El diputado Oscar Cano Mondragón puso en la agenda del Poder Legislativo un tema que debería preocuparnos tanto a los tres poderes del estado como Ayuntamientos y a la ciudadanía en general: las pensiones.
Ya en una ocasión anterior abordamos este tema en ESTRATEGIAS y advertimos sobre el riesgo que se corre de que haya dos nóminas paralelas: la de los trabajadores activos y la de los jubilados y pensionados, y que se tenga que escoger a quién se le va a pagar porque inexplicablemente no hay dinero para todos.
Esto ocurre en los tres niveles de gobierno. En los últimos años el principal usuario y consumidor del dinero de los trabajadores manejado por las Afores ha sido el propio gobierno de la República, al usar tales fondos para cubrir su gasto corriente (consumido en pago de sueldos y salarios y compra de insumos, etc., gasto que no produce ni interés ni utilidades) y tal uso indebido impide que ese dinero se mantenga, se eleve como resultado de inversión, sino que vaya mermando a pasos alarmantes.
Es como si una familia pidiera un préstamo y en lugar de utilizarlo para crear un negocio y generar más recursos, se utilizar para comprar alimento o en unas vacaciones; ese dinero no tendría modo de recuperarse. Así, el dinero ahorrado por los trabajadores está siendo utilizado para cubrir los gastos que tiene el gobierno en sus distintos niveles, pero sin un retorno de inversión.
"Cuando se denunció ‘La estafa maestra’, el informativo Animal Político descubrió un fraude por 7 mil millones de pesos. Ahora imaginen que anualmente accedas a 700 mil millones de pesos para la seguridad social. No existen datos, ni fuentes de información de cuánto de ese dinero verdaderamente se entrega a los trabajadores, ni a quien se entrega, ni cómo ni cuándo. No sabemos a dónde se va ese recurso.
Sólo hay información disponible sobre los montos entregados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y se desconoce totalmente cómo maneja esos fondos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), institución que concentra el 90% de las pensiones de los trabajadores formales del país.
A partir de 1997 se crearon las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) pero el problema es que se trata de un esquema de despojo para los trabajadores, en el que empresarios y gobierno son cómplices. Abunda en ese sistema ganar-ganar del gobierno, pues emplea el dinero de los trabajadores para su gasto corriente y los empresarios de esa manera incrementan ganancias a través de las Afores.
Hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, los fondos de retiro se calculaban en 2.8 billones de pesos y ese monto se estaba utilizando para cubrir el gasto corriente.
En el plano estatal los poderes Ejecutivo y Legislativo de la pasada administración se coludieron de una manera grotesca. Prácticamente actuaron como integrantes de la delincuencia organizada a fin de determinar qué iba a hacer cada quien para lograr un botín millonario: El gobernador Graco Ramírez envió una lista de sus funcionarios para que el Congreso emitiera su respectivo decreto de jubilación; los presidentes municipales de su partido aportaron constancias falsas para acreditar años de servicio, y los diputados aprobaron (en sesiones de madrugada y en sedes alternas) la lista de beneficiarios de “pensiones doradas” en las que ellos incluyeron a sus familiares y colaboradores cercanos.
La LIV legislatura trató de revertir esas jubilaciones, pero lo único que logró fue ahorrarles sus mensualidades para después entregárselas en una sola exhibición al ganar sendos amparos. A la fecha, seguimos preguntándonos si esos asuntos se perdieron por torpeza de los abogados del Congreso o porque así estaba diseñado y sólo le hicieron al cuento.
Ahora vámonos a los Ayuntamientos. Resulta que los Cabildos también pueden conceder jubilaciones, y casi siempre los beneficiarios son familiares de los regidores o incondicionales del presidente municipal en turno.
Obviamente que donde se pueden dar las pensiones más “jugosas” es en la capital del estado. Ahí, recientemente la organización civil “Morelos Rinde Cuentas” llegó a una alarmante conclusión:
El gobierno capitalino destina actualmente un gasto mensual de 12.8 millones de pesos para el pago de este concepto a mil 275 extrabajadores. El promedio mensual de jubilación es de 10 mil 98 pesos, en tanto la jubilación máxima es de 59 mil 695 pesos y la mínima es de mil 507.
Las cantidades destinadas al pago de pensionados y jubilados es de más de 50 millones de pesos anuales, cantidad que seguirá aumentando debido a que vienen en camino otros decretos, siendo alrededor de 500 personas las que han solicitado se les reconozca la antigüedad en el servicio para fines de pensión o declaratoria de incapacidad.
Así como vamos, llegará el punto en que serán más las personas que cobran sin trabajar que los que están activos, perjudicando el patrimonio y los resultados del municipio, ya que a pesar de que una plaza se desocupa la tienen que seguir pagando, generando un detrimento en la prestación del servicio.
Es pues un barril sin fondo. Cada tres años que llega una nueva legislatura local alguien “enciende los focos rojos” y advierte del riesgo de un colapso generalizado.
En esta ocasión fue el diputado panista Oscar Cano Mondragón, quien destacó que se han desencadenado diversos problemas con las pensiones en las diferentes dependencias gubernamentales por falta de una estrategia, planeación o de una institución encargada a este tema.
Derivado a esta problemática, Oscar Cano informó que se está trabajando en una iniciativa para que Morelos cuente con su propio Instituto de pensiones, ya que aseveró es la única entidad a nivel nacional que no cuenta con una institución dedicada a las pensiones y jubilaciones.
El coordinador del GPPAN puso como ejemplo el estado de San Luis Potosí donde llegó a colapsarse el fondo para jubilados y quienes resultaron afectados fueron ellos mismos debido a la falta de estrategia y del instituto. Aseguró que en Morelos se puede avanzar con el tema de pensiones con la creación de este instituto, lo que ya se viene trabajando de tiempo atrás y el proyecto lo presentará en próximos días ante el pleno del Congreso del Estado.
Ahora sólo falta que Oscar Cano “no suelte el dedo del renglón” y se haga realidad este proyecto que cada tres años se menciona pero nunca se concreta. De lograrse el Instituto de Pensiones, el popular “Tobi” de la avenida Álvaro Obregón, pasaría a la historia como el legislador que salvó al estado de un colapso económico por este problema que ya tenemos encima.
HASTA EL PRÓXIMO LUNES.
