Es por ello que debemos irnos acostumbrando a escuchar declaraciones de impacto mediático y propuestas al por mayor, aunque sean muy pocas las que se cristalicen.
A falta de verdaderas propuestas que beneficien a la población en general, a la actual legislatura (y las anteriores también) le ha dado en trabajar en base a ocurrencias.
Sólo por poner un ejemplo, está la propuesta de modificar la Constitución local para devolver al Gobernador la facultad de designar al procurador de justicia de la entidad.
Habrá qué recordar los antecedentes de esta disposición vigente desde 1998. El gobierno de Jorge Carrillo Olea entró en crisis a raíz de las manifestaciones del Comité de la Unidad Tepozteca (CUT) que se oponía a la construcción de un Club de Golf en aquella localidad, además del movimiento encabezado por Graco Ramírez y su “Causa Ciudadana”, culpándolo de la ola de secuestros que aquejaba a la entidad.
“La gota que derramó el vaso” fue la muerte del detenido Jorge Nava Avilés alias “El Moles” en el interior de los separos de la Policía Judicial, y la orden del entonces procurador Carlos Peredo Merlo de deshacerse del cadáver, sin imaginarse que la Policía Federal de Caminos detendría “in fraganti” al comandante Armando Martínez Salgado cuando tiraba el cuerpo en una carretera del estado de Guerrero.
El general Carrillo Olea intentó apaciguar las aguas repartiendo puestos a ilustres morelenses a los que despreció durante los primeros años de su sexenio. Echó mano de personajes como Hugo Salgado Castañeda, José Luis Urióstegui y Arturo Estrada Carrillo en el área de política interna y procuración de justicia, pero no fue suficiente.
Presionado a nivel local por los diputados y en la Federación por Liébano Saenz, Carrillo Olea tuvo que pedir licencia y dejar en su lugar a Jorge Morales Barud.
Fue entonces cuando surgió la idea de que el procurador ya no fuera designado por decisión unilateral del jefe del Ejecutivo, para no repetir la historia de Carlos Peredo Merlo, quien se había convertido en el instrumento idóneo para las venganzas políticas incluso en los terrenos del Poder Judicial, donde había conformado un grupo de magistrados conocidos como “Los Federales” que le debían el puesto y por lo tanto, obediencia ciega.
La idea de “democratizar” la designación del procurador buscaba que existiera una responsabilidad compartida. Se creía que al ser necesario el voto de la mayoría de los diputados se evitaría los nombramientos por amiguismo o compadrazgo con el gobernador en turno, garantizando que el fiscal del estado fuera un jurista de reconocida solvencia moral y experiencia en la materia.
En los hechos no fue así. El primer procurador designado mediante ese mecanismo fue José Castillo Pombo, un político de la vieja guardia que no tenía la mínima noción del derecho penal, pero sí los contactos necesarios para conseguir el voto de los diputados. Su inesperada renuncia le dio la oportunidad al académico Rogelio Sánchez Gatica de llegar hasta el cargo más alto en la dependencia en la que empezó como mecanógrafo.
Ya con Sergio Estrada Cajigal en la gubernatura, el abogado José Luis Urióstegui Salgado consiguió fácilmente el apoyo de los partidos representados en el Congreso Local para cumplir su sueño de ser procurador de justicia, cargo al que renunció después de poco más de un año, al descubrir que su jefe de Policía tenía nexos con la delincuencia organizada y era protegido por el propio gobernador, siendo relevado por el litigante Guillermo Tenorio Ávila, un experto en el tema… del Derecho Mercantil.
Con un Congreso pintado de azul, Estrada Cajigal no tuvo mayor problema en imponer primero a su amigo Guillermo Tenorio (con el que después se peleó) y después a la abogada Claudia Aponte Maysse.
Con la llegada de Marco Adame Castillo al gobierno de Morelos, fue bien vista la propuesta de postular como procurador al ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Coronato Rodríguez. Tras la noticia recibida por el gobernador de que la Policía Ministerial estaba infiltrada por el Cártel de Arturo Beltrán Leyva, Adame Castillo optó por sacar de la jugada al doctor en Derecho, y poner en su lugar a quien se había ganado su confianza al resolver un añejo juicio con un banco y ganar una controversia constitucional en contra del Poder Judicial: Pedro Luis Benítez Vélez.
Hasta ahí vamos, pero todos los que he nombrado se han enfrentado al mismo problema: la intromisión sistemática de los diputados en el trabajo de la persecución de los delitos, quienes al haber votado a favor del fiscal en turno, creen que tienen derecho a “litigar” asuntos en la Procuraduría y mandar a sus cuates para que les den chamba.
