El próximo 31 de diciembre la magistrada Ana Virinia Pérez Güemes concluye su gestión como presidenta del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) tras 14 años de encabezar la delicada función de aplicar la ley a quienes han infringido la ley pero tienen menos de 18 años de edad. A ella le tocó comenzar desde cero el sistema que sustituyó al viejo consejo tutelar para menores infractores, y hoy, al hacer un análisis de su labor, consideramos que Ana Virinia debe sentirse satisfecha por el trabajo realizado.
Parece que fue ayer cuando nos concedió aquella entrevista a principios del 2008 en unas instalaciones sin mobiliario en el Pasaje Bellavista en el centro de Cuernavaca. La nueva Ley de Justicia para adolescentes acababa de ser publicada y el TUJA sobrevivía con un préstamo que les hizo el gobierno de Marco Adame Castillo que apenas alcanzaba para pagar la renta de las oficinas y los sueldos de ella y los tres primeros jueces: José Luis Jaimes Olmos, Armando David Prieto Limón y Ericka Zobeyda Juárez Portillo.
Cuando fue designada por el Congreso Local, Ana Virinia Pérez Güemes ya tenía un camino recorrido como jueza del Tribunal Superior de Justicia, pero en materia de justicia para adolescentes se comenzó prácticamente desde cero, en el que los encargados de aplicarla aprendieron “sobre la marcha”.
Pero no solamente en materia jurisdiccional se tuvieron que sentar las bases, sino también en lo que se refiere a infraestructura. En julio de 2011 se adquirió un terreno de dos mil metros cuadrados en el municipio de Xochitepec, donde el gobierno de Graco Ramírez construyó el edificio que actualmente ocupa el TUJA, aunque –fiel a su costumbre- las instalaciones las dejaron casi en obra negra.
En términos de lo dispuesto por la Ley de Reinserción Social y Seguimiento de Medidas Cautelares publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” del 24 de agosto de 2009, el TUJA cuenta con un Juez de Ejecución como autoridad judicial responsable del control y supervisión de la legalidad de la aplicación y ejecución de las medidas, teniendo como obligación el resolver los incidentes que se presenten durante esta fase, así como vigilar y garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados por esta ley.
Un avance significativo en el seguimiento de la ejecución de las medidas disciplinarias y cautelares impuestas por este tribunal, lo constituye la puesta en marcha de la Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes, instancia que, sin duda, a través de la evaluación personalizada de cada caso en particular, facilitará las resoluciones de la autoridad jurisdiccional, en la determinación de la mejor medida cautelar para el caso concreto, al contar con información objetiva y veraz acerca de los adolescentes.
A partir del 15 de febrero de 2017 se creó la Unidad de Igualdad de Género con la intención de incorporar la perspectiva de género en cada una de las áreas que conforman el Tribunal. Asimismo, el TUJA cuenta con un área de atención psicológica, que ha brindado apoyo a víctimas, ofendidos o imputados que así lo requieren por encontrarse emocionalmente afectados.
De acuerdo a nuestra experiencia, el problema de la delincuencia entre menores de edad es muy grave. Lo vemos diariamente: los sicarios encargados de realizar ejecuciones son cada vez más jóvenes, y la delincuencia organizada ha encontrado entre los adolescentes al sector idóneo para distribuir sus productos ilegales.
Y un dato extraoficial escalofriante: por los menos en diez casos, jóvenes que recientemente habían abandonado las instalaciones del Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes (CEMPLA), fueron ejecutados por la mafia.
De acuerdo a estadísticas proporcionadas por el TUJA, de 2008 a la fecha se ventilaron tres mil 312 asuntos de menores en conflictos con la ley. Se han celebrado 10 mil 069 audiencias y dos mil 848 adolescentes han sido imputados.
Por cuanto a las conductas más frecuentes por las que se iniciaron las carpetas judiciales, se observa que del año 2008 al 2012 la principal fue el robo calificado. A partir del año 2013, a pesar de que se mantuvo la conducta de robo calificado en primer lugar, la segunda conducta casi equiparable en los asuntos, fue delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, ya sea por la posesión simple de algún estupefaciente de los cuales destaca la marihuana, o con fines de comercio en su variante de venta. Esa tendencia se mantuvo en el periodo del año 2013 al 2016 y a partir del año 2016 hasta la actualidad, la conducta de narcomenudeo es la que origina la mayoría de las carpetas judiciales, superando por mucho al robo calificado que sigue ocupando la segunda posición en la tabla.
Conclusión: nuestros niños están en riesgo, y si no hacemos algo van a caer en las garras de la delincuencia organizada, ya sea como consumidor, distribuidor o sicario.
En el informe que les entregó la magistrada Ana Virinia a los diputados recientemente, advierte sobre la necesidad de que todos los sectores de la sociedad intervengan ante esta problemática.
“Debe existir un compromiso y una responsabilidad colectiva para lograr las condiciones sociales y económicas que permitan a los niños desarrollarse y a los adolescentes vivir este periodo, sabiendo que podrán ingresar a la comunidad adulta sin sobresaltos, con oportunidades personales y profesionales razonables y a su debido tiempo. Toda sociedad no sólo espera, exige que el estado que la ampara, adopte medidas legislativas que contribuyan a proteger los intereses de los menores, en especial cuando existen quienes viven en condiciones precarias, bajo ambientes de violencia o delincuencia”.
La magistrada presidenta sabe de lo que habla. En estos 14 años ha conocido de cerca a adolescentes provenientes de familias disfuncionales que se desquitaron de la sociedad con crímenes tan atroces como los que cometía “El Ponchis”, o bien los niños matataxistas de la colonia Jardín Juárez de Jiutepec (entre ellos una niña que llegó al CEMPLA embarazada); y últimamente el joven que mató a sus padres adoptivos.
Y en cada uno de ellos la presidenta del TUJA no sólo aplicó la ley, sino que lo hizo con la sensibilidad que todo juzgador debería tener, sabiendo que tiene en sus manos la vida de una persona, y que su resolución será la diferencia entre un individuo que reconoce su error y se reivindica, o uno que decide convertirse en un criminal para toda su vida.
Por eso decimos que la maestra Ana Virinia puede irse tranquila a descansar y a disfrutar de su familia, con la satisfacción del deber cumplido, segura de que aplicó toda su capacidad profesional y tiempo (incluso poniendo en riesgo su salud) para dejar bien cimentado el sistema de justicia para adolescentes en Morelos, dejando un gran paquete a quien vaya a sustituirla.
HASTA MAÑANA.
