tiene la calidad de estudiante, pero lo cierto es que hay un joven de nombre Yván Vilchis Álvarez que se ha abrogado el título de “refundador” de la agonizante Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM).

Con abundantes recursos económicos cuyo origen se ignora, Vilchis Álvarez y su grupo se dedican a recorrer las preparatorias, escuelas y Facultades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos haciendo procesos “fast track” para la elección de representantes estudiantiles.

En la prensa se ostenta como “miembro de la Comisión de Reestructuración de la FEUM” e involucra en esta “cruzada” a la Fundación Pro-Venados que encabeza Josué Ortiz López.

Hay que recordar que desde abril del año pasado la FEUM quedó acéfala tras la desafortunada actuación de Edgar Landeros Muñoz y un “empujoncito” del rector Fernando Bilbao Marcos. Ya sin cabeza, el Consejo General de Representantes nombró una comisión conformada por cinco alumnos (con Juan Pablo Flores Mendíola al frente) pero el acuerdo fue que sólo se encargaría de abrir las oficinas de la FEUM y elaborar una lista de los asuntos urgentes, uno de ellos, la repartición del dinero otorgado por el gobierno de Marco Adame en forma de “becas” para el transporte.

Fue la única Comisión que se creó y desapareció al concluir su encargo. Es decir, nadie puede en estos momentos asumir ninguna representación de la FEUM, ni siquiera para “reestructurar” los CESAs de prepas y Facultades.

Por eso surge la pregunta: ¿Para quién trabaja Yván Vilchis?

Ante la falta de información objetiva, surgen rumores de que trabaja para la administración central en la conformación de una nueva Federación de Estudiantes “a modo” para la Rectoría. Otros más ven la mano de aspirantes a la rectoría operando ya con miras a la sucesión que será a finales del próximo año. En el extremo de las elucubraciones, ven a Yván como “títere” de Jorge Meade Ocaranza -presunto aspirante a gobernador que se ha dedicado a conformar grupos juveniles a diestra y siniestra- pero no para que aquél ocupe la presidencia de la FEUM, sino solamente para que le abra el camino a Josué Ortiz López.

El tiempo nos dirá de dónde salen los recursos de la Fundación Pro-Venados y para quién trabajan.

CÓNCLAVE DE IMPULSORES DE LA TRANSPARENCIA

Ayer, en las instalaciones alternas del Congreso Local se llevó a cabo la Octava Reunión de la Región Centro de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) que aglutina a todos los órganos garantes del derecho a la información bajo la anfitrionía del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) que preside Mirna Zavala Zúñiga.

Resultó por demás interesante el Panel denominado “Morelos a 6 años de logros y retos en transparencia”, que reunió a quienes podríamos llamar “Los padres de la transparencia en Morelos”: Víctor Hugo Manzo Godínez, Jorge Messeguer Guillén y Eleael Acevedo Velázquez.

También estaba contemplada la participación del senador Sergio Álvarez Mata, pero no acudió.

Manzo Godínez, quien fue coordinador de los diputados del PRI en la XLVIII Legislatura, recordó que en la creación de la Ley de Información Pública y Protección de Datos Personales fue fundamental la participación del llamado “Grupo Oaxaca”, y que fue a partir de que se organizó la Maestría en Derecho con la Universidad Anahuac del Sur a través del Instituto de Investigaciones Legislativas que encabezaba Eleael Acevedo, cuando se consideró importante meter a Morelos en esa agenda.

El ex diputado priista hizo una revelación: “se discutió la conveniencia política de no aprobar la Ley de Transparencia”, ante los ataques sistemáticos de algunos medios de comunicación que calificaban a dicho cuerpo legal como una “ley mordaza”, “lo cual era el planteamiento más absurdo y perverso que pudiera señalarse contra este proyecto”.

Ya para terminar, el médico lanzó un comentario que “caló” entre los consejeros del IMIPE: “Estoy convencido de que el origen de la designación puede legitimar o deslegitimar a quien es designado, pero lo que realmente da legitimidad a los integrantes del IMIPE es su trabajo directo, honesto, valiente, a favor del derecho social. Si se trabaja a favor de quien los designa se traiciona el encargo pero sobre todo se echa abajo la confianza de la sociedad”.