Los diputados se dan el lujo de tener a un funcionario que depende directamente de la oficina del procurador, cuya función es servir de enlace con los legisladores. Atenderlos pues.
En resumen, el procurador dejó de tener a un patrón para tener ahora 31, es decir los 30 legisladores y también el gobernador.
El motivo por el cual los diputados quieren dar reversa a esta disposición es (además de hacerse publicidad), evitar que ante la queja de los diputados por posibles malas actuaciones del fiscal en turno, el Ejecutivo les diga: “A mí qué me dices, ustedes lo eligieron”.
Por eso es que los legisladores quieren que el gobernador designe a su procurador, pero eso sí, manteniendo la facultad del Legislativo de llamar a cuentas al responsable de la PGJE en el momento que se les antoje (por ejemplo, cuando esté próximo a resolverse algún asunto legal que involucre a diputados o sus amigos).
La opinión personal del que escribe es que no es necesario volver al método anterior, sino que los diputados realmente cumplan con su obligación de votar por el que demuestre tener mayor capacidad, y no por el que les asegura chamba para sus allegados e impunidad para los legisladores.
Por lo demás, los ciudadanos debemos estar preparados para ver y escuchar el bombardeo de mensajes publicitarios diciendo que el diputado equis hizo esto y lo otro, que fue a una y otra colonia, etcétera.
Y seguirán las ocurrencias. Están empeñados en agregar al Código Penal delitos que ya están contemplados o incrementar las condenas en otros, cuando el problema no está en las sanciones, sino en que las policías no atrapan a los delincuentes. Quieren crear una ley especial para periodistas, cuando lo único que se tendría que hacer es garantizar los beneficios que ya contempla la Constitución, no para los que nos dedicamos a esta actividad, sino para los ciudadanos en general.
El problema con los legisladores (tanto federales como estatales), es que cada uno de ellos se autoproclama autor de de lo que sí se ha hecho, pero evade tajantemente su responsabilidad en lo que se ha dejado de hacer de manera colectiva.
Es decir, seguramente usted ha visto los anuncios que recorren Cuernavaca y sus alrededores la parte trasera de los camiones del transporte, en los que el diputado federal Manuel Agüero Tovar se ufana de haber conseguido millones de pesos para el presupuesto de Morelos un proyecto para la construcción de un gaseoducto y mucho dinero para la zona metropolitana, cuando la verdad es que este hombre es un perfecto desconocido en el recinto legislativo de San Lázaro.
Mención aparte merece la publicidad del diputado federal priísta. Premeditado o no, el legislador resalta su nombre “MANOLO” y minimiza sus apellidos, como pretendiendo que la gente se acuerde de cuando era vocalista del grupo “Manolo y sus socios” , y que casi pasen desapercibidos sus apelativos , ambos sinónimos de explotación caciquil.
Igual pasa con los diputados locales. De lo poco que han hecho todos se van a “colgar” en sus respectivas campañas, pero nadie asume su responsabilidad en la parálisis legislativa que afectó a la cuadragésima primera legislatura en sus primeros dos años.
LA “GUERRA” QUE VIENE
Escribo la presente columna desde Cancún, Quintana Roo, donde asisto a la segunda reunión anual de “México Infórmate”, organismo que aglutina a ciudadanos que ejercen el derecho a la información pública en todo el país.
Entre los temas que se abordaron destacan dos en el que los morelenses debemos estar muy atentos: los mecanismos que están utilizando los partidos políticos para evadir el Código Federal de Procedimientos Electorales en lo que se refiere a la propaganda en medios electrónicos y el uso de los avances tecnológicos (internet, facebook, twitter) para beneficiar o perjudicar a candidatos.
Sobre el primer tópico, la ex comisionada para el acceso a la información pública en Puebla, Lilia Vélez, expuso que en las pasadas elecciones prácticamente todos los partidos violaron el COFIPE al utilizar dinero que no proviene de las prerrogativas oficiales para comprar tiempo aire en radio y televisión. A decir de Lilia, los candidatos llegaron con portafolios llenos de dinero a comprar entrevistas, evadiendo así la disposición oficial que establece la distribución de los tiempos será regulada por el IFE o los institutos estatales electorales.
Y aquí cabe agregar lo que dijo recientemente la escritora y periodista Anabel Hernández cuando acudió a Cuernavaca a presentar su libro “Los señores del Narco”: que no hay forma de detectar cuánto de ese dinero que financia las campañas políticas proviene de la delincuencia organizada.
Sobre el segundo tema, el presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), Oscar Guerra Ford, dejó en claro que las próximas elecciones se habrán de definir en las redes sociales, donde definitivamente no hay regulación alguna que se pueda aplicar.
