La reunión informal que sostuvieron ayer en el restaurante Alondra el presidente municipal en funciones, Antonio Villalobos, y el electo, José Luis Urióstegui, provocó todo tipo de reacciones. Algunos vieron en ese encuentro un “pacto de impunidad”, mientras que otros lo interpretaron como una “jugada maestra” del alcalde saliente para sacarle provecho mediático.
Ni una cosa ni la otra. Los que “se rasgaron las vestiduras” diciendo que lo de ayer confirma “que hay un pacto por medio del cual Antonio no será molestado en su persona ni en sus pertenencias”, parecen ignorar que el procedimiento de entrega-recepción no depende de los compromisos personales ni cuestiones subjetivas, sino de lo que establece la ley.
Desde 2011 existe una “Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios” que marca paso a paso el mecanismo mediante el cual los que se van le entregan a los que llegan; los funcionarios que deben participar y los plazos para que la nueva administración haga valer sus inconformidades ante las autoridades competentes.
La reunión de ayer fue a propuesta del alcalde saliente y él decidió el lugar, que resultó ser la cafetería propiedad de la ex regidora Vera Sisniega, justo enfrente de la catedral, con toda intención de que fueran vistos por la prensa que recibió “el pitazo” desde el ex hotel Papagayo. José Luis Urióstegui aceptó la invitación “a tomar un café” como muchas otras que ha aceptado en los últimos días, y no tuvo objeción en que fuera en una terraza porque no tendría por qué ser secreta.
Pero esa reunión no tuvo ningún simbolismo más allá de la relación cordial que siempre ha tenido con la familia Villalobos. Una cosa es la cordialidad y otra muy diferente el cumplimiento de la ley.
Y es precisamente la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus Municipios la que establece en su artículo 14 todos y cada uno de los documentos que deberán entregar, en los cuales “deberá detallarse de tal manera que contenga todos los datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el concepto de que se trata, así como para determinar la situación y estado en que se encuentre, pudiendo la entidad o dependencia que se encuentre en este proceso, en cuanto a la entrega de expedientes, almacenar los mismos en los medios electrónicos que estén a su alcance”.
Entre estos se incluye libros de actas de Cabildo; acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir; relación de convenios celebrados con otros municipios, con el Estado o la Federación; relación de capitales y créditos a favor del municipio; relación de donaciones, legados y herencias que recibieron; participaciones que perciban de acuerdo con las leyes federales y del Estado; relación de las rentas y productos de todos los bienes municipales, y documentación normativa que regula la actividad municipal.
Es decir, no hay forma de que algo escape a ese procedimiento.
En el artículo 24 señala que durante los siguientes cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del acto de entrega el funcionario que reciba podrá requerir al funcionario que entregó, la información o aclaraciones adicionales que considere necesarias.
“… tal solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio que haya designado en el acta de Entrega-recepción el servidor público saliente, el requerido deberá comparecer personalmente o por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la notificación a manifestar lo que corresponda, en caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido, el servidor público entrante deberá notificar tal omisión al órgano de control interno para que proceda de conformidad con la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado”, agrega.
Con lo anterior estamos queriendo decir que ni Urióstegui le dará concesiones a su antecesor, ni Villalobos debe ser reconocido por dar las facilidades necesarias para la entrega recepción, porque la normatividad ya tiene todo contemplado.
Recordemos que el único que fue capaz de hacer una “entrega-recepción tramposa” fue el ex gobernador Graco Ramírez Garrido.
Tras la derrota de su hijastro frente a Cuauhtémoc Blanco, el gobernador mandó publicar en el periódico “Tierra y Libertad” de fecha 13 de julio de 2018, un “acuerdo que establece los lineamientos para la entrega recepción”.
En dicho documento se menciona que la Comisión de la Administración saliente iniciará de inmediato los trabajos para la transferencia de información sobre el estado que guardan los asuntos y recursos financieros, humanos, materiales, obras y programas, jurídicos y generales.
Advertía que todo lo anterior se haría “bajo los principios de confianza, cooperación, flexibilidad y adaptabilidad, respondiendo con rapidez, eficacia y eficiencia, potencializando su actuar; pudiendo, además, hacer uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, así como conformar grupos de trabajo para el cumplimiento de su objeto”.
Y entre toda esa palabrería venía escondido el siguiente párrafo:
“…por conducto de la Comisión, se proporcionará a la comisión de enlace de la administración entrante, la información que se requiera respecto de las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal, conforme el ámbito de su competencia, sin que esto implique la entrega de documentación alguna”.
Así, el proceso de entrega recepción se redujo a reuniones informales en los que los funcionarios de Graco Ramírez le entregaron mucha información a los profesionistas designados por Cuauhtémoc Blanco, pero nada que no pudieran obtener de los boletines emitidos durante los últimos seis años del gobierno estatal.
Esa fue una de las causas por las que Graco Ramírez nunca pudo ser procesado por delito alguno.
Sin embargo, el proceso de entrega recepción del Ayuntamiento de Cuernavaca no se regirá por ese documento tramposo que expidió Graco Ramírez, sino por la normatividad estatal vigente.
Por cierto, ayer se publicó en redes sociales una foto en la que aparece José Luis Urióstegui, Carlos de la Rosa, Armando Díaz Manzanarez, Sara Olivia Parra, entre otros, lo que parecía ser ya el gabinete del próximo presidente municipal de Cuernavaca. Pero no, se trata de la generación 1980-85 de egresados de la Facultad de Derecho de la UAEM, que ayer se reunió como cada año, aunque a varios de ell@s seguramente los veremos en el próximo Ayuntamiento.
HASTA MAÑANA.
