Esta semana se dieron dos hechos escandalosos que involucran a profesionistas del Derecho, que si bien ocurrieron en lugares y ámbitos diferentes, tienen el común denominador de que los protagonistas fueron hombres y mujeres de leyes pero actuando como grupo de choque en busca de poder.
La ventaja de llevar más de 20 años cubriendo la fuente del Poder Judicial es que conocemos a casi todos los abogados, hemos visto su trayectoria y sabemos “de qué pie cojea” cada uno de ellos.
Así, podemos dar cuenta de quiénes son los juristas que están protagonizando estos episodios que atrajeron los reflectores de los medios de comunicación en los últimos días, uno de ellos en el recinto legislativo en una irrupción violenta, mientras que en el ámbito municipal, el Consejo Estatal de Abogados “pidió la cabeza” de la directora del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), la también abogada Evelia Flores.
Vamos por partes. Y para que usted estimado lector, tenga una mejor idea de lo que está ocurriendo, le vamos a narrar un par de hechos que nos constan porque están asentados en documentos oficiales.
Caso 1.- Corría el año 2013 y el secretario del Trabajo de aquel entonces, José de Jesús Pérez Moreno, realizó una visita sorpresa a la Junta Especial número dos con residencia en Cuautla, acompañado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos, Víctor Manuel González Cianci.
Cuál sería su sorpresa cuando, al llegar a la puerta de la institución pública, fueron detenidos por dos sujetos corpulentos cuyas camisetas dejaban ver numerosos tatuajes al estilo de la Mara Salvatrucha.
- A donde van ustedes- le inquirió uno de ellos de manera grosera.
- El señor es el secretario del Trabajo y yo soy el presidente de la Junta Local- contestó tímidamente González Cianci.
- Permítanme- dijo el hombre de brazos tatuados mientras manipulaba un radio como los que usan los policías o guaruras.
Los sujetos no solamente los dejaron pasar, sino que se esfumaron de inmediato como si hubiesen recibido una orden por esos aparatos de “walkie-talkie”.
La información que recibieron los funcionarios por parte de los empleados de esa oficina los dejó boquiabiertos. Resulta que los sujetos de la entrada trabajaban para un despacho de abogados ubicado a unos metros de la Junta Especial, y su función era captar a los trabajadores que iban en busca de justicia, ya sea a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (que estaba en el mismo edificio) o a alguna de las mesas de la Junta.
Los propietarios del despacho eran los hermanos Cisneros Fuchs, quienes tenían la mayor parte de los expedientes de esa Junta Especial. Enterado de la situación, el gobernador Graco Ramírez ordenó el cierre de esa oficina y que los justiciables acudieran hasta Cuernavaca. Como si fueran un grupo del crimen organizado, todavía intentaron bloquear a los camiones de mudanza que durante la noche trasladaron los miles de expedientes de Cuautla a Cuernavaca. Alicia Vázquez Luna, entonces secretaria de Seguridad Pública estatal, seguramente se acuerda de eso.
Nueve años después, esos mismos abogados irrumpieron en forma violenta la pretendida comparecencia de la secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez, para exigir la destitución del recién nombrado director General del Centro de Conciliación Laboral del estado de Morelos, Pascual Gumaro Archundia Becerril.
Caso 2.- En los primeros días del 2019, el entonces encargado de la Dirección del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (SAPAC), Oscar González Bahena, había llegado muy temprano a su oficina en la avenida Morelos.
Apenas se estaba acomodando en su escritorio cuando escuchó gritos con palabras altisonantes y vio entrar a un grupo de sujetos armados al más puro estilo de los narcos. Al frente venía un hombre blanco de escaso cabello que a punta de groserías y empujones sacó al funcionario a la calle.
Esos hombres con pinta de sicarios prácticamente tomaron por asalto las oficinas del SAPAC. El sujeto que encabezaba el operativo era Héctor Maganda, quien dijo ser el “brazo derecho” del entonces presidente municipal Antonio Villalobos Adán, y que venía a rescatar a la institución de las manos del crimen organizado.
Pero no sólo asumió el control del SAPAC, sino que metió a toda su familia al Ayuntamiento, hasta que hubo una desavenencia con el alcalde y así como entraron, salieron.
Todo lo anterior se encuentra asentado en una denuncia que levantó inmediatamente el atemorizado Oscar González, quien recientemente regresó al Sistema con el cargo de director comercial.
Bueno, pues ese mismo abogado, Héctor Maganda Salazar, fue uno de los que aparecieron en la conferencia de prensa ofrecida por el Consejo Estatal de Abogados de Morelos (CEAM) el pasado martes para pedir la sustitución de la actual directora, Evelia Flores Hernández.
En esa misma mesa estuvieron también Christian Velasco Alcoser, quien era dirigente de la Barra de Abogados del Estado de Morelos cuando un grupo de ex presidentes nombró como presidente interino a José Luis Urióstegui Salgado, quien estuvo al frente de la organización hasta que se celebró una asamblea en la que fue electo por mayoría de votos Miguel Ángel Rosete Flores.
Desde entonces hay dos Barras y cada una dice ser la verdadera.
Quien dio lectura al pronunciamiento es Alfonso Mejía, quien en la última asamblea de la Barra (la que preside Rosete), recibió una calificación no aprobatoria por parte de sus compañeros, en su calidad de presidente de la Comisión de Honor y Justicia.
Una de las causas de esa calificación reprobatoria, es no haber culminado el proceso de expulsión de Christian y sus seguidores. En ese mismo evento, los barristas le recriminaron estar participando en el Consejo Estatal de Abogados al lado de Christian Velasco, y al mismo tiempo como presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la agrupación contraria que preside Rosete Flores.
Y –como dijera Raúl Velasco- aún hay más.
HASTA MAÑANA.