En su opinión, los spots que no se puedan difundir en la televisión abierta por las disposiciones del COFIPE , serán utilizados para “bombardear” a quienes utilizan la web, ya sea para impulsar la imagen de alguien, o la llamada “guerra sucia” que incluye el ataque sistemático a determinado candidato a través de las redes sociales, hasta la suplantación de cuentas de twitter y facebook para confundir a la ciudadanía.
Esas son algunas de las características que tendrá la “madre de todas las batallas” que se avecina en el 2012 en Morelos.
¿POR QUÉ LAS SESIONES DEL TSJ NO SON PÚBLICAS?
En esta reunión anual de “México Infórmate”, uno de los estudiosos del tema, Samuel Bonilla, presentó un tema muy interesante. Dijo que si bien el desarrollo que ha tenido en nuestro país el derecho de acceso a la información pública en los últimos nueve años es impresionante, hay zonas de este derecho con avance mínimo o nulo que requieren ser armonizadas con los niveles alcanzados por las mejores leyes de transparencia en México.
En el período comprendido de finales de 2001 a 2006 quedó construido el mapa nacional de 33 leyes de transparencia que incluye a los 31 estados, al Distrito Federal y al ámbito federal, además de un afortunado desarrollo de este derecho en la Constitución.
No obstante, tal como están construidas, las leyes de transparencia y acceso a la información pública enfocan su atención de forma casi exclusiva al acceso a documentos generados, administrados o en posesión de los sujetos obligados.
“En estricto sentido estamos hablando que lo que tenemos son leyes de acceso a documentos públicos. ¿Eso es lo mismo o agota el concepto de derecho de acceso a la información pública?”, cuestionó el especialista.
Según Samuel Bonilla, el procedimiento de acceso a documentos –impresos, digitales o de otro tipo– no agota las alternativas para que los individuos puedan acceder a la información gubernamental, ni necesariamente constituye en todos los casos la mejor forma de satisfacer su derecho de acceso a la información pública.
Los documentos oficiales pueden contener –por error, negligencia, formulismo oficioso, rutina burocrática o dolo– hechos que no corresponden fielmente con lo ocurrido o que de plano no ocurrieron. Los documentos constituyen registros susceptibles de alteraciones, además de poder ser ocultados, destruidos, desaparecidos, sustituidos o falsificados.
Y tomó como ejemplo la sesión extraordinaria del pleno de la Cofetel en la que se aprobó la llamada Licitación 21.
Un particular solicitó a esa Comisión la versión estenográfica y la grabación del audio de dicha sesión. De acuerdo al IFAI, la Cofetel negó la entrega de la versión estenográfica por haberla reservado por 12 años; en cuanto a la grabación del audio expresó que no podía entregar una versión pública porque no contaba con los instrumentos electrónicos necesarios. Luego diría que tal grabación ya no existía porque el CD que la contenía fue reutilizado.
La lista de circunstancias, legales o no, en que los documentos pueden quedar fuera del acceso los interesados puede ser muy larga y seguirá creciendo.
Otra modalidad de acceso a la información pública, que complementa el acceso a documentos, es garantizar el derecho de las personas a asistir a las reuniones de órganos de gobierno.
Si el acceso a documentos gubernamentales, vía leyes de transparencia, representa acceder a versiones de hechos pasados, la asistencia a reuniones públicas es una forma de conocer en tiempo presente lo que el gobierno hace y permite al interesado informarse directamente, sin mediaciones.
Representa, además, una forma de eludir gran parte de la propaganda gubernamental o el “maquillaje” de hechos que suele sufrir cierta información documental.
Con el acceso directo a la información que se genera en sesiones públicas de órganos de gobierno los interesados tampoco dependen de la agenda, selección y ponderación de la información difundida por los medios de comunicación, sino que ellos pueden asumir el control sobre esas variables en función de sus propias necesidades e intereses informativos.
Esta garantía de acceso a sesiones públicas debe permitir que los asistentes registren su desarrollo, por ejemplo con videograbación o toma de notas, en tanto no interfieran o alteren el curso de la sesión.
La función del público en este tipo de reuniones se entiende como la de un testigo social que asiste a observar y escuchar cómo se desarrollan; es decir, a conocer de primera mano cómo y en qué sentido se toman las decisiones y cuál es el desempeño de los servidores públicos participantes.
Por supuesto que se acepta que las sesiones públicas ya existen, sin embargo en diversos casos su naturaleza de públicas queda sujeta a la decisión del titular de la institución o de los integrantes del órgano que sesiona, lo que abre la posibilidad a la arbitrariedad.
