Después de mucho tiempo de negociaciones, por fin el Congreso del estado aprobó en sesión que inició este lunes por la noche y se prolongó hasta la madrugada, la designación de los nuevos magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, comisionados del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, así como la titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización dependiente del Poder Legislativo.
Como ocurre cada vez que se hacen este tipo de designaciones, habrá mucha gente inconforme y quizás hasta peticiones de amparo ante la justicia federal, pero mientras tanto, ya son magistrados y magistrada electos por un periodo de 14 años, contados a partir de su toma de protesta, la que ocurrió en la misma sesión ordinaria del Congreso del Estado.
Un detalle interesante es que ya no se establece la obligatoriedad de ser evaluados a los seis años, sino que se siguen hasta los 14 años. Eso sí, después de ese periodo tendrán que dejar el Tribunal y sin posibilidad de jubilación, solamente con un “haber por retiro” como se acostumbra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La designación responde a la convocatoria JPyG/002/TSJ/20121 publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5913 de fecha 9 de febrero de 2020 y sustituyen, respectivamente, a las y los magistrados María del Carmen Verónica Cuevas López, Rocío Bahena Ortiz, José Valentín González García y Miguel Ángel Falcón Vega. Como se podrá observar, pasó casi año y medio en que esos cargos permanecieron acéfalos simplemente porque los diputados “no pudieron ponerse de acuerdo”.
El dictamen emanado de la Junta Política y de Gobierno (JPyG) fue presentado al Pleno Legislativo al continuar este día la sesión ordinaria iniciada el 28 de junio pasado y en él se refirió que a la convocatoria citada respondieron 102 aspirantes.
En el dictamen se estableció que todos los postulantes cumplieron los requisitos de ley y por tanto, a todos se les consideró para ser designados como titulares de una de las cuatro magistraturas, para lo que se determinó realizar cuatro rondas de votación por cédula.
En cada una de esos turnos y respetando el principio de paridad, fue designada la persona que obtuvo al menos las dos terceras partes de la votación por cédula de los integrantes de la LIV Legislatura.
En la primera ronda, con 19 votos, fue electo el ciudadano Jaime Castera Moreno para sustituir a María del Carmen Verónica Cuevas López; en la segunda oportunidad, con 19 votos, Marta Sánchez Osorio en lugar de Rocío Bahena Ortiz; en tercera oportunidad, con 19 votos Rafael Brito Miranda para sustituir a José Valentín González García; y finalmente con 19 votos Francisco Hurtado Delgado en sustitución de Miguel Ángel Falcón Vega.
Mucha gente pensó que se trataba de Jaime Castera Toscano, el profesionista que encabeza una agrupación denominada Abogados por México y que tiene el record de más amparos contra la designación de magistrados, pero no, se trata de su hijo del mismo nombre.
Ambos encabezan uno de los despachos más prestigiados en la entidad dedicados exclusivamente a representar instituciones bancarias. Desconocemos las circunstancias políticas en que se dio este nombramiento, pero nos consta la calidad moral y la preparación de los dos Jaimes, así que seguramente hará un papel extraordinario.
En el caso de Marta Sánchez Osorio se avecina una polémica. No solamente porque había 10 jueces, tanto hombres como mujeres, que están mejor preparados académicamente y con más merecimientos, sino porque tiene varias quejas ante la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) e incluso en 2019 fue sancionada con una suspensión del cargo por treinta días, bajo la queja 98/ 2019, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial.
Ayer fue cuestionado sobre esa circunstancia el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, y admitió que la señora sí tiene varios asuntos pendientes, pero la decisión es del Congreso y tendrán que aceptarla, a menos que alguno de los afectados con el nombramiento interponga un recurso ante la justicia federal.
Por otra parte, no pasa desapercibido que Marta es hermana de María Luisa, la juez con licencia y notaria suplente que está cubriendo el lugar de su esposo Uriel Carmona mientras éste se desempeña como fiscal general del Estado. El sentir generalizado es que fue el fiscal quien gestionó con los diputados que nombraran a su cuñada como magistrada.
De igual forma, se escucha en los pasillos que la designación del abogado Francisco Hurtado Delgado fue petición expresa de su cuñado, el subsecretario de Gobernación federal, Rabindranath Salazar Solorio, famoso por colocar a toda su familia en buenos puestos en los tres niveles de gobierno.
Un caso “para Ripley” es el del joven abogado Rafael Brito Miranda, que hace un año podía ser visto en los tribunales de Cuernavaca cargando un bonche de folders con demandas del Ayuntamiento de Miacatlán, en un vehículo de medio pelo, y hoy es magistrado. Tiene buen padrino.
Por cuanto al IMIPE, el Pleno legislativo votó por unanimidad a favor de las y los ciudadanos Xitlali Gómez Terán, Hertino Avilés Albavera y Karen Patricia Flores Carreño para ocupar los cargos de comisionadas (os) propietarios del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) y a sus respectivos suplentes, las y los ciudadanos Claudia Marina Aponte Maysse, Hugo Omar Aranda Nava y Patricia Sánchez Soto, quienes ocuparán dichos cargos por los próximos siete años a partir de su toma de protesta, la cual se realizó ayer en la madrugada.
Hemos seguido la trayectoria de Xitlali Gómez Terán desde que trabajaba en el Tribunal Estatal Electoral, luego en lo que hoy es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana como consejera, por lo que no dudamos que realice un buen papel en el órgano garante de la transparencia.
De igual manera, a Hertino Avilés Albavera (hijo de Hertino Avilés Arenas, toda una institución en la abogacía) lo conocemos desde que encabezaba una agrupación estudiantil en la Facultad de Derecho junto a Clara Soto Castor, quien luego se convertiría en su esposa para procrear a Hertino Avilés III, quien actualmente es el articulista más joven de nuestra publicación “Cauce Legal”.
La presencia de Hertino y Xitlali en el IMIPE, con su ecuanimidad y sapiencia jurídica, vendrá a ser un contrapeso para el estilo dictatorial del actual presidente, Marco Antonio Alvear Sánchez, y su eterno cómplice el médico (aunque firma como DR.) Roberto Yañez.
De Karen Patricia Flores Carreño sólo sabemos que fue directora jurídica del IMIPE, señal inequívoca de que sí sabe, pero nos llama la atención que fue propuesta de la diputada Naida, la esposa de Julio Yañez, por lo que no se descarta que haga alianza con Alvear y el médico.
HASTA MAÑANA.
