El proyecto de juicios orales en Morelos comenzó en el 2006 inicialmente con la “paternidad” de tres personajes que no eran abogados: el médico cirujano Marco Adame Castillo, el ingeniero químico Oscar Sergio Hernández Benítez, y el “pasante en Derecho” (así decía su currículum), Javier López Sánchez.
El primero como gobernador del Estado, el segundo como líder del Congreso Local y el tercero en su calidad de coordinador de asesores, fueron quienes dieron el mayor impulso a este proyecto traído a México por la organización denominada “Pro Derecho”, filial de la agencia norteamericana USAID y acogido por el gobierno de Vicente Fox.
El Poder Judicial siempre estuvo en desacuerdo con el sistema oral, principalmente su titular, Ricardo Rosas Pérez, pero a cambio de que el PAN-Gobierno apoyara su segunda reelección ya no hubo oposición al proyecto.
Fue así como el 31 de octubre del 2008 entró en vigor el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos, pero sólo en el primer distrito judicial. Desde el principio tuvo contratiempos: el edificio que el TSJ compró ex profeso para las audiencias orales en la calle Morrow no alcanzó a estar a tiempo y tuvieron que adecuar las instalaciones del Palacio de Justicia, en la calle Leyva.
En Cuautla y Yautepec, donde ya entró en vigor el nuevo sistema desde el seis de julio del 2009, el edificio que albergaría las salas de audiencias no estaba ni a la mitad, por lo que el TSJ estuvo rentando instalaciones. Lo mismo sucedió en la zona sur.
El 5 de septiembre de 2009, en su asamblea ordinaria mensual, los integrantes de la Barra de Abogados llegaron a una conclusión demoledora para el gobierno de Marco Adame Castillo: era necesario detener el proyecto de juicios orales en Morelos hasta que se hiciera una exhaustiva evaluación de su funcionalidad, y en caso de ser necesario regresar al anterior sistema.
De esta manera, los litigantes acordaron solicitar al Congreso emitir un decreto en el que se suspendiera la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimientos Penales, programada para febrero del 2010 en la zona sur del estado.
Y es que, a menos de un año de haberse iniciado en el primer distrito judicial, y dos meses de que se implementara en la zona oriente, el llamado “sistema de justicia acusatorio adversarial” no había mostrado los beneficios prometidos, y sí en cambio había provocado mucha confusión entre los litigantes e incluso entre los mismos servidores públicos encargados de aplicarlo.
Las causas de que el proyecto pareciera navegar a la deriva eran muchas, pero principalmente la falta de recursos económicos, pues mientras en Chihuahua y Zacatecas el presupuesto para juicios orales se cuenta por cientos de millones, en Morelos no llegó ni a los 20 millones para todo.
Ese dinero no alcanzó para pagar la capacitación a los miles de policías que ya se están encargando, “como Dios les dio a entender” de la detención de presuntos delincuentes bajo el nuevo sistema de Justicia Penal. Mucho menos se podía capacitar a todos los agentes del Ministerio Público, defensores de oficio y litigantes particulares.
El colmo: los agentes del Ministerio Público y defensores de oficio que se fueron a capacitar a otros países con recursos del gobierno de Morelos, inmediatamente fueron contratados por la entonces Procuraduría General de la República (el caso más representativo fue el de Manuel Granados Quiroz, que hoy es el fiscal que lleva el caso de Rosario Robles).
El sexenio de Marco Adame Castillo dejó un sistema acusatorio adversarial “a medias”, ya que para evitar que más presuntos delincuentes salieran libres modificó la ley, estableciendo un catálogo de delitos en los que se aplica la cárcel preventiva a pesar de que no existan pruebas contundentes de que el imputado los cometió. Más tarde, el Código Procesal Penal quedó abrogado al entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales.
El 13 de octubre del 2008 se publicó el decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, y derivado de ello la Secretaría Técnica de dicho Consejo, mejor conocido como “SETEC”. La ley ordena crear organismos similares en todos los estados del país.
En Morelos el gobierno creó una dependencia dentro de la Secretaría de Gobierno dedicada a impulsar y fortalecer el nuevo sistema de justicia penal. A la llegada de Graco Ramírez, la Secretaría Ejecutiva para Asuntos de Justicia Penal, quedó a cargo del abogado Roberto Soto Castor, esposo de la diputada perredista Hortencia Figueroa.
Pero lo realmente importante es que la mencionada dependencia carecía de los recursos necesarios para realizar su trabajo de impulsar los juicios orales en Morelos. En el rubro de la socialización, dependía exclusivamente del SETEC a nivel federal y de USAID, la agencia norteamericana que está financiando los juicios orales en todo el mundo.
Esa dependencia resultó en la práctica una agencia de colocaciones para miembros del PRD: Además del ya mencionado Roberto Soto Castor como titular, quedó María de los Ángeles Rivera Vázquez, en Capacitación; Nadxieelii Carranco Lechuga, Armonización Legislativa; y José Daniel Moguel Bahena, Comunicación y Difusión.
Quizás el mayor mérito de Graco Ramírez en materia de juicios orales fue la transformación de la Procuraduría de Justicia a la Fiscalía General del Estado, y su autonomía constitucional, aunque convenientemente para él dejó en el cargo (con la ayuda de los diputados) a su amigo Uriel Carmona.
Así llegamos a la actualidad, cuando desgraciadamente todas las instituciones dedicadas a evaluar la eficiencia del sistema de justicia a nivel nacional ubican a Morelos en los últimos lugares. Una de estas, la organización México Evalúa, dio a conocer en su reporte del 2020 que Morelos se encuentra en el último lugar del ranking en eficiencia y eficacia en la operatividad en el sistema de justicia oral penal.
Ayer, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tomó protesta a los servidores públicos que conformarán el Consejo Coordinador para el Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio Adversarial en el Estado de Morelos, órgano que está integrado por los titulares del Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía General del Estado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y en representación del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobierno, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y al Instituto de la Defensoría Pública del Estado.
Este organismo no es nuevo, fue creado en el gobierno de Marco Adame Castillo pero inexplicablemente se quedó olvidado en un escritorio de algún burócrata. Fueron Samuel Sotelo Salgado, cuando era consejero jurídico, y el entonces presidente del TSJ, Rubén Jasso Díaz, quienes trabajaron en el proyecto que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el 5 de enero del 2022, ahora como un “acuerdo por el que se invita a diversas instituciones para colaborar en el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial”, pero el entonces secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, no le dio ningún impulso hasta que llegó Samuel a sustituirlo y entonces se materializó.
Por cierto, como secretaria técnica del Consejo quedó la maestra en Derecho Ruth Martínez Morales. Si revisamos su currículum vitae, encontraremos que ha acompañado a Gamboa Olea en casi toda su trayectoria como juez, magistrado y ahora como presidente del TSJ.
HASTA MAÑANA.
