La justicia es lenta y en Morelos más, pero tarde o temprano pone a los presuntos delincuentes ante un juez que habrá de resolver su situación jurídica. Si bien es cierto que les asiste el derecho a la presunción de inocencia, el que se judicialice una carpeta de investigación significa que el Ministerio Público encontró elementos para imputarles uno o varios delitos.

A la vista un documento con el número JC/1003/2021 fechado en Atlacholoaya, Xochitepec, Morelos, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno que a la letra dice:

“Se tiene por recibido el escrito presentado a las catorce horas con cuarenta y tres minutos, del día dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, signado por la licenciada KENYA HEDREY CORTÉS GÓMEZ, Fiscal de Delitos Diversos, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Morelos, mediante el cual solicita AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN, VINCULACIÓN A PROCESO e IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES la cual pretende realizar contra:

“DORA IVONNE ROSALES SOTELO, en su calidad de imputada, por su probable comisión en el hecho que la ley señala como delitos de EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO previsto en el artículo 271fracción III relacionado con los artículos 268, 269 Ter del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de la SOCIEDAD, así como del INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA DEL ESTADO DE MORELOS representado por el C. MARCO ANTONIO ALVEAR SÁNCHEZ.

“VÍCTOR MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ, en su calidad de imputado, por su probable comisión en el hecho que la ley señala como delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 272 fracción VII del Código Penal del Estado de Morelos, así como el delito de EJERCICIO ILÍCITO DEL SERVICIO PÚBLICO previsto en el artículo 271fracción VII del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de la SOCIEDAD, así como del INSTITUTO MORELENSE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ESTADÍSTICA DEL ESTADO DE MORELOS representado por el C. MARCO ANTONIO ALVEAR SÁNCHEZ”.

Es decir, que Dora Ivonne Rosales Sotelo y Víctor Díaz Vázquez, psicóloga y médico, respectivamente, pasarán a engrosar la lista de servidores públicos de administraciones pasadas acusados de incurrir en acciones u omisiones que la ley considera delitos, tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, mismos que actualmente están sujetos a proceso y acuden a firmar –sigilosamente para que no los descubra algún paparazzi- cada 30 días.

La juez Elvia Terán había fijado ayer martes 7 de septiembre a las 14 horas para que se llevara a cabo la audiencia solicitada por la Fiscalía, pero no se realizó porque los imputados no habían sido notificados en sus domicilios señalados por la autoridad investigadora.

Y no fueron notificados porque ambos recurrieron al viejo truco de pedirle a la servidumbre que no recibieran ningún documento y que dijeran que las personas que buscan ya no viven ahí.

El siguiente paso es que el MP pida a la autoridad judicial que se les haga la notificación en su lugar de trabajo, que en el caso del médico es el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).

“Apercíbase a los imputados DORA IVONNE ROSALES SOTELO y VÍCTOR MANUEL DÍAZ VÁZQUEZ, que de no comparecer a la audiencia señalada, podrán ser declarados sustraídos de la acción de la justicia y como consecuencia la Agente del Ministerio podrá solicitar su aprehensión o presentación para la realización de la audiencia que se está señalando; así también se apercibe a los imputados que esta declaración de sustracción de la justicia, puede ser tomada en cuenta para la imposición de medidas cautelares que puede solicitar la Representación Social”, agrega el documento en mención.

¿De qué acusan a Dora Ivonne y Víctor Díaz? No lo sabemos a ciencia cierta, pero en el caso del médico recordamos que hace años hubo una denuncia por un faltante de recursos atribuido a un director administrativo, pero el presidente del IMIPE en ese momento era Víctor Díaz Vázquez, así que pudiera tratarse de ese u otro caso.

Hace apenas unos días que otro ex presidente del IMIPE, Eleael Acevedo, se refirió al hoy imputado como “el mejor representante de la descomposición de un verdadero comisionado o consejero que en lugar de defender el derecho a la información pública se entregó en todo al Congreso para poder establecer mecanismos de beneficio personal y así se empezó a armar una estructura administrativa y burocrática del IMIPE basada en las recomendaciones y parentescos de los propios diputados”.

Ahora bien, en el caso de Dora Ivonne, recordemos que la señora permaneció más de un año como presidenta de un Pleno en la que ella era la única integrante, por lo que no tenía que darle cuentas a nadie de lo que hacía o en qué se gastaba el dinero.

Fue hasta el pasado 5 de abril cuando se le acabó su “reinado” ante la llegada de los primeros dos comisionados, Marco Antonio Alvear Sánchez y Roberto Yáñez Vázquez, tras un largo peregrinar por los tribunales federales para que les hicieran valer la designación de la LII Legislatura, y los dos llegaron “con la espada desenvainada”, al grado que ni siquiera le permitieron que terminara su periodo como presidenta.

 A partir de ese día los nuevos comisionados pudieron disponer de toda la información del IMIPE: gastos, nómina, cuentas bancarias, absolutamente todo. Es de suponerse que con toda esa información el experto en Derecho Marco Antonio Alvear le armó una denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado, misma que se judicializó recientemente.

Estaremos pendientes de la nueva audiencia que deberá ser pública y donde sabremos los detalles de las acusaciones en contra de los ex presidentes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).

Mientras tanto, y ya que hablamos del IMIPE, les recordamos que el próximo 13 de septiembre arrancará la nueva plataforma de Transparencia SISAI 2.0 que será el único medio para presentar solicitudes de acceso a la información o de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición (ARCO).

El SISAI 2.0 permitirá a las instituciones y a las Unidades de Transparencia de todo el país contar con una herramienta con mayores elementos de usabilidad para ampliar la cobertura en el ejercicio del derecho de acceso a la información y fortalecer el trabajo diario para la atención ciudadana, o al menos así lo están publicitando los órganos garantes.

HASTA MAÑANA.