La Constitución federal mexicana, a partir de la reforma del artículo 17 del 18 de junio de 2008, introduce al orden jurídico nacional los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como un derecho humano. Es así como la justicia alternativa alcanza su punto más alto, en virtud de que la norma constitucional la establece como obligatoria para todas las áreas del derecho, además de que representa la solución para reducir la carga de trabajo de los tribunales en todas las materias.
Sin embargo, por diversas circunstancias en México no ha tenido el mismo éxito que en el continente europeo, y particularmente en Morelos existe un considerable atraso en ese rubro. Quizás eso se deba a la idiosincrasia de los morelenses, quienes en su mayoría no quieren solamente resolver un conflicto, sino vengarse de su contrincante y demostrar su superioridad.
En días pasados, la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez González, anunció que en el corto plazo Morelos se sumará a las entidades que ya cuentan con sus centros de conciliación, derivado de que el Comité de Evaluación de Proyectos, en su Quinta Sesión Extraordinaria, dio luz verde al proyecto para la creación de tres centros, y tribunales laborales para el estado.
Asimismo, agregó que como parte del acuerdo 01- 11/06/2021, la Federación realizará al Estado la transferencia de 32 millones 318 mil 501 pesos, con el fin de colaborar con la implementación de los centros de conciliación y de los tribunales laborales.
La funcionaria mencionó que recibió la notificación de la Secretaría de Hacienda por la ampliación del recurso aprobado para la Reforma Laboral de cinco millones de pesos, que contribuirá a cumplir con los trabajos de la segunda etapa de la reforma.
Lo que muy pocos saben es que la mediación también se puede hacer de manera privada o particular. A partir de este año en Morelos existe una alternativa confiable, a bajo costo y sobre todo con certeza jurídica para resolver juicios en diversas materias, gracias a la apertura de los centros de mediación, el último de ellos inaugurado ayer por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz.
El director de este nuevo centro Privado de Mecanismos Alternativos, Conciliación y Mediación Número Tres, “Juntos Construyamos Acuerdos”, es el abogado Adrián Román Hernández, uno de los más destacados discípulos del prestigiado laboralista Gustavo García Aragón, en sociedad con Oscar Torres Correa, especialista en mediación.
En una conferencia de prensa ofrecida ayer en céntrico restaurante, los profesionistas del derecho explicaron que esta modalidad ha tenido excelentes resultados en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Jalisco. Entre las problemáticas que se pueden atender en este Centro Privado Acreditado, se destacan: pensiones alimentarias, custodias, convivencias, conflictos derivados de herencias, controversias familiares, divorcios, incumplimientos de contratos, pagos de deudas, arrendamientos, prestación de servicios, conflictos con propiedades, posesiones y pagarés entre otros.
La mediación es el procedimiento voluntario por el cual las partes involucradas en una controversia, buscan, construyen y proponen una solución satisfactoria a la misma, con la asistencia de un tercero neutral e imparcial denominado mediador.
En cambio, la conciliación es el mecanismo voluntario, mediante el cual las partes involucradas en una controversia buscan, construyen y proponen opciones de solución a la misma, con la asistencia de un Conciliador, quien actuará de manera imparcial, y quien podrá proponer alternativas de solución sobre la base de criterios objetivos
También existe lo que se denomina “negociación asistida”, que es el proceso no jurisdiccional basado en la autonomía de la voluntad de las partes, asistidos por un experto tercero neutral e imparcial para que satisfagan los intereses de los interesados y se logre la solución de su conflicto.
Y finalmente está la Justicia Restaurativa, definido como un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo posible, a todos los que tengan interés en una ofensa particular, e identificar y atender colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. Se escucha utópico, pero existe.
En materia penal existe desde hace años los llamados Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC), que se ponen en práctica a través del Centro de Justicia Alternativa (CJA), que dependen de la Fiscalía General del estado, y en el que han tenido algunos casos de éxito.
Por ejemplo, en un primer caso, en el año 2019 se inició una Carpeta de Investigación por el delito de fraude cometido en el municipio de Tepoztlán, y fue a través del Centro de Justicia Alternativa que se aplicaron métodos alternos como la mediación, conciliación y junta restaurativa que permitió llegar a acuerdos entre las partes, a fin de evitar llegar ante el órgano jurisdiccional.
Después del desahogo de sesión conjunta con víctima y requerido se firmó un acuerdo reparatorio, lográndose la recuperación económica de 160 mil pesos, en favor de la víctima.
Un segundo caso se registró a partir de la denuncia iniciada por el delito de abuso de confianza, donde después de llevarse a cabo una sesión conjunta y al estar de acuerdo el imputado en los hechos y participar en el mecanismo de solución alterna a través de la mediación, ofreció realizar la reparación del daño ocasionado a la víctima, a través de la intervención de la operadora y facilitadora del CJA, cada una de las partes expuso sus necesidades e intereses, lo que permitió la firma del acuerdo reparatorio correspondiente que ampara la recuperación de 84 mil 780 pesos.
Ayer, Oscar Torres Correa nos platicaba de un caso que ocurrió cuando él se desempeñaba como mediador de la Fiscalía, y fue necesaria su intervención para solucionar un conflicto entre dos personas privadas de su libertad que estaban purgando condenas en la cárcel distrital de Cuautla, en el que afortunadamente se logró el objetivo.
Desde nuestro particular punto de vista la sociedad morelense no está preparada para dirimir sus conflictos de otra manera que no sea a través de los tribunales. Sin embargo, será un experimento interesante el que están poniendo en marcha los abogados Adrián Román y Oscar Torres, sobre todo tomando en cuenta que los juzgados del Tribunal Superior de Justicia están atiborrados de demandas y que la pandemia vino a hacer más lenta la administración de justicia.
Y eso que todavía no se crean los tribunales laborales como parte de la reforma federal que deberá estar en marcha a partir del primer día del mes de octubre.
HASTA EL LUNES.