Por ejemplo, suele ocurrir en municipios que sesiones del cabildo son a puerta cerrada por votación de la mayoría de sus integrantes. En ocasiones, cuando se van acordar aumentos en las remuneraciones del órgano en cuestión o asignación de partidas o algún asunto “delicado”, para evitar presencias “incómodas”, como las de los periodistas, se emiten convocatorias casi secretas para sesionar fuera de horarios habituales. En estos casos se cumple con una reunión “pública” sin público.
La propuesta de Samuel Bonilla es que, en el ámbito de cada estado y de la federación exista una ley marco de reuniones abiertas o sesiones públicas que establezca, por principio, el carácter público de las sesiones de órganos gubernamentales, y defina las excepciones a este principio. Considerando que ciertas instancias del quehacer público, como las jurisdiccionales, pudieran requerir un tratamiento diferenciado en este campo, pero en todo caso debe quedar claramente definido y regulado.
El lado contrario al principio de la apertura de la sesiones de órganos públicos lo podemos encontrar, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Congreso. Cuando se refiere las comisiones del Senado, en su artículo 93, fracción 1, establece que “Las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, cuando así lo acuerden sus integrantes”.
La lógica es que las reuniones de las comisiones sean públicas, salvo cuando… Y entonces se describirían las excepciones. De esta manera cada sesión cerrada o no pública, para que sus acuerdos tengan validez legal, uno de los requisitos que debe cubrir es que tiene que estar fundamentada en alguna o algunas de las excepciones contenidas en la ley marco de sesiones públicas.
Gradualmente algunas leyes de transparencia han incorporado disposiciones marginales sobre el derecho de las personas a asistir a reuniones de órganos públicos. Incluso en un estado de la república un órgano garante de acceso a la información dio entrada y resolvió a favor del quejoso una inconformidad por una prohibición que pretendía impedirle el acceso a una sesión de un órgano público.
En Morelos, en los últimos años se ha hablado de la posibilidad de que las sesiones de pleno del Tribunal Superior de Justicia sean públicas, similar a lo que ocurre con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde incluso se transmite por internet y televisión por cable. Pero hasta ahora el asunto no ha pasado de las buenas intenciones.
DE TODO UN POCO
Capacitación.- Cansados de esperar a que el gobierno los capacite en materia de juicios orales, un grupo de abogados decidió poner manos a la obra y el próximo sábado 2 de abril inicia el Diplomado 2011 del nuevo Proceso Penal Acusatorio Adversarial del Estado de Morelos en las instalaciones de la Universidad Latina, evento organizado por la Asociación de Abogados Penalistas que encabeza Uriel Guadarrama y el Instituto Nacional de Ciencias Jurídicas y Forenses.
Entre los expositores están los magistrados Norberto Calderón Ocampo y Andrés Hipólito Prieto, los jueces orales José Luis Jaimes Olmos, Jorge Gamboa Olea y Daniel Adán Rodríguez Apac; las defensoras públicas Yaredy Montes Rivera y Myrta Sagrario Aguirre Gómez, los fiscales Manuel Granados Quiroz y José Manuel Serrano Salmerón, en tanto que por los litigantes particulares va Cipriano Sotelo Salgado.
La estrategia de Jorge Meade.- Como parte de la estrategia del aspirante a gobernador, Jorge Meade Ocaranza, Judith Figueroa Figueroa protestó formalmente como dirigente del Movimiento Democracia Nueva, Nueva Opción, organización adherente al tricolor.
Ante un público integrado por los miembros de diez organizaciones adherentes, entre ellas los Movimientos Juvenil Mexicano, Nacional de Cibernautas, Evolución por México, Generación Revolucionaria, Foro Nacional de Oradores, Corriente Solidaridad y Tecnológico Universitario así como sus dirigentes, Claudia Ordóñez Jiménez, Griselda Moreno Castellanos, José Luis Gómez Borbolla, Demetrio Chavira de la Torre, Isabel Hernández, Fernando Figueroa y Carlos Pastrana, Figueroa Solano dijo que cuando el PRI pierde las elecciones se debe a que el trabajo no se realizó correctamente, por lo que vaticinó que con base en la unidad priista en Morelos, será posible recuperar la gubernatura como ya sucedió con la mitad del estado y la mayoría de las diputaciones locales y todas las federales.
Pleito de comadres.- Bien dice el dicho que cuando las comadres se pelean salen las verdades, y en el caso del municipio de Emiliano Zapata Alberto Figueroa y Jorge García Ocampo deben “lavar su ropa sucia en casa”. A nadie conviene un enfrentamiento al interior del cabildo y que salgan a relucir los “trapitos” más sucios de ambos funcionarios.
