“Una rama judicial bien capacitada y fortalecida, no será presa fácil de las organizaciones delincuenciales. La autonomía e independencia judicial es un plus de la democracia. A partir de una administración de justicia sólida, se construye una mejor sociedad”, afirma Fredy Machado, Juez Penal con unos 27 años vinculado al sector judicial de Colombia (10 años como Fiscal y 17 como juzgador) y quien encabeza un sindicato de jueces en aquel país.

“He sido espectador de la historia reciente de la violencia ejercida por las organizaciones criminales contra los servidores judiciales, violencia que estimamos resulta desproporcionada y que amenaza y desestabiliza la autonomía e independencia judicial”, afirma el hombre cincuentón cuya barba de candado y cabello color plata le dan cierta personalidad, además de su estatura física y moral.

Ser juzgador en Colombia es un cargo de alto riesgo actualmente, pero no como hace décadas. En la violencia de los 80 y 90 propiciada por las organizaciones criminales las ciudades de Bogotá y Medellín resultaron blancos muy impactados.

En Cartagena (lugar donde se realiza la entrevista con el juzgador), también se hicieron presentes los carros bombas y precisamente, uno de ellos explotó en el Centro Comercial Bocagrande, un 17 de mayo de 1990 con saldo de 50 personas heridas e increíblemente ninguna víctima mortal. Apenas unos meses antes se había consumado uno de los actos más demenciales de esa agrupación, al hacer explotar una bomba en el Boing 727-2 de Avianca.  Murieron los 107 ocupantes del avión.

“Los que tenemos experiencia en materia penal sabemos que, tanto en los delitos contra el patrimonio económico como en los punibles contra los recursos públicos, las reglas de experiencia nos enseñan que los autores siempre sacan ventaja del caos o del desorden existente en una entidad”, apunta Machado.

Explica que para las organizaciones criminales es una garantía el caos social y en especial, que se consolide la falta de voluntad política de cambio o la no creación de mejores escenarios de convivencia. Por eso se habla de la captura del Estado e incluso, se llega a extremos como las denuncias de que estos grupos financian hasta las elecciones presidenciales.

El egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena suelta una frase cruda y contundente que dice haber escuchado de sus maestros, que refleja la realidad que se vive en los países del tercer mundo:

 “las leyes son como las telarañas, que sólo atrapan a las moscas pequeñas, porque las fuertes las rompen sin ningún problema”.

La reacción del gobierno a los ataques de los carteles de la droga contra los servidores judiciales, a finales de los años 80´s vino con la expedición del Estatuto para la Defensa de la Justicia, un decreto -el 2790 de 1990- que nace bajo el amparo del Estado de Excepción, en el gobierno de Cesar Gaviria, y que incluye entre otras medidas los llamados “jueces sin rostro”.

Sin embargo, la respuesta de la delincuencia organizada no se hizo esperar:

El 1º de enero de 1996 la Revista Semana dijo conocer un informe de inteligencia según el cual 42 grupos distintos de narcotraficantes habrían conformado un “pool” (una vaquita, dirían en México) para pagar a distintas instancias políticas y judiciales con el fin de que se desmontara la justicia sin rostro.  

Según Machado, durante la vigencia de la “Justicia sin Rostro”, los asesinatos de funcionarios judiciales se redujeron significativamente a raíz de su implementación -entre 1992 y 1995, 19 muertos- pero las críticas a esa justicia, se centraban en que de ninguna manera se disminuyeron los niveles de impunidad. 

Se sabe que esta justicia establecía la reserva de la identidad de fiscales, jueces, tribunales, auxiliares de la justicia y hasta procuradores. También creó los testigos sin rostro y el trámite era por escrito.

Con la llegada del nuevo siglo, en el año 2000 se expide un nuevo Código de Procedimiento Penal. El mismo tiene como finalidad, entre otras, hacer más exigentes los presupuestos para imponer medidas de aseguramiento.

Un informe elaborado por los procuradores judiciales de todo el territorio nacional revelaba que entre el primero de enero de 2003 y los primeros días de febrero del 2004, habían sido capturados en redadas masivas por delitos como rebelión, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, 1957 personas. De ellas, han sido ya liberadas 754, es decir, un 38% por ciento.

A los falsos positivos judiciales siguieron los “Falsos Positivos” como se llamó al asesinato de civiles que no hacían parte del conflicto por miembros de la fuerza pública (en el marco del conflicto armado interno de Colombia).

En el año 2004 se produce una nueva reforma al Código de Procedimiento Penal y aparece el sistema penal acusatorio en las principales regiones del país. En la costa caribe entró en vigencia mucho después, a partir del 2008 pues, su implementación se hizo gradualmente.

Pero ¿Cómo puede blindarse a los jueces ante casos de organizaciones criminales con gran poder y cómo pueden los jueces ejercer su majestad sin ser amenazados o sobornados?, cuestiona el funcionario judicial y enseguida aporta sus propuestas:

1.- Los judiciales deben conocer el pasado de sus pares. La historia de los héroes de la justicia, sus sacrificios y honrar su memoria.

2.- La Rama Judicial debe tener una Policía Especializada. Un cuerpo policivo a la manera de la Policía de los Tribunales y Juzgados. En la actualidad existen unidades que se encargan de la seguridad de Palacios de Justicia y de dignatarios. Sin embargo, se busca que esa Policía asuma la responsabilidad de acompañar permanentemente a los servidores judiciales, hacer estudios, proyectar estrategias y comprometerse en las tareas encargadas.

3.- En lo que tiene que ver con los Juicios Orales estos deben iniciarse y finalizarse por el mismo funcionario. El juez encargado de un juicio conocerá de audiencias una a una. Se procura una máxima concentración y luego, al terminar el Juicio Oral, se le asignará un nuevo proceso, aplicando la misma dinámica de los jueces de garantías.

4. Las plantas de personal de Jueces, Fiscales, investigadores y asistentes deben ser acorde a la demanda de justicia. El desprestigio de la justicia está presente en los vencimientos de términos y preclusiones por prescripción de la acción penal.

5.- Por último, el mérito. El ingreso a la Rama Judicial debe ser garantizado por una Unidad de Carrera que sea independiente. Se necesita que haya transparencia en los exámenes de ingreso, que se reconozca el valor de la experiencia en la práctica judicial y se legitimen los nombramientos con fundamento al mérito. La Escuela Judicial también debe ser independiente y convertirse en una Universidad donde se continúe la actualización y capacitación de los servidores judiciales.

Hasta ahí las propuestas del juez colombiano, que bien deberían servir a los juristas mexicanos y en particular a los morelenses.

No debemos olvidar que lo que está ocurriendo en México es el guión de una película que pasaron primero en Colombia hace décadas, de ahí que debemos estudiar muy bien su historia para no caer en los mismos errores, sino aprender de ellos.

HASTA MAÑANA.