Una vez más el centro de investigación Morelos Rinde Cuentas AC “le pone el cascabel al gato”, al poner a disposición del público en general todos los contratos que firmó el Ayuntamiento de Antonio Villalobos Adán durante los tres años de su gobierno, y que esta organización consiguió a través de solicitudes de información que requirieron meses de litigio ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).
El portal https://contratospublicos.morelosrindecuentas.org.mx/ es una especie de “Wiki Leaks en chiquito”, en donde podemos encontrar casi todos los contratos del gobierno municipal de Cuernavaca, tanto de obras como de servicios de todas las áreas.
Según Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, sólo se pudieron documentar gastos por 707 millones y medio de pesos, de los cuales el 92 por ciento se erogaron por asignación directa, el tres por ciento por invitación y sólo el cuatro por ciento por licitación pública.
Muchos de esos contratos corresponden al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), que durante el trienio de Villalobos tuvo seis directores y que ejerció (documentado por Morelos Rinde Cuentas) poco más de 56 millones de pesos, en obras y servicios, de los cuales el 98 por ciento fue contratado de manera discrecional, dos por ciento por invitación a tres proveedores, y ¡cero licitaciones!
Por ejemplo, de lo poquito que pudimos observar “por encimita”, está un contrato de prestación de servicios de la persona moral denominada “Capacitación Técnica y Política S.C.”, cuya administradora única es Xochiquetzcali Soto Martínez y que supuestamente tiene su domicilio fiscal en calle Morelos número 18, Valle del Sol, Zacatepec de Hidalgo, Morelos.
Declara la prestadora de servicios ser una sociedad civil que tiene por objeto la prestación de servicios de consultoría, asesoría, operación, administración, supervisión y capacitación a instituciones políticas, dependencias y órganos de gobierno local, estatal y federal, así como la prestación de servicios de asesoría y consultoría en materia de finanzas, inversiones, financiamiento, cartera nacional e internacional, así como todo lo relacionado para el procesamiento de datos en asuntos fiscales y de auditoría.
El objeto del contrato es por “concepto de presentación de dictamen sobre auditoría fiscal del Instituto Mexicano del Seguro Social para el ejercicio 2018”, y acuerdan el pago de 260 mil pesos mensuales.
No lo va a creer usted: la representante legal de la persona moral que signa el contrato ¡firma con su nombre! Además de que no tiene ningún grado académico ni profesión.
Otra cosa sospechosa es que las 24 facturas pagadas son de folios consecutivos, y el domicilio no aparece en Google Maps.
Repetimos: eso lo encontramos prácticamente al azar.
Por otro lado, quien esto escribe hizo una solicitud de información pública al Ayuntamiento de Cuernavaca el 16 de junio del 2021, al encontrar como parte de los gastos del área de comunicación social diversas facturas a nombre de una persona física para nosotros desconocida.
“Solicito me informe lo siguiente: si ha tenido tratos comerciales con la persona física con actividades empresariales de nombre Leticia Pérez Cruz. En caso que la respuesta sea afirmativa, me diga qué tipo de servicios ofrece dicha persona y cuánto se le ha pagado, en caso de respuesta afirmativa, me indique qué comprobantes entregó la proveedora para demostrar que sí ser realizó el servicio contratado”, fue mi requerimiento.
El director general de Contabilidad y Control Presupuestal, Luis Ángel Nava Guadarrama, contestó que, efectivamente, el concepto fue “Difusión de Actividades Institucionales”, sin mencionar en qué medio de comunicación.
Informó que entre el 2020 y 2021 se le pagaron 293 mil 600 pesos a la mencionada Leticia Pérez Cruz. “Con respecto a los comprobantes que entregó la proveedora, hago de su conocimiento que en esta Dirección no se cuenta con el resguardo del expediente en mención”, contestó el contador Nava Guadarrama.
Con fecha 29 de junio del 2021 interpusimos el recurso de inconformidad ante el IMIPE, considerando que es incompleta la información, “toda vez que no se menciona el tipo de servicios que ofrece el proveedor mencionado argumentando que a él no le corresponde, siendo que la solicitud es a todo el Ayuntamiento, no al área de contabilidad, por lo que debe solicitarse la información al área de Comunicación Social”.
¿Qué resolvió el IMIPE?
El pasado 14 de enero (es decir, más de seis meses después), el Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística consideró que “de las documentales remitidas por el sujeto obligado se aprecia que la información proporcionada corresponde con lo peticionado por el solicitante, además considerando que éste únicamente se duele de que no le han señalado qué servicios presta el proveedor de su interés, sin embargo, mediante la respuesta proporcionada por el director general de contabilidad y control presupuestal, contador público Luis Ángel Nava Guadarrama, se ha atenido (sic) dicho punto pues señaló que el servicio realizado es la difusión de actividades institucionales”, por lo que declararon improcedente mi recurso.
Es cierto que podemos recurrir esta resolución ante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) o ante un juez federal a través de un amparo indirecto, pero se supone que para ejercer el derecho a la información no se requieren conocimientos jurídicos, sino que esté a la mano de cualquier ciudadano.
Así que los “proveedores fantasma”, o aquellos que existen pero que metieron sus facturas a las 11 de la noche del 31 de diciembre, es decir, una hora antes de que concluyera la administración de Antonio Villalobos, pueden estar tranquilos pues ya tienen en el IMIPE quien vele por sus intereses.
Y tendremos que irnos acostumbrando a este tipo de resoluciones favorables a los funcionarios, sobre todo cuando solicitemos información pública del SAPAC en el periodo donde el comisario era el hermano del actual presidente del IMIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez.
HASTA EL PRÓXIMO LUNES.
