En el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) el Comité de Participación Ciudadana (CPC) -que encabeza al sistema por ser la representación de la sociedad civil- opera con apenas uno de los cinco ciudadanos que deberían integrarlo. Los otros cuatro miembros del CPC han salido por renuncias o por la conclusión de su encargo y aunque a la salida de cada uno de ellos debió haberse nombrado a su respectivo reemplazo, la instancia encargada de nombrarlo, la Comisión de Selección, ni siquiera existía.
A la Comisión de Selección debió designarla el Senado de la República desde octubre de 2019, pero pasaron los meses y no lo hizo y aunque hoy ya está integrada, todavía no ha emitido la convocatoria para completar el CPC.
Así, si hoy renunciara el único integrante del CPC y el componente ciudadano del SNA desapareciera, el sistema corre el riesgo de perder legitimidad, dice Alatorre, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, en un amplio reportaje publicado en Milenio.
Para Edna Jaime, quien fue presidenta de la Comisión de Selección anterior, la cual concluyó sus funciones en octubre de 2019, asegura que el Senado se contagió de la indiferencia del actual titular del Poder Ejecutivo por el SNA, surgido de la reforma anticorrupción del sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto.
“Tiene que ver, por supuesto, con que el Presidente de la República no le haya dado nunca un espaldarazo al SNA, no lo considera un instrumento idóneo (…); este poco entusiasmo del Presidente hacia el SNA contagió a su partido, a Morena, en el legislativo y a otros legisladores que creyeron que podía posponerse la integración de la Comisión de Selección”, aseguró la académica en entrevista con MILENIO.
Ante tal indiferencia, añadió, la Comisión de Selección no cumplió con su trabajo en el engranaje del SNA, el cual, ante la falta de una de sus piezas, parece estar en estado vegetativo. “El CPC tiene apenas uno de sus cinco integrantes y está haciendo lo que puede, pero está muy atorado todo lo que tiene que ver con el SNA y eso lo llevó a un estado vegetativo, que ojalá pueda superar”, advierte.
Ante la inacción del Senado y previendo que la situación no mejoraría por sí sola, en agosto de 2020, el CPC, cuando todavía tenía tres integrantes, promovió un juicio de amparo para obligar a los senadores a cumplir con su responsabilidad. “En la Comisión Anticorrupción del Senado había senadoras y senadores que hacían el vacío a la presidencia de la Comisión -entonces encabezada por Clemente Castañeda-, la cual convocaba y se hacía el vacío para que no hubiera quórum y así no hubo nombramientos”, explica Alatorre.
Un juzgado federal les dio la razón y obligó al Senado a nombrar a los nueve integrantes de la Comisión de Selección, que después de varios meses, terminó de integrarse en marzo de este año. La nueva Comisión de Selección está integrada por Elizabeth Zoria León, Mauricio Reyna Lara, María de los Ángeles Estrada González, Aarón Aurelio Grageda Bustamante, Adán Córdova Trujillo, Armando Hernández Cruz, Mónica María del Rosario Barrera Rivera, Miguel Ángel Vázquez Plascencia y Pablo Armando González Ulloa Aguirre. Esta Comisión de Selección está por emitir la convocatoria para designar a los cuatro miembros faltantes del Comité de Participación Ciudadana.
Eso es a nivel nacional, pero a nivel local es exactamente lo mismo. El mismo fenómeno: se plantearon expectativas muy altas, pero al final de cuentas fueron las filias y fobias personales las que dieron al traste con todo.
Hoy, el Comité de Participación Ciudadana está conformado por sólo tres integrantes: Damiana Herrera Mota, Alejandro Enríquez Hermida y Edgar López Betanzos, fungiendo éste último como presidente. Terminaron ya sus periodos Roberto Coranguez Esquivel y Penélope Picazo, quienes encabezaron en ese orden dicho órgano colegiado, pero en condiciones muy lamentables.
Desde que tomaron protesta el dos de mayo del 2019, nunca pudieron ponerse de acuerdo en la designación del secretario técnico, y los que estuvieron por algún tiempo terminaron con su respectiva denuncia por usurpación de funciones ante la Fiscalía Anticorrupción, dependencia que actuó como juez y parte, pues su titular, Juan Salazar Núñez, es integrante del Comité Coordinador.
Fueron dos años perdidos en los que prácticamente no sirvieron de nada, o al menos nada que la sociedad perciba como un beneficio. Eso sí, con excepción de Roberto Coranguez, todos cobraron y/o cobran puntualmente sus 38 mil pesos mensuales o 43 mil para el caso del presidente.
Y es que tanto el Comité de Participación Ciudadana a nivel federal, como los estatales, no tienen una función práctica o tangible. La Ley Estatal Anticorrupción establece 17 atribuciones para el CPC, pero todas son teóricas. Es decir, no puede investigar hechos de corrupción porque no es Ministerio Público y para eso está la Fiscalía Especializada Anticorrupción; tampoco puede sancionar administrativamente porque para eso está la Contraloría del estado; tampoco puede fiscalizar las cuentas públicas porque invadiría la esfera de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que depende del Congreso Local.
Ahora bien, se supone que en cuanto hubiera quedado vacante un lugar dentro del Comité se tendría que haber cubierto, pero para ello tiene que sesionar la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana, que es la encargada de establecer la metodología, plazos, criterios de selección, métodos de evaluación, así como de llevar a cabo el proceso de selección de las (os) integrantes del CPC.
Sus miembros son honorarios y son nombrados por tres años. El primer Comité fue designado por José Antonio Acosta Moreno, Alejandro Rafael Caballero Morales, Karla Graciela Cedano Villavicencio, María Elena González López, Leonora Valentina Jiménez Franco, Cecilio Ovando Castelar, Carlos Pastrana Gómez, Celso Ramírez Serrano y Gustavo Rivera Loret de Mola, pero varios de ellos ya renunciaron o simplemente no les interesa continuar.
Se supone que antes de irse la presente legislatura, o la que entra en un mes, deben hacer las designaciones correspondientes para que el Pleno del CPC esté completo. Sin embargo, no hay que perder de vista que estamos en un sexenio presidencialista, y Andrés Manuel López Obrador ha dicho en varias ocasiones que está en contra de aquellos organismos supuestamente autónomos que sólo han servido para engordar la nómina gubernamental y son muy pocos sus beneficios.
Por eso, y siguiendo con la analogía de que fuera un cuerpo agonizante, quizás lo mejor sea “dejar morir” ese órgano colegiado que existe, pero en un lamentable estado vegetativo.
HASTA EL LUNES.