Por cierto, de la participación de los representantes de órganos garantes de la transparencia en los estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Distrito Federal, se arriba a la conclusión de que Morelos sigue a la vanguardia. Cuando uno escucha las quejas de quienes han tenido que lidiar con gobernadores con tendencias autoritarias, como Mario Marín, Ulises Ruiz, Enrique Peña Nieto y Zeferino Torreblanca, se valora aún más que el actual gobernador morelense, con todos sus asegunes, esté comprometido con la transparencia.

DE TODO UN POCO

¿Venganza?.- Directamente de la oficina de Comunicación Social (que oficialmente no existe pero sí opera) de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano salió una tarjeta informativa que a la letra decía:

“Una mujer resultó lesionada al ser arrollada por el chofer de un vehículo deportivo en avenida Las Palmas en Cuernavaca, el chofer responsable intentó darse a la fuga pero fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

“Los hechos se registraron cerca de las 13 horas de este martes cuando el chofer del vehículo quien responde al nombre de Jorge López Guerrero, particular y trabajador del senador del PAN por Morelos, Adrián Rivera Pérez, conducía un vehículo marca wolksvagen (sic) tipo Bora de modelo reciente con placas de circulación, 789WPR del Distrito Federal, atropelló, a una mujer de nombre Araceli Sánchez de 41 años de edad, cuando caminaba sobre la calle Oaxaca de la colonia las Palmas frente al restaurant Los Vikingos”.

“El chofer al parecer circulaba bajos los influjos del alcohol y no se percató de la mujer arroyándola (otra vez SIC) dejándola mal herida, por lo que intentó darse a la fuga pero fue detenido por agentes de tránsito de Cuernavaca y el vehículo trasladado a la base de grúas Montejo”.

“La mujer fue atendida y traslada (recontra SIC) al Hospital de la Cruz Roja por paramédicos del H. Cuerpo de bomberos, donde la reportan grave”.

De inmediato, el fiel escudero del senador, Julio Aranda, aclaró que Jorge López no es chofer del senador, que tampoco iba en estado de ebriedad, que no intentó escapar y que tampoco está grave la señora. Pero la “travesura” de quien intentó ser secretario de Seguridad Pública en el 2003 y no obtuvo la venia de Adrián Rivera, ya estaba hecha.

¿Y el PRD qué rumbo lleva?.- Mientras los panistas y priistas se enfrascan en una desordenada competencia entre gobierno estatal y municipio capitalino, el Partido de la Revolución Democrática tiene –otra vez- la histórica oportunidad de convertirse en el tercero en discordia y ganador del pleito entre tricolores y azules.

Pero, lo que son las cosas, en el PRD el pleito es entre ellos mismos, y no sólo a nivel estatal, sino en las cúpulas.

En lo personal me causa hilaridad el pleito Graco Ramírez-Raúl Iragorri. Una buena estrategia de sus competidores sería dejarlos que debatan un rato entre ellos dos, hasta que ya no haya más lodo qué echarse.

Hace un par de días, el profesor Isaías Cano Morales, izquierdista por convicción y no por conveniencia, decía que Jesús Ortega tuvo una encerrona con presidentes y secretarios generales de las directivas de los estados donde demandó apoyo a sus proyectos aliancistas. “Sería un derecho de las bases conocer si asistieron y qué papel jugaron en esa reunión tanto Juan Ángel Flores como Anastasio Solís, los oficialmente directivos del PRD- Morelos. Un deber ético habría consistido en llamar a rueda de prensa e informar a las bases que dicen representar, cuál fue el motivo de tal encerrona y cuál su posición”, escribió.

Insistimos: el PRD tiene (como en la década de los noventas) la oportunidad de ser la opción para los que están hartos del PAN pero tampoco quieren que vuelva el PRI. Todo está en que no se comiencen a pelear desde ahora.

Jornadas de actualización jurídica.- En la casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte este martes 8 de marzo a las 17 horas el Dr. Álvaro Guadarrama González presentará la conferencia intitulada La Lógica Jurídica en el Proceso Legislativo, y para el siguiente día el tema será El Divorcio Incausado, a cargo del también Doctor Eduardo Oliva Gómez. La entrada es libre.

Modificado por última vez en Viernes, 04 Marzo 2011 08:11
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