El próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre, la Quincuagésima Quinta Legislatura Local tendrá que designar al titular del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), y de acuerdo a fuentes bien informadas al interior del Congreso, el cargo quedaría en la siguiente terna: José Luis Jaimes Olmos, Vanessa Gloria Carmona Viveros o Adriana Pineda Fernández, en ese orden de posibilidades
Y es que el doctor en Derecho y actual magistrado presidente en funciones volvió a obtener la calificación más alta de todos los aspirantes: nueve punto cinco. Y decimos “volvió a obtener” porque hace seis años participó en el proceso de selección, pero para la magistratura suplente del TUJA.
En aquella ocasión, la llamada “peor legislatura de la historia” (la 53), designó a María del Carmen Filio Tinajero, como magistrada suplente de Ana Virinia Pérez. Contra esa resolución Jaimes Olmos promovió un juicio de amparo que llegó hasta el primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, obteniendo una sentencia favorable.
En los argumentos esgrimidos por los magistrados federales, no sólo le hacen justicia al peticionario, sino que dejan en claro que los diputados no pueden actuar de forma autónoma ni discrecional al momento de designar determinados funcionarios.
Los magistrados Alejandro Roldán Velázquez, Ana Luisa Mendoza Vázquez y Ernesto García Rubio (como suplente de Guillermo del Castillo Vélez), exhiben como ignorantes a los diputados de la quincuagésima tercera legislatura pero también le enmiendan la plana al titular del Juzgado Octavo de Distrito que originalmente había sobreseído el amparo 1613/2016 promovido por Olmos.
Jaimes Olmos alegaba en esencia, que contrario a lo que sostuvo el juzgador federal en su sentencia, “no se está en presencia de un acto emitido por el Congreso del Estado de forma autónoma ni discrecional, toda vez que no está así considerada expresamente en el artículo 109 ter de la Constitución Local, así como porque está sujeta al cumplimiento de determinados requisitos y formalidades, lo que implica una toma de decisión fundada y motivada por cuanto a su observancia, lo que lo hace incompatible con la decisión soberana y discrecional”.
Expone como ejemplo el caso de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es inconstitucional el artículo 58 párrafo segundo que decía que “el Congreso Local estará facultado para resolver soberana y discrecionalmente respecto a los nombramientos, ratificación y remoción de aquellos”.
El Tribunal Colegiado consideró que el motivo de inconformidad del que se duele Jaimes Olmos es fundado, “pues como lo refiere el recurrente, el procedimiento de designación por parte del Congreso del Estado del profesionista que ocupará el cargo de magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes no es un acto soberano ni discrecional, en primer término porque no está contemplada como tal en el artículo 109 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y en segundo, porque si atendemos al significado gramatical de ambos vocablos contenidos en la fracción VII del Artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que dicha facultad no cumple con esas características, ya que la designación si bien no se encuentra supeditada a la aprobación de un ente ajeno al Congreso del Estado, lo cierto es que sí está condicionada a un procedimiento y al cumplimiento de determinados requisitos, como lo es la publicación de una convocatoria, que los aspirantes reúnan los requisitos que la Constitución Local establece para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia y la presentación de un examen de oposición; razón por la cual la decisión que se adopte deberá sustentarse en el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas aplicables y no en la voluntad absoluta e independiente de cualquier factor”.
Explica el documento, que no pasa desapercibido para ese tribunal, que de conformidad con el artículo 40, fracción XXXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se contemplará para el ejercicio de la facultad del Congreso de designar, de entre otros funcionarios, al del Magistrado del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, una votación calificada de dos terceras partes de sus integrantes; “sin embargo, de su texto mismo se advierte que la referida designación deberá realizarse de conformidad con lo previsto en la misma Constitución, esto es, conforme al examen de oposición antes referido, por lo que la votación ahí instituida no puede desconocer el procedimiento y requisitos establecidos en el artículo 109 ter de dicho cuerpo normativo, sino que debe ser entendida como parte del ejercicio de la voluntad legislativa, mediante la que de forma fundada y motivada pudieran, en su caso, aceptar u oponerse a la designación los integrantes por considerar que no se reunieron los requisitos correspondientes”.
¿Es posible que las diputadas y diputadas vuelvan a incurrir en la misma irregularidad y designen a otra persona que no haya obtenido la mayor calificación? La respuesta es sí, máxime cuando existen compromisos políticos o de carácter monetario.
Sin embargo, lo único que tendría que hacer Jaimes Olmos es actualizar su demanda de amparo y esperar un tiempo a que la justicia federal le ordene a los diputados (a estos o los que vengan en la próxima legislatura) que emitan una nueva resolución. Si alguno de las o los aspirantes decide invertirle a su candidatura lo puede hacer, pero luego no se diga engañado si tiene que abandonar el cargo mucho antes de lo esperado.
Ahora bien, en el remoto caso de que no fuera designado Jaimes Olmos (que tiene 14 años como Juez Especializado en Adolescentes), entonces la que tiene más posibilidades es Vanessa Gloria Carmona Viveros, que es la mujer con mayor calificación en la lista de aspirantes, pero que además tiene una característica muy importante: es esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Gamboa Olea, quien ya vimos que es experto en cabildear cargos.
La otra opción es la actual Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto, Adriana Pineda Fernández, de quien ya hicimos referencia hace algunas semanas y que lo resumimos en una frase: ella no va a participar en el proceso para hacer currículum, si se inscribió es porque ya habló con varios personajes influyentes y le dieron la venia para dejar la Fiscalía e incorporarse al TUJA.
El resto de los aspirantes, aún y cuando existen varios y varias que se han preparado académicamente o que tienen experiencia en el rubro, sólo queda decirles: “gracias por participar, suerte para la próxima”.
HASTA MAÑANA.
