A finales del 2006 fuimos testigos de un hecho sin precedentes en la capital del estado de Morelos: patrullas de la Policía Municipal recorrían la ciudad cuidando ¡los contenedores de basura! Eran las últimas semanas del gobierno de Norma Alicia Popoca (quien sustituyó a Adrián Rivera) y era presidente municipal electo Jesús Giles Sánchez (QPD), cuando se registró la primera gran “crisis de la basura”.

Hoy, a 15 años de distancia, y cuando se están dando acontecimientos que van hacia ese mismo sentido, arribamos a la conclusión de que la mencionada crisis del 2006 fue provocada para justificar la privatización del servicio de recolección de desechos y la concesión de la misma, un negocio de muchos millones de pesos en el que se han visto involucrados una considerable cantidad de servidores públicos y en el que ya se cuentan varios muertos.

Habitantes de diferentes colonias de Temixco se pronunciaron en contra del relleno sanitario ubicado en la comunidad de Loma de Mejía, y propiedad de la empresa “Trideza”, El cual recibe diariamente hasta cuarenta tráilers con más de 20 toneladas de basura, cada uno. 

“Se agudiza el problema de la basura en Morelos”, podemos leer en el portal “Punto por Punto” de los amigos Javier Pineda y Andrés Lagunas. La nota, firmada por Kike Domínguez, explica que la mañana del 19 de julio decenas de vecinos afectados acudieron al ayuntamiento de Temixco, para solicitar apoyo de las autoridades y que se cierre el tiradero que se ubica en el sitio conocido como Loma de Mejía.

Agrega que por la tarde, los manifestantes bloquearon el acceso al basurero a cuatro tráilers, que arribaron para descargar más basura. Extraoficialmente, serían más de cinco mil los habitantes que se dicen afectados debido a esta situación, provenientes de las colonias Santa Clara, Santa Úrsula, Punta Verde, Pueblo Viejo entre otras.

Un dato interesante es que los inconformes también exigen la salida del ayudante municipal de Santa Úrsula, Cándido Urióstegui, a quien acusaron de recibir sobornos por parte de la empresa para que continúe laborando, además de que han recibido amenazas por parte de los ejidatarios, dueños del predio donde se ubica el relleno sanitario, para dejar las manifestaciones y que este continúe funcionando.

Tres días después de las manifestaciones, el presidente municipal de Cuernavaca señaló que cualquier interrupción del servicio de limpia de Cuernavaca responderá a intereses entre particulares y de ninguna manera atribuible a la administración municipal.

Recordó que desde hace tres o más cambios trianuales del gobierno de la ciudad, se registran protestas, manifestaciones y hasta bloqueos con basura a cargo de “grupos que responden a intereses de empresas que se disputan la concesión del servicio y disposición de los residuos sólidos de la capital del estado”.

“Ante la pretensión de politización del asunto de la basura 'por intereses que informan y desinforman, a pesar de que se cumplen todos los estudios de impacto ambiental', es necesario dejar en claro que la administración 2019-2021 mantendrá el apoyo, ante el próximo trienio, a la actual empresa que tiene la concesión”, dice un comunicado oficial del Ayuntamiento.

No sabemos todavía en qué cargo, pero es un hecho que en la siguiente administración municipal estará Carlos de la Rosa Segura, quien se desempeñó como diputado local del 2012 al 2015 y, aunque entró a la Legislatura a través de una coalición que encabezó Graco Ramírez, al final del trienio no sólo se declaró independiente sino que fue “una piedra en el zapato” para el tabasqueño.

Y uno de los negocios que le echó a perder a Graco fue precisamente el de la basura.

Leemos en nuestros archivos hemerográficos una nota del 2015 en la que Carlos de la Rosa deja al descubierto la pretensión de Graco Ramírez de concesionar el servicio de disposición final de los residuos sólidos.

¿Cuánto estaría dispuesto a dar como “comisión” una empresa a cambio de verse favorecida con una concesión por 20 años para disponer de la basura de los 33 municipios del estado de Morelos?

El diputado Carlos de la Rosa fue quien denunció lo que consideró “el negocio millonario que pretende realizar el Gobierno del Estado con la empresa Cruz Azul”.

Advirtió que la propuesta del titular del poder ejecutivo estatal, es que los municipios cedan sus facultades en materia de disposición final de residuos sólidos, lo cual es inconstitucional.

Aseguró que pretenden constituir de un monopolio o privatización de servicios públicos municipales, en contra de la vocación original de los Ayuntamientos, ya que las ganancias, reiteró será exclusivamente para la empresa.

“Supuestamente dejaran de pagar 600 pesos en promedio, por tonelada de basura y ahora sólo pagaran la cantidad de 58 pesos, sin embargo no explican a los municipios de donde pagaran esos conceptos, si estos al celebrar dicho convenio con el poder ejecutivo, afectarán como garantía o fuente de pago las participaciones federales que les correspondan durante la vigencia de los convenios.

“Además no sólo deberán otorgar, en comodato, al Poder Ejecutivo Estatal, por un plazo mínimo de 20 y hasta 30 años, los predios de su propiedad cuya traslación del uso resulte necesaria para la instalación de las plantas de tratamiento de los residuos, sino que también deberán autorizar al ejecutivo, para que pueda otorgar el uso también de aquellos predios que reciba de los ayuntamientos, de la filial de la Cooperativa la Cruz Azul S.C.L.”, explicó el entonces legislador.

El millonario negocio en mención no pudo llevarse a cabo. A la fecha siguen abandonados los centros de separación de residuos en diversos municipios de la entidad. Graco Ramírez ya no es gobernador y el presidente de Cruz Azul, Billy Álvarez, anda “a salto de mata” al igual que su abogado Ángel Junquera.

Como respuesta a la solicitud de información pública 0504, en diciembre del año pasado el subsecretario de gestión gubernamental y Enlace de Transparencia de la Secretaría del Ayuntamiento, Debendranath Salazar Solorio, tuvo a bien entregarme el “contrato de prestación de servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y traslado hasta el sitio de disposición final, número PM/SA/CJ/DGC/042/2020-CT/ de fecha 1 de marzo del 2020”, que cubre la operación hasta diciembre del 2020.